El T-MEC y las sombras que nadie quiere ver

Hay tratados comerciales que se negocian en las mesas diplomáticas y otros que, sin estar escritos, se negocian todos los días con base en la confianza. El T-MEC pertenece a ambas categorías. Por eso, reducir su revisión a una discusión sobre aranceles, reglas de origen o déficits comerciales es quedarse con apenas una parte de la historia.

La decisión de la administración de Donald Trump de endurecer el escrutinio sobre el acuerdo responde, desde luego, a una visión más proteccionista del comercio. Pero también refleja algo que en México se ha subestimado durante demasiado tiempo: para Estados Unidos, la fortaleza de las instituciones de sus socios comerciales ya forma parte de la ecuación económica.

En otras palabras, la seguridad, el combate a la corrupción y el Estado de derecho dejaron de ser asuntos paralelos al comercio. Hoy son variables que influyen directamente en la confianza con la que se toman decisiones de inversión y se construyen acuerdos de largo plazo.

Esa es la discusión que con frecuencia se pierde en el debate público mexicano.

Mientras aquí cada caso se analiza de manera aislada, en Washington las piezas forman parte de un mismo rompecabezas. Las investigaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, las sanciones impuestas a redes relacionadas con el huachicol fiscal y las tensiones diplomáticas derivadas del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada no necesariamente determinan por sí solas la política comercial estadounidense. Pero sí alimentan una percepción que termina influyendo en ella: la de un país donde el crimen organizado y la corrupción continúan representando desafíos para la fortaleza institucional.

Las percepciones, especialmente en política internacional, tienen consecuencias.

Cuando un gobierno considera que su principal socio enfrenta dificultades para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger sus aduanas o preservar la integridad de sus cadenas de suministro, la disposición para otorgar mayor certidumbre comercial disminuye. La confianza deja de ser un concepto político para convertirse en un activo económico.

El caso del huachicol fiscal ilustra con claridad ese cambio de paradigma. Más allá del impacto sobre las finanzas públicas, las investigaciones estadounidenses han puesto sobre la mesa posibles esquemas de corrupción capaces de facilitar operaciones ilícitas y el ingreso de mercancías con origen falsificado. Desde la óptica del T-MEC, eso trasciende el ámbito penal: compromete las reglas de origen, distorsiona la competencia y debilita uno de los pilares del acuerdo comercial.

Los mercados leen esas señales con rapidez. Para un inversionista internacional, el riesgo ya no depende únicamente del crecimiento económico, la inflación o el tipo de cambio. También pesa la calidad de las instituciones, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas. Es lo que los organismos financieros denominan riesgo institucional.

Y ese riesgo importa. Cerca del 80 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. Industrias estratégicas como la automotriz, la manufactura avanzada y la de dispositivos médicos operan bajo cadenas de suministro profundamente integradas entre los tres países de Norteamérica. La certidumbre no es un lujo; es una condición indispensable para justificar inversiones que se planean a diez o veinte años.

Por supuesto, sería un error atribuir toda la postura estadounidense exclusivamente a los problemas internos de México. La administración Trump ha demostrado que utiliza el comercio como una herramienta de negociación geopolítica incluso con aliados históricos. Sin embargo, también sería un error ignorar que las debilidades institucionales mexicanas reducen el margen de maniobra del país en una negociación donde la confianza pesa cada vez más.

Quizá la pregunta ya no sea qué cambios vendrán para el T-MEC. La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede aspirar México a conservar condiciones preferenciales de acceso al mercado más importante del mundo si la percepción sobre la fortaleza de sus instituciones continúa deteriorándose.

Durante años se creyó que era posible negociar comercio mientras los problemas de seguridad, corrupción e impunidad permanecían confinados al ámbito interno. El nuevo entorno internacional demuestra exactamente lo contrario. Hoy la confianza institucional también cruza las fronteras. Y cuando esa confianza se erosiona, el costo no se mide únicamente en reputación política, sino en inversión, crecimiento y oportunidades para millones de mexicanos.