El miedo que Morena no logra disipar en Querétaro

Recientemente publiqué una pregunta en redes sociales dirigida a personas que viven en Querétaro: “¿Cuál es su principal preocupación sobre el futuro de sus familias en el estado?”. Las respuestas fueron diversas y previsibles en muchos sentidos: agua, movilidad, crecimiento urbano, costo de vida y seguridad. Pero hubo una percepción que apareció repetidamente por encima de las demás: el temor a que Morena gobierne Querétaro.

Más allá de simpatías partidistas, vale la pena detenerse en ese fenómeno. Porque sí una parte importante de la ciudadanía está asociando el futuro cotidiano de su familia con la incertidumbre política, el debilitamiento institucional o pérdida de estabilidad, el asunto deja de ser solamente electoral para convertirse en un problema de confianza pública.

Y justamente ahí se encuentra hoy uno de los principales desafíos políticos de Morena en Querétaro.

No únicamente por la fortaleza de sus adversarios locales, sino por la percepción nacional del movimiento y cómo ha cambiado durante los últimos años, algo lque inevitablemente impacta también a sus estructuras estatales.

Después de dos gobiernos federales consecutivos encabezados por Morena, una parte considerable de la sociedad mexicana percibe un deterioro progresivo de contrapesos institucionales, organismos autónomos y mecanismos de equilibrio democrático. La creciente concentración de poder político de la 4T ha generado preocupación en sectores sociales, empresariales y académicos que consideran que el país atraviesa una etapa de debilitamiento institucional y reducción de certidumbre jurídica.

Y el problema para Morena y sus partidos aliados es que, al mismo tiempo, muchos ciudadanos no perciben que esa concentración de poder se haya traducido en una mejora proporcional en seguridad, justicia, salud, educación o combate a la corrupción.

Por el contrario, la violencia criminal continúa ocupando una parte central de la conversación nacional. La impunidad sigue siendo elevada. El sistema de salud enfrenta cuestionamientos constantes. Y diversos episodios políticos y judiciales han alimentado la percepción de opacidad, polarización y desgaste institucional.

Los escándalos y cuestionamientos a distintos personajes vinculados al oficialismo que han sido objeto de investigaciones, señalamientos o presiones internacionales relacionadas con presuntos vínculos criminales o redes de corrupción les están cobrando facturas. Independientemente de los desenlaces legales de cada caso, el impacto político y reputacional existe.

Y en Querétaro, donde históricamente una parte importante de la ciudadanía ha privilegiado estabilidad, orden institucional y crecimiento económico, ese contexto nacional pesa.

La ciudadanía difícilmente separa por completo a Morena nacional de Morena estatal.

Morena Querétaro ha intentando construir competitividad rumbo a 2027, el partido a pesar de que muchos ciudadanos asocian al movimiento no solamente con cambio político, sino también con confrontación permanente, polarización y deterioro institucional.

Esa percepción se ha profundizado además por distintos episodios locales ocurridos durante los últimos años.

En prácticamente cada conflicto político o social relevante —manifestaciones, bloqueos, protestas o confrontaciones públicas— han aparecido militantes, operadores o actores políticamente vinculados a Morena participando activa o indirectamente en la movilización pública. Aunque eso forma parte natural de la disputa política contemporánea, también ha contribuido a consolidar una percepción negativa en sectores de la ciudadanía queretana que observan con preocupación cualquier escenario de inestabilidad.

Algo similar ocurrió con episodios como el bloqueo de la carretera 57, las disputas alrededor del abastecimiento de agua o diversas protestas convertidas rápidamente en confrontación político-electoral. Más allá de las responsabilidades específicas de cada actor, el resultado político ha sido evidente: Morena se percibe por una parte de la opinión pública más asociado al conflicto que a la estabilidad.

Y justamente ahí aparece uno de los mayores contrastes políticos rumbo a 2027.

Mientras Morena carga con el desgaste acumulado del poder federal y con una narrativa nacional marcada por polarización, Querétaro continúa proyectando una imagen sólida en temas como inversión, industria, crecimiento económico, cooperación internacional y gobernabilidad.

El gobierno encabezado por Mauricio Kuri González ha construido su narrativa pública alrededor de estabilidad institucional, atracción de inversiones y certeza jurídica. Y aunque ningún gobierno está exento de errores, los análisis de opinión revelan que la ciudadanía sigue percibiendo a Querétaro como uno de los estados que mejor ha logrado conservar condiciones de orden y desarrollo frente al deterioro nacional.

Precisamente por eso, el rechazo que Morena enfrenta en amplios sectores queretanos no parece derivar solamente de diferencias ideológicas. En muchos casos proviene de algo más profundo: el miedo a perder un modelo de estabilidad que ha dado buenos resultados y es funcional.

La discusión política y social rumbo a 2027 probablemente no será únicamente partidista o ideológica. Será emocional, institucional y práctica al mismo tiempo.

¿Qué fuerza política transmite mayor confianza sobre el futuro cotidiano de las familias? ¿Quién genera mayor percepción de estabilidad, seguridad y certidumbre? ¿Qué modelo parece más capaz de preservar las condiciones económicas y sociales que distinguen actualmente a Querétaro de otras regiones del país?

Sin embargo, existe otro elemento igual de relevante: la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones electorales nacionales.

Durante años, amplios sectores sociales defendieron la autonomía y credibilidad del sistema electoral mexicano como uno de los pilares más importantes de la transición democrática. Pero las tensiones políticas recientes, las reformas impulsadas desde el poder federal y la percepción de creciente influencia partidista sobre organismos electorales y tribunales han provocado que una parte de la ciudadanía observe hoy el proceso electoral con mayor desconfianza.

Esa percepción puede debatirse. Pero políticamente existe.

Y precisamente por eso, la principal garantía democrática no puede depender exclusivamente de instituciones, partidos o autoridades. Depende también de la participación ciudadana.

La única defensa real contra posibles irregularidades, abusos de poder, presiones políticas o actuaciones parciales sigue siendo una ciudadanía activa, organizada y vigilante antes, durante y después de cada proceso electoral.

No solamente votando, sino observando, documentando, participando y exigiendo transparencia.

Al final de cuentas, la estabilidad institucional y democrática de Querétaro no dependerá únicamente de quién gane una elección. Dependerá también de qué tan dispuesta esté la propia sociedad queretana a involucrarse en la defensa de sus instituciones, sus libertades y su futuro.

Hoy, al menos en términos de percepción pública, Morena enfrenta enormes dificultades para convencer a buena parte de esa sociedad de que tiene perfiles competitivos y confiables que representen una alternativa capaz de ofrecer esa certeza.

Por qué Mauricio Kuri debería devolver la ley de identidad de género en Querétaro

Hace apenas unos días, el Congreso local aprobó una reforma al Código Civil que permite el cambio administrativo de nombre y sexo/género mediante un trámite basado en la identidad autopercibida, sin necesidad de requisitos médicos, quirúrgicos o psicológicos. El gobernador Mauricio Kuri González aún tiene margen legal para vetarla o devolverla con observaciones. Y quizá eso último sería lo más prudente.

El debate alrededor de esta reforma ha sido presentado, con demasiada frecuencia, como una confrontación entre derechos humanos e intolerancia. Pero reducirlo a esos términos simplifica una discusión mucho más compleja. La pregunta de fondo no es si las personas trans merecen dignidad y protección jurídica —algo que en una sociedad democrática debería darse por sentado—, sino si una legislación de este tipo fue diseñada con suficiente claridad, evidencia y previsión institucional.

Los defensores de la reforma sostienen que facilitar el reconocimiento administrativo de identidad ayuda a reducir discriminación y obstáculos burocráticos para adultos transgénero. Ese argumento merece ser escuchado con seriedad. Sin embargo, también es legítimo preguntarse si el Congreso evaluó adecuadamente las implicaciones jurídicas, sociales y culturales que pueden derivarse de una modificación de esta naturaleza.

El gobernador tiene hoy la posibilidad de abrir una discusión más rigurosa y menos precipitada.

Uno de los principales problemas de la reforma es que convierte la autopercepción en el criterio central para modificar documentos oficiales relacionados con sexo y género, sin desarrollar con claridad mecanismos complementarios de certeza jurídica. Esto no vuelve inválida automáticamente la ley, pero sí deja abiertas preguntas relevantes sobre registros públicos, privacidad, espacios segregados por sexo y posibles controversias futuras en ámbitos administrativos o judiciales.

La Suprema Corte ha respaldado procesos administrativos similares en otros estados. Aun así, eso no obliga a Querétaro a legislar sin observaciones o sin revisar áreas susceptibles de mejora. Una legislación sensible y duradera requiere algo más que mayoría parlamentaria: necesita claridad conceptual, precisión jurídica y legitimidad social.

También conviene separar debates que suelen mezclarse de manera imprecisa. La reforma queretana no regula tratamientos médicos para menores ni procedimientos clínicos de transición. Sin embargo, es cierto que forma parte de una discusión internacional más amplia sobre identidad de género, especialmente en políticas públicas relacionadas con educación, salud y adolescencia.

En ese contexto, varios países europeos han comenzado a revisar algunos enfoques aplicados durante la última década. El caso más citado es el de la Cass Review en Reino Unido, una revisión independiente que cuestionó la solidez de parte de la evidencia utilizada para respaldar intervenciones médicas tempranas en menores con disforia de género. Suecia y Finlandia también modificaron protocolos clínicos bajo criterios de mayor cautela.

Eso no significa que exista consenso científico absoluto en sentido contrario, pero sí demuestra que el tema está lejos de estar cerrado y que incluso sistemas de salud progresistas han optado por revisar supuestos que hace pocos años parecían indiscutibles.

Por ello, resulta razonable preguntarse si el Congreso queretano debatió suficientemente las implicaciones culturales y normativas de una reforma que inevitablemente tendrá efectos más allá del Registro Civil.

Otro aspecto que merece atención es el clima social que rodeó la aprobación de la ley. La marcha del 16 de mayo, en la que participaron miles de personas en la capital de Querétaro, reflejó que existe un sector amplio de la sociedad queretana que percibe preocupación legítima sobre el rumbo de estas políticas. Descalificar automáticamente esas inquietudes como odio o fanatismo solo profundiza la polarización.

Una democracia madura no consiste únicamente en legislar para las minorías ni en someter derechos al aplauso de las mayorías; consiste en construir acuerdos sostenibles donde distintas visiones puedan expresarse sin caricaturas ni descalificaciones morales.

También sería un error convertir esta discusión en una guerra cultural importada. Querétaro tiene una identidad social propia, marcada por una fuerte cultura familiar, comunitaria y religiosa. Esa realidad no debería utilizarse para excluir a nadie, pero tampoco tendría que ser ignorada por quienes impulsan cambios profundos en normas e instituciones.

Las sociedades con familias estables, redes comunitarias sólidas y vínculos intergeneracionales fuertes suelen mostrar mejores indicadores de cohesión social, participación cívica y estabilidad. Proteger esos elementos no implica negar derechos individuales; implica reconocer que toda reforma legal tiene efectos culturales que deben analizarse con responsabilidad.

Por eso devolver la ley con observaciones no sería un acto de confrontación, sino de prudencia institucional. Abriría espacio para corregir vacíos, precisar alcances y construir una discusión más seria, menos emocional y mejor sustentada.

Mauricio Kuri enfrenta una decisión políticamente incómoda. Pero gobernar también implica saber detenerse cuando un tema exige mayor deliberación. La rapidez legislativa rara vez sustituye a la profundidad.

El gobernador aún puede decidir. Vetarla o devolverla con observaciones no cancelaría el debate; obligaría a darlo con mayor rigor. 

Un sistema educativo de cuarta

La tragedia educativa de la autonombrada “Cuarta Transformación” probablemente será estudiada en el futuro como uno de los experimentos políticos más costosos y destructivos de la historia reciente de México. Un movimiento que llegó prometiendo justicia social, educación humanista y una revolución moral terminó construyendo un sistema marcado por la improvisación, la propaganda ideológica, la confrontación con científicos y el deterioro académico acelerado.

La ironía es brutal: nunca un gobierno habló tanto de “transformar conciencias” mientras destruía tan rápido las bases reales del aprendizaje.

Basta mirar los resultados. México obtuvo en PISA 2022 sus peores niveles en matemáticas desde 2003. Dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan competencias básicas. Lectura y ciencias siguen muy por debajo del promedio de la OCDE. Millones de alumnos abandonaron las aulas tras la pandemia. La desigualdad digital exhibió que el Estado ni siquiera podía garantizar una conectividad mínima para estudiar.

Porque, si algo ha definido la política educativa de Andrés Manuel López Obrador y, después, la de Claudia Sheinbaum, es la sustitución sistemática del rigor académico por la narrativa política.

La llamada “Nueva Escuela Mexicana” nunca logró explicar con claridad qué problema educativo pretendía resolver realmente. Lo que sí logró fue convertir a la SEP en un laboratorio ideológico donde el mérito académico comenzó a verse como algo sospechoso, las matemáticas se relativizaron y el “aspiracionismo” se transformó en un pecado social.

Los sectores más radicales e impresentables de su “movimiento” se apoderaron del sistema educativo mexicano; entre ellos, Marx Arriaga Navarro, el profeta pedagógico de la 4T, que llegó atacando el mérito, la excelencia y los modelos occidentales mientras el sistema educativo mexicano se desplomaba internacionalmente.

La contradicción es grotesca:

Mientras en el mundo se compite por desarrollar y aprovechar la inteligencia artificial, así como los avances de la ciencia y la tecnología, México discute si aprender matemáticas es “neoliberal” o si Colón y Hernán Cortés fueron genocidas.

Cuando intentaron explicarnos qué era eso de la “Nueva Escuela Mexicana”, tuvimos que padecer la pena ajena de ver y escuchar a Ana María Prieto Hernández cantando y bailando “lero lero maromero” en cadena nacional.

Difícil imaginar una metáfora más precisa de la educación bajo la 4T: cero pensamiento crítico y más ridiculeces ideológicas.

La crisis de los libros de texto durante la gestión de Leticia Ramírez Amaya probablemente resume mejor que nada el modelo entero: libros con errores, improvisaciones, opacidad metodológica, reducción de contenidos científicos y una carga ideológica tan evidente que hasta jueces y gobiernos estatales intervinieron.

Pero la SEP respondió como siempre: todo era culpa de “los conservadores” y del pasado.

Porque, en la lógica de la 4T, si los estudiantes no aprenden matemáticas, seguramente también es culpa del neoliberalismo.

Mientras tanto, las figuras históricas que construyeron la educación mexicana deben revolcarse en sus tumbas.

José Vasconcelos imaginó una SEP capaz de alfabetizar y elevar culturalmente a un país entero.

Jaime Torres Bodet impulsó campañas nacionales de lectura y libros de texto con rigor institucional.

Jesús Reyes Heroles veía la educación como un instrumento de formación intelectual profunda.

La 4T, en cambio, entregó:

propaganda,

improvisación,

confrontación ideológica,

y TikTok pedagógico de Estado.

La secuencia de secretarios de Educación parece diseñada por un guionista de sátira política.

Esteban Moctezuma Barragán inició desmontando la reforma previa mientras negociaba con la CNTE y construía una “Nueva Escuela Mexicana” tan ambigua que nadie terminó de entender completamente.

Luego vino Delfina Gómez Álvarez, marcada permanentemente por el escándalo de los “diezmos” en Texcoco: descuentos salariales ilegales a trabajadores para financiar a Morena. Exactamente el tipo de prácticas que la 4T prometía erradicar.

Después llegó Leticia Ramírez Amaya, cuya administración quedó asociada a la crisis de los libros de texto, los errores pedagógicos y la confrontación abierta con especialistas.

Y finalmente apareció Mario Delgado Carrillo, probablemente el símbolo definitivo de cómo la SEP terminó subordinada por completo a la lógica político-electoral de Morena.

Porque Mario Delgado no llegó como educador. Llegó como operador político.

Y además, rodeado de señalamientos mediáticos sobre presuntas ligas con operadores relacionados con huachicol, financiamiento irregular y personajes investigados en Estados Unidos por posibles vínculos con estructuras criminales.

Aunque todavía no existan condenas judiciales directas en su contra, el simple hecho de que el titular de Educación arrastre ese tipo de sospechas ya describe perfectamente el nivel de degradación institucional alcanzado.

La polémica del calendario escolar en 2026 terminó de retratar el escenario completo:

las contradicciones públicas entre Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, los rumores sobre modificar clases para evitar protestas magisteriales durante el Mundial y la percepción de que la SEP ya no organizaba la educación nacional, sino la administración mediática de crisis políticas.

Todo mientras millones de estudiantes siguen atrapados en el rezago educativo.

Pero la devastación no solo alcanzó a la educación básica.

La ciencia y la investigación mexicanas también han sido golpeadas brutalmente.

La eliminación de 109 fideicomisos científicos en 2020 representó uno de los mayores ataques institucionales contra la investigación en décadas. Universidades y centros científicos denunciaron abandono, precarización y persecución ideológica. Los centros de investigación se volvieron patrocinadores de las “becas” para hijos y parientes de funcionarios del régimen.

La relación de la 4T con la Universidad Nacional Autónoma de México terminó convertida en una confrontación política permanente. López Obrador acusó a la UNAM de “neoliberal”, mientras Hacienda aplicaba recortes o “errores técnicos” multimillonarios al presupuesto universitario.

Todo esto mientras el gobierno destinaba cantidades gigantescas de recursos a:

Dos Bocas,

el Tren Maya,

y megaproyectos políticos.

La señal fue clarísima: para la 4T, construir elefantes blancos era prioritario; construir conocimiento, no tanto.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García representan quizá la metáfora perfecta de toda esta tragedia:

sedes inexistentes,

alumnos sin títulos,

instalaciones precarias,

problemas legales,

y egresados atrapados durante años sin poder ejercer profesionalmente.

Pero eso sí: el nombre sonaba extraordinariamente bien para hacer campaña.

En cultura ocurrió exactamente lo mismo.

Paco Ignacio Taibo II convirtió el Fondo de Cultura Económica en una extensión directa de la polarización política nacional.

Entre ataques a intelectuales, declaraciones tan vulgares que harían ruborizar al más rudo carretonero, frases cargadas de misoginia, confrontaciones públicas y acusaciones de favoritismo, la política cultural terminó funcionando como un aparato de propaganda ideológica que destruyó todo espacio plural.

Y los medios públicos —Canal Once y Canal 22— acabaron atrapados entre despidos, propaganda, censura y programas diseñados para ridiculizar adversarios políticos usando recursos públicos.

Toda la narrativa de la 4T sobre educación puede resumirse en una frase: hablaron como revolucionarios pedagógicos mientras administraban uno de los peores deterioros educativos de las últimas décadas.

Y quizá lo más grave es que el daño no será solamente inmediato.

Los errores de un gobierno en infraestructura pueden corregirse en años. Los errores económicos pueden ajustarse relativamente rápido.

Pero destruir el aprendizaje, debilitar la ciencia y convertir la educación en un campo ideológico deja consecuencias generacionales.

Porque mientras la 4T pelea contra “conservadores”, “aspiracionistas” y “neoliberales”, el resto del mundo sigue avanzando en:

tecnología,

innovación,

inteligencia artificial,

ciencia,

competitividad,

y educación avanzada.

México, en cambio, está atrapado discutiendo si exigir excelencia académica es una forma de opresión de los intereses globalizadores.

Esa es quizá la herencia más peligrosa de este régimen: no solo haber debilitado los contenidos educativos, sino haber sembrado una profunda desconfianza hacia el mérito, el conocimiento técnico y la excelencia intelectual.

Y un país que comienza a desconfiar del conocimiento termina inevitablemente gobernado por la propaganda. Desde la lógica del populismo demagógico, eso tiene todo el sentido: requiere del avance de la ignorancia y de la dependencia para fortalecerse y permanecer.

México ha destruido su propia soberanía

Hay una idea incómoda, pero necesaria para entender el momento que vive México: los mayores riesgos a la soberanía nacional no comenzaron fuera del país, comenzaron dentro. Durante años se ha construido una narrativa en la que los problemas vienen del exterior, de presiones internacionales o de intereses de otras potencias, pero esa explicación es incompleta. La realidad es más dura: el propio Estado mexicano ha debilitado los pilares que le daban fuerza, legitimidad y capacidad de decisión.

En los últimos años no solo cambió el gobierno, cambió la forma en que se ejerce el poder. La desaparición o debilitamiento de organismos autónomos, la concentración de decisiones en el Ejecutivo, el uso de mayorías legislativas ilegítimas para modificar reglas fundamentales sin consenso y el cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial no son hechos aislados. Son parte de un mismo proceso: la reducción de los contrapesos. Y cuando los contrapesos desaparecen, el poder se vuelve más fuerte en apariencia, pero más frágil en el fondo.

Durante décadas, México intentó construir instituciones que dieran confianza. No eran perfectas, pero servían para algo esencial: poner límites. Esos límites permitían que el ciudadano tuviera herramientas para defenderse, que las empresas tuvieran reglas claras y que otros países vieran a México como un socio confiable. Esa confianza era, en realidad, una forma de soberanía. Porque un país no solo es soberano cuando puede tomar decisiones, sino cuando esas decisiones son creíbles y respetadas.

Hoy esa credibilidad se ha erosionado gravemente, y las consecuencias ya son visibles en la vida cotidiana. México sigue registrando niveles de violencia que, aunque supuestamente bajan en las cifras oficiales, siguen siendo extremadamente altos. Alrededor de 31 mil homicidios al año no son una cifra menor. Pero lo más preocupante es que la violencia ha cambiado de forma: ahora se expresa cada vez más en desapariciones. Más de 130 mil personas desaparecidas no son solo un número, son una evidencia brutal de que el Estado no sólo ha perdido capacidad de control y de respuesta, también ha perdido el interés de resolver la crisis de inseguridad. En muchos casos ya no hay cuerpos, solo ausencia, y esa ausencia refleja un país donde el imperio de la ley no existe.

En varias regiones, el Estado no es el que manda. Grupos criminales controlan territorios, economías locales y, en la mayoría de los casos, las decisiones políticas. Esto no ocurre en abstracto. Se traduce en cobros de piso, en comunidades donde la gente sabe que hay cosas que no puede hacer, en elecciones donde el crimen influye o decide. Cuando esto sucede, el problema deja de ser solo de seguridad y se convierte en un problema de seguridad nacional.

A esto se suma algo aún más delicado: la colusión. Las investigaciones, denuncias y casos recientes han puesto en evidencia la colusión entre actores políticos, estructuras de seguridad y organizaciones criminales. El caso de Sinaloa es ilustrativo no solo por el aumento de la violencia en los últimos años, sino por las acusaciones que han trascendido fronteras. Cuando autoridades extranjeras señalan a funcionarios mexicanos por posibles vínculos con el narcotráfico, el daño no es solo jurídico, es político y es internacional. La imagen de un Estado infiltrado es una de las más graves que puede existir.

La corrupción es el hilo que conecta todo esto. No es un fenómeno aislado, es el mecanismo que permite que el sistema funcione así. Redes de tráfico de influencias, asignación discrecional de contratos, decisiones que responden a intereses y no a reglas. Cuando la corrupción se vuelve estructural, la ley deja de ser el marco común y se convierte en una herramienta selectiva. El ciudadano común lo entiende rápidamente: hay reglas, pero no aplican igual para todos.

En este contexto, la política exterior también juega un papel importante. México ha optado por una postura de cercanía o no confrontación con regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que ha generado cuestionamientos internacionales. Al mismo tiempo, ha tenido episodios de tensión e incluso de injerencia en asuntos de otros países de la región como Bolivia o Ecuador. Esto debilita su posición, porque un país que exige respeto a su soberanía necesita también ser percibido como respetuoso de la de otros y como defensor de principios democráticos claros.

El tema migratorio es otro ejemplo de cómo la debilidad interna se traduce en presión externa. México ha pasado de definir su política migratoria a operar como un filtro para Estados Unidos. Contiene flujos, despliega fuerzas, asume costos sociales y humanitarios. En los hechos, muchas decisiones ya no se toman únicamente en México. Se negocian bajo presión. Y eso reduce el margen de acción nacional.

Todo esto explica por qué el escenario internacional se ha vuelto más tenso. La designación de cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos no es un hecho menor. Cambia completamente la lógica. Ya no se trata solo de combatir el narcotráfico, sino de enfrentar una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Bajo esa lógica, el margen de acción de ese país se amplía, incluso fuera de sus fronteras.

Si a eso se suman acusaciones contra funcionarios mexicanos y una eventual negativa a colaborar en procesos como extradiciones, el riesgo se vuelve palpable. Estados Unidos podría decidir actuar de manera unilateral. No sería la primera vez que lo hace en el mundo bajo el argumento de combatir el terrorismo o amenazas a su seguridad. Y si eso ocurriera en México, el impacto sería enorme.

Una operación de ese tipo no sería solo un hecho policial. Sería una señal clara de que México ha dejado de ser visto como un socio confiable en seguridad y ha pasado a ser un problema que debe ser contenido. Sería, en términos prácticos, una violación de la soberanía, pero también la confirmación de que esa soberanía ya era muy frágil.

Las consecuencias serían inmediatas. Una crisis diplomática, sí, pero también algo más profundo: un cambio en la relación bilateral. Si ocurre una vez, puede volver a ocurrir. Se abriría la puerta a una nueva etapa donde la cooperación se sustituye por la intervención selectiva. Donde las decisiones clave empiezan a tomarse fuera.

Para la población, esto no sería un debate abstracto. Significaría más violencia, porque los grupos criminales reaccionan cuando son golpeados. Significaría más incertidumbre económica, porque la inversión huye de la inestabilidad. Significaría más desconfianza, porque la gente percibe que el Estado no tiene el control.

Pero el daño más profundo sería otro: la pérdida de la idea de país. Cuando los ciudadanos sienten que su gobierno no decide plenamente, que las reglas no se aplican igual y que actores externos influyen en lo que ocurre, se rompe algo fundamental. La confianza. Y sin confianza, la cohesión social se desmorona.

México no llegó a este punto de un día para otro. Fue un proceso. Cada decisión que debilitó una institución, cada señal de tolerancia a la corrupción, cada espacio que se dejó al crimen organizado, cada momento en que se prefirió el control político sobre el equilibrio institucional fue construyendo este escenario.

La soberanía no se pierde de golpe. Se erosiona. Se desgasta. Se debilita hasta que deja de ser efectiva.

Y ahí es donde está la advertencia más seria. El peor escenario para México no es una intervención abierta ni una crisis inmediata. Es algo más silencioso y más peligroso: un país que sigue funcionando, pero donde el poder real ya no está completamente dentro, donde la violencia se vuelve parte normal de la vida, donde la justicia es una excepción y donde la población aprende a vivir con menos derechos y más miedo.

Un país donde las decisiones importantes se toman fuera o se negocian bajo presión. Donde el Estado existe, pero no controla. Donde la soberanía se menciona, pero no se ejerce.

Si ese escenario se consolida, México no colapsará de un día para otro. Pero se convertirá en algo igual de grave: un país que perdió el control de su propio destino sin darse cuenta.

La lección del acueducto: 300 años después: el agua sigue definiendo el destino de Querétaro

En 1726 comenzó la construcción del Acueducto de Querétaro. En ese momento, la ciudad tenía un problema simple y urgente: faltaba agua. No había grandes discusiones políticas ni posturas enfrentadas. Había una necesidad clara y una decisión firme: traer el agua desde donde sí había hasta donde hacía falta. Así nació una obra que no solo resolvió el problema de su tiempo, sino que marcó el rumbo de la ciudad por generaciones.

Hoy, casi 300 años después, Querétaro vive una realidad muy distinta, pero en el fondo enfrenta el mismo reto. La diferencia es que ahora todo es más grande, más complejo y mucho más discutido.

En las últimas décadas, Querétaro ha crecido como pocas ciudades en México. Ese crecimiento no ha sido casual. Miles de personas han llegado principalmente desde la Ciudad de México y el Estado de México buscando algo que sienten que han perdido en sus lugares de origen: seguridad, tranquilidad y oportunidades para trabajar o emprender. Querétaro se convirtió en una opción cercana, viable y atractiva.

Pero todo crecimiento tiene consecuencias. Más personas significan más casas, más negocios, más industria… y también más necesidad de agua. Y ese es un gran problema.

Durante mucho tiempo, la ciudad pudo sostenerse con sus fuentes tradicionales y con infraestructura como el sistema de pozos o sistemas más modernos como el Acueducto II. Pero hoy la presión es distinta. La demanda crece más rápido que la disponibilidad natural del recurso.

En ese contexto aparecen nuevas propuestas para asegurar el futuro del agua, que plantean algo que hace algunos años habría parecido extraño: reutilizar el agua tratada para volverla potable. En otras partes del mundo esto ya es una práctica común, pero aquí ha generado dudas, críticas y, sobre todo, una fuerte polarización.

Y es que el problema del agua dejó de ser solo técnico. Hoy también es político.

En el escenario nacional, donde el partido hegemónico concentra buena parte del poder, existen visiones distintas sobre cómo deben resolverse los problemas del país y de los estados. Hay preocupación sobre el crecimiento de la inseguridad en todo el país, la falta de crecimiento económico y la manera en que se distribuyen los recursos. También hay diferencias claras entre lo que ocurre en distintos estados.

Querétaro, por ejemplo, ha mantenido en los últimos años un crecimiento económico constante, niveles de seguridad mejores que otras regiones y evaluaciones positivas en temas como transparencia. Al mismo tiempo, enfrenta una realidad compleja: aporta mucho a la federación y recibe menos en proporción, lo que genera tensiones.

En medio de todo esto, el tema del agua se ha convertido en un punto de choque. Los proyectos hidráulicos no solo se analizan por lo que son, sino por lo que representan políticamente. Se habla de costos, de financiamiento y también de “privatización”, una palabra que genera preocupación, pero que muchas veces se usa sin explicar a fondo qué significa en este caso.

Así, una posible solución técnica termina envuelta en una discusión donde lo político pesa tanto o más que lo técnico.

La ciudad de Querétaro acaba de celebrar los 300 años del acueducto. Miles de personas se reunieron en la Calzada de los Arcos para disfrutar de música, actividades culturales y un espectáculo tecnológico impresionante de luces y sonido. Fue una fiesta familiar, abierta, en la que la ciudad se reconoció a sí misma en uno de sus símbolos más importantes.

El acueducto sigue ahí, imponente, cruzando la ciudad como lo ha hecho durante siglos. Y mientras la gente lo celebra, también deja una reflexión en el aire.

En Querétaro, hace 300 años, se tomó una decisión clara: emprender una obra monumental para resolver un problema igualmente grande. Se requirió visión, determinación, grandes recursos, increíbles esfuerzos, mentes brillantes y la mejor técnica disponible, pero sobre todo se requirió la unidad de todos los habitantes y mucho amor por la tierra y por las personas que la poblaron en ese momento y que la poblarían en el futuro.

Los retos de hoy también son enormes y, aunque hay más posibilidades para resolverlos, hay más actores, más intereses, más formas diferentes de ver el mundo y grandes riesgos: que, en medio de tantas voces y en la lucha por imponer ideologías, lo más importante y urgente se pierda.

Porque hay algo que no cambia, por más que cambien los gobiernos o las ideas. La ciudad sigue creciendo. La gente seguirá llegando. Y el agua seguirá siendo indispensable.

El acueducto no solo transportaba agua. Representaba una forma de pensar: ver más allá del presente y actuar antes de que el problema se volviera insostenible.

Esa es la verdadera lección.

Hoy, Querétaro no necesita repetir la misma obra, pero sí necesita recuperar esa visión. Entender que el futuro no se resuelve solo con debate, sino con decisiones y soluciones.

Porque, al final, el agua no entiende de discursos, ni de partidos, ni de ideologías.

El agua siempre ha sido y será el desafío fundamental para la subsistencia de Querétaro en los próximos 50, 100 o 300 años, y superarlo dependerá de lo mismo de siempre en su historia: la visión, la unión y la voluntad de sus habitantes.

Vinos y experiencias: Querétaro, líder del enoturismo

Entre llanuras que se tiñen de verde y dorado, con atardeceres extraordinarios que caen sobre hileras de vid perfectamente trazadas, el vino en Querétaro no solo se produce: se vive, se recorre y se recuerda.

La industria del vino queretana dejó de ser promesa para convertirse en referente nacional del turismo del vino, consolidándose no solo como un sector importante de su economía, sino como una parte esencial de su identidad. 

Un liderazgo que no se explica por volumen

En la industria del vino, el liderazgo suele medirse en litros producidos. Querétaro cambió esa lógica.

 

La apuesta no es por volumen en la producción nacional, es por calidad, innovación y experiencias; los viñedos del estado concentran cerca del 50% del enoturismo del país, con más de un millón de visitantes al año, lo que lo coloca por encima de cualquier otra región vitivinícola en términos de experiencia turística.

La diferencia no está en cuánto produce, sino en cómo articula lo que se produce y lo complementa con todo lo que ofrece la región. Y ahí está la clave.

Un modelo: organización, cercanía y experiencia

El crecimiento del vino queretano no fue espontáneo. Responde a un modelo claro:

Ubicación estratégica, a pocas horas de uno de los mercados más grandes del país.

Conectividad eficiente, que permite que el viaje sea breve, pero la experiencia duradera.

Seguridad y hospitalidad, que convierten cada visita en una estancia confiable y cálida.

Colaboración público-privada, articulada a través del clúster vitivinícola. Y una oferta integral, donde el vino convive con la gastronomía, la cultura y el turismo.

Aquí, el visitante no es un consumidor: es un invitado.

Los viñedos reciben con puertas abiertas, con mesas servidas, con historias que se cuentan entre copas. La hospitalidad queretana no es un complemento: es parte esencial del producto.

De la tierra al ecosistema económico

El modelo queretano tiene resultados concretos. Hoy, Querétaro cuenta con más de 40 viñedos activos y produce más de 400 etiquetas, reflejo de una industria diversa, sustentable y en expansión.

Pero el verdadero impacto está en lo que ocurre en su entorno:

Más de 1.5 millones de visitantes al año.

Una derrama superior a 4,500 millones de pesos.

Municipios donde el turismo representa hasta el 70% de la economía local.

El vino dejó de ser un producto agrícola para convertirse en un ecosistema sustentable de desarrollo económico.

La belleza como ventaja competitiva

Hay algo más que explica por qué Querétaro lidera el turismo del vino, y no se mide en cifras. Los viñedos no están solo en el territorio, son el territorio.

Se extienden entre paisajes semidesérticos que sorprenden por su vida, entre pueblos que conservan su ritmo y su identidad, entre cielos amplios que hacen del atardecer un espectáculo cotidiano. Visitar un viñedo en Querétaro es caminar entre hileras de vid con el viento suave del bajío, es mirar el horizonte sin prisa, es descubrir que la belleza también puede ser parte de una estrategia de desarrollo como marco ideal para el turismo de romance, la gastronomía de autor, o un lugar ideal para fincar pensando en el retiro.

La ventaja que pocos ven: la “viticultura extrema”

A más de 1,900 metros de altitud y bajo condiciones climáticas complejas, la región desarrolla lo que se conoce como viticultura extrema. Lejos de ser una limitante, esto ha dado lugar a vinos con perfiles únicos, particularmente en espumosos, donde Querétaro ya es líder nacional.

Es decir, la vitivinicultura no solo compite: se especializa.

Reconocimiento: cuando el mercado valida

Ese proceso ha comenzado a rendir frutos que trascienden el ámbito turístico y confirman la madurez de la industria. Hoy, los vinos queretanos no solo se consumen: compiten y destacan. Obtienen premios en certámenes nacionales e internacionales, mientras enólogos y sommeliers del estado consolidan su prestigio por su rigor técnico, sensibilidad y profesionalismo.

Este reconocimiento no es casualidad, es resultado de una evolución sostenida en calidad, innovación y vocación por la excelencia. Cada medalla y cada distinción no solo avalan una etiqueta, elevan la reputación de toda una región que ha sabido construir identidad alrededor de su vino.

Porque cuando el reconocimiento viene de fuera, deja de ser aspiración y se convierte en evidencia. Y entonces, el posicionamiento ya no se proclama: se demuestra.

De destino turístico a región con identidad

El siguiente paso ya está en marcha. La Indicación Geográfica Protegida (IGP), la primera en México para vino, marca un antes y un después: define estándares, protege el origen y consolida la identidad del vino queretano.

A partir de 2026, el sello “100% queretano” buscará garantizar algo que el turismo ya anticipaba: autenticidad y trazabilidad. En otras palabras, cerrar el círculo entre experiencia y producto.

Lo que sigue: sostener el liderazgo

El reto no es llegar. Es mantenerse. Querétaro ha logrado algo poco común: liderar sin ser el mayor productor. Pero ese liderazgo exige disciplina:

Cuidar la calidad frente al crecimiento.

Evitar la saturación turística.

Mantener la coordinación entre actores.

Y seguir innovando en la experiencia, reconociendo que el riesgo de todo modelo exitoso es convertirse en conformidad y rutina.

El vino como estrategia de desarrollo

El vino queretano no es solo una historia agrícola. Es una historia de visión y decisiones. De entender que el valor no está únicamente en lo que se produce, sino en cómo se integra, se vive y se proyecta.

Hoy, Querétaro no solo produce vino. Produce experiencias, paisajes y memoria.

Mientras otras regiones compiten por volumen, aquí se compite por valor.

Mientras otros venden botellas, aquí se construyen destinos.

Y esa —más allá del vino— es la verdadera diferencia.

Porque al final, no se trata solo de lo que crece en la tierra.

Se trata de lo que un estado es capaz de convertir en identidad… y en algo que, una vez vivido, siempre invita a volver.

El cielo que construimos en tierra: el orgullo aeroespacial de Querétaro, un modelo que merece entenderse

Imagina esto: un ala de un Airbus A320 o un componente del motor LEAP —desarrollado por CFM International— que impulsa a un Boeing 737 MAX cruzando los cielos de Europa o Estados Unidos. Hay una probabilidad real de que parte de esa tecnología haya sido diseñada, maquinada o probada en Querétaro.

No es una exageración: es el resultado de más de dos décadas de construcción institucional, inversión estratégica y formación de talento.

Y, sin embargo, para muchos queretanos sigue siendo un tema lejano: “sí, aquí hay empresas de aviones”. Lo ven en las noticias o al pasar frente a plantas de Bombardier, Safran o GE Aerospace, pero no siempre dimensionan lo que realmente significa.

Un impacto real… y medible

El Aeroclúster de Querétaro agrupa a más de 80 empresas y centros de soporte. De acuerdo con datos del propio sector, ha mantenido tasas de crecimiento relevantes en los últimos años, impulsando miles de empleos altamente calificados: ingenieros, especialistas en materiales compuestos, técnicos en manufactura de precisión y expertos en diseño asistido.

No se trata de empleos básicos. Son posiciones que:

Exigen alta especialización

Tienen mejores niveles salariales que el promedio industrial

Generan valor agregado para exportación

Este desarrollo ha contribuido a diversificar la economía estatal y a posicionar a Querétaro como uno de los polos aeroespaciales más relevantes de América Latina.

¿Cómo se construyó este ecosistema?

El clúster aeroespacial de Querétaro no nació por casualidad ni por una sola decisión. Es el resultado de la convergencia de varios factores clave:

1. Llegada de empresas ancla

La instalación temprana de actores globales como Bombardier y Safran generó un efecto multiplicador. Estas empresas no solo trajeron inversión, sino estándares, cadenas de proveeduría y credibilidad internacional.

2. Capital humano especializado

La creación de la Universidad Aeronáutica en Querétaro fue un punto de inflexión. Se diseñó específicamente para responder a las necesidades de la industria, formando técnicos e ingenieros listos para integrarse a procesos altamente especializados.

3. Ubicación estratégica y logística

La cercanía con el mercado norteamericano, la conectividad carretera y la infraestructura del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro facilitaron la integración a cadenas globales de suministro.

4. Políticas públicas consistentes

Durante varios años, el estado mantuvo una política clara de atracción de inversión: incentivos, certeza jurídica y acompañamiento institucional. Esto generó confianza en inversionistas de largo plazo.

5. Integración del clúster

La formalización del Aeroclúster permitió coordinar empresas, academia y gobierno, generando sinergias, transferencia de conocimiento y desarrollo de proveedores locales.

La combinación de estos factores creó algo difícil de replicar: un ecosistema completo, no solo una concentración de fábricas.

Un sector de alta complejidad

Reducir este sector a “maquila avanzada” es incorrecto.

La industria aeroespacial opera bajo estándares como AS9100 o NADCAP, y regulaciones de autoridades como la FAA o la EASA. Aquí, un margen de error mínimo puede tener consecuencias millonarias.

Querétaro participa en múltiples etapas:

Manufactura de componentes críticos

Ingeniería y diseño

Pruebas especializadas

Mantenimiento, reparación y operación (MRO)

Sin el vínculo entre academia, industria y gobierno, este nivel de integración simplemente no existiría.

Un modelo que sí funcionó… y contrasta

El desarrollo del sector no fue casualidad. Responde a una combinación de visión, disciplina institucional y apertura económica.

Y aquí es donde el contraste es inevitable.

Mientras Querétaro apostó por generar condiciones de confianza, especialización y certidumbre, a nivel federal hemos visto decisiones que van en sentido contrario: cancelación de proyectos estratégicos, incertidumbre regulatoria y una relación tensa con la inversión privada.

El resultado es claro:

los proyectos de alto valor buscan certidumbre, y cuando no la encuentran a nivel nacional, se concentran en estados que sí la ofrecen.

Querétaro no crece por inercia nacional. Crece, en buena medida, a pesar del entorno federal, no gracias a él.

Orgullo, pero no complacencia

Sí, hay razones para el orgullo.

Porque hace 20 años esto era prácticamente inexistente.

Porque hoy se compite en una de las industrias más exigentes del mundo.

Porque hay talento local sosteniendo estándares globales.

La industria aeroespacial es altamente cíclica, depende de cadenas globales y está expuesta a decisiones que se toman fuera del país.

Por ello hay retos que no se pueden ignorar:

Formación de talento al ritmo que exige la industria

Mayor integración de proveedores locales

Sostenibilidad ambiental

Evitar que el desarrollo se concentre en pocos sectores

El verdadero riesgo no es el fracaso, sino la complacencia.

Mirar al cielo… con los pies en la tierra

La próxima vez que veas un avión cruzar el cielo queretano, es válido sentir orgullo. Parte de esa historia se construye aquí.

Pero entenderlo a fondo implica algo más que emoción:

implica reconocer qué se hizo bien, qué falta por hacer y qué condiciones deben defenderse para que ese crecimiento continúe.

Porque cuando Querétaro vuela, no solo despega una industria.

Se confirma que, con visión, coordinación y certidumbre, sí es posible competir —y ganar— en las grandes ligas.

Reforma judicial en Querétaro: cumplir… pero no tropezar

Hay reformas que nacen de la convicción. Y hay otras —digámoslo sin eufemismos— que nacen de la obligación. La del Poder Judicial en Querétaro pertenece, sin demasiado margen de duda, a la segunda categoría.

No por falta de talento local —que lo hay, y de sobra—, ni porque el sistema de justicia queretano estuviera en crisis (más bien al contrario), sino porque desde el centro del país se decidió que la justicia debía someterse a un experimento de corte democrático: elegir jueces por voto popular.

Y cuando la Constitución federal llama, los estados no deliberan: acatan.

Querétaro, en consecuencia, hizo lo que tenía que hacer: armonizar su marco legal. Pero —y aquí empieza lo interesante— no lo hizo con entusiasmo ciego, sino con una combinación poco frecuente en estos tiempos: prudencia, reservas y, en algunos casos, abierta preocupación.

Porque una cosa es cumplir… y otra muy distinta es aplaudir.

La reforma que no unió ni a los suyos

La aprobación no fue tersa ni por accidente. Hubo debates, tensiones y reclamos sobre mayorías que alcanzaban… o no alcanzaban. Lo habitual cuando lo que está en juego es algo serio.

Pero hubo algo más revelador: las fracturas internas de la propia 4T.

Mientras hacia afuera se sostenía el discurso de la transformación, hacia adentro el bloque oficialista exhibía fisuras difíciles de ocultar:

Diecinueve votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Diputados de Morena votando contra su propia bancada.

Señalamientos de que el dictamen no representaba una transformación real.

Y, por supuesto, la narrativa de control de daños: no hay ruptura, dicen. Como en toda familia que niega la discusión aunque el portazo haya retumbado en toda la casa.

Pero los hechos —siempre menos disciplinados que los discursos— apuntan en otra dirección: ni siquiera dentro del oficialismo hay consenso sobre el modelo judicial que se impulsa.

Y tratándose de justicia, eso no es un detalle menor: es el fondo del problema.

Democratizar la justicia… en teoría

La premisa suena impecable en plaza pública: si elegimos gobernantes, ¿por qué no elegir jueces?

El problema comienza cuando la lógica electoral se enfrenta con la complejidad técnica.

Porque entonces surgen preguntas incómodas:

¿Con qué criterios evalúa un ciudadano promedio a un juez?

¿Se votará por trayectoria jurídica… o por eficacia en campaña?

¿Habrá debates, spots, promesas judiciales?

La escena, llevada al extremo, roza lo absurdo:

“Candidato a magistrado: sentencias más rápidas, más justas y, si se puede, más baratas”.

Ahí es donde la idea empieza a perder consistencia.

Los primeros costos del experimento

No hace falta proyectar demasiado. A nivel federal, las señales ya están sobre la mesa.

Conflictos entre instituciones judiciales que deberían ser contrapesos, no adversarios.

Inquietud en los inversionistas, poco entusiasmados con la politización de los tribunales.

Y un golpe directo a la carrera judicial: jueces removidos, trayectorias desechadas, experiencia sustituida por incertidumbre.

A eso se suma un detalle nada menor: organizar elecciones judiciales no es sencillo. Tan no lo es, que ya se habla de posponerlas.

Un experimento que, antes de arrancar del todo, ya muestra fisuras.

Querétaro: cumplir, pero con reservas

Frente a ese panorama, Querétaro optó por una ruta menos estridente y más sensata: cumplir, sí; improvisar, no.

Se incorpora la elección de jueces, porque no había alternativa real.

Pero, al mismo tiempo, se refuerzan mecanismos que no dependen del ánimo electoral:

Mediación, para evitar que todo termine en juicio.

Justicia alternativa, para despresurizar tribunales.

Justicia cívica, para acercar soluciones al ámbito local.

En otras palabras: mientras el modelo federal apuesta todo a una sola carta, Querétaro diversifica.

No es menor la diferencia.

El riesgo de confundir democracia con improvisación

Conviene subrayarlo: Querétaro no partía de un sistema fallido. Al contrario, su modelo de justicia ha sido, consistentemente, uno de los mejor evaluados del país.

De ahí que la crítica de fondo al modelo progresista no sea ideológica, sino práctica: confundir democratización con improvisación.

Porque elegir no garantiza elegir bien.

Y menos cuando lo que está en juego exige conocimiento técnico, experiencia y criterios que no caben en una boleta.

La justicia no debería depender de la popularidad.

Lo que aún no cuadra

Incluso con el enfoque prudente del estado, quedan preguntas abiertas:

¿Quién define los perfiles?

¿Qué filtros aseguran capacidad real?

¿Cómo se evita la captura política o económica de las campañas?

¿Está la ciudadanía en condiciones —y con la información suficiente— para asumir ese rol?

Y la más incómoda de todas:

¿Qué pasa si el sistema, aun con candados, empieza a fallar?

Porque reformar es relativamente sencillo. Corregir, casi nunca lo es.

A guisa de remate: Entre la obligación… y la evidencia

La reforma judicial en Querétaro es, en el fondo, un ejercicio de equilibrio. Pero también un espejo.

En él se refleja un modelo federal cuestionado, un bloque político incapaz de sostener una posición unificada y un estado que intenta no pagar los costos de decisiones que no tomó.

Porque cuando ni siquiera quienes impulsan una reforma logran defenderla en bloque, el problema no es de comunicación: es de fondo.

Querétaro, por ahora, parece haber entendido esa diferencia.

Falta ver si, en la implementación, logra sostenerla.

Porque al final —y esto conviene no perderlo de vista— no se trata solo de cambiar las reglas.

Se trata de no perder lo que sí funciona en el intento.

Contrastes - En Querétaro la contienda electoral ya comenzó

La contienda por la gubernatura en Querétaro no inició con actos protocolarios ni calendarios oficiales. Comenzó con decisiones, tensiones y movimientos que, al observarse en secuencia, permiten entender con mayor claridad el rumbo que está tomando el estado.

El punto de partida fueron las reformas.

A nivel nacional, Morena impulsó cambios de gran calado —particularmente en materia electoral y judicial— que dejaron ver algo más que capacidad de operación: exhibieron fricciones con sus aliados del PT y el PVEM. Ajustes de última hora, improvisación, reservas inesperadas y acuerdos forzados mostraron a un bloque con dificultades evidentes para sostener cohesión.

Ese escenario tuvo eco en Querétaro con la discusión de la reforma al Poder Judicial local, derivada de la propuesta federal promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Lo que parecía un trámite político terminó revelando fisuras. En el Congreso del estado, Morena votó dividido. Mientras una parte respaldó el dictamen, perfiles como Eric Silva, Rosalba Vázquez, María Eugenia Margarito y Blanca Flor Benítez, junto con la diputada del PT, Claudia Díaz Gayou, marcaron distancia. El resultado no solo fue legislativo: fue político. La muy reciente imagen de que por fin lograrían conformar un bloque compacto se resquebrajó.

A partir de ahí, otros episodios comenzaron a encadenarse.

El partido enfrentó cuestionamientos por la participación de perfiles cercanos como su encargada de la comunicación en bloqueos carreteros, tanto en vías federales como locales. Con la respuesta de la dirigencia —deslindarse bajo el argumento de que actuaban “a título personal”— abrieron un debate que les resulta incómodo: ¿dónde termina el ciudadano y dónde comienza el actor político?

Casi al mismo tiempo, resurgió un tema recurrente en la política mexicana: la distancia entre discurso y realidad. Por ejemplo, el caso del diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes, habitante de Viñedos del Polo, un desarrollo residencial de alto nivel, cobró relevancia no solo por su estilo de vida, sino por el contexto. La propia presidenta cuestionó públicamente ese tipo de complejos por el uso de concesiones de agua. 

Ese contraste no pasó desapercibido.

Mientras tanto, desde la dirigencia nacional de Morena subieron el tono. Luisa María Alcalde colocó a Querétaro entre los objetivos prioritarios rumbo a 2027, incluso hablando de escenarios de competencia cerrada frente al PAN. La narrativa es ambiciosa, pero enfrenta una realidad local muy distinta, donde el partido muestra evidentes dificultades para articular estructura, disciplina y mensaje.

En ese contexto, el PAN movió sus piezas.

La concentración de más de 5 mil militantes y simpatizantes en el Palenque del Ecocentro Expositor el fin de semana pasado no fue un acto más. Fue una señal política deliberada. Sin nombres sobre la mesa, pero con un mensaje cuidadosamente construido: orden, coordinación y una idea que busca permear en la conversación pública: “Cuidar Querétaro”.

Más que un eslogan, es un encuadre estratégico.

El planteamiento no gira en torno a promesas futuras, sino a la preservación de condiciones actuales: seguridad, estabilidad y calidad de vida. La narrativa no es aspiracional, es defensiva. Y en el contexto nacional, esa diferencia puede resultar determinante.

El gobernador Mauricio Kuri y el dirigente estatal Martín Arango encabezaron el acto, reforzando la imagen de cohesión interna y control político. A ello se suma la apuesta por abrir candidaturas a perfiles ciudadanos, acompañada de ejercicios como foros y debates. En teoría, una vía para ampliar legitimidad; en la práctica, un proceso que pondrá a prueba la consistencia del discurso cuando lleguen las definiciones. El PAN debe tener mucho cuidado en esta apuesta de no descuidar una de sus funciones fundamentales: servir como filtro para que lleguen los mejores perfiles, porque cuando se deja abierta la puerta, también se asoman los más indeseables. Ahí está el caso de Miguel Nava Alvarado, quien pretende competir por la gubernatura pese a encarnar una contradicción difícil de ignorar: se presenta como defensor de derechos humanos, pero arrastra una trayectoria muy cuestionable y señalamientos graves por su gestión al frente de la Defensoría, incluyendo conflictos laborales y acusaciones de trato indigno hacia su propio equipo. 

Más que apertura, lo que está en juego es credibilidad y eso no se debe desCuidar.

Hay además otras señales que no deben ignorarse.

La insistencia en la unidad no surge en el vacío. Y las advertencias sobre el riesgo de caer en excesos de confianza apuntan a una constante en política: las ventajas mal administradas también pueden diluirse.

Si se observa la secuencia completa, el patrón es claro.

Primero, tensiones en Morena a nivel nacional.

Después, su reflejo en la fractura legislativa local.

Más adelante, contradicciones entre discurso y comportamiento.

Finalmente, un PAN que ocupa ese espacio con narrativa, estructura y timing.

Así se empiezan a perfilar las contiendas relevantes.

No en los tiempos formales, sino en la construcción de percepciones. No en los posicionamientos aislados, sino en la capacidad de sostener una línea coherente frente al escrutinio público.

Hoy, Querétaro se encuentra ante dos rutas en formación: un proyecto que no consigue ordenarse hacia adentro y otro que busca consolidarse hacia afuera. 

El proceso ya está en marcha.

Y en este tipo de escenarios, más que los discursos, pesan las decisiones acumuladas.

A guisa de remate

En política no hay vacíos: los espacios que un actor no logra ocupar, otro los aprovecha. Hoy, en Querétaro, más que una disputa de propuestas, lo que está en juego es quién logra construir una historia creíble. Porque al final, las elecciones no solo se ganan con votos, sino con la confianza de que lo que se promete es consistente con lo que se hace, y en esa lógica algunos aspirantes quedan anclados y otros parecen ir muy adelante.

Negocios animalistas, soberbias mediáticas y la tentación del pragmatismo político

Querétaro vive días intensos.

Decisiones judiciales polémicas, desfiguros mediáticos y definiciones estratégicas de partidos, así se dibuja un panorama que obliga a tomar postura desde la claridad.

Corridas de toros suspendidas: cuando el activismo se vuelve negocio… y ser taurino, cobardía

La reciente cancelación de otra corrida de toros en Querétaro, ahora en San Juan del Río, no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia nacional e internacional donde la protección a los animales ha ganado terreno en la agenda pública. Negarlo sería simplista, y esta tendencia ha sido eficazmente aprovechada como parte de una estrategia bien articulada que utiliza el discurso del bienestar animal como vehículo de posicionamiento político y económico.

Personajes como Jerónimo Sánchez, desde la organización Animal Heroes, y la "activista" Erika del Rosario Rosales Moreno han encontrado en esta causa un modelo de negocio rentable: financiamiento internacional, donaciones y reflectores políticos. No es casualidad que estas agendas coincidan con campañas publicitarias en Querétaro de la asociación internacional PETA contra las corridas de toros y con intereses partidistas; ahí está el antecedente de la propia Erika Robles como candidata del PT, aliado de Morena, en un estado gobernado por el PAN, y la iniciativas prohibisionistas que desde la izquierda en el Congreso local, ignoran la declaratoria de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial del estado.

Más grave aún es el papel de un juez que, más que impartir justicia, parece actuar desde la ideología. La concesión de amparos sin un análisis técnico sólido y, peor todavía, la intención de extender criterios a futuro, constituye una extralimitación inconstitucional que raya en lo dictatorial. No se puede ignorar el derecho de todos los involucrados: ganaderos, toreros, empresarios y miles de familias que dependen de esta actividad. Siguiendo los mismos criterios, infinidad de actividades como la charrería, la equinoterapia, las granjas infantiles y hasta la carnita asada los domingos estarían proscritas.

Y, como si no fuera suficiente, resulta absurda la intención de los promoventes de esos amparos que amenazan con “denunciar” a la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, por facilitar espacios a la comunidad taurina. Es el mundo al revés: ahora resulta que promover el arte y la cultura (aunque no guste a todos) es motivo de persecución.

Pero si alguien merece una crítica frontal es la propia comunidad taurina. Su silencio es ensordecedor. Su pasividad, inaceptable. Frente a una amenaza real (económica, cultural y ecológica), han optado por la comodidad del mutismo. De acuerdo con la propia asociación ganadera en Querétaro, existen más de 12 mil hectáreas dedicadas a la crianza del toro de lidia; eso es 5 veces el área protegida del Parque Nacional del Cimatario. En esa extensión, las ganaderías del campo bravo resguardan ecosistemas valiosos y una biodiversidad única. Destruir eso no es un triunfo moral, es una tragedia ambiental.

Lo más indignante es ver a ganaderos, empresarios, políticos y figuras públicas que durante años presumieron amor por la tauromaquia, hoy escondidos. Ni Dios ni la historia suelen ser amables con los tibios.

Medios: soberbia, decadencia y el peor ejemplo posible

En otro frente, un episodio reciente exhibió lo peor de un sector del periodismo local. Las declaraciones de un director de medio, minimizando la ausencia de mujeres periodistas en un evento de la Sedena y afirmando que “no importaban”, no solo fueron torpes: fueron profundamente arrogantes.

El problema no es únicamente lo que dijo, sino lo que representa. Existe un pequeño grupo de comunicadores que, durante años, ha gozado de privilegios y cercanía con el poder. Esa burbuja ha generado una desconexión peligrosa con la realidad y, peor aún, una soberbia que termina por traicionar cualquier principio básico de ética profesional.

Su posterior “disculpa” fue igual de desafortunada: no hubo reconocimiento del error, solo el lamento de haber sido “demasiado franco”. Es decir, no se arrepiente de lo que piensa, solo de haberlo dicho en voz alta.

Este tipo de actitudes, además, terminan alimentando narrativas que generalizan conductas individuales como si fueran problemas estructurales. Y no: los comportamientos reprobables tienen nombre, apellido y trayectoria. No representan a todos.

Paradójicamente, en un momento donde los medios tradicionales han caído en la menor relevancia frente a plataformas digitales, deberían ser ejemplo de rigor, ética y profesionalismo. Hoy, en muchos casos, son justo lo contrario: un recordatorio de todo lo que está mal en la comunicación.

PAN y su reinvención: abrirse o diluirse

Finalmente, el anuncio del Partido Acción Nacional de abrir todas sus candidaturas a la ciudadanía rumbo a 2027 pone sobre la mesa un debate de fondo: ¿ganar elecciones a cualquier costo o mantener identidad y principios?

La discusión no es menor. El propio gobernador Mauricio Kuri lo planteó con claridad en su recientemente estrenado pódcast: sin ganar elecciones, un partido no tiene razón de ser. Del otro lado, voces como la de su primer invitado, el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero, defienden la necesidad de preservar la esencia ideológica, adaptándose sin perder el rumbo.

Ambas posturas tienen razón… y riesgo.

Abrir candidaturas puede devolver legitimidad y oxígeno a un partido que necesita reconectar con la ciudadanía. Pero también abre la puerta al mayor peligro de la política moderna: el culto a la popularidad por encima de la capacidad.

México ya ha pagado caro ese error. Celebridades, deportistas y personajes mediáticos han llegado al poder impulsados por su fama, no por su preparación ni trayectoria, y los resultados han sido, en demasiados casos, escándalos, corrupción o lastimosa incompetencia.

Lo mismo ocurre con las ideas “populares”. No todo lo que suena bien funciona bien. El país es prueba viva de cómo decisiones tomadas desde el aplauso fácil pueden destruir instituciones, debilitar libertades y generar retrocesos profundos.

El PAN enfrenta una encrucijada: renovarse sin diluirse. Abrirse sin perderse. Escuchar a la ciudadanía sin caer en la trampa del oportunismo.

El desafío, entonces, no debería ser elegir entre abrirse o cerrarse, sino definir reglas claras: filtros, formación, trayectoria y compromiso con una visión de país. Sin esos elementos, cualquier proceso de apertura corre el riesgo de diluir más de lo que fortalece.

A guisa de remate

Los tres temas parecen distintos, pero comparten un hilo común: la ausencia de congruencia.

Activistas que lucran, jueces que militan, taurinos que glorifican la valentía y cuando más importa callan. Periodistas que pontifican sin ética. Partidos que dudan entre convicción y conveniencia.

En política y en la vida pública, la falta de claridad siempre termina pasando factura. Y en Querétaro, varias facturas están comenzando a cobrarse.

Gracias por sus amables comentarios y considerar compartir.