La democracia no se defiende sola

México ante el riesgo de perder su democracia: las señales que no debemos ignorar

Primera entrega de la serie «La democracia no se defiende sola»

En 1993 tenía 20 años y acababa de recibir mi primera credencial de elector del entonces Instituto Federal Electoral. La guardé con la expectativa de utilizarla en las elecciones presidenciales de 1994. En aquel momento quizá no dimensionaba plenamente lo que significaba contar con una institución electoral autónoma, reglas comunes para competir y una autoridad que no dependiera directamente del gobierno en turno. Con los años entendí que aquello no era un trámite administrativo: era una conquista democrática.

Desde entonces he participado en distintas etapas de la vida electoral del país. He sido votante, capacitador electoral, observador, funcionario de casilla y presidente de casilla. He colaborado en procesos electorales porque creo que la democracia no es un espectáculo que se observa desde la comodidad de la distancia, sino una responsabilidad que exige participación. He aceptado invitaciones de las autoridades electorales para contribuir a la organización y vigilancia de elecciones. Hubo dos ejercicios en los que decidí no participar: la consulta popular de 2021 sobre las decisiones políticas del pasado y la elección judicial de 2025. Mi decisión en esos casos no borra mi convicción sobre la importancia de participar; confirma que también tenemos derecho a evaluar críticamente los mecanismos que se nos proponen.

Escribo desde esa experiencia y desde una preocupación que considero legítima: México enfrenta un momento en el que debemos preguntarnos hasta qué grado se han degradado las instituciones, si se han restringido las libertades y si se han manipulado las reglas que permiten que el poder cambie de manos mediante el voto.

No sostengo que la democracia mexicana haya desaparecido —todavía no— ni que todas las instituciones estén completamente sometidas a un partido. Lo que sí considero necesario es advertir que existen señales de concentración del poder, debilitamiento de contrapesos, cuestionamientos a la autonomía institucional y presiones sobre espacios que deberían actuar con independencia. Son riesgos que merecen escrutinio ciudadano, no indiferencia.

La democracia es mucho más que acudir a las urnas

Durante mucho tiempo, una parte de la conversación pública ha reducido la democracia a una operación sencilla: votar, contar los votos y reconocer al ganador. Sin embargo, una democracia constitucional requiere mucho más.

Necesita elecciones auténticas, periódicas y competitivas; autoridades electorales imparciales; tribunales independientes; libertad de expresión; prensa libre; pluralidad política; división de poderes; transparencia; rendición de cuentas y respeto a los derechos de las minorías. También necesita que quienes gobiernan acepten límites y que quienes pierden una elección conserven sus derechos, su representación y la posibilidad real de volver a competir. Pero, sobre todo, requiere una ciudadanía educada, informada, involucrada y participativa.

El voto es indispensable, pero no basta si las condiciones de competencia se deterioran, si los árbitros pierden autonomía, si los tribunales dejan de ofrecer garantías o si los ciudadanos sienten que cuestionar al poder puede traerles consecuencias.

La democracia no consiste en que un partido gane muchas elecciones. Consiste en que ningún partido pueda volver permanente su poder ni cambiar por sí solo la Constitución, que es la base del Estado. Se requieren condiciones en las que la oposición pueda competir realmente y en las que la ciudadanía conserve la capacidad de cambiar de gobierno sin miedo y sin violencia.

Por eso, la concentración de poder debe preocuparnos independientemente de quién la ejerza. No es un problema exclusivo de una ideología ni de un partido. Es un problema de diseño institucional y de libertades.

El árbitro electoral y la confianza pública

La construcción de instituciones electorales autónomas fue uno de los cambios más importantes de la transición democrática mexicana. El paso de un sistema en el que el gobierno tenía una influencia determinante en la organización electoral a uno con autoridades especializadas, órganos colegiados y procedimientos de vigilancia ciudadana no ocurrió por casualidad. Fue resultado de décadas de exigencias, reformas, conflictos y participación social.

El IFE —hoy INE— simbolizó esa transformación. La confianza electoral no depende de que una autoridad sea infalible, sino de que existan reglas, autonomía, profesionalismo, transparencia y mecanismos para corregir errores.

Por eso debemos observar con atención cualquier decisión que pueda reducir la independencia del INE, debilitar su estructura profesional, comprometer su presupuesto operativo o concentrar facultades en pocas personas. También debemos vigilar la integración de sus órganos directivos, los procedimientos de nombramiento, la actuación de los organismos públicos locales electorales —los OPLE— y la relación entre las autoridades administrativas y los tribunales electorales.

Es cierto que no toda reforma es un retroceso ni toda crítica a una autoridad constituye un ataque a la democracia. Las instituciones deben ser evaluadas y pueden ser mejoradas. Sin embargo, una reforma democrática debe fortalecer la imparcialidad, la certeza y la capacidad de organización, no crear dependencias frente al gobierno ni reducir los espacios de vigilancia.

La pregunta ciudadana no debe ser si una reforma beneficia a nuestro partido o perjudica al adversario. Debe ser otra: ¿esta modificación permite que cualquier fuerza política compita en condiciones justas y que los votos se cuenten con independencia?

Cuando los contrapesos dejan de funcionar

El problema de la concentración del poder no se limita a la autoridad electoral. También alcanza la relación entre el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, los órganos autónomos, las fiscalías y las instituciones encargadas de vigilar el uso de los recursos públicos.

En un sistema democrático, cada poder tiene atribuciones y límites. El Congreso debe legislar, pero también fiscalizar y permitir que las minorías ejerzan sus derechos parlamentarios. El Poder Judicial debe resolver controversias con independencia, incluso cuando sus decisiones incomoden al gobierno. Las fiscalías deben investigar con criterios jurídicos y no partidistas. Los órganos autónomos deben cumplir sus funciones sin recibir instrucciones de quienes están obligados a vigilar.

La reforma judicial y el nuevo modelo de elección de personas juzgadoras abrieron un debate profundo sobre independencia, profesionalización, legitimidad y capacidad técnica. Es válido discutir cómo mejorar la justicia, combatir la corrupción y acercar los tribunales a la sociedad. Lo que no podemos hacer es ignorar una cuestión esencial: ¿qué garantías tendrá una persona cuando deba enfrentar al poder político, económico o criminal si quienes imparten justicia no cuentan con condiciones suficientes de independencia?

La legitimidad de un juez no puede depender solamente de la popularidad de su elección. También requiere conocimientos, experiencia, imparcialidad y protección frente a presiones. Una justicia sometida a intereses políticos deja de ser un contrapeso y se convierte en una extensión del poder.

El mismo principio debe aplicarse al Congreso. Una mayoría obtenida legítimamente en las urnas tiene derecho a gobernar y legislar, pero no a eliminar los derechos de las minorías ni a convertir la representación parlamentaria en un trámite para ratificar decisiones del Ejecutivo. La democracia exige mayorías capaces de decidir y minorías capaces de vigilar, cuestionar y proponer.

El riesgo que representa el crimen organizado

Hay otro factor que no podemos tratar como un asunto secundario: la intervención del crimen organizado en la vida pública y electoral.

Cuando una organización criminal amenaza a candidatos, intimida a funcionarios, controla territorios, impone condiciones a gobiernos municipales o interviene en campañas, no solamente comete delitos. Ataca directamente la libertad política de las comunidades.

Una elección puede cumplir formalmente con sus etapas y, sin embargo, estar condicionada por el miedo. Un ciudadano puede depositar una boleta, pero si antes fue amenazado para votar por determinada opción, su libertad fue vulnerada. Un candidato puede aparecer en la boleta, pero si otros aspirantes fueron asesinados, obligados a retirarse o intimidados, la competencia dejó de ser plenamente libre.

La violencia política y la penetración criminal requieren investigación, protección de candidatos y autoridades, fiscalías capaces, coordinación institucional y políticas de seguridad eficaces. También exigen que los partidos revisen a quienes postulan y que las autoridades no utilicen selectivamente la seguridad como instrumento político.

La intervención de actores extranjeros también merece atención cuando existen pruebas de financiamiento ilegal, operaciones de influencia, desinformación coordinada o apoyo a actividades ilícitas. Sin embargo, debemos distinguir entre una injerencia demostrada, una sospecha y una diferencia ideológica con otro gobierno. Defender la soberanía exige evidencia, no teorías sin sustento.

El principio debe ser claro: ni un partido, ni un gobierno, ni un grupo criminal ni un actor extranjero deben apropiarse de la voluntad de los mexicanos.

La libertad de expresión también necesita defensa

Una democracia no puede sostenerse si sus ciudadanos tienen miedo de hablar, preguntar, investigar o criticar. La libertad de expresión protege especialmente el debate sobre asuntos públicos, incluso cuando resulta incómodo, severo o molesto para quienes ejercen el poder.

En este punto existe una discusión que debemos abordar sin simplificaciones: las leyes de violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas.

La violencia política de género es real y debe atenderse. Las mujeres que participan en política tienen derecho a ejercer sus cargos, competir y expresarse sin amenazas, hostigamiento, humillaciones sexistas ni ataques basados en estereotipos. Este derecho, desde luego, también corresponde a los hombres.

Proteger ese derecho no significa que toda crítica dirigida a una funcionaria, candidata o dirigente sea violencia de género. La legislación exige identificar conductas concretas y elementos que permitan establecer que existe una afectación por razones de género. La crítica a una decisión pública, a un desempeño, a una propuesta, a un posible conflicto de interés o a la gestión de una funcionaria debe permanecer dentro del ámbito protegido de la libertad de expresión, siempre que no incurra en amenazas, acoso u otras conductas ilícitas.

Los criterios del Tribunal Electoral han reconocido que las expresiones críticas, severas o incómodas no se convierten automáticamente en violencia política de género. Debe analizarse el contexto, el contenido, los estereotipos y la posible afectación diferenciada.

La frontera importa. Si las leyes se aplican sin rigor, con medidas desproporcionadas o sin garantías de defensa, pueden generar un efecto inhibidor sobre periodistas, opositores y ciudadanos. Si se aplican con seriedad, protegen a quienes enfrentan violencia real sin convertir la discrepancia política en una conducta sancionable.

Algo semejante ocurre con las acciones afirmativas. La paridad y las medidas para ampliar la representación de grupos sociales pueden ser instrumentos legítimos de igualdad sustantiva. Sin embargo, requieren reglas claras, criterios verificables, procedimientos respetuosos de la dignidad y mecanismos para evitar simulaciones. Ni la igualdad debe utilizarse como pretexto para excluir arbitrariamente, ni las acciones afirmativas deben convertirse en un espacio sin rendición de cuentas.

La defensa de los derechos de las mujeres y de otros grupos no está enfrentada con la libertad de expresión. Ambas necesitan autoridades imparciales, debido proceso y decisiones bien fundamentadas.

La indiferencia también debilita la democracia

Quizá el riesgo más profundo no se encuentre únicamente en las decisiones de quienes gobiernan, sino en la reacción de una sociedad que puede acostumbrarse a perder espacios de participación.

La democracia se debilita cuando los ciudadanos dejan de observar, cuando creen que su voto no cuenta, cuando aceptan que las instituciones son propiedad de los partidos o cuando consideran que la política es un asunto exclusivo de profesionales, dirigentes y funcionarios.

En mi experiencia, una casilla electoral es una de las expresiones más concretas de la democracia. Ahí coinciden ciudadanos de distintas ideas, personas que no necesariamente se conocen y que, durante una jornada, asumen una responsabilidad común: recibir los votos, cuidar las boletas, contar, llenar actas y entregar resultados. La confianza no nace de discursos; se construye con procedimientos y con personas que cumplen su tarea.

Por eso me preocupa que la defensa de la democracia se reduzca a la indignación en redes sociales o a la confrontación entre simpatizantes de distintos partidos. La crítica es necesaria, pero debe acompañarse de conocimiento, organización y participación.

No debemos esperar a que una crisis institucional sea irreversible para comenzar a actuar. Tampoco debemos caer en el alarmismo ni asumir que la violencia es una salida. La respuesta democrática tiene que ser más inteligente, más amplia y más persistente que la amenaza que busca enfrentar.

La pregunta ya no es solamente quién ganará la próxima elección. La pregunta es qué condiciones tendremos para que esa elección sea libre, competida, vigilada y respetada; qué instituciones podrán garantizarla y qué estamos dispuestos a hacer los ciudadanos para protegerlas.

En la segunda entrega propongo pasar de la advertencia a la acción: cómo construir una red ciudadana independiente, cómo vigilar las elecciones y las instituciones, cómo documentar irregularidades, cómo defender legalmente el voto y cómo hacerlo sin violencia, sin sectarismo y sin entregar la causa democrática a ningún partido.

Porque la democracia no pertenece a los gobiernos ni a las dirigencias. Pertenece a los ciudadanos. Y si no estamos dispuestos a defenderla, nadie puede garantizar que seguirá ahí cuando volvamos a necesitarla.

Cero corrupción

¿Qué clase de gobierno necesita jurar cada semana que no roba? Uno que ya no puede darlo por sabido.

En 2019, López Obrador sacó su "pañuelito blanco" para anunciar que ya no había corrupción arriba. En 2020 declaró "cero corrupción". En 2024 calculó que el país se había ahorrado más de dos billones de pesos por no permitirla. Seis años de sermones matutinos, un solo caso admitido y una conclusión cómoda: el problema era el pasado.

Por un lado, Segalmex, el "único caso", que según la ASF y la SFP dejó un posible daño patrimonial de 9,500 millones de pesos, con 2,700 presuntamente desviados. 

Para MCCI (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), al sumar Diconsa y Liconsa, la cifra sube a 15,308 millones. Se investigó a 47 personas y 26 fueron vinculadas a proceso. Por otra parte, el discurso: un caso aislado, un error de cálculo, una manzana podrida en el huerto de los incorruptibles. Un "único caso" de 15,000 millones de pesos tiene un nombre más preciso que "excepción".

Luego vino la Casa Gris. No hay prueba jurídica de una transacción corrupta, y conviene decirlo. Pero el hijo del presidente vivió en una residencia de Houston propiedad de un ejecutivo de una empresa con contratos en Pemex. Eso no es un delito probado, es un conflicto de interés. En un gobierno que hizo de la austeridad republicana su bandera, es peor: una bandera con un agujero en el centro.

Después, el huachicol fiscal. Un esquema de contrabando de combustible, con un impacto fiscal estimado en 4,600 millones de dólares y una sola empresa fantasma, Marlaya, con más de 29,000 millones de pesos evadidos. Se gestó en un sexenio y estalló en el siguiente. La continuidad, al menos, sí se cumplió.

Y ahora el INE. Guadalupe Taddei, designada por una Cámara de Diputados de mayoría oficialista, renunció el 26 de octubre en medio de contratos bajo sospecha. El propio órgano interno de control habla de contratos simulados por hasta 2,461 millones de pesos en 27 organismos electorales locales. Una red de proveedores habría cobrado 1,803 millones en 17 estados, y hay 18 empresas investigadas. Una semana después de su salida ya sumaban 19 las renuncias de funcionarios ligados a su administración. El árbitro de la democracia, convertido en cliente de sus propios proveedores.

Lo curioso es la asimetría. Cuando el escándalo toca a un adversario, es prueba de podredumbre sistémica. Cuando toca a los propios, es un caso aislado, una herencia o una maniobra de la oposición. Y lo más revelador es la gramática. López Obrador hablaba en indicativo: "ya no hay corrupción". Sheinbaum habla en subjuntivo: "no debe haber", "no queremos". Del hecho al deseo, de la afirmación a la plegaria.

El 24 de octubre, en Apatzingán, dijo que la autoridad moral viene de la honestidad. Tiene razón, y por eso mismo es un problema. La autoridad moral no se declara en los mítines, se acredita ante un juez. Se mide en sentencias en lugar de discursos, en auditorías en lugar de homilías, en extradiciones en lugar de conferencias matutinas.

¿Cuántos casos caben entre el "cero corrupción" y el "no queremos corrupción"? Quizá esa distancia sea la única medida honesta de la 4T.

¿Estamos preparando a nuestros hijos para el futuro?

Hace unos días pregunté en redes sociales qué opinaban de la educación que reciben los estudiantes en México. Recibí más de cincuenta respuestas, en su mayoría preocupadas por la calidad educativa y los contenidos escolares.

Soy padre de dos adolescentes, de 12 y 14 años, que estudian en una escuela privada. Pagar su educación representa un esfuerzo importante para nuestra familia, pero mi esposa y yo hemos aprendido que no podemos delegar por completo su formación. Conversamos sobre sus clases, tareas y dudas; a veces repasamos matemáticas y otras hablamos de historia, ciencias o acontecimientos que escucharon en clase.

Y entre más nos involucramos en lo que están estudiando nuestros hijos actualmente también nos preguntamos: ¿realmente estamos preparando a nuestros hijos para el mundo que les tocará vivir? Me preocupan cuatro asuntos: los aprendizajes, el pensamiento crítico, la responsabilidad familiar y la tecnología.

1. Una crisis educativa que no podemos ignorar

Durante años hemos escuchado discursos oficiales sobre la importancia de la educación. Sin embargo, debemos preguntarnos cuánto se ha traducido en aprendizajes reales. Los resultados educativos citados en el debate público muestran dificultades en matemáticas, lectura y ciencias. Detrás de esos indicadores hay jóvenes que avanzan sin dominar conocimientos necesarios para continuar estudiando, trabajar y tomar decisiones informadas.

No se trata de desacreditar a todos los maestros. Muchos realizan una labor extraordinaria, a menudo con recursos limitados. Precisamente por respeto a ellos y a sus alumnos, debemos evaluar con seriedad las políticas educativas.

Las reformas de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador respondieron a visiones confrontadas sobre la evaluación docente. Más allá de sus aciertos y errores, la prioridad debe ser que los estudiantes aprendan, por encima de intereses políticos o sindicales.

Los maestros merecen capacitación y mejores condiciones; los estudiantes, educación de calidad; y las familias, la posibilidad de exigir resultados. Pagar una escuela privada tampoco resuelve todo: hay buenos docentes en instituciones públicas y deficiencias en algunas privadas.

La pregunta no debería ser solamente cuánto cuesta la educación, sino cuánto están aprendiendo nuestros jóvenes.

2. No basta con aprender: también importa qué y cómo aprendemos

Algunos padres cuestionamos no solo la calidad académica, sino también la orientación de los contenidos. Los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana han generado debate sobre su diseño y sus enfoques históricos. Sus defensores destacan la inclusión, la igualdad y el humanismo.

Incluir asuntos sociales está bien, es necesario, pero no si el objetivo que se busca es el adoctrinamiento: poco importa cómo se enseña si los alumnos no pueden examinar distintas explicaciones y desarrollar un pensamiento crítico propio.

Una educación crítica no consiste en sustituir una visión del mundo por otra, sino en formular preguntas, contrastar fuentes y distinguir hechos de opiniones.

En casa vivimos una experiencia que me hizo reflexionar. Mis hijos me comentaron haber estudiado temas relacionados con el feminismo, la reivindicación indígena y movimientos sociales como Poder Prieto. Sin embargo, ese mismo día, el 12 de octubre, cuando les pregunté si en la escuela les habían hablado de la llegada de Cristóbal Colón a América, me dijeron que no habían abordado el tema en ninguna materia.

Una conversación familiar muchas veces nos invita a preguntar si los jóvenes reciben una formación histórica amplia, objetiva y rigurosa.

La historia de México no puede reducirse a una celebración acrítica del pasado ni a una narración donde unos personajes representan todo lo bueno y otros todo lo malo. Debemos estudiar la historia de México con sus logros, contradicciones e injusticias. En historia, economía, política y ciencias, los alumnos deben evaluar distintas corrientes con argumentos, no memorizar conclusiones.

La escuela debe enseñar a pensar, no decirles a los alumnos qué pensar. Los padres debemos interesarnos por los contenidos y dialogar con nuestros hijos sin convertir el hogar en un espacio de pensamiento único.

3. La educación también comienza y continúa en casa

Mi esposa y yo procuramos que la formación de nuestros hijos no termine al salir de la escuela. Aunque no siempre sobra el tiempo, conversamos sobre lo que aprenden, los ayudamos cuando tienen dificultades y fomentamos su curiosidad.

Les compramos libros adecuados a su edad. Les gustan la mitología griega y romana y los relatos bíblicos, y la filosofía entre muchos otros temas que nos permiten hablar de decisiones, virtudes y consecuencias. Como familia católica, transmitimos nuestros valores y el respeto a otras creencias.

Visitamos museos y lugares históricos. Vivimos años en Ciudad de México y ahora en Querétaro; recorrer estos lugares permite imaginar cómo vivieron otras generaciones.

También los hemos acercado a especialistas en tecnología para conocer profesiones y explorar opciones. Estas experiencias amplían sus horizontes.

No todas las familias tienen el mismo tiempo, dinero o acceso a recursos culturales; no deben sustituir las obligaciones de las autoridades. Pero reconocerlo no significa renunciar a la responsabilidad familiar.

Hace poco encontré en redes sociales el video de un maestro que aseguraba llevar 18 años frente a un salón de clases. Con evidente frustración, resumía su realidad en una frase: «Yo ya no educo. Yo cuido. Yo contengo».

Contaba que exigir tareas o respeto podía terminar en confrontaciones con los padres, y describía alumnos que llegaban sin dormir, desayunar o llevar materiales, mientras se esperaba que el maestro resolviera lo que no se había trabajado en casa.

No conozco sus circunstancias ni sé si realmente representa a todos los docentes. Pero su testimonio parece honesto y es preocupante: ¿qué ocurre cuando los padres abandonan su responsabilidad e impiden que la escuela ejerza la suya?

Educar no significa evitarles a nuestros hijos cualquier incomodidad. Significa enseñarles que sus decisiones tienen consecuencias, que hay reglas y que cumplir obligaciones es parte de la vida. Los docentes deben tratar a los estudiantes con dignidad, sin humillaciones ni violencia; pero protegerlos de los abusos no significa protegerlos de sus responsabilidades.

Cuando un hijo llega a casa quejándose de un maestro, no deberíamos asumir automáticamente que el profesor está equivocado. Hay que escuchar, investigar y contrastar versiones. Defender a nuestros hijos también significa decirles cuando se equivocan.

La vida adulta exige cumplir horarios, aceptar críticas, trabajar con otros, reconocer errores y afrontar consecuencias. No se trata de autoritarismo, sino de equilibrar autoridad y respeto, derechos y obligaciones.

Amar a nuestros hijos no es evitarles todas las dificultades; es ayudarlos a desarrollar las herramientas para enfrentarlas. Mejores escuelas también requieren familias presentes. Ninguna reforma sustituye a los adultos involucrados en la formación de los jóvenes.

4. La tecnología, la inteligencia artificial y el futuro

Nuestros hijos crecen en un mundo que cambia a gran velocidad. Han convivido con internet, teléfonos inteligentes y videojuegos; ahora también pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial que responden preguntas, resumen textos y resuelven problemas en segundos.

Internet abre oportunidades, pero también riesgos. Ser nativo digital no significa saber proteger los datos personales, identificar manipulaciones o reconocer estafas.

El ciberacoso y la explotación sexual digital son amenazas reales. También debemos evitar que las pantallas desplacen la lectura, el ejercicio, el descanso y la convivencia.

La inteligencia artificial plantea otro dilema. Si un estudiante entrega una respuesta generada por una herramienta sin comprenderla, puede obtener una buena calificación mientras pierde la oportunidad de aprender. Si la utiliza para comparar explicaciones, practicar ejercicios o aclarar dudas, puede ser una aliada. La diferencia está en cómo se usa.

No sabemos cuáles profesiones cambiarán o surgirán. Nuestros hijos necesitarán adaptarse, aprender y resolver problemas. Queremos que conozcan distintas profesiones: no decidir su futuro, sino darles elementos para elegirlo.

Escuela y familia deben ayudarlos a pensar con autonomía y utilizar nuevas herramientas sin renunciar al esfuerzo intelectual.

Educar es una responsabilidad que no podemos delegar

La conversación en redes me dejó una impresión: muchos padres dudan de que las escuelas preparen a sus hijos para la vida que les espera. Necesitamos medir aprendizajes, fortalecer a los docentes y poner a los estudiantes por encima de las disputas partidistas.

También debemos revisarnos: ¿sabemos qué leen nuestros hijos? ¿Les enseñamos a distinguir información de propaganda y conocimiento de ocurrencias?

Mis hijos todavía tienen mucho por aprender. Nosotros, como padres, también. No tengo todas las respuestas, pero estoy convencido de que no podemos permanecer al margen y confiar en que alguien más hará todo el trabajo.

El futuro de nuestros hijos no depende exclusivamente de la escuela, el gobierno o la tecnología. Depende también de las herramientas intelectuales, los valores y la capacidad de adaptación que les ayudemos a desarrollar.

La preocupación principal creo, no debería ser solamente si pasan de grado o consiguen buenas calificaciones. Es si aprenden lo necesario para comprender el mundo, participar en él y construir su propio futuro.

Educar no consiste únicamente en preparar a los jóvenes para aprobar el siguiente examen. Consiste en prepararlos para una vida que todavía no conocemos y para un mundo que no dejará de cambiar.

La tragedia de enfermarse en México

La desaparición del Seguro Popular, el desabasto, las compras fallidas y el aumento del gasto familiar marcan una transformación cuyo balance sigue bajo escrutinio.

Prometieron Dinamarca. Dejaron a 44.5 millones de mexicanos con carencia de acceso a servicios de salud, más del doble que en 2018. ¿Cómo se pasa de lo uno a lo otro?

En 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia con la promesa de transformar el sistema de salud, combatir la corrupción y garantizar atención y medicamentos gratuitos para todos —sin condiciones, sin letra pequeña, sin excepciones—. A casi ocho años del inicio de los gobiernos de Morena, la pregunta es inevitable: ¿están los mexicanos mejor atendidos que antes?

La respuesta exige mirar más allá de los discursos. México arrastraba desigualdad, desabasto y fragmentación institucional antes de 2018; nadie lo niega. Pero las decisiones posteriores también dejaron consecuencias, y esas sí pueden medirse.

El cambio que multiplicó la carencia de acceso

El Seguro Popular desapareció en 2020. En su lugar llegó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con la promesa de atención gratuita para quienes carecían de seguridad social. El nuevo organismo enfrentó dificultades operativas y financieras y, en 2023, fue sustituido por el IMSS-Bienestar. Tres nombres, un mismo problema.

La población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 50.4 millones en 2022. En 2024 descendió a 44.5 millones, todavía muy por encima del punto de partida. [1]

Conviene precisar: la cifra proviene de la medición de pobreza y cuenta a quienes no tienen adscripción o derecho reconocido a servicios médicos; no significa que todos hayan quedado sin atención en cualquier circunstancia. La pandemia influyó, y el Seguro Popular tampoco garantizaba por sí mismo atención efectiva. Pero la transición que debía evitar el aumento de la carencia nunca llegó.

Por un lado, el discurso: en junio de 2024, López Obrador insistió en que dejaría «el mejor sistema de salud pública del mundo», mejor incluso que el de Dinamarca. [2] Por otra parte, el registro: millones de personas que seguían chocando con barreras de acceso. Lo curioso es la asimetría: la promesa se hizo en conferencia de prensa; la cuenta se paga en la farmacia.

Niños con cáncer y una respuesta que indignó

En 2021, padres de niños con cáncer protestaban por la falta de medicamentos oncológicos. Hugo López-Gatell, entonces subsecretario de Salud, vinculó las denuncias con propósitos «golpistas». [3]

¿Tenían los niños sus medicamentos? ¿Alguien iba a surtirlos? ¿O bastaba con discutir las motivaciones de quienes los reclamaban?

Podía existir una disputa política alrededor de las protestas, pero eso no respondía lo esencial. La discusión se desplazó del inventario a la sospecha, y la crisis dejó de medirse solo en anaqueles para medirse también en la confianza de las familias hacia sus autoridades.

Durante la pandemia, el mismo funcionario afirmó que la fuerza del presidente era «moral, no de contagio», cuando se cuestionaban los riesgos epidemiológicos de sus actividades públicas. [4] Otra vez, una pregunta sanitaria contestada con una defensa política. La emergencia de COVID-19 fue extraordinaria y complicó la atención de otras enfermedades; lo que no explica son las dificultades administrativas que continuaron después.

La Megafarmacia y las compras que no resolvieron el problema

En diciembre de 2023, López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar, presentada como una solución nacional para conseguir medicamentos faltantes. Los resultados iniciales fueron modestos frente a las expectativas: numerosas llamadas y solicitudes, pocos pedidos surtidos con éxito. Las cifras oficiales distinguían entre llamadas, folios, órdenes y entregas, y no deben confundirse entre sí. [5]

Se construyó infraestructura en lugar de garantizar entregas; se anunció tamaño en lugar de mostrar resultados. Un medicamento no llega a tiempo porque exista un edificio: llega porque alguien lo compró, lo almacenó y lo entregó. Un proyecto así se evalúa por sus entregas efectivas y su contribución al abasto, no por las expectativas de su inauguración.

Con Claudia Sheinbaum, el problema de las compras persistió. En abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción declaró nula la licitación consolidada de medicamentos gestionada por Birmex, tras detectar irregularidades y cuestionamientos por sobreprecios. La prensa reportó posibles sobrecostos por unos 13 mil millones de pesos en 175 claves, y la anulación obligó a reponer el procedimiento. [6]

La nulidad no acredita por sí sola responsabilidades penales individuales ni demuestra que todo el proceso fuera corrupto. Sí evidencia que una contratación estratégica tuvo que corregirse, con el riesgo de retrasar el suministro.

En mayo de 2025, Sheinbaum informó porcentajes oficiales de abasto de 94.3% para el IMSS, 90% para el ISSSTE y alrededor de 87% para el IMSS-Bienestar. [7] Son cifras relevantes. Pero un promedio institucional no garantiza que cada hospital tenga todas las claves ni que cada paciente salga con su receta completa.

El paciente no vive en el promedio.

Medicamentos caducos mientras había pacientes que los buscaban

En junio de 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que habían caducado 18.4 millones de piezas de medicamentos y otros insumos del Hospital Infantil de México, con un valor estimado superior a 121 millones de pesos, acumulados durante varios años. El caso quedó bajo investigación para determinar cómo se almacenaron los productos y si existen responsabilidades administrativas. [8]

El dato es grave por sí mismo, y lo es más frente a las familias que, en distintos momentos de estos años, reclamaron medicamentos oncológicos. Aún no se sabe cuántas de esas piezas coincidieron en el tiempo con las protestas de 2021, y la investigación deberá precisarlo. Lo que sí se sabe es que mientras algunas familias los buscaban, se acumulaban piezas que terminarían caducas.

La caducidad no demuestra que cada pieza pudiera usarse con un paciente concreto ni prueba automáticamente un delito. Pero obliga a revisar los controles de inventario, las decisiones de compra y la distribución. ¿Quién compró? ¿Quién almacenó? ¿Quién distribuyó? ¿Y quién responde? En un sistema con recursos limitados, permitir que medicamentos por millones de pesos terminen inservibles exige explicaciones.

La transparencia financiera tampoco ayuda. En mayo de 2026 se reportó que el auditor externo del IMSS-Bienestar se abstuvo de emitir una opinión sobre sus estados financieros de 2025 porque no obtuvo evidencia suficiente para verificar, entre otras partidas, más de 91 mil millones de pesos en servicios personales y más de 12 mil millones en activos. [9]

Una abstención no equivale a demostrar un desfalco. Significa que alguien dijo: «no puedo confirmar estas cifras». Y cuando el auditor no puede confirmarlas, el ciudadano mucho menos.

¿Cómo está México frente a otros países?

La comparación regional ayuda a dimensionar el desafío. Según el Banco Mundial, en 2022 el gasto total en salud representó 5.7% del PIB mexicano, y los pagos directos de los hogares equivalieron a 39.1% del gasto sanitario. En Brasil, esos pagos fueron 27.3%; en Chile, 35.6%; en Colombia, 14.4%. [10]

Los sistemas no son idénticos y estas cifras no miden por sí solas la calidad de cada servicio. Pero muestran una diferencia importante: Colombia dependía mucho menos del dinero que ponen las familias; México, bastante más.

La OCDE y el Banco Mundial señalaron en su informe regional de 2026 que los pagos de bolsillo representaron, en promedio, 32% del gasto sanitario de América Latina y el Caribe en 2024, frente a 20% en los países de la OCDE. También destacaron la insuficiencia del financiamiento público de la región y los riesgos económicos que enfrentan los hogares cuando necesitan atención. [11]

México, por tanto, no solo debe resolver el acceso formal: necesita financiar mejor sus servicios y reducir la dependencia de los recursos familiares.

La factura que pagan los mexicanos

México Evalúa calculó, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, que el gasto trimestral de bolsillo en salud por hogar aumentó 41.4% en términos reales entre 2018 y 2024. La organización también estimó un incremento de 64.5% en los hogares con gastos catastróficos de salud. [12]

No todo el aumento puede atribuirse a una sola administración, pero es una señal de presión financiera que contradice el objetivo de garantizar protección efectiva.

¿Cuánto cuesta enfermarse? ¿Quién lo paga? ¿Y a quién se le piden cuentas?

La salud pública no se evalúa por las instituciones creadas, el presupuesto anunciado o los medicamentos adquiridos, sino por algo bastante más sencillo: que una persona consiga consulta, reciba tratamiento oportuno y no tenga que comprometer la economía familiar para atenderse.

El gobierno de López Obrador desmanteló el Seguro Popular sin lograr que el INSABI consolidara una transición eficaz. Sheinbaum heredó el problema y ha impulsado nuevas compras y ajustes al IMSS-Bienestar, pero las irregularidades en contrataciones, los medicamentos caducos y las dudas sobre la información financiera muestran que la solución sigue exigiendo resultados verificables.

El sistema anterior también tenía deficiencias. Esa realidad no exime a los gobiernos posteriores de responder por sus decisiones, y las promesas de gratuidad tampoco sustituyen la evidencia de que los servicios no funcionan.

Dinamarca era la promesa. La cuenta, en cambio, la están  pagando la salud y la economía de las familias mexicanas.

Fuentes

[1] INEGI, Pobreza multidimensional 2024 y CONEVAL, medición de pobreza 2022.

[2] Presidencia de México, conferencia del 18 de junio de 2024.

[3] El País, declaraciones de Hugo López-Gatell sobre las protestas por medicamentos oncológicos, junio de 2021.

[4] Milenio, declaraciones de López-Gatell sobre el presidente y el contagio, marzo de 2020.

[5] Información presentada ante el Congreso sobre la Megafarmacia.

[6] El País, nulidad de la licitación de medicamentos de Birmex, abril de 2025.

[7] Presidencia de México, conferencia del 13 de mayo de 2025.

[8] Presidencia de México, conferencia del 30 de junio de 2026.

[9] XEU Noticias, auditoría de los estados financieros del IMSS-Bienestar, mayo de 2026.

[10] Banco Mundial, World Development Indicators, gasto sanitario por país, 2022.

[11] OCDE y Banco Mundial, Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2026.

[12] México Evalúa, cambios en la atención pública de la salud en México, 2018–2024.

La política de llegar tarde: una piedra en el camino de la coordinación

La controversia por la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro parece nacer de la manera en la que Claudia Sheinbaum y su gobierno decidieron abordar el tema.

¿Por qué incitar a un debate sobre si México debe cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad? México ya lo hace. Querétaro también, desde hace años. Lo verdaderamente revelador es cómo una cooperación que lleva tiempo construyéndose terminó convertida en un conflicto político entre el Gobierno federal y un gobernador estatal de oposición y, además, no cualquier gobernador: Mauricio Kuri ha sido durante todo su gobierno uno de los mejor evaluados del país. ¿Será precisamente por eso que la presidenta decidió apuntar contra el gobernador de Querétaro y el embajador de Estados Unidos para encajar dentro de su narrativa de soberanía contra el injerencismo del exterior?

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que Mauricio Kuri colocara, junto con el embajador estadounidense Ronald Johnson, la primera piedra de la academia sin que, según la postura federal, se hubieran cumplido previamente todos los procedimientos de coordinación en materia de seguridad. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el proyecto debía pasar por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

Si ese es el procedimiento, debe cumplirse. Punto. La cooperación internacional en materia de seguridad no puede desarrollarse al margen de las instituciones mexicanas, y nadie debería pretender que la supervisión federal es un obstáculo cuando lo que está en juego es la seguridad nacional.

Pero precisamente por eso resulta inevitable hacer otra pregunta: ¿por qué el Gobierno federal esperó hasta que la primera piedra estuvo colocada para hacer pública su objeción?

Querétaro informó a la Cancillería sobre la visita del embajador. El oficio fue enviado el 23 de septiembre y recibido por la SRE el 25. La visita ocurrió el 2 de octubre. Es cierto que la discusión puede centrarse en si esa comunicación explicó con suficiente claridad el alcance de la academia. La propia Cancillería sostiene que no fue presentada como un mecanismo formal de cooperación internacional en materia de seguridad. Eso tendrá que aclararse documentalmente.

Lo que no deja de llamar la atención es que, si existía un procedimiento que debía cumplirse, nadie haya detenido el proceso antes de que el gobernador y el embajador aparecieran públicamente colocando la primera piedra.

Ahí está el verdadero problema.

La responsabilidad y eficiencia para gobernar significan anticiparse, actuar antes de que ocurran los conflictos y no hacerlos más grandes. Coordinar no es aparecer después para señalar que algo debió hacerse de otra manera. Una administración eficiente debería detectar el problema antes de que llegue al escenario público, especialmente cuando se trata de un proyecto relacionado con seguridad y cooperación internacional.

La academia no apareció de la noche a la mañana. Hay una inversión, una ubicación, un proyecto, gestiones previas y una relación de cooperación que lleva años construyéndose. No estamos hablando de una ocurrencia surgida la semana pasada. Entonces resulta legítimo preguntarse si el problema fue realmente la falta de comunicación o si el problema fue que nadie dentro de la estructura federal tomó la decisión de actuar a tiempo.

La Federación conocía la visita del embajador y consideraba que el proyecto requería una ruta institucional diferente. Tenía una oportunidad evidente para intervenir antes del acto público. No lo hizo.

Las instituciones del Gobierno federal sí fueron convocadas al evento. Ahí se encontraban representantes de la SEDENA, la Guardia Nacional y la FGR. La protesta de la presidenta llega mal y tarde. ¿Por qué nadie le informó adecuadamente de lo que se trataba? Después suele pasar que intentan recuperar el control de la situación mediante el discurso político. Eso es precisamente lo que debería evitarse.

Mauricio Kuri tampoco necesita convertir esta controversia en una guerra contra Claudia Sheinbaum. Sería un error. Su posición más sólida es mucho más sencilla: defender el proyecto, transparentar sus alcances y cumplir las reglas federales que correspondan. Puede aceptar la supervisión institucional sin aceptar que la cooperación internacional para fortalecer a los policías mexicanos sea presentada como una amenaza a la soberanía.

Porque, hasta donde se conoce, la academia no pretende sustituir a la Federación, crear una fuerza estadounidense en territorio mexicano ni entregar a otro país el control de la seguridad de Querétaro. Su objetivo es capacitar y profesionalizar policías mediante cooperación internacional.

México coopera con Estados Unidos en materia de seguridad desde hace años. La discusión razonable no es si debe existir cooperación, sino bajo qué condiciones, con qué controles y con qué objetivos. Si la academia requiere ajustes, que se hagan. Si necesita autorización o supervisión federal, que se cumpla. Si los convenios deben transparentarse, que se transparenten.

Lo que resulta difícil justificar es que una iniciativa para fortalecer capacidades policiales sea convertida automáticamente en una disputa partidista.

México enfrenta organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, con mayor capacidad financiera, tecnológica y operativa. Frente a eso, profesionalizar policías, intercambiar conocimiento y fortalecer instituciones debería ser una prioridad. La cooperación internacional no puede ser buena cuando la promueve la Federación y convertirse en sospechosa cuando la impulsa un gobierno estatal.

Si el gobierno de Morena intenta presentar la academia como una especie de cesión de soberanía a Estados Unidos, también tendrá que explicar cómo encaja esa narrativa con la larga historia de cooperación bilateral en seguridad. Si, en cambio, reconoce que la iniciativa puede ser útil, pero exige que se someta a las reglas federales, entonces la discusión puede regresar al terreno institucional, donde debería haber estado desde el principio.

Claro que, en el terreno de las contiendas políticas, el oportunismo es la moneda de cambio. Ni tardos ni perezosos, los militantes de ese partido en Querétaro, como Santiago Nieto y Gilberto Herrera, entre otros personajes, hicieron sendas publicaciones atacando al gobernador de Querétaro, acusándolo de entreguista y traidor a la patria. En fin, que para algunos, con tal de sacar raja política, la vileza puede brotar sin pudor.

Para Claudia Sheinbaum también existe una oportunidad.

Puede utilizar este episodio para demostrar quién controla la política exterior y marcar distancia con un gobernador panista. O puede hacer algo mucho más útil: establecer las reglas, garantizar la supervisión federal y permitir que un proyecto potencialmente importante continúe bajo el marco jurídico correspondiente.

La segunda opción sería políticamente más inteligente.

Porque si la academia funciona, Querétaro podrá demostrar que es capaz de convertirse en referente nacional de profesionalización policial. Y si el Gobierno federal participa en su consolidación, podrá demostrar que su intervención no consistió en frenar una iniciativa, sino en garantizar que la cooperación internacional se desarrollara correctamente.

De esa forma todos ganamos.

Los únicos que perderían serían quienes necesitan una confrontación permanente para convertir cada diferencia institucional en una batalla entre partidos.

La ciudadanía, en realidad, tiene poco interés en saber quién tuvo la última palabra en esta discusión. Quiere policías mejor preparados, más inteligencia, mejor tecnología, instituciones más profesionales y mayor capacidad para enfrentar al crimen.

Por eso la política de llegar tarde resulta tan costosa. Primero permite que un proyecto avance sin que todas las instituciones parezcan estar alineadas; después convierte las diferencias en una disputa pública y, finalmente, obliga a los ciudadanos a escuchar una discusión que pudo haberse resuelto antes de que hubiera cámaras, discursos y titulares.

La primera piedra ya está puesta. Ahora corresponde hacer algo mucho más difícil que colocarla: construir.

Construir significa cumplir las reglas, corregir lo que deba corregirse, transparentar los convenios y definir con precisión el papel de cada institución. Kuri debe demostrar que su proyecto puede avanzar con plena legalidad. Sheinbaum debe demostrar que la supervisión federal puede ejercerse sin convertirla en confrontación política.

La ciudadanía no necesita otra batalla entre PAN y Morena. Necesita que las instituciones dejen de utilizar la seguridad como escenario de confrontación política y empiecen a tratarla como lo que es: un problema que afecta todos los días a personas reales.

Y los ciudadanos debemos exigir que ninguno de los dos convierta este episodio en otro pleito partidista sin consecuencias. No necesitamos saber quién colocó primero la piedra ni quién tuvo la última palabra. Necesitamos policías que sepan hacer su trabajo, instituciones que respondan a tiempo y gobiernos capaces de resolver antes de que los problemas lleguen a las cámaras.

La discusión política puede continuar todo lo que quieran. Pero la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más: que, esta vez, la seguridad avance más rápido que las disputas.