Igualdad sin adjetivos: cuando el derecho deja de mirar a las personas y empieza a mirar su sexo

El derecho nació para responder una pregunta elemental: ¿deben dos personas recibir el mismo trato frente a la ley? Durante siglos, la respuesta fue una aspiración más que una realidad. Mujeres, indígenas, personas afrodescendientes y otros grupos históricamente discriminados tuvieron que luchar para que el principio de igualdad dejara de ser una promesa y se convirtiera en una garantía constitucional.

Paradójicamente, hoy México enfrenta un debate distinto. Ya no se discute si el Estado debe proteger a las mujeres frente a la violencia —esa obligación es incuestionable—, sino si, en el esfuerzo por corregir una desigualdad histórica, el sistema jurídico ha comenzado a generar nuevas asimetrías que afectan las garantías de los hombres.

Es una discusión incómoda porque suele reducirse a una falsa disyuntiva: proteger a las mujeres o proteger a los hombres. En realidad, un Estado democrático está obligado a hacer ambas cosas simultáneamente.

La Constitución es clara. El artículo 1 prohíbe toda discriminación y el artículo 20 reconoce la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Ninguno distingue entre hombres y mujeres. Sin embargo, el desarrollo legislativo de los últimos años sí ha construido un entramado de normas, protocolos e instituciones especializadas cuya protección opera, en muchos casos, de manera diferenciada según el sexo de las personas involucradas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, diversos mecanismos relacionados con la violencia vicaria y múltiples protocolos administrativos constituyen instrumentos creados para atender una realidad histórica de violencia contra las mujeres. Ese objetivo es legítimo. La pregunta jurídica es otra: ¿qué ocurre cuando un hombre enfrenta circunstancias semejantes y no dispone de mecanismos equivalentes?

La igualdad jurídica exige que toda diferencia de trato tenga una justificación constitucional suficiente, sea proporcional y no produzca discriminación inversa. Esa es una discusión estrictamente jurídica, no ideológica.

Uno de los mayores desafíos aparece en la aplicación cotidiana de esos instrumentos.

La perspectiva de género, correctamente entendida, no implica presumir culpabilidades ni sustituir la prueba. Es una metodología para identificar contextos de desigualdad y evitar que los prejuicios influyan en las decisiones judiciales. Sin embargo, cuando su aplicación práctica deriva en procedimientos donde una denuncia genera consecuencias inmediatas para el denunciado antes de existir una resolución judicial, surge una tensión constitucional que merece ser analizada con seriedad.

En numerosos procedimientos administrativos y laborales, una denuncia puede traducirse en suspensión del empleo, separación preventiva del cargo, restricciones de convivencia familiar, medidas cautelares y un profundo deterioro de la reputación pública. Muchas de estas medidas tienen fundamentos legales y buscan proteger a posibles víctimas. El problema aparece cuando, en la práctica, la sanción social resulta irreversible aun si posteriormente la persona es absuelta.

La justicia no termina cuando concluye un juicio. También debe preguntarse qué ocurre con quien pierde su empleo, su patrimonio, su prestigio o su familia antes de que un tribunal determine si existió responsabilidad.

El caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz convirtió esa discusión jurídica en una tragedia humana.

Tras ser acusado por una alumna y enfrentar un procedimiento derivado de esa denuncia, el profesor falleció. Antes de su muerte sostuvo públicamente que era inocente y denunció el impacto que el proceso había tenido sobre su vida. Más allá del resultado que hubiera podido tener la investigación, el caso abrió una pregunta que el sistema jurídico mexicano no puede seguir eludiendo: ¿quién protege los derechos fundamentales del acusado mientras la justicia determina los hechos?

La respuesta de diversos colectivos ciudadanos ha sido impulsar la denominada "Ley Alberto".

En Querétaro, integrantes del colectivo Equidad y Justicia y posteriormente del colectivo Querétaro con Justicia realizaron un homenaje público frente al Palacio de Gobierno en memoria del profesor y anunciaron el inicio de una campaña para reunir diez mil firmas que respalden una iniciativa legislativa con ese nombre.

Su propuesta busca fortalecer la presunción de inocencia, evitar que las medidas preventivas se conviertan en condenas anticipadas y reformar el Código Penal para sancionar con mayor severidad las denuncias falsas, así como la fabricación deliberada de pruebas o testimonios destinados a perjudicar a una persona. Sus promotores afirman haber trabajado la iniciativa con diversas autoridades estatales para construir una propuesta que preserve tanto la protección de las víctimas como el debido proceso.

Paralelamente han surgido otras iniciativas ciudadanas que reflejan una inquietud creciente.

La petición "Promover la igualdad ante la ley para los hombres" propone revisar aquellas disposiciones legales y protocolos que, desde la perspectiva de sus impulsores, generan un tratamiento diferenciado hacia los hombres. Entre sus planteamientos figuran reforzar la presunción de inocencia, garantizar igualdad procesal, revisar la legislación con perspectiva de género para asegurar un trato simétrico, crear mecanismos de protección para hombres víctimas de violencia y promover mayor equilibrio en procedimientos familiares relacionados con custodia y convivencia.

Por su parte, la Iniciativa Transformalia contra Denuncias Falsas plantea reformas al Código Penal Federal para crear un tipo penal específico de denuncia falsa dolosa; aumentar las sanciones cuando estas busquen obtener ventajas procesales; castigar el falso testimonio y la fabricación de pruebas; sancionar la filtración ilegal de carpetas de investigación y fortalecer la protección del debido proceso.

Puede discutirse la conveniencia técnica de cada propuesta. Es natural que existan diferencias sobre la severidad de las penas o sobre la mejor forma de redactar esas reformas. Lo que difícilmente puede ignorarse es el problema que todas intentan atender: el enorme poder que una acusación puede adquirir antes de que exista una sentencia.

La experiencia internacional demuestra que esta preocupación no es producto de una exageración.

Brian Banks perdió su carrera deportiva tras una acusación falsa que años después fue retirada por la propia denunciante. Anthony Broadwater pasó dieciséis años en prisión antes de ser exonerado. Ronald Cotton fue liberado gracias a pruebas de ADN que identificaron al verdadero responsable. Andrew Malkinson recuperó su libertad después de diecisiete años por nuevas pruebas científicas. Cornelius Dupree pasó cerca de tres décadas encarcelado por un delito que nunca cometió.

Estos casos no prueban que las denuncias por violencia sexual sean, en general, falsas. Tampoco justifican descalificar a quienes denuncian de buena fe. Lo que sí evidencian es que los sistemas de justicia son falibles y que precisamente por ello la presunción de inocencia, el debido proceso y la valoración rigurosa de la prueba constituyen garantías irrenunciables.

En México existen pocos casos en los que un tribunal haya declarado expresamente que una denuncia fue falsa de manera deliberada. Sin embargo, abundan los procesos donde la sanción social precede a la sentencia judicial. La pérdida del empleo, el descrédito público, la ruptura familiar y el daño económico suelen producirse desde el primer día de una acusación, aun cuando meses o años después no exista una condena.

Una reflexión semejante merece la regulación de la violencia política en razón de género. La protección reforzada para las mujeres encuentra fundamento en un contexto histórico de exclusión y violencia política. Sin embargo, resulta legítimo debatir si el marco jurídico debería ofrecer respuestas equivalentes cuando un hombre sea objeto de conductas similares motivadas por estereotipos o discriminación basada en su sexo. La igualdad constitucional exige que este debate pueda darse sin descalificaciones.

Nada de lo anterior implica negar la violencia que padecen millones de mujeres ni cuestionar la necesidad de políticas públicas para combatirla. Sería un error tan grave como sostener que toda denuncia es verdadera o que toda denuncia es falsa.

El verdadero desafío consiste en construir un sistema capaz de proteger simultáneamente a quien denuncia y a quien es denunciado; a la víctima real y al inocente falsamente acusado; a la mujer que necesita medidas urgentes de protección y al hombre cuya presunción de inocencia merece exactamente el mismo respeto constitucional.

La justicia pierde legitimidad cuando cualquiera de esos derechos deja de importar.

El derecho no puede convertirse en un instrumento que clasifique a las personas según el grupo al que pertenecen para decidir quién merece mayor protección o mayor credibilidad. Debe valorar conductas, pruebas y responsabilidades individuales.

La igualdad ante la ley no admite apellidos ni destinatarios exclusivos. Si realmente creemos en ella, debemos aceptar una consecuencia ineludible: la ley debe proteger con la misma firmeza a cualquier víctima y garantizar con el mismo rigor el debido proceso a cualquier persona acusada.

Solo entonces podremos afirmar que el Estado de derecho sigue mirando a las personas antes que a su sexo.

El T-MEC y las sombras que nadie quiere ver

Hay tratados comerciales que se negocian en las mesas diplomáticas y otros que, sin estar escritos, se negocian todos los días con base en la confianza. El T-MEC pertenece a ambas categorías. Por eso, reducir su revisión a una discusión sobre aranceles, reglas de origen o déficits comerciales es quedarse con apenas una parte de la historia.

La decisión de la administración de Donald Trump de endurecer el escrutinio sobre el acuerdo responde, desde luego, a una visión más proteccionista del comercio. Pero también refleja algo que en México se ha subestimado durante demasiado tiempo: para Estados Unidos, la fortaleza de las instituciones de sus socios comerciales ya forma parte de la ecuación económica.

En otras palabras, la seguridad, el combate a la corrupción y el Estado de derecho dejaron de ser asuntos paralelos al comercio. Hoy son variables que influyen directamente en la confianza con la que se toman decisiones de inversión y se construyen acuerdos de largo plazo.

Esa es la discusión que con frecuencia se pierde en el debate público mexicano.

Mientras aquí cada caso se analiza de manera aislada, en Washington las piezas forman parte de un mismo rompecabezas. Las investigaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, las sanciones impuestas a redes relacionadas con el huachicol fiscal y las tensiones diplomáticas derivadas del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada no necesariamente determinan por sí solas la política comercial estadounidense. Pero sí alimentan una percepción que termina influyendo en ella: la de un país donde el crimen organizado y la corrupción continúan representando desafíos para la fortaleza institucional.

Las percepciones, especialmente en política internacional, tienen consecuencias.

Cuando un gobierno considera que su principal socio enfrenta dificultades para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger sus aduanas o preservar la integridad de sus cadenas de suministro, la disposición para otorgar mayor certidumbre comercial disminuye. La confianza deja de ser un concepto político para convertirse en un activo económico.

El caso del huachicol fiscal ilustra con claridad ese cambio de paradigma. Más allá del impacto sobre las finanzas públicas, las investigaciones estadounidenses han puesto sobre la mesa posibles esquemas de corrupción capaces de facilitar operaciones ilícitas y el ingreso de mercancías con origen falsificado. Desde la óptica del T-MEC, eso trasciende el ámbito penal: compromete las reglas de origen, distorsiona la competencia y debilita uno de los pilares del acuerdo comercial.

Los mercados leen esas señales con rapidez. Para un inversionista internacional, el riesgo ya no depende únicamente del crecimiento económico, la inflación o el tipo de cambio. También pesa la calidad de las instituciones, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas. Es lo que los organismos financieros denominan riesgo institucional.

Y ese riesgo importa. Cerca del 80 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. Industrias estratégicas como la automotriz, la manufactura avanzada y la de dispositivos médicos operan bajo cadenas de suministro profundamente integradas entre los tres países de Norteamérica. La certidumbre no es un lujo; es una condición indispensable para justificar inversiones que se planean a diez o veinte años.

Por supuesto, sería un error atribuir toda la postura estadounidense exclusivamente a los problemas internos de México. La administración Trump ha demostrado que utiliza el comercio como una herramienta de negociación geopolítica incluso con aliados históricos. Sin embargo, también sería un error ignorar que las debilidades institucionales mexicanas reducen el margen de maniobra del país en una negociación donde la confianza pesa cada vez más.

Quizá la pregunta ya no sea qué cambios vendrán para el T-MEC. La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede aspirar México a conservar condiciones preferenciales de acceso al mercado más importante del mundo si la percepción sobre la fortaleza de sus instituciones continúa deteriorándose.

Durante años se creyó que era posible negociar comercio mientras los problemas de seguridad, corrupción e impunidad permanecían confinados al ámbito interno. El nuevo entorno internacional demuestra exactamente lo contrario. Hoy la confianza institucional también cruza las fronteras. Y cuando esa confianza se erosiona, el costo no se mide únicamente en reputación política, sino en inversión, crecimiento y oportunidades para millones de mexicanos.

Los cárteles en México entran en una nueva etapa

Durante los días más recientes, varias notas informativas han colocado nuevamente al crimen organizado en el centro de la agenda nacional y, cuando se observan en conjunto, parecen revelar algo muy preocupante: México podría estar entrando en una nueva etapa de su larga crisis de seguridad.

Una señal muy dura llegó desde Estados Unidos. El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó públicamente que existe una conexión entre las redes de los cárteles y sectores del gobierno mexicano, y aseguró que: “Los cárteles y el Gobierno de México son inseparables” y que su agencia concentrará esfuerzos no solamente contra los narcotraficantes, sino también contra quienes los facilitan, protegen y financian.

Aunque el gobierno mexicano rechazó inmediatamente las declaraciones por considerarlas carentes de sustento y respondió señalando los resultados de operaciones como Enjambre, mediante las cuales han sido detenidos servidores públicos y exfuncionarios presuntamente relacionados con actividades criminales, es evidente la protección que se ha hecho de políticos del más alto nivel en los gobiernos de Morena con presuntos vínculos con las organizaciones criminales, como es el caso de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal Anaya, Alfonso Durazo Montaño y Mario Delgado Carrillo, por mencionar solamente algunos.

Y como un bidón de gasolina en esa hoguera aparecen también las revelaciones del actual escándalo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que gira en torno a la filtración de grabaciones de audio en las que presuntamente ofrece actuar como informante del FBI y de agencias de Estados Unidos para evitar acusaciones penales y una posible extradición.

Al mismo tiempo, en otro frente, Rafael Caro Quintero continúa enfrentando en Nueva York uno de los procesos judiciales más importantes contra un narcotraficante mexicano. Su historia volvió a los titulares al recordarse su captura en 2022 y la muerte de 14 elementos de la Marina tras el desplome de un helicóptero durante aquel operativo. Su juicio, previsto para 2027, podría convertirse en algo más que el proceso contra uno de los últimos grandes capos históricos.

Mientras tanto, diferentes investigaciones y procesos judiciales continúan mostrando otra dimensión del problema: fosas clandestinas, desapariciones, tortura y territorios donde organizaciones criminales han desarrollado mecanismos sistemáticos para eliminar personas y ocultar cuerpos. En algunos casos, propiedades particulares y comunidades enteras terminan integradas, mediante violencia, amenazas o complicidades, a la infraestructura clandestina del crimen.

El Cártel Jalisco Nueva Generación aparece recurrentemente dentro de este nuevo escenario. Ya no solamente como una organización dedicada al tráfico de drogas, sino como parte de un ecosistema criminal diversificado relacionado con extorsión, robo y tráfico de combustibles, lavado de dinero, control territorial y propaganda.

A este panorama se suma un fenómeno diferente: la aparición de nuevas sustancias como los productos altamente concentrados de 7-hidroximitraginina, conocido como 7-OH. Derivado de un alcaloide presente naturalmente en una planta asiática llamada kratom, estos productos han encendido las alarmas de las autoridades estadounidenses por sus efectos opioides y su potencial adictivo. La DEA anunció recientemente medidas para controlar las formulaciones de alta concentración.

¿Qué relación existe entre todos estos acontecimientos?

Probablemente mucha más de la que parece.

Durante décadas imaginamos al narcotráfico mediante una estructura relativamente sencilla: un capo dirige una organización que produce o transporta drogas, controla rutas, corrompe autoridades y enfrenta a organizaciones rivales. Ese modelo ya resulta insuficiente.

Los grandes cárteles mexicanos han demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Sobrevivieron a la captura o muerte de sus principales dirigentes, se fragmentaron, reconstruyeron alianzas y diversificaron sus fuentes de ingresos.

El narcotráfico continúa siendo fundamental, pero ya no explica por sí solo el poder de muchas organizaciones criminales.

Hoy encontramos grupos involucrados simultáneamente en drogas, extorsión, robo de combustible, tráfico de personas, cobro de piso, lavado de dinero y control de actividades económicas legales e ilegales.

El cártel moderno se parece cada vez menos a una simple organización de narcotraficantes y cada vez más a una empresa criminal diversificada.

Y para que una estructura semejante pueda funcionar durante años necesita algo más que hombres armados.

Necesita información.

Necesita dinero.

Necesita empresas.

Necesita mecanismos de lavado.

Necesita conocer los movimientos de las autoridades.

Y necesita protección institucional.

Ahí se encuentra la conexión fundamental entre las declaraciones de la DEA, las investigaciones contra funcionarios, las fosas clandestinas, las redes financieras y el control territorial.

No son necesariamente fenómenos separados. Pueden ser diferentes componentes de un mismo ecosistema.

Una organización criminal captura personas. Otra estructura las interroga o asesina. Alguien proporciona vehículos. Alguien permite el movimiento de armas. Alguien lava el dinero. Alguien avisa sobre los operativos. Alguien garantiza impunidad.

El verdadero poder criminal no reside únicamente en quien dispara.

Reside en la red completa que permite que el sistema continúe funcionando.

Por eso las declaraciones del administrador de la DEA son particularmente relevantes. Si representan una política institucional sostenida y no solamente una expresión retórica, podrían indicar un cambio importante en la estrategia estadounidense.

El objetivo ya no sería exclusivamente perseguir al narcotraficante.

Sería perseguir al ecosistema.

Eso significa operadores financieros, empresas, prestanombres, cadenas de suministro, distribuidores, funcionarios corruptos y cualquier estructura que facilite el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Aquí aparece también la importancia del proceso contra Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero representa el puente entre el narcotráfico mexicano del siglo XX y las organizaciones criminales contemporáneas. Su juicio podría limitarse a determinar su responsabilidad individual por los delitos que se le imputan. Pero también podría revelar, mediante testimonios, documentos o información de inteligencia, mecanismos históricos de protección, operación e intervención en las elecciones.

La pregunta relevante no es solamente qué hizo Caro Quintero.

La pregunta que podría resultar mucho más incómoda es: ¿quién permitió que organizaciones como la suya pudieran funcionar durante décadas?

Una crisis que ya no es solamente de seguridad

Todo esto conduce a una conclusión alarmante: México no enfrenta exclusivamente una crisis de violencia.

Enfrenta simultáneamente una crisis de seguridad, una crisis institucional y una disputa por el control efectivo de determinados territorios.

El Estado puede expedir leyes, cobrar impuestos y nombrar autoridades. Pero si en una comunidad una organización criminal decide quién puede abrir un negocio, transportar mercancías, vender determinados productos o permanecer en el territorio, entonces existe una diferencia entre el poder legal y el poder real.

Las fosas clandestinas son la expresión extrema de ese fenómeno.

No solamente representan homicidios. Representan sistemas de desaparición diseñados para eliminar personas, ocultar evidencia y producir miedo.

El terror también es una forma de gobierno.

Las comunidades que tienen miedo dejan de denunciar. La población que desconfía de la policía deja de colaborar con las autoridades. La sospecha de que algunos funcionarios pueden estar vinculados con los mismos criminales que deberían combatir genera un círculo vicioso:

Más corrupción real o percibida. Menos denuncias. Mayor impunidad. Más poder criminal. Más miedo. Todavía menos denuncias. La penetración institucional puede ser, en ese sentido, más peligrosa que la capacidad de fuego de un cártel.

¿Qué puede ocurrir ahora?

La primera consecuencia probable es una mayor presión de Estados Unidos sobre las redes que rodean al crimen organizado mexicano.

Podríamos ver más investigaciones financieras, congelamiento de activos, cancelaciones de visas, acusaciones judiciales y solicitudes de extradición.

Y aquí se encuentra uno de los principales riesgos políticos.

México considera cualquier intervención unilateral estadounidense como una amenaza a su soberanía. Estados Unidos, en cambio, considera cada vez más al narcotráfico mexicano —especialmente por las drogas sintéticas— como un problema de seguridad nacional y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Ambas posiciones confrontadas están escalando progresivamente la tensión entre ambos países.

Si las investigaciones estadounidenses alcanzaran a funcionarios, políticos o empresarios mexicanos relevantes, las consecuencias podrían superar ampliamente el ámbito judicial y provocar crisis diplomáticas y una fuerte polarización política interna.

La segunda consecuencia será probablemente una mayor importancia de la inteligencia financiera.

Durante décadas, la imagen pública de la lucha contra el narcotráfico fue la captura del capo esposado frente a las cámaras.

Pero detener a un dirigente sin destruir la infraestructura económica que sostiene a su organización puede producir simplemente un reemplazo.

El dinero, las empresas, los prestanombres y las redes de protección pueden sobrevivir al jefe.

Por eso la batalla más importante contra los grupos criminales no es en las zonas rurales y serranas de difícil acceso; es en los bancos, las empresas, las aduanas, las fiscalías y los gobiernos.

Aquí también se tendría que hacer una pregunta incómoda en un tema muy delicado. ¿Por qué las instituciones de inteligencia financiera en México, que en los últimos gobiernos han contado con facultades extraordinarias y con la colaboración de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, no han revelado ni actuado contra esas redes de lavado de dinero, tráfico de drogas, de combustibles y todo tipo de delitos financieros, contra las empresas y políticos que las encabezan?

La tercera consecuencia será la adaptación de los propios cárteles.

Si aumenta la presión contra las grandes estructuras visibles, probablemente veremos organizaciones más fragmentadas, células aparentemente independientes y una mayor tercerización de actividades criminales. Combatirlas podría volverse todavía más complejo.

La cuarta consecuencia afecta directamente a la población.

Las organizaciones criminales han diversificado sus actividades principalmente mediante la extorsión y cualquier tipo de actividad económica se convierte también en una fuente potencial de ingresos.

Comerciantes, agricultores, transportistas, empresarios y familias terminan pagando directa o indirectamente en sus bolsillos el costo del crimen organizado y, en muchas regiones, terminan pagando doble impuesto: al gobierno y a los cárteles para poder trabajar.

Ese costo finalmente aparece en los precios, en el cierre de negocios, en la pérdida de empleos y en la reducción de inversiones. La impunidad desalienta la actividad legal y formal; en cambio, genera incentivos para la economía informal e ilegal.

Incluso quienes nunca han visto a un narcotraficante pueden terminar pagando las consecuencias del narcotráfico.

Estamos observando un México con diferentes niveles de Estado de derecho.

No considero que el escenario más probable sea un colapso generalizado del Estado mexicano.

El peligro más realista es diferente.

México puede profundizar su fragmentación territorial.

Podemos tener ciudades y estados con inversión, seguridad relativa e instituciones funcionales y, simultáneamente, regiones donde la extorsión, las desapariciones y el control criminal condicionen profundamente la vida cotidiana.

La gran desigualdad mexicana podría dejar de medirse solamente por los ingresos.

También podría medirse por el nivel efectivo de Estado de derecho al que tiene acceso cada ciudadano.

Y mientras todo esto ocurre, el mercado de las drogas continúa evolucionando.

El caso del 7-OH demuestra que pueden aparecer nuevas sustancias y nuevos modelos comerciales antes de que las autoridades comprendan completamente el fenómeno y desarrollen una respuesta regulatoria.

El futuro de la política antidrogas tendrá que enfrentar simultáneamente cárteles tradicionales, drogas sintéticas, productos concentrados en zonas regulatorias grises, mercados digitales y sustancias que todavía no conocemos.

Todos los acontecimientos de estos días parecen converger en una misma cuestión:

¿Quién ejerce realmente la autoridad?

Si México y Estados Unidos logran atacar las estructuras financieras y las redes de protección institucional, mientras México fortalece policías, fiscalías, tribunales y gobiernos locales, la presión actual podría representar una oportunidad para debilitar estructuralmente al crimen organizado.

Pero si nuevamente la estrategia se limita a capturar capos y realizar grandes operativos mientras permanecen intactas las redes de corrupción, extorsión, lavado de dinero y control territorial, el sistema criminal volverá a adaptarse.

La declaración del administrador de la DEA debería leerse como lo que es: el anuncio público de una nueva etapa.

Si durante los próximos meses comienzan a aparecer investigaciones, acusaciones judiciales, sanciones financieras o testimonios que involucren a figuras públicas y redes de protección, sabremos que el verdadero objetivo ya no es solamente contra los cárteles.

Es contra todo el sistema que les permite existir.

El país que cabe en un estadio

Nunca fui un gran futbolero.

De niño, en el viejo Instituto Queretano —el Molino, como todavía le dicen muchos queretanos— las clases de educación física siempre terminaban igual: una cascarita. Pero el verdadero partido comenzaba antes, cuando había que formar los equipos.

Todavía recuerdo esa sensación incómoda de esperar a que alguno de los dos capitanes pronunciara tu nombre. Nunca entendí quién los nombraba ni por qué ellos decidían quién jugaba con quién. Lo único que importaba era no ser el último. O peor aún, que nadie te escogiera.

Con los años mi familia regresó a vivir a la Ciudad de México y entré al Colegio Tepeyac. Ahí descubrí que podía correr igual que cualquiera, que no era malo para el fútbol y que incluso disfrutaba jugarlo. Lo que nunca entendí fue esa necesidad de algunos de vivir cada partido como si el destino del mundo dependiera del marcador.

Mis mejores recuerdos del fútbol, en realidad, no tienen que ver con una cancha.

Tienen que ver con mi abuelo.

Americanista de toda la vida, cada domingo nos sentábamos frente al televisor para ver jugar al América. Hoy entiendo que el fútbol era apenas un pretexto. Lo importante era compartir el tiempo.

Después llegó 1986.

México todavía intentaba levantarse de la tragedia de los terremotos de 1985, pero de pronto el país entero comenzó a hablar un solo idioma: el del Mundial.

Recuerdo a Pique, aquel chile con sombrero; el comercial de la Chiquitibum; el álbum Panini; las monedas conmemorativas; las calles vacías cuando jugaba México; la ilusión de ver a Hugo Sánchez hacer una de sus inolvidables chilenas; las banderas ondeando en cada esquina y esa extraña sensación de pertenecer a algo mucho más grande que uno mismo.

También recuerdo los penales contra Alemania.

Todavía duelen.

No sé si la nostalgia embellece los recuerdos o si de verdad existía un país menos enojado que el de hoy. Tal vez sea simplemente uno de esos trucos de la memoria que nos hacen creer que todo tiempo pasado fue mejor.

Lo cierto es que entonces sentía que el fútbol nos unía.

Hoy no estoy tan seguro.

Cuarenta años después, México vuelve a recibir una Copa del Mundo.

Ahora son mis hijos quienes tienen la edad que yo tenía en aquel verano de 1986. Y mientras ellos viven la emoción que corresponde a su generación, yo no puedo evitar mirar alrededor.

Veo un espectáculo infinitamente más grande, más costoso y más rentable.

Pero también mucho más vacío.

Todo parece estar en venta.

La camiseta nacional sirve para vender cerveza, refrescos, botanas, casas de apuesta, bancos, automóviles o cualquier producto imaginable. Los boletos alcanzan precios que millones de mexicanos jamás podrán pagar. La reventa opera con una impunidad casi ofensiva. El negocio parece importar más que el deporte.

Y mientras los estadios se llenan, el país sigue cargando sus propias derrotas.

En 1986 México apenas comenzaba a levantarse de la tragedia. Hoy convivimos con otra, menos visible para el mundo, pero mucho más prolongada: cientos de miles de homicidios, decenas de miles de personas desaparecidas, madres buscadoras recorriendo el país, fosas clandestinas, hospitales sin medicinas, escuelas con carencias y una sociedad cada vez más polarizada.

Resulta imposible no pensar que, mientras miles de aficionados cantan en los estadios, muy cerca de ellos hay familias buscando los restos de un hijo.

Durante noventa minutos, sin embargo, pareciera que nada de eso existe.

Quizá por eso nunca me ha gustado escuchar a quienes narran un partido como si fuera una guerra. Hablan de enemigos, de humillaciones, de defender el honor de la patria, como si ganar un encuentro resolviera nuestros problemas o perderlo significara una tragedia nacional.

Y lo más preocupante es que, muchas veces, terminamos creyéndolo.

Basta ver las celebraciones multitudinarias en el Ángel de la Independencia. Lo que debería ser una fiesta termina con frecuencia convertido en caos: calles cubiertas de basura, actos vandálicos, enfrentamientos, estampidas y, en esta ocasión, incluso personas que perdieron la vida aplastadas por la multitud. Es difícil entender cómo una celebración deportiva puede terminar costando vidas humanas.

Luego vienen las redes sociales.

He visto videos de aficionados llorando desconsoladamente por la eliminación de la Selección Mexicana. Gritan, se desploman, insultan, rompen objetos y expresan un dolor que cuesta imaginar que muchos experimentarían incluso ante la pérdida del ser más querido. No cuestiono la emoción; el deporte emociona y esa es parte de su grandeza. Lo que me inquieta es la desproporción.

¿Qué nos está pasando para depositar semejante carga emocional en el resultado de un partido?

El deporte nació para representar lo mejor del ser humano: disciplina, esfuerzo, respeto, trabajo en equipo, fortaleza, creatividad, inteligencia y superación.

Pero el enorme negocio que hoy gira alrededor del fútbol profesional también ha terminado por exhibir, muchas veces, lo peor de nosotros.

Intereses económicos descomunales. Decisiones arbitrales permanentemente cuestionadas. Calendarios acomodados por razones comerciales. Dirigentes opacos. Derechos de transmisión multimillonarios. Patrocinios que convierten la pasión en mercancía. Una industria que con demasiada frecuencia coloca las ganancias por encima de los valores que dice promover.

No es culpa del fútbol.

Es el resultado de lo que hemos construido alrededor de él.

Un equipo de fútbol no define nuestra identidad nacional. Una victoria no convierte a un país en una mejor sociedad, ni una derrota debería afectar nuestra autoestima colectiva.

Y, sin embargo, actuamos como si así fuera.

Lo hemos convertido en una industria capaz de mover miles de millones de dólares, influir en gobiernos, paralizar ciudades, incentivar consumos excesivos de alcohol, justificar gastos irracionales y canalizar frustraciones personales y colectivas que terminan en insultos, agresiones o tragedias.

No tengo nada contra quien celebra un gol.

Tampoco contra quien viste con orgullo la camiseta de la Selección.

Lo que me inquieta es que, con demasiada frecuencia, depositamos en once jugadores una esperanza, una identidad e incluso una estabilidad emocional que deberíamos construir en otros lugares: en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones y en nosotros mismos.

Quizá ahí esté la verdadera pregunta.

¿Por qué un partido de fútbol logra despertar en millones de personas emociones que casi nunca aparecen frente a los problemas que realmente determinan nuestro futuro?

¿Por qué somos capaces de gastar fortunas para asistir a un estadio, de llorar desconsoladamente por una eliminación o de salir a celebrar hasta poner en riesgo la vida propia y la de otros, pero no de exigir con la misma pasión mejores escuelas, hospitales, seguridad o justicia?

Tal vez porque emocionarse resulta más sencillo que comprometerse.

Porque durante noventa minutos podemos olvidar la realidad.

Pero la realidad nunca se olvida de nosotros.

Cuando se apague el último reflector, cuando termine el Mundial y las calles vuelvan a la normalidad, México seguirá jugando el partido más importante.

Y ese no se gana con un gol en tiempo de compensación.

Se gana —o se pierde— todos los días, con las decisiones que tomamos como ciudadanos y con aquello a lo que decidimos dedicar nuestra pasión.

Morena en Querétaro o el arte de estrellarse contra su propio relato

Existe una teoría política muy popular en ciertos círculos de Morena: cuando algo sale mal, la culpa es del PAN; cuando algo sale bien, es gracias a la "4T". Y si los resultados contradicen la narrativa, entonces los resultados están equivocados.

Es una teoría simple, circular y, sobre todo, inmune a la evidencia.

Durante años, Morena ha intentado explicar que Querétaro vive dentro de una gigantesca ilusión colectiva. Que sus indicadores económicos están sobredimensionados, que los resultados en seguridad son mera propaganda y que los ciudadanos aún no descubren los supuestos costos ocultos de décadas de gobiernos panistas.

Sin embargo, ocurre algo incómodo para los fabricantes de realidades alternas: los datos siguen desbaratando el relato.

Al parecer, la realidad tiene la pésima costumbre de no participar en asambleas ideológicas.

Mientras Morena intenta convencernos de que Querétaro está al borde del colapso, miles de personas siguen llegando al estado buscando exactamente aquello que, según sus críticos, escasea o simplemente no existe: oportunidades, empleo, estabilidad y calidad de vida.

La paradoja es extraordinaria. Si uno escuchara únicamente a ciertos dirigentes morenistas, pensaría que Querétaro es una mezcla entre desastre humanitario y simulación institucional. Pero basta observar que el estado continúa atrayendo inversión, creciendo económicamente y generando empleos para que esa narrativa se parezca más a una novela de ficción política que a un diagnóstico serio.

Lo curioso es que quienes acusan al PAN de vivir en una burbuja suelen habitar una aún más frágil. Una donde cada encuesta favorable es una expresión científica de la voluntad popular y cada encuesta desfavorable una sospechosa conspiración de intereses inconfesables.

El caso de las encuestas merece un capítulo aparte.

Cuando una medición favorece a Morena, estamos ante la voz legítima del pueblo. Cuando la misma metodología favorece al PAN, descubrimos repentinamente que las encuestas son instrumentos de manipulación.

Es una postura muy conveniente: los datos son válidos únicamente cuando coinciden con nuestras conclusiones.

Mientras tanto, la dirigencia panista en Querétaro recibe una crítica peculiar: hablar demasiado de Morena.

El argumento parece razonable hasta que uno recuerda un detalle menor. Morena construyó buena parte de su identidad política nacional cuestionando gobiernos anteriores, denunciando abusos, criticando instituciones y señalando permanentemente a sus adversarios.

Es difícil sostener que la crítica política es una obligación democrática cuando la practica Morena, pero una obsesión cuando la ejerce la oposición.

La democracia funciona exactamente al revés: quien gobierna debe estar preparado para ser cuestionado.

Y aquí aparece el verdadero problema para Morena.

Porque el debate ya no gira exclusivamente alrededor de promesas futuras. También gira alrededor de resultados presentes.

Los gobiernos emanados de la  autonombrada con humildad y sin justificación "Cuarta Transformación" enfrentan preguntas incómodas sobre seguridad, crecimiento económico, servicios públicos y gobernabilidad en distintas regiones del país. No porque alguien lo invente, sino porque los ciudadanos observan la realidad todos los días.

Por eso resulta tan llamativo ver a ciertos liderazgos morenistas queretanos comportarse como si todavía fueran oposición nacional, cuando su movimiento controla la Presidencia de la República, la mayoría de los gobiernos estatales y una enorme concentración de poder político.

Es el fenómeno del opositor profesional atrapado en el cuerpo del oficialismo.

Gobiernan como chivo en cristalería, pero argumentan como oposición.

Critican al sistema mientras lo administran casi con hegemonía.

Se deslindan de los problemas nacionales mientras concentran todo el poder.

Y cuando aparecen contradicciones, siempre existe una explicación disponible: la culpa es de alguien más.

Después de años ejerciendo el poder, seguir culpando al pasado dejó de ser una explicación para volverse una excusa gastada y no asumir ninguna autocrítica ni responsabilidad.

En Querétaro ocurre algo mucho más terrenal.

Sería un error afirmar que todo funciona perfectamente. No es así. Como cualquier gobierno, los del PAN tienen áreas de oportunidad, errores y desafíos pendientes. Querétaro enfrenta enormes retos en movilidad, infraestructura, agua, vivienda, seguridad y servicios públicos, muchos de los cuales se han intensificado precisamente como consecuencia de su propio éxito. Cada año llegan miles de personas buscando la seguridad, la estabilidad, la calidad de vida y las oportunidades que no encuentran en muchas entidades gobernadas por Morena.

Precisamente por eso, esos retos no pueden enfrentarse con ocurrencias ni con improvisación. Requieren gobiernos serios, con experiencia, capacidad técnica y visión de largo plazo. Requieren dar continuidad a un modelo que ha distinguido a Querétaro durante décadas: la colaboración entre gobierno, industria, academia y sociedad. El llamado modelo de triple hélice ha permitido generar inversión, empleo, innovación y desarrollo, fortaleciendo además una participación social mucho más amplia en la construcción de políticas públicas.

El PAN enfrenta desgaste natural después de décadas de gobierno y una elección que probablemente será la más competida de su historia reciente. Pero precisamente por eso resulta llamativo que parte de la estrategia morenista siga consistiendo en esperar que ese desgaste haga todo el trabajo.

La historia electoral está llena de partidos que confundieron el cansancio del adversario con el entusiasmo propio.

No son lo mismo.

Porque una cosa es que algunos ciudadanos quieran cambios, y otra muy distinta es que ya hayan decidido quién debe encabezar esos cambios.

La elección de 2027 no será un concurso de eslóganes ni una competencia de hashtags.

Será una comparación entre dos modelos de gobierno.

Uno apostará por la continuidad de un modelo que, con sus aciertos y sus pendientes, ha permitido que Querétaro destaque por su estabilidad, competitividad, atracción de inversiones y calidad de vida.

El otro apostará por la promesa de transformación.

Y entonces llegará el momento más exigente de toda democracia: cuando las narrativas tengan que enfrentarse con los hechos.

Ahí ya no habrá encuesta que rescate una mala estrategia ni discurso que sustituya resultados.

A final de cuentas, la verdadera discusión no es si Querétaro tiene problemas. Claro que los tiene. La pregunta es qué modelo de gobierno ha demostrado mayor capacidad para resolverlos y preservar aquello que ha convertido al estado en una excepción nacional.

Las campañas cuentan historias.

Los ciudadanos votan realidades.

Energía e inversión: El problema que no resuelve Morena y que puede detener a Querétaro

Querétaro vive uno de los mejores momentos económicos de su historia reciente.

Mientras gran parte del país enfrenta dificultades para atraer nuevas inversiones, la entidad continúa consolidándose como uno de los destinos más competitivos de México. Los datos son contundentes: durante el primer trimestre de 2026, Querétaro captó más de 456 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, con un crecimiento superior al 50 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La inversión estadounidense aumentó más de 160 por ciento y hoy representa cerca de dos terceras partes del capital extranjero que llega al estado.

Y eso no es por casualidad. Por supuesto, la ubicación y las condiciones geográficas ayudan, pero la razón más importante es que el estado ha logrado consolidar, durante décadas, un modelo que ha permitido mantener la seguridad, la estabilidad institucional, la disponibilidad de talento especializado y un ecosistema industrial desarrollado, lo que ha convertido a Querétaro en una referencia nacional en competitividad.

Además, la entidad ha sabido aprovechar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el fenómeno del nearshoring y la creciente demanda global de manufactura avanzada y servicios tecnológicos.

Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras comienza a aparecer una preocupación que podría definir el futuro económico del estado en los próximos años.

La energía eléctrica.

Paradójicamente, el principal desafío para Querétaro no está en la capacidad de atraer inversiones, sino en la capacidad de suministrar la energía que esas inversiones requieren para operar y crecer.

Los recientes apagones, las variaciones de voltaje y las advertencias del sector empresarial han puesto sobre la mesa un problema que durante años fue minimizado: la infraestructura energética nacional no está creciendo al mismo ritmo que la economía.

Y aquí la discusión deja de ser técnica para convertirse en política.

Durante los gobiernos de Morena, la política energética se concentró en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad bajo el argumento de recuperar la soberanía energética del país. Ese objetivo ideológico terminó desplazando una discusión más importante: cómo garantizar la capacidad eléctrica que México necesita para aprovechar la mayor oportunidad de inversión de las últimas décadas.

En contrasentido a lo que ocurría en el mundo, que aceleraba inversiones en generación, transmisión y energías renovables, en México se cancelaron subastas eléctricas, se frenaron proyectos privados y se privilegiaron decisiones orientadas más por criterios ideológicos que por necesidades de crecimiento económico.

La discusión se centró en quién debía producir la energía, cuando la verdadera pregunta era si existiría suficiente energía para sostener el crecimiento futuro.

El resultado ya es visible.

México enfrenta crecientes presiones sobre su sistema eléctrico. Las redes de transmisión muestran rezagos, la demanda crece más rápido que la infraestructura disponible y cada vez son más frecuentes las alertas sobre la necesidad de ampliar la capacidad energética del país.

Las consecuencias han dejado de ser hipotéticas.

Empresas que buscan instalar nuevas operaciones preguntan primero por la disponibilidad de energía antes que por incentivos fiscales. Los inversionistas evalúan la confiabilidad del suministro eléctrico con el mismo nivel de importancia que la seguridad jurídica o la disponibilidad de talento.

En sectores de alta tecnología, la situación es todavía más evidente.

Querétaro se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo de centros de datos en América Latina. La inteligencia artificial, la computación en la nube y la economía digital están generando una demanda sin precedentes de infraestructura energética.

Pero los data centers no funcionan con discursos políticos.

Funcionan con energía eléctrica abundante, estable y disponible las 24 horas del día.

Hoy, la capacidad energética se ha convertido en uno de los factores decisivos para determinar dónde se instalarán las inversiones de la próxima década. Cada proyecto que se retrasa por falta de infraestructura eléctrica representa empleos, derrama económica y desarrollo que podrían terminar en otra región o incluso en otro país.

La paradoja es difícil de ignorar.

Querétaro ha hecho su tarea: ha construido un entorno de confianza para la inversión, ha fortalecido sus instituciones, ha desarrollado talento especializado y ha consolidado sectores estratégicos de alto valor agregado.

Sin embargo, buena parte de la infraestructura energética que necesita para seguir creciendo depende de decisiones federales.

Por ello, el riesgo más importante para el futuro económico de Querétaro no proviene de una crisis de confianza, inseguridad o falta de inversión privada. El riesgo está en que una política energética diseñada bajo criterios políticos e ideológicos termine limitando el potencial de crecimiento de los estados más competitivos del país.

La inversión sigue llegando. La confianza no se ha detenido. Las oportunidades derivadas del nearshoring continúan vigentes.

Pero ninguna economía puede sostener su crecimiento si la infraestructura que la soporta deja de expandirse.

La gran pregunta para México ya no es si puede atraer inversiones. La verdadera pregunta es si tendrá la capacidad energética para recibirlas.

Y en el caso de Querétaro, la respuesta podría definir el rumbo económico de la próxima década.

Querétaro hizo su tarea: atrajo inversión, generó confianza, formó talento y construyó un ecosistema competitivo de clase mundial.

Lo que no puede hacer es construir por sí solo la infraestructura energética que corresponde al gobierno federal.

Resulta paradójico que mientras el estado se prepara para competir en la economía de la inteligencia artificial, los centros de datos y la manufactura avanzada, el país siga enfrentando las consecuencias de decisiones energéticas guiadas más por criterios ideológicos que técnicos.

La historia económica de las próximas décadas no la definirán los discursos sobre soberanía energética, sino la capacidad real para producir, transmitir y distribuir electricidad suficiente.

La inversión no se va por discursos. Se va cuando se apagan las luces.

México 86: De la Mano de Dios a la solidaridad alemana

El 29 de junio de 1986, millones de personas vieron a Diego Maradona levantar la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Para muchos fue el final perfecto de un Mundial inolvidable. Yo, en cambio, cada vez que vuelvo a esa imagen, no puedo evitar pensar que me habría gustado ver a Alemania levantando ese trofeo. No porque desconozca la calidad de aquel equipo argentino ni el talento irrepetible de Maradona, sino porque los legados más importantes no siempre se construyen con goles. A veces se construyen con valores, con ejemplos y con las huellas que se dejan fuera de la cancha.

La escena más famosa de México 86 no fue una jugada brillante, sino una infracción. La llamada "Mano de Dios" se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la historia del fútbol. Durante décadas se ha descrito como una muestra de ingenio, de astucia o de esa picardía que algunos consideran parte esencial del juego. Sin embargo, detrás de la leyenda permanece un hecho innegable: fue una acción contraria a las reglas que terminó otorgando una ventaja decisiva. Y como si la falta no fuera suficiente, alguien decidió bautizarla nada menos que como "la Mano de Dios". Siempre me ha parecido una curiosa forma de entender lo divino: convertir una infracción en milagro y una trampa en motivo de veneración. Tan extraño como llamar Dios a un futbolista. Uno pensaría que la omnipotencia exige algo más que una buena zurda y un árbitro distraído. El problema no fue el error arbitral. El problema fue convertir la trampa en epopeya. Cuando una falta se transforma en leyenda, la línea que separa el talento de la deshonestidad comienza a difuminarse.

Y, sin embargo, sería profundamente injusto reducir la influencia argentina en México a ese episodio. Si algo ha dejado claro la historia de nuestro fútbol es que la aportación argentina ha sido enorme. Jugadores como Zelada, Brailovsky, Mohamed y muchos otros elevaron el nivel competitivo de la liga mexicana. Entrenadores como Menotti y La Volpe trajeron ideas modernas, orden táctico y una personalidad que ayudó a México a mirar de frente a las grandes potencias futbolísticas. Gracias a esa influencia, nuestro fútbol aprendió a competir con mayor convicción y menos complejos.

Pero toda influencia trae consigo una responsabilidad: saber distinguir qué vale la pena imitar y qué no. Junto con las virtudes también llegaron prácticas menos admirables. Poco a poco se volvió común ver jugadores que buscaban el contacto en lugar de evitarlo, futbolistas que caían como si hubieran sido alcanzados por un rayo y se recuperaban milagrosamente en cuanto el árbitro decidía no señalar la falta. Se normalizaron las protestas constantes, la provocación al rival y la idea de que cualquier ventaja era válida si ayudaba a ganar. No son conductas exclusivas de Argentina ni representan a todos los argentinos. Pero sí forman parte de una cultura futbolística que México adoptó con demasiada facilidad.

Algo similar ocurrió en las tribunas. Las barras argentinas impresionaban por su pasión, creatividad y capacidad para generar ambientes espectaculares. Muchos grupos mexicanos intentaron reproducir esa energía. El problema fue que no sólo se copiaron los cantos, los bombos y las banderas. También se importaron expresiones de confrontación y agresividad que terminaron alejando a muchas familias de los estadios. Resultó que importar la pasión era sencillo; importar la responsabilidad para administrarla no tanto.

Todo esto conduce a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué hace verdaderamente grande a un deportista? ¿Los títulos? ¿Los récords? ¿Los goles? Sin duda son parte de la respuesta. Pero no toda. Los deportistas ocupan un lugar privilegiado en la imaginación colectiva y terminan influyendo en millones de jóvenes. Por eso, cuando hablamos de ejemplos, no basta con observar lo que hacen durante noventa minutos. También importa lo que hacen durante el resto de su vida.

Y es precisamente ahí donde la figura de Maradona se vuelve más compleja. Su talento fue extraordinario, pero su trayectoria estuvo marcada por problemas de adicciones, sanciones por dopaje, escándalos personales, conflictos familiares y una abierta simpatía hacia figuras políticas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Nada de esto elimina sus logros deportivos. Tampoco debería ocultarse. Admirar sus virtudes futbolísticas no obliga a ignorar los aspectos más cuestionables de su vida pública. Después de todo, los héroes deportivos deberían inspirar a los jóvenes a perseguir sus sueños, no a coleccionar escándalos para acompañarlos.

Tal vez uno de los errores más frecuentes de nuestra época sea confundir éxito con virtud. Suponemos que quien alcanza la fama merece admiración en todos los ámbitos. Pero la historia está llena de personas extraordinarias en su profesión y profundamente deficientes en otros aspectos de su vida. El talento es admirable. El carácter también. La diferencia es que el primero puede ganar partidos; el segundo ayuda a construir sociedades mejores.

Por eso resulta interesante observar lo que ocurrió después de México 86. Argentina dejó recuerdos imborrables, momentos de gloria y una conexión emocional con muchos aficionados mexicanos. Pero más allá de la memoria futbolística, no existe un legado social duradero asociado a aquella selección. No surgieron programas permanentes de apoyo comunitario, proyectos de asistencia social o vínculos institucionales de largo plazo derivados de su estancia en México. Su herencia fue esencialmente deportiva.

Alemania escribió una historia distinta. Durante México 86 estableció su centro de operaciones en Querétaro, particularmente en la histórica Mansión Galindo, en San Juan del Río. Lo que comenzó como una simple concentración mundialista terminó convirtiéndose en una relación de afecto y gratitud con la comunidad queretana. Los jugadores convivieron con habitantes de la región, visitaron instituciones locales y conocieron una realidad social que los llevó a involucrarse más allá de la cancha. De esa experiencia nació una relación de apoyo con la Casa Cuna Oasis del Niño y otras iniciativas sociales que, de manera directa o indirecta, continuaron recibiendo respaldo durante décadas. Cuarenta años después, aquella historia sigue siendo recordada en Querétaro no por un gol ni por una victoria, sino por una cadena de solidaridad que sobrevivió mucho más que cualquier resultado deportivo. Mientras unos dejaron recuerdos, otros dejaron además una obra.

Quizá por eso México 86 sigue siendo relevante cuarenta años después. No porque nos obligue a elegir entre Argentina y Alemania, ni porque nos exija decidir quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Sigue siendo relevante porque plantea una pregunta mucho más importante: ¿qué estamos dispuestos a admirar y qué estamos dispuestos a imitar? México hizo bien en aprender del fútbol argentino. Lo que no siempre hizo bien fue distinguir entre lo admirable y lo cuestionable. La verdadera madurez, en el deporte y en la vida, consiste precisamente en eso: adoptar lo bueno y rechazar lo malo. Porque las personas, los equipos y las sociedades terminan pareciéndose a aquello que deciden celebrar.

La otra cara del debate LGBT: Lo que casi nadie le dice a los jóvenes

Depresión, suicidio, consumo de drogas y enfermedades de transmisión sexual: el debate sobre los riesgos que rara vez ocupa los titulares

La reciente marcha LGBT en Querétaro terminó con actos de vandalismo contra inmuebles del Centro Histórico y daños a edificios públicos. Paralelamente, la decisión del gobernador Mauricio Kuri de devolver al Congreso local la reforma sobre identidad de género volvió a colocar estos temas en el centro de la discusión pública. Ambos acontecimientos reflejan una realidad innegable: los temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género se han convertido en algunos de los debates culturales y políticos más relevantes de nuestro tiempo.

Sin embargo, mientras la conversación suele concentrarse en conceptos como inclusión, diversidad, reconocimiento o discriminación, existe una pregunta mucho más importante que rara vez recibe la misma atención: ¿los jóvenes están recibiendo toda la información necesaria para comprender las implicaciones, riesgos y desafíos asociados con estas realidades?

Las cifras muestran una transformación generacional sin precedentes. En Estados Unidos, la proporción de personas que se identifican como LGBT pasó de aproximadamente 3.5% de la población en 2012 a más de 9% en años recientes. Entre los integrantes de la Generación Z, alrededor de uno de cada cinco jóvenes se identifica actualmente dentro de alguna de estas categorías.

En México, la tendencia también es evidente. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del INEGI, cerca de cinco millones de mexicanos se identifican como parte de la población LGBTI+ y aproximadamente el 67.5% de ellos tiene entre 15 y 29 años de edad. Estamos hablando, por tanto, de un fenómeno que se concentra principalmente en adolescentes y jóvenes.

Resulta legítimo preguntarse qué explica una transformación tan acelerada. Las redes sociales, las plataformas digitales, la industria del entretenimiento, las campañas corporativas, los contenidos audiovisuales y las nuevas narrativas culturales forman parte del entorno cotidiano de millones de adolescentes. Negar que estos factores ejercen una influencia significativa en la construcción de la identidad durante una etapa tan sensible del desarrollo humano sería ignorar una realidad evidente.

Pero independientemente de cuáles sean las causas, existe una dimensión del debate que rara vez ocupa los titulares.

Los datos sobre salud mental son particularmente llamativos.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los estudiantes LGBT reportan niveles significativamente más altos de tristeza persistente, desesperanza e ideación suicida que sus pares heterosexuales. Diversos estudios de salud pública han documentado durante años esta diferencia en indicadores de bienestar emocional.

Los datos mexicanos muestran una tendencia similar. Según la ENDISEG 2021 del INEGI, el 28.7% de la población LGBTI+ de 15 años y más —alrededor de 1.4 millones de personas— reportó haber pensado en suicidarse o haberlo intentado alguna vez. En contraste, entre la población no LGBTI+ la proporción fue de 8.9%.

El propio estudio ofrece información relevante sobre las causas reportadas por quienes experimentaron estas situaciones. Los principales motivos mencionados fueron problemas familiares y de pareja, problemas escolares y problemas de salud. Además, un 14% señaló que sus pensamientos o intentos suicidas estuvieron relacionados con situaciones vinculadas a su orientación sexual o identidad de género.

Las diferencias también aparecen en el consumo de sustancias. Datos de organismos de salud pública estadounidenses muestran que las personas homosexuales y bisexuales presentan tasas significativamente más altas de consumo de drogas ilícitas y de trastornos relacionados con el abuso de sustancias en comparación con la población heterosexual.

En materia de salud sexual, los organismos de salud pública han documentado durante años una incidencia significativamente mayor de determinadas infecciones de transmisión sexual en algunos segmentos de la población LGBT, particularmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

Estos datos no significan que toda persona homosexual, bisexual o transgénero vaya a sufrir depresión, desarrollar una adicción o enfrentar problemas de salud mental. Tampoco justifican discriminación alguna. Pero sí muestran diferencias estadísticas relevantes en indicadores fundamentales de bienestar y salud pública.

Y precisamente por eso deberían formar parte de la conversación.

El problema del debate contemporáneo es que suele presentarse de forma incompleta. Se habla ampliamente de aceptación, visibilidad, inclusión y reconocimiento, pero rara vez se dedica el mismo espacio a discutir las cifras relacionadas con salud mental, ideación suicida, abuso de sustancias o enfermedades de transmisión sexual.

La información parcial nunca beneficia a los jóvenes.

Los adolescentes atraviesan una etapa de búsqueda de identidad, pertenencia y reconocimiento. Son también el grupo más vulnerable a las tendencias sociales, a la presión de grupo y a la influencia permanente de los entornos digitales. Por ello, cualquier discusión sobre orientación sexual o identidad de género debería estar acompañada de información completa, basada en evidencia y libre de consignas ideológicas.

Más aún, los propios jóvenes deberían asumir un papel activo en esa búsqueda de información. En una época donde prácticamente todo el conocimiento está al alcance de un teléfono móvil, vale la pena explorar por cuenta propia distintas perspectivas sobre el tema, revisar estudios, escuchar argumentos diversos y conocer también aquellos datos y enfoques que con frecuencia reciben menos atención en los medios, en las redes sociales o en el debate público. Las decisiones importantes sobre la propia vida merecen algo más que seguir tendencias; merecen reflexión, análisis y una comprensión profunda de todas las dimensiones involucradas.

También conviene reflexionar sobre el aspecto cultural. Durante generaciones, referentes sociales como la familia estable, el compromiso de largo plazo, la maternidad, la paternidad responsable y la construcción de proyectos familiares duraderos han contribuido a la cohesión social y al bienestar de millones de personas. Defender esos valores no implica perseguir ni menospreciar a quienes eligen caminos distintos. Significa reconocer la importancia que históricamente han tenido para la estabilidad social.

Una sociedad madura puede respetar a todas las personas sin renunciar al análisis crítico de las tendencias culturales que afectan a sus nuevas generaciones.

La verdadera inclusión no debería temerle a la información. La verdadera tolerancia no debería temerle al debate. Y las decisiones importantes que toman los jóvenes sobre su vida merecen estar acompañadas por algo más que consignas, modas o presiones sociales.

El debate no debería centrarse en discriminar a nadie. Debería centrarse en una pregunta mucho más importante: si sabemos que existen indicadores significativamente más altos de ideación suicida, abuso de sustancias y otros problemas de salud en estas poblaciones, ¿por qué no estamos hablando de ellos con la misma claridad con la que hablamos de aceptación e inclusión?

Los jóvenes merecen respuestas honestas.

Los padres merecen información completa.

Y la sociedad merece un debate abierto, serio y basado en datos.

Ciudadanos antes que categorías

La iniciativa para crear una nueva diputación por acción afirmativa en Querétaro no debería aprobarse. No porque la inclusión sea un objetivo equivocado, sino porque parte de un diagnóstico cuestionable y propone una solución que puede terminar debilitando principios fundamentales de nuestra democracia.

La propuesta busca reservar una diputación para personas con discapacidad, migrantes, afromexicanos y personas de la diversidad sexual bajo el argumento de que estos grupos no han tenido representación política en el estado. Sin embargo, la falta de representantes pertenecientes a determinados sectores de la población no demuestra por sí misma la existencia de discriminación o exclusión institucional.

Son cosas distintas.

Una cosa es que una persona no haya llegado al Congreso. Otra muy diferente es que existan leyes o mecanismos que le impidan participar. Hasta ahora no se ha demostrado que alguno de estos grupos tenga restringido su derecho a votar, ser votado, afiliarse a un partido político o competir por un cargo de elección popular.

El riesgo de esta propuesta es que cambia la lógica de la representación democrática. En lugar de preguntarnos qué ideas, propuestas o proyectos representan mejor a la sociedad, comenzamos a distribuir espacios políticos según características personales o identidades específicas.

Pero los diputados no son elegidos para representar únicamente a quienes se parecen a ellos. Son elegidos para representar a toda la ciudadanía.

Bajo esta misma lógica, cualquier grupo que considere insuficiente su presencia en los espacios públicos podría solicitar una diputación reservada. Jóvenes, adultos mayores, habitantes de comunidades rurales, comerciantes, productores del campo o cualquier otro sector podría argumentar que merece una representación garantizada.

¿Dónde estaría entonces el límite?

La democracia dejaría de organizarse alrededor de ciudadanos con los mismos derechos para comenzar a fragmentarse en una suma de grupos que compiten por espacios especiales.

Además, existe otro problema que pocas veces se menciona. Compartir una característica personal no garantiza representar los intereses de todo un colectivo. Una persona migrante no habla automáticamente por todos los migrantes. Una persona con discapacidad no representa necesariamente la opinión de todas las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con cualquier otro grupo social.

Las personas son mucho más complejas que una sola etiqueta.

La experiencia tampoco demuestra que este tipo de mecanismos resuelvan de fondo los problemas que dicen combatir. La existencia de espacios reservados o diputaciones especiales no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida, mayor desarrollo, más oportunidades o una representación más efectiva para los grupos que supuestamente benefician. Con frecuencia terminan convirtiéndose en posiciones políticas ocupadas por una sola persona, sin que eso modifique de manera significativa la realidad de miles de ciudadanos.

Por eso vale la pena preguntarse si el objetivo debe ser crear más curules especiales o construir condiciones para que cualquier persona pueda competir y ganar espacios por sus propuestas, liderazgo y capacidad de generar confianza entre los ciudadanos.

Por otra parte, si las acciones afirmativas se presentan como medidas temporales, también debería explicarse con claridad cuándo dejarían de existir. ¿Cuántos años serían suficientes? ¿Qué porcentaje de representación sería considerado satisfactorio? ¿Quién decidiría que el objetivo ya fue alcanzado? Son preguntas fundamentales que hoy no tienen respuesta.

La verdadera inclusión debería enfocarse en eliminar obstáculos reales para la participación política, fortalecer la educación cívica, abrir más espacios dentro de los partidos y garantizar condiciones de competencia para todos. Esas medidas atienden las causas del problema. Reservar cargos públicos únicamente modifica el resultado.

Una democracia fuerte no necesita dividir a sus ciudadanos en categorías para repartir espacios de poder. Necesita garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para participar bajo las mismas reglas.

Porque la igualdad no consiste en asegurar una curul para cada identidad. La igualdad consiste en que ningún ciudadano necesite una curul reservada para ejercer plenamente sus derechos.

Y precisamente por eso esta iniciativa no debería aprobarse. No porque busque un fin equivocado, sino porque parte de una idea peligrosa: que la mejor forma de lograr inclusión es asignar espacios políticos según características personales. La democracia no se construye otorgando representación por identidad, sino garantizando libertad, igualdad ante la ley y reglas comunes para todos. 

Cuando el poder comienza a repartirse por grupos, dejamos de vernos como ciudadanos iguales y comenzamos a clasificarnos en categorías que compiten por privilegios políticos. Ese camino no fortalece la democracia; la fragmenta. 

La batalla por nuestros hijos

Una sociedad se define por aquello que decide proteger.

Hay países que protegen sus fronteras. Otros, sus recursos naturales o sus sistemas económicos. Pero ninguna responsabilidad es más importante que proteger a sus niñas, niños y adolescentes. Porque en ellos no sólo está el futuro de una comunidad: está su presente, su identidad y su esperanza.

En los últimos meses, diversos estudios, investigaciones periodísticas y organismos especializados han encendido las alarmas sobre un fenómeno que crece silenciosamente en México: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

Las cifras son estremecedoras.

Organizaciones como Reinserta estiman que hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes podrían encontrarse en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Investigaciones académicas advierten que el acercamiento puede comenzar desde los 11 o 12 años. La ONU ha señalado que se trata de una de las formas de explotación infantil que más ha crecido en el país.

Lo más preocupante es que ya no se trata únicamente de jóvenes que viven en contextos de pobreza extrema. Hoy los reclutadores utilizan redes sociales, videojuegos, aplicaciones de mensajería y ofertas falsas de empleo para acercarse a adolescentes cada vez más jóvenes.

El crimen organizado entendió algo que muchos aún no terminan de comprender: su permanencia no depende solamente del control de territorios, sino de la capacidad para capturar nuevas generaciones.

La verdadera disputa ya no es por una plaza. Es por la mente, el tiempo y el futuro de nuestros hijos.

Por eso resulta relevante observar las decisiones que se han tomado recientemente en Querétaro.

Desde distintos frentes, el gobernador Mauricio Kuri ha colocado la protección de la infancia y la adolescencia como una prioridad de gobierno. Lo hizo impulsando medidas para enfrentar los riesgos asociados al uso indiscriminado de redes sociales y dispositivos móviles en las escuelas. Lo hizo promoviendo acciones para prevenir las adicciones digitales y fortalecer la convivencia familiar. Lo hizo también al vetar la ley de identidad de género para menores de edad, argumentando la necesidad de privilegiar el interés superior de la niñez y garantizar el acompañamiento de las familias en decisiones de profundo impacto para el desarrollo personal.

Se podrá coincidir o discrepar con cada una de estas decisiones. El debate democrático existe precisamente para eso.

Sin embargo, hay un elemento que resulta difícil ignorar: la coherencia.

Ahora, al anunciar una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes recluten, utilicen o involucren a menores de edad en actividades delictivas, el gobernador vuelve a colocar a la infancia en el centro de la discusión pública.

Y lo hace en un momento particularmente oportuno.

Los testimonios recopilados por investigadores y organizaciones civiles muestran que muchos adolescentes son captados mediante promesas de dinero fácil, reconocimiento social o sentido de pertenencia. Otros son atraídos por la narcocultura que glorifica el poder, la violencia y la riqueza inmediata. Algunos más son víctimas de amenazas, coerción o reclutamiento forzado.

Todos tienen algo en común: son menores cuya vulnerabilidad fue aprovechada por adultos que decidieron convertirlos en herramientas del crimen.

Por eso la iniciativa tiene un significado que va más allá de una reforma penal.

Representa un mensaje político y social: las niñas, niños y adolescentes no son soldados de ninguna organización criminal. No son mercancía. No son recursos desechables. No son carne de cañón.

Son personas que merecen oportunidades, educación, acompañamiento y futuro.

Por supuesto, ninguna ley resolverá por sí sola un problema tan complejo. Las sanciones son necesarias, pero no suficientes. La verdadera solución también pasa por fortalecer a las familias, mejorar la educación, ampliar las oportunidades para los jóvenes, impulsar el deporte, la cultura y reconstruir el tejido comunitario.

Pero toda estrategia debe comenzar por una decisión fundamental: definir de qué lado estamos.

Si el crimen organizado está buscando reclutar a nuestros hijos, la respuesta de una sociedad responsable no puede ser la indiferencia.

Debe ser la protección.

Porque al final, una sociedad se define por aquello que decide proteger.

Y no existe causa más noble, ni más urgente, que proteger a quienes habrán de construir el México del mañana.