De corridas de toros, jueces ideológicos, el negocio de los animalistas y la pérdida de libertades

La suspensión de la corrida de toros programada para el 30 de enero de 2026 en Provincia Juriquilla, Querétaro, no es un simple malentendido administrativo ni una discusión cultural. Es, en realidad, una postal bastante clara de cómo en México el Poder Judicial está empezando a operar más como árbitro ideológico que como garante de la ley. 

Y cuando eso ocurre, casi siempre hay daños colaterales: libertades que se reducen, certezas que desaparecen y patrimonio cultural y ecológico que se pierde mientras todos discuten el síntoma y no la enfermedad.

La tauromaquia, guste o no, no es ilegal. No es una actividad improvisada ni fuera del sistema. Está regulada, tiene permisos, cumple con requisitos administrativos y forma parte de una tradición histórica reconocida. La corrida de Juriquilla tenía todas las autorizaciones necesarias. No se trataba de algo clandestino ni de una ocurrencia de última hora. Aun así, un juez federal decidió suspenderla mediante un amparo promovido por una organización animalista, extendiendo los efectos de su decisión a terceros que ni siquiera formaban parte del juicio. Porque claro, si algo no me gusta, lo lógico es prohibirlo para todos.

Aquí es donde conviene bajar el ruido y subir un poco el nivel técnico. El amparo no fue creado para cancelar actividades legales que simplemente incomodan a ciertos grupos. Para que proceda, se debe acreditar un interés jurídico o al menos un interés legítimo real, no solo una causa ideológica bien empaquetada. En muchos de estos casos, eso no ocurre. Además, se conceden suspensiones contra actos futuros e inciertos, es decir, se castiga algo antes de que pase, por si acaso. También se ignora el principio básico de que el amparo solo debe beneficiar a quien lo promueve y no afectar a toda una comunidad o a una actividad económica lícita. Y por si fuera poco, se suspenden permisos administrativos que gozan de presunción de legalidad, como si el juez pudiera sustituir alegremente a la autoridad competente. Todo esto, dicho en sencillo, es usar el amparo como herramienta política y no como instrumento jurídico.

Este tipo de decisiones no surgen de la nada. Viven cómodamente dentro del contexto que dejó la reforma al Poder Judicial Federal aprobada en 2024. Una reforma que prometía acercar la justicia al pueblo, pero que en la práctica ha servido para politizarla. La elección popular de jueces y ministros, el debilitamiento de contrapesos y la pérdida de autonomía han generado un sistema donde muchas resoluciones parecen responder más a la causa correcta del momento que a la Constitución. Y como si eso no fuera suficiente, los escándalos, conflictos internos y disputas públicas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han terminado de erosionar la confianza en quienes se supone deben ser árbitros, no activistas con toga.

Cuando jueces y ministros se convierten en protagonistas del debate político, la ley deja de ser un piso parejo y se vuelve plastilina. Se estira, se acomoda y se adapta según la presión mediática del día. En ese escenario, suspender una corrida de toros deja de ser una excepción y se convierte en una práctica normalizada de intervención judicial en la vida cultural, económica y social del país.

En este tablero también juegan ciertas organizaciones animalistas que se presentan como defensoras desinteresadas del bien común, pero que operan con estructuras de financiamiento, influencia política y protagonismo mediático bastante rentables. El discurso es moral y ecológico, pero la práctica muchas veces es selectiva. Se habla de proteger animales mientras se ignora convenientemente que las ganaderías de toro de lidia conservan enormes extensiones de ecosistemas, flora y fauna que no existirían sin ese modelo. Se exige la desaparición de la actividad sin decir, claro, que con ella desaparece también el toro de lidia como especie. Pero eso no suele caber bien en un eslogan.

Y no, este debate no se trata de convencer a todos de que les gusten los toros. Se trata de algo mucho más serio. ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial decide qué tradiciones, negocios o actividades pueden existir según criterios ideológicos?, no puede resultar nada bueno. Porque una vez que se abre esa puerta, no hay razón para cerrarla.

Bajo la misma lógica con la que hoy se cancela una corrida, mañana se puede cancelar una obra de teatro porque alguien se siente ofendido, cerrar un negocio familiar porque no encaja con la nueva moral dominante o prohibir una fiesta tradicional porque no es suficientemente correcta. Un joven que hoy quiere emprender puede descubrir mañana que cumplir la ley ya no es suficiente. Que ahora también debe pasar el filtro ideológico del juez en turno. Una familia que vive de una actividad legal puede perder su sustento porque a alguien no le gusta cómo se ve desde afuera.

Y ahí está el verdadero problema. Cuando la ley deja de ser clara y predecible, las nuevas generaciones pierden algo básico: la certeza de que el esfuerzo, el trabajo y el cumplimiento de las reglas sirven para algo. Se instala la idea de que todo es provisional y que cualquier proyecto puede ser cancelado si no coincide con la causa correcta del momento.

Por eso, la suspensión de una corrida de toros no es un tema menor ni exclusivo de aficionados o detractores. Es una señal de alerta. Es un ejemplo concreto de cómo se pueden perder libertades, patrimonio cultural, ecosistemas productivos y derechos individuales cuando el Poder Judicial olvida sus límites. Defender el Estado de Derecho hoy no es una consigna abstracta. Es defender la posibilidad de que mañana alguien pueda vivir, crear, emprender y asociarse sin pedir permiso ideológico para existir.

Acordeones, berrinches y camionetas de lujo: la Corte del pueblo al servicio del poder

La reforma al Poder Judicial aprobada en México entre 2024 y 2025 quedará marcada no solo por su alcance, sino por el daño que ha causado al equilibrio democrático. Bajo el discurso de combatir la corrupción y “democratizar la justicia”, se impulsó un cambio que en los hechos desmanteló uno de los últimos frenos reales al poder político.

El problema central no es solo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, sino lo que vino con ella: el reemplazo de la capacidad técnica y la experiencia jurídica por la lealtad y la subordinación política. Hoy es evidente que varios integrantes del Poder Judicial no cumplen con el perfil de idoneidad que exige un cargo de esa magnitud. Sus trayectorias están marcadas por sospechas de nepotismo, conflictos de interés e incluso señalamientos de plagio para obtener títulos profesionales. La justicia dejó de premiar el mérito y comenzó a recompensar la cercanía con el poder.

La consecuencia era previsible y, para sorpresa de nadie, ya ocurrió. Todas las resoluciones relevantes de la Suprema Corte desde la llegada de los nuevos ministros han favorecido al gobierno de Morena. No hay disenso, no hay contrapeso, no hay autonomía real. De facto, los mexicanos hemos perdido el entramado jurídico e institucional que durante décadas protegía nuestros derechos frente al Estado. Cuando el árbitro juega para un solo equipo, el resultado deja de importar.

A esto se suma el origen viciado de la reforma. La mayoría calificada que permitió cambiar la Constitución no nació de un consenso social amplio, sino de una sobrerrepresentación legislativa histórica. Con poco más de la mitad de los votos, Morena y sus aliados se apropiaron de una mayoría aplastante en el Congreso. El INE y el Tribunal Electoral validaron esta distorsión y cerraron la puerta a una discusión de fondo. Así, una mayoría inflada rediseñó las reglas del país.

El proceso tampoco estuvo libre de sombras. Hubo denuncias de presiones a senadores de oposición, uso político de fiscalías, expedientes judiciales selectivos y versiones de ofertas económicas. Aunque muchas no llegaron a tribunales, el solo hecho de que resulten creíbles habla del deterioro institucional. Una reforma nacida bajo sospecha difícilmente puede presentarse como un avance democrático.

Nada de esto ocurre en el vacío. Controlar los poderes de la República, eliminar contrapesos y manipular la ley para permanecer en el poder es parte del manual de los regímenes autoritarios. En ese contexto preocupa la reforma electoral que Claudia Sheinbaum y su partido han anunciado y que, por sus propias palabras, pondría reglas y árbitros bajo control del gobierno.

Este debilitamiento interno coincide con un entorno externo más hostil. La presión política de Donald Trump sobre México en migración, seguridad y comercio vuelve a crecer. La diferencia es que hoy México llega con instituciones frágiles y una justicia alineada. 

Un país sin contrapesos reales es más fácil de presionar desde fuera y menos capaz de defender su soberanía.

México no necesitaba una justicia sometida, necesitaba una justicia fuerte. Hoy tiene lo contrario. Y sin contrapesos ni árbitros confiables, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en una simulación cuyo costo siempre termina pagando la sociedad. 

Querétaro ya vive el 2027

Aunque oficialmente todavía falte tiempo para que el calendario electoral lo admita. 

Por un lado, el PAN se mueve con método, con tensiones internas sí, pero dentro de un marco reconocible: reglas claras, conducción política y un objetivo común que nadie disimula. Martín Arango no promete milagros ni fuegos artificiales; lo que plantea es algo más simple y, por lo mismo, más efectivo: territorio, estructura, trabajo constante y una competencia interna que, se mantiene dentro del partido. No es poca cosa en tiempos donde la improvisación suele venderse como estrategia.

La decisión de apostar por una figura de “coordinación” rumbo a 2027 puede gustar o no, pero al menos tiene orden y propósito. Se parece, sí, al modelo que Morena puso de moda con las “corcholatas”, pero con una diferencia clave: en Querétaro el PAN gobierna, tiene resultados que mostrar y una base social que responde. Utilizar una estrategia no implica copiar el fondo, y ahí es donde muchos críticos parecen quedarse cortos.

Además, el PAN juega con una ventaja silenciosa pero poderosa: la gestión cotidiana. Mientras se discuten encuestas, nombres y aspiraciones, el gobierno estatal sigue anunciando inversiones, defendiendo indicadores económicos y sosteniendo una narrativa de estabilidad que, en un país cada vez más incierto, pesa más de lo que algunos creen. No es casualidad que Querétaro siga apareciendo como un estado atractivo para capitales, migrantes y proyectos de largo plazo.

En contraste, Morena en Querétaro parece atrapado en su propio reflejo. El partido que presume disciplina nacional exhibe, a nivel local, una colección de desencuentros que ya no se pueden disimular. Que la dirigencia estatal desconozca públicamente a su propio secretario general no es un detalle menor: es una señal clara de desorden, de falta de control y de un proyecto que aún no logra alinearse ni siquiera hacia adentro.

Santiago Nieto menos ocupado por su cargo en el IMPI y más por recorrer comunidades y encabezar asambleas se posiciona en las encuestas pero no en el ánimo de Claudia Sheinbaum que no olvidará su consigna para Querétaro: "Es tiempo de mujeres", lo cual seguramente favorecería a Beatriz Robles. Mientras tanto Morena sigue sin resolver lo básico: quién manda y cómo se toman las decisiones. La narrativa de unidad que funciona en Palacio Nacional se diluye en Querétaro entre reuniones incómodas, mensajes cruzados y rumores de alianzas que nadie confirma pero nadie logra apagar. Cuando un partido pasa más tiempo dando justificaciones que construyendo rumbo, generalmente algo no está funcionando.

Y mientras Morena discute su propia geometría interna, el PAN avanza sin pedir permiso. No está exento de desgaste, eso es evidente, pero ha logrado algo que en política vale oro: convertir la experiencia de gobierno en argumento, no en carga. Las discusiones sobre movilidad, transporte, obra pública y seguridad no desaparecen, pero se enfrentan con decisiones, no solo con discursos.

El caso del transporte público es ilustrativo. Hay presiones, por el crecimiento urbano y mucho por hacer, pero también hay datos: más usuarios, más rutas, más uso del sistema. En Morena, en cambio, la crítica suele quedarse en el señalamiento fácil, sin una propuesta clara de cómo hacerlo mejor, más allá de repetir consignas nacionales que no siempre aplican a la realidad local.

Algo similar ocurre con la seguridad. Los hechos violentos preocupan, suceden aquí como en todo el país, y en cualquier ciudad del mundo, pero Querétaro sigue reaccionando con operativos, coordinación y presencia institucional. No se puede bajar la guardia y las percepción ciudadana muestra que es un escenario atendido. En Morena, la crítica suele sonar más a reproche automático que a alternativa viable, como si gobernar fuera solo señalar desde la barrera.

El tema social también marca diferencias. La reducción de la pobreza laboral, aunque incompleta y con brechas evidentes, muestra avances reales. No perfectos, pero medibles. En ese terreno, Morena apuesta a capitalizar programas federales, pero sin una estructura local sólida que les permita traducir esos apoyos en respaldo político consistente. El resultado es una presencia dispersa, más mediática que territorial.

Incluso en el plano simbólico, el contraste es claro. El PAN aparece como un partido que discute su futuro hacia adentro, con nombres, encuestas y reglas que se debaten en público. Morena, en cambio, parece discutir su futuro a escondidas, entre deslindes, aclaraciones y mensajes contradictorios. Y en política, la percepción suele pesar tanto como la realidad.

Nada de esto significa que el PAN tenga la elección ganada ni que Morena esté fuera de la contienda. Pero hoy, al menos hoy, uno transmite control y el otro transmite ruido. Uno parece estar construyendo un camino largo y el otro sigue decidiendo por dónde empezar.

En política, como en la vida, no siempre gana el que más grita ni el que más promete. Muchas veces gana el que llega con los deberes hechos, aunque no presuma tanto. Y si algo deja claro este momento es que, mientras Morena sigue buscando orden, el PAN en Querétaro ya está jugando el partido completo, con sus riesgos, sí, pero también con una ventaja que no se improvisa: la de saber exactamente qué está haciendo y hacia dónde quiere ir.

La soberanía como coartada y la vulnerabilidad deliberada del Estado mexicano

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder y la continuidad política bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el discurso oficial ha girado de manera insistente alrededor de conceptos que en la tradición democrática tienen un significado preciso y exigente: soberanía, pueblo, democracia, humanismo, bienestar, austeridad y nacionalismo. No obstante, en la práctica política del oficialismo estos términos no han servido para fortalecer a la República ni para limitar al poder, sino para justificar su concentración y para encubrir un proceso de degradación institucional que ha debilitado gravemente al Estado mexicano.

En la teoría política clásica y en el constitucionalismo moderno, la soberanía nunca ha significado poder sin frenos. Incluso en sus formulaciones más tempranas, la soberanía se entendía como autoridad suprema dentro de un marco normativo. En las democracias contemporáneas, la soberanía solo es legítima cuando se ejerce a través del Estado de derecho, con división de poderes, garantías individuales y contrapesos efectivos. Cuando estos límites desaparecen, la soberanía deja de ser una expresión de autodeterminación colectiva y se convierte en una coartada para el despotismo.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido en México. El oficialismo ha construido una narrativa según la cual toda acción gubernamental es legítima porque supuestamente emana de la voluntad del pueblo. Pero ese pueblo no es concebido como una ciudadanía plural, crítica y diversa, sino como una entidad moral abstracta, siempre buena, siempre sabia y siempre alineada con el proyecto del grupo gobernante. En esta lógica, quien disiente deja de ser un ciudadano con derechos y se transforma en enemigo, traidor o instrumento de intereses oscuros. Esta visión no es democrática. Es populista y profundamente autoritaria.

Bajo esta narrativa, los organismos autónomos, las instituciones reguladoras, los mecanismos de transparencia y los tribunales independientes han sido presentados como estorbos para la transformación. Su desaparición, su debilitamiento o su captura por militantes leales al régimen no ha sido un accidente ni una consecuencia secundaria, sino una estrategia deliberada para eliminar cualquier límite real al poder presidencial. El resultado es un vaciamiento sistemático del entramado institucional de la República y la consolidación de un poder político que ya no se somete a controles efectivos.

La cooptación del poder judicial y la subordinación de la Suprema Corte de Justicia a los intereses de un grupo político representan uno de los golpes más graves a la soberanía popular. Sin jueces independientes no existe protección real de los derechos humanos ni garantías individuales. Cuando los tribunales se convierten en marionetas de caciques partidistas, el ciudadano queda indefenso frente al poder. La soberanía del pueblo se evapora, porque ya no hay instancias que puedan frenar los abusos del gobierno en su nombre.

La militarización de la seguridad pública es otro elemento central de este proceso de debilitamiento del Estado. Mientras se invoca el nacionalismo y la soberanía, el Ejército asume funciones civiles y la política de seguridad se reduce a consignas como abrazos y no balazos. El resultado no ha sido la pacificación del país, sino la expansión territorial y económica de los grupos criminales. Grandes extensiones del territorio nacional están bajo control efectivo del crimen organizado, lo que demuestra que la soberanía del Estado es, en los hechos, puramente retórica en muchas regiones de México.

Lejos de fortalecer al país frente a amenazas internas y externas, este proceder populista, despótico, demagógico y corrupto ha colocado a México en una posición de extrema vulnerabilidad. Un Estado que no controla su territorio, que no protege a sus ciudadanos y que no garantiza el imperio de la ley es un Estado débil. La soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones sólidas, con legalidad y con una autoridad legítima que ejerza el monopolio de la fuerza conforme a la Constitución.

A esta fragilidad interna se suma una política exterior que agrava la vulnerabilidad del país. El gobierno mexicano ha decidido alinearse, en el discurso y en los hechos, con dictaduras militares y regímenes autoritarios de América Latina vinculados al narcotráfico y responsables de pobreza extrema, represión sistemática, violaciones masivas de derechos humanos y exilio forzado de millones de personas. El apoyo político, el suministro de petróleo y el uso de recursos públicos para respaldar a gobiernos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como el respaldo acrítico a gobiernos con rasgos populistas y prácticas corruptas en países como Colombia y Brasil, no fortalece la soberanía nacional. La compromete.

Al asociarse con regímenes autoritarios y desacreditados, México pierde autoridad moral, credibilidad internacional y capacidad de defensa de sus propios intereses. La soberanía, entendida como autodeterminación responsable, se diluye cuando el país se convierte en aliado de proyectos políticos que desprecian la democracia, la libertad y la dignidad humana. Esta política exterior ideologizada no responde al interés nacional, sino a la lógica de una internacional populista que normaliza el autoritarismo y la corrupción.

Mientras tanto, la realidad social desmiente el discurso oficial de humanismo y bienestar. Cientos de miles de homicidios y desapariciones, millones de personas sin acceso efectivo a servicios de salud, hospitales sin medicamentos, un sistema educativo deteriorado, niveles alarmantes de corrupción, pobreza extrema persistente y una opacidad casi total en el manejo de los recursos públicos forman parte del paisaje cotidiano. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, lo que confirma que la libertad de expresión es vista como una amenaza y no como un pilar democrático.

La austeridad, exaltada como virtud moral, ha sido aplicada de manera selectiva. Ha servido para debilitar instituciones incómodas y para justificar recortes que afectan directamente a la población, mientras una élite política vinculada a Morena y a sus partidos aliados exhibe estilos de vida lujosos, redes de nepotismo y patrimonios imposibles de explicar con ingresos públicos. La corrupción no ha sido erradicada. Ha sido reconfigurada y protegida por un manto de impunidad.

La democracia, reducida a la simple obtención de mayorías electorales, ha sido vaciada de contenido. Gobernar democráticamente implica aceptar límites, respetar derechos, tolerar la crítica y garantizar la alternancia. Cuando el Ejecutivo domina al Legislativo, neutraliza al Judicial y elimina los organismos autónomos, lo que queda no es una democracia popular, sino un régimen hegemónico con apariencia electoral.

El uso sistemático de un lenguaje moralizante cumple una función clara. Divide a la sociedad entre buenos y malos, entre pueblo y enemigos, entre lealtad y traición. Esta lógica destruye el espacio público democrático y convierte la política en un ejercicio de fe y obediencia. La soberanía, en este contexto, deja de ser un principio jurídico y se transforma en un fetiche discursivo que justifica cualquier abuso.

La paradoja final es evidente. En nombre de la soberanía se ha debilitado al Estado. En nombre del pueblo se ha despojado a los ciudadanos de sus defensas institucionales. En nombre del humanismo se ha tolerado la violencia, la impunidad y la miseria. En nombre del nacionalismo se ha aislado al país y se le ha alineado con proyectos autoritarios que lo desprestigian y lo comprometen.

México no enfrenta una discusión semántica, sino una disputa por el sentido mismo de la República. Recuperar la soberanía popular exige exactamente lo contrario de lo que hoy se practica. Exige límites al poder, instituciones independientes, jueces libres, transparencia, respeto a los derechos humanos y una política exterior responsable. Sin todo ello, la soberanía no es más que una palabra vacía al servicio de un régimen que, lejos de proteger a la nación, la expone y la debilita frente a todos los riesgos imaginables.

Querétaro y las prioridades extraviadas

El inicio de 2026 dejó claro que en Querétaro no solo se discuten presupuestos, obras o cifras económicas. También se discute algo más básico: las prioridades políticas. 

Mientras el estado arranca el año con anuncios de inversión, empleo y crecimiento, una parte de la oposición decidió mirar hacia otro continente para definir su agenda local. Y ahí empieza el contraste.

Querétaro volvió a aparecer en los encabezados nacionales por razones poco comunes en el México actual. Empresas tecnológicas de talla mundial siguen apostando por el estado. Centros de datos, empleos especializados y cadenas de valor que no llegan por casualidad. Llegan donde hay reglas claras, estabilidad y un gobierno que no espanta la inversión.

En un país donde el crecimiento económico se ha vuelto una promesa recurrente, Querétaro no promete tanto. Simplemente muestra resultados.

A esto se suma una recaudación sólida para 2026, proyectos de infraestructura en marcha y una política ambiental que busca cuidar lo que vale sin frenar lo que produce. Nada espectacular en el discurso, pero bastante efectivo en los hechos. Gobernar, al final, suele ser menos épico de lo que algunos imaginan.

El PAN gobierna el estado desde esa lógica. Puede gustar o no, pero ha construido una narrativa coherente con lo que ocurre en la realidad. Inversión, empleo, seguridad relativa y calidad de vida. No perfecta, pero consistente. Incluso cuando surgen problemas, como el transporte público o ciertos delitos, la discusión se mantiene en el terreno de la gestión y no en el de la ideología pura.

En medio de ese escenario aparece Morena con una decisión política llamativa. En lugar de centrar el debate en Querétaro, optó por defender públicamente a Nicolás Maduro. Manifestaciones, posicionamientos y discursos en nombre de la soberanía venezolana ocuparon el espacio que bien pudo haberse usado para hablar de movilidad, empleo o servicios públicos. Pero no. La prioridad fue Caracas.

El argumento es conocido. La no intervención, el respeto a la autodeterminación y la crítica al intervencionismo estadounidense. Principios históricos de la diplomacia mexicana que, en abstracto, suenan bien. El problema es cuando esos principios se aplican de forma selectiva y terminan sirviendo para justificar lo injustificable. Porque una cosa es defender la soberanía y otra muy distinta es llamar democracia a un régimen que destruyó sus propias instituciones.

La ironía es difícil de ignorar. Mientras miles de queretanos se preguntan si habrá más empleo, mejores vialidades o transporte más eficiente, la dirigencia local de Morena parece preocupada por la situación legal de un líder extranjero señalado por autoritarismo y vínculos criminales. Un ejercicio de empatía internacional que no siempre encuentra eco en la vida cotidiana.

Defender a Maduro no solo es políticamente costoso, también es estratégicamente torpe. Daña la relación con Estados Unidos, principal socio comercial de México, y coloca a Morena en una posición incómoda frente a una opinión pública cada vez menos dispuesta a romantizar dictaduras ajenas. La solidaridad ideológica suele ser muy generosa cuando se ejerce a miles de kilómetros de distancia.

En Querétaro el efecto es todavía más claro. El PAN aprovecha el momento para reforzar un discurso sencillo. Aquí se trabaja, aquí se invierte y aquí se gobierna. Morena, en cambio, aparece atrapado en una narrativa que poco conecta con las preocupaciones locales. No es que la política internacional no importe, pero difícilmente encabeza la lista de prioridades de quien usa transporte público o busca empleo.

Esto no significa que el gobierno estatal esté libre de críticas. El crecimiento urbano ha presionado los servicios, el transporte sigue siendo un reto y hay temas sociales que requieren atención urgente. Pero incluso esas críticas se dan dentro de un marco de gobernabilidad. No se discute si Querétaro es viable, sino cómo hacerlo funcionar mejor.

Ahí radica la diferencia. Una cosa es debatir políticas públicas y otra es pelear batallas simbólicas. En este arranque de año el PAN aparece en el primer terreno. Morena, voluntariamente, se colocó en el segundo. Y en política, las batallas simbólicas suelen ser las más ruidosas, pero no siempre las más rentables.

Con el proceso electoral de 2027 en el horizonte, este contraste debería prender algunas alertas. El electorado queretano ha mostrado históricamente una inclinación pragmática. Premia resultados, castiga improvisaciones y observa con recelo los discursos que parecen desconectados de la realidad local. Defender a un régimen extranjero puede ser ideológicamente coherente para algunos, pero electoralmente es un lujo difícil de pagar.

Al final la pregunta es sencilla. ¿Quién está hablando de Querétaro y quién está hablando de todo menos de Querétaro?

En estos primeros días de 2026 la respuesta parece clara. Mientras unos presumen inversiones y empleos, otros defienden causas lejanas con mucha convicción y poca utilidad práctica.

La política no siempre castiga las ideas, pero casi siempre castiga las prioridades mal elegidas. Y en Querétaro, al menos por ahora, la agenda local pesa más que cualquier consigna importada.

Entre grandezas imaginarias y realidades urgentes

Los últimos días dejaron ver que la política en México atraviesa una etapa complicada. La reaparición de Andrés Manuel López Obrador es un buen ejemplo. Su regreso no muestra fuerza, sino la debilidad de Morena y los delirios de “grandeza” del expresidente, justo cuando el país vive un creciente descontento social. Hay marchas por la inseguridad, el campo está abandonado y persisten escándalos de corrupción que incluso provocaron la renuncia del fiscal general. En medio de ese ambiente, AMLO vuelve para promocionar su libro “Grandeza”, pero su mensaje genera más dudas que confianza. Habla de “defender la democracia”, pero también menciona posibles golpes de Estado y se coloca otra vez por encima de las instituciones. Ese discurso solo alimenta la confrontación cuando México necesita reconciliación, resultados y soluciones reales, no el regreso de un líder que convirtió su retiro en ilusión y su legado en un lastre para el país.

En Querétaro, en contraste, una de las noticias más relevantes fue el aumento del presupuesto a la Universidad Autónoma de Querétaro. El recurso ahí está y el compromiso del gobernador con la educación es incuestionable. Ahora la responsabilidad recae en la universidad, que debe egresar a profesionales bien preparados y productivos para la sociedad. Hoy más que nunca se necesita menos grilla y más calidad educativa para fortalecer el desarrollo del estado y responder a las demandas de una sociedad que exige instituciones sólidas.

Mientras esto ocurre, el PAN vive un proceso de reorganización interna. Querétaro tomó un papel destacado al sumar nuevos consejeros nacionales, lo que confirma que sigue siendo una de las fuerzas más sólidas dentro del partido. Además, surgieron llamados a mantener la disciplina y el respeto institucional, como lo señaló Martín Arango al criticar la actitud de la alcaldesa de Cadereyta. Estos mensajes buscan reforzar la idea de que el estado mantiene orden y cohesión en un momento complicado para la política nacional.

También llamó la atención una protesta en el monumento a Conin, donde apareció una manta y la bandera de Palestina. Este acto, lejos de reflejar solidaridad, mostró cómo incluso en Querétaro hay quienes usan la causa palestina como pretexto para impulsar agendas radicales y comunistas, ignorando la realidad del régimen de Hamás. Exigen “liberación”, pero respaldan a un grupo que busca eliminar a Israel, recurre al terrorismo y además oprime a mujeres, persigue a personas homosexuales y discrimina a cristianos. Eso no es apoyo a los derechos humanos. Es militancia disfrazada. Defender la dignidad de las personas jamás puede significar justificar a quienes la destruyen.

En los municipios también se percibe un ambiente que influye en la vida diaria. Hay inconformidades por los alcoholímetros en San Juan del Río, denuncias de robos a transportistas y situaciones como la venta ilegal de peyote en Bernal. Estos hechos muestran que los retos locales siguen siendo constantes y requieren atención cercana para evitar que crezcan los problemas.

Mientras el país enfrenta tensiones, discursos extremos y problemas urgentes, Querétaro intenta mantener un rumbo distinto: estabilidad, educación fortalecida y una vida pública donde los hechos importen más que la propaganda. Ese es el camino que debe sostenerse para evitar que las mismas fracturas que dividen a México terminen afectando al estado.

Cuando siempre se busca culpar al extraño enemigo

El relato que intenta presentar a México como un territorio “blindado” frente a las corrientes políticas de derecha parte de una premisa equivocada: en el país sí existe un creciente hartazgo hacia el rumbo del Gobierno y este descontento no puede explicarse reduciéndolo a la influencia de una oligarquía que controla los medios o de actores extranjeros.

Atribuir las críticas hacia la administración de Claudia Sheinbaum a un supuesto “avance de la ultraderecha internacional” es una forma conveniente de evadir la responsabilidad por la inseguridad, la corrupción y el desgaste institucional que hoy perciben amplios sectores de la población.

Las protestas y el malestar social no son producto de campañas foráneas, sino de una realidad que la ciudadanía vive todos los días. La violencia, la impunidad y la descomposición de instituciones clave han generado un ambiente donde la inconformidad crece de manera orgánica.

Pensar que este fenómeno depende de la llegada de comunicadores extranjeros o de figuras polémicas del exterior es minimizar la capacidad crítica de los mexicanos.

Tampoco es cierto que los intentos de articular una oposición más firme provengan principalmente del exterior. La razón por la que han surgido voces más duras dentro del país es que el Gobierno ha concentrado poder, desmantelado contrapesos y debilitado el equilibrio institucional, factores que inevitablemente despiertan resistencia social. 

El problema no es un complot, sino un modelo de poder que ha generado desconfianza dentro y fuera de Morena.

El argumento de que la tradición política mexicana impide que prosperen movimientos conservadores también pasa por alto un hecho crucial: la pluralidad política de México siempre ha sido dinámica, y la ciudadanía ha demostrado en repetidas ocasiones que puede cambiar de rumbo cuando un proyecto ya no responde a sus necesidades. 

La idea de que ciertos sectores solo defienden “privilegios” es un estereotipo que alimenta la polarización y no refleja la diversidad de motivos que llevan a muchas personas a cuestionar al actual Gobierno.

El desgaste de Morena, visible en sus propios números y en las percepciones públicas, no es resultado de interferencias extranjeras, sino de errores estratégicos, escándalos de corrupción y falta de respuestas creíbles ante problemas urgentes.

La distancia que crece entre la presidenta y su partido demuestra que la inconformidad también es interna, profunda y difícil de maquillar con explicaciones simplistas.

La narrativa de que México sigue impenetrable a debates internacionales ignora que las ideas políticas contemporáneas circulan globalmente en todas direcciones. 

Así como la izquierda latinoamericana ha sido influenciada durante décadas por corrientes globales, la derecha también puede articularse a partir de redes de intercambio. 

Esto no implica necesariamente manipulación, sino participación en un mundo donde las conversaciones políticas ya no respetan fronteras.

Reducir la inconformidad a una amenaza “ultra” externa es una forma de deslegitimar la crítica. La ciudadanía mexicana no necesita voceros extranjeros para ver lo que ocurre en su propio país. 

Si hoy existe mayor apertura a discursos alternativos es porque muchos sienten que el actual Gobierno ya no representa sus expectativas ni da respuestas a los desafíos más urgentes del país. 

Querétaro y la fuerza de su modelo

En un país donde la incertidumbre y la violencia han marcado la conversación pública durante años, Querétaro continúa consolidándose como un caso singular dentro del panorama nacional. 

Lejos de atribuirse a la casualidad, este fenómeno responde a la construcción de un modelo político y administrativo que se ha desarrollado durante décadas y que combina gobernabilidad, estrategia y responsabilidad. Mientras la discusión nacional suele oscilar entre la polarización, la improvisación y la retórica, en Querétaro se ha optado por un enfoque que prioriza resultados medibles, cohesión interna y políticas públicas que impactan directamente en la vida de las personas.

En primer lugar, es imposible ignorar los avances recientes en materia de seguridad. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la institución federal responsable de integrar y publicar las cifras oficiales sobre incidencia delictiva, muestran una disminución del quince por ciento en los homicidios durante los primeros diez meses del año. 

En un contexto nacional donde la mayoría de los estados enfrenta escenarios cada vez más complejos, este dato evidencia que la aplicación de estrategias bien diseñadas y la cooperación entre instituciones pueden generar entornos más seguros. La cifra de cuatrocientos veintitrés casos en ese periodo refleja un descenso consistente, especialmente relevante si se considera el entorno nacional.

A estos avances se suma un reciente fin de semana con alta afluencia por marchas, actividades comerciales, turismo y eventos masivos que concluyó con saldo blanco. Mantener el orden en momentos de intensa actividad social no se logra con discursos vacíos, sino con planeación, coordinación y cuerpos de seguridad profesionalizados.

Este escenario contrasta con lo que se vive en diversas regiones del país, donde la población recurre a manifestaciones para exigir paz y justicia ante la inacción gubernamental. En Querétaro, por el contrario, la estabilidad se defiende con acciones concretas y resultados verificables.

Ese sentido de gobernabilidad también se refleja en la vida interna del PAN queretano. La operación política encabezada por Martín Arango, dirigente estatal del partido, ha sido determinante para restaurar el entendimiento entre militantes y líderes de San Juan del Río. Su capacidad para reconstruir puentes, conciliar posiciones y generar un clima de respeto interno demuestra que el liderazgo político eficaz no depende únicamente del discurso, sino de la habilidad para unir, escuchar y encaminar proyectos colectivos. El ambiente de diálogo permitió que distintas figuras clave del panismo refrendaran su respaldo a Memo Vega durante su primer informe legislativo, donde también estuvieron presentes el gobernador Mauricio Kuri y el diputado federal Felifer Macías. La escena evidenció una coordinación estratégica que fortaleció al grupo y confirmó que la unidad no es un concepto abstracto, sino un activo político fundamental.

Ese respaldo tiene su razón de ser en la congruencia de un proyecto que ha logrado diferenciarse del rumbo nacional. Gobernar implica asumir la responsabilidad de encarar los desafíos con visión, disciplina y cercanía. Cuando esas cualidades se convierten en política pública, los avances dejan de ser promesas y se transforman en resultados concretos que mejoran la vida cotidiana de las comunidades.

Lo que el panismo en Querétaro ha denominado el Modelo Queretano de Bien Común ha demostrado que los gobiernos que ha tenido el estado no se han limitado al desarrollo empresarial y la atracción de inversiones, rubros en los que Querétaro es líder nacional. Los números también confirman que ese mismo modelo está cerrando la brecha de la desigualdad y generando crecimiento humano y social. Según datos de INEGI y de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, en 2020 existían setecientas cincuenta mil personas en situación de pobreza, mientras que para 2024 la cifra descendió a cuatrocientas catorce mil. Una reducción del cuarenta y cinco por ciento en apenas cuatro años no es un registro anecdótico, sino un avance estructural que cambia vidas.

Esto significa que miles de familias pasaron de vivir en incertidumbre a contar con oportunidades reales de progreso. Este logro refleja el impacto de políticas bien diseñadas que ponen a las personas en el centro y se ejecutan con orden y continuidad.

En Querétaro también se entendió que no basta con transferencias sin planeación ni con medidas que fomentan la dependencia gubernamental. Una política social efectiva debe integrarse con servicios, infraestructura y programas de desarrollo humano. Más de ciento cincuenta mil personas han sido beneficiadas de manera directa por acciones estatales, y el estado alcanzó su nivel más bajo de carencia alimentaria desde 2016.

Esa misma lógica se aprecia en la inversión destinada a mejorar entornos urbanos y viviendas. Más de doscientas veintiocho obras de urbanización y rehabilitación han transformado comunidades, colonias y espacios públicos. Asimismo, once mil apoyos de vivienda han contribuido a reducir la carencia por calidad y espacios habitacionales a 5.1 por ciento. Cada uno de estos números refleja avances tangibles y verificables.

La visión de futuro también se manifiesta en la discusión sobre nuevas alternativas de movilidad para zonas de topografía complicada y fuerte densidad poblacional. En una reciente entrevista en los Periodistas por SpeakersTV, el director de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuanalo, expuso la posibilidad de incorporar teleféricos urbanos como complemento al sistema actual. Esta idea, lejos de ser experimental, ha mostrado eficiencia en distintas ciudades del mundo con retos similares. Su capacidad para superar terrenos difíciles, su construcción rápida, su menor afectación ambiental y su operación estable los posicionan como una solución innovadora y funcional. Además, promueven la integración social, conectan comunidades aisladas con centros urbanos y ofrecen una experiencia de traslado segura y cómoda.

Un ejercicio de consulta ciudadana en zonas como Menchaca y San José el Alto permitiría identificar necesidades específicas, medir la demanda y socializar un proyecto que podría transformar el desplazamiento cotidiano de miles de personas. La participación ciudadana no solo legitima decisiones públicas, sino que amplía la comprensión colectiva sobre las alternativas disponibles para una ciudad que crece a ritmo acelerado.

La combinación de cohesión política, políticas públicas efectivas, innovación en movilidad y resultados medibles explica por qué Querétaro mantiene indicadores favorables en seguridad, economía y desarrollo social. Aun cuando el país enfrenta retrocesos en educación, servicios de salud, creación de empleo y certidumbre jurídica, el estado sigue avanzando con dirección, esfuerzo institucional y responsabilidad compartida.

No hay improvisación, no hay excusas y no hay territorios controlados por grupos criminales. En Querétaro prevalece un rumbo claro, sostenido por la coordinación entre ciudadanos, organizaciones y gobierno. Y aunque persisten desafíos, como la presión demográfica, la movilidad creciente y la necesidad de equilibrar el desarrollo urbano, la fortaleza institucional del estado demuestra que es posible enfrentarlos con orden, estrategia y visión de futuro.

A un año de Cantaritos seguridad y orden hacen la diferencia

Querétaro sigue siendo de las pocas entidades donde se ve orden, coordinación institucional y resultados reales. Un buen ejemplo es el reforzamiento del blindaje de la frontera con Guanajuato desde Corregidora.

Y es que las experiencias dejan lecciones. A un año del lamentable episodio de Cantaritos, se pusieron reglas claras, se ordenaron antros y bares, se reforzó prevención y alcoholímetros, se hicieron operativos conjuntos contra narcomenudeo, se implementó la estrategia Sinergia fortaleciendo la coordinación estatal y metropolitana.

Los resultados están a la vista: en Querétaro mejoró la percepción ciudadana en todos los indicadores, y no solo lo dicen encuestas locales, lo reconoce hasta el propio Gobierno Federal.

Prueba es que en la capital del estado, 8,000 personas pueden correr una carrera nocturna tranquilamente, en sana convivencia, con total paz y seguridad.

No quiere decir esto que en Querétaro no pasa nada; pasan cosas indeseables como en cualquier parte del mundo, pero sí es un hecho que las cosas se hacen de forma diferente y mejor. De hecho, hay mucho por hacer todavía para mejorar. Hay áreas de oportunidad en la seguridad vial, por ejemplo, pero en Querétaro la vara que se usa no mide con respecto a lo que hacen los demás, sino en comparación de lo que se ha logrado aquí mismo.

Mientras tanto, el plan de seguridad del gobierno de Morena llegó a su peor crisis. Tras los lamentables sucesos en Michoacán que han generado protestas locales y nacionales, las más grandes en tiempos recientes, exigiendo seguridad mínima para los ciudadanos y sus representantes electos, la respuesta solo han sido excusas, victimización, repartir culpas al pasado y a los medios, y carretadas de más demagogia desde lejos.

El AIQ despega mientras los vuelos en México van en picada.

A 7 años de la lamentable y absurda decisión de cancelar el NAICM en Texcoco, que era el proyecto estratégico que le daría a México competitividad logística para décadas, hoy seguimos pagando esa factura.

La actividad aeronáutica está en crisis: el AICM colapsado, el AIFA vacío, y para terminarla de hundir, el gobierno de Estados Unidos cancelando vuelos hacia México por las decisiones unilaterales tomadas desde el gobierno de López Obrador.

El resultado es evidente: México perdió competitividad, confianza y conectividad. Y en el peor momento nacional… Querétaro vuelve a ser excepción.

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, con la gestión técnica, seria y estratégica de Marco del Prete, está dando justamente los resultados que se requieren: récord de pasajeros, crecimiento sostenido en carga, ampliación de terminales y servicios, y conectividad aérea creciente para exportación e industria avanzada.

No es casualidad: es profesionalismo, planeación y visión.

Lo mismo ocurre con el agua. Morena primero quiso bloquear “El Batán” (que ya estaba aprobado por Conagua) para asegurar el agua de Querétaro a largo plazo.

Ahora, como ocurrencia, al gobierno municipal de Morena en Cadereyta se le ocurre un plebiscito sobre municipalizar el servicio… cuando saben que no tienen la capacidad técnica ni financiera.

Morena en Querétaro está generando crisis hídricas por ocurrencias ideológicas y para lucrar políticamente con el tema.

Querétaro construyó una ruta técnica, profesional y viable para garantizar el agua en el estado para las próximas décadas, y Morena quiere tirarla por capricho.

La economía de México, en franco estancamiento, pero en Querétaro siguen creciendo las inversiones.

La peor noticia nacional la semana pasada fue el parón productivo de una armadora automotriz, que agrava la caída del sector automotor que aporta ~4 % del PIB y más del 30 % de las exportaciones manufactureras. Esto se suma a la contracción del PIB del tercer trimestre (-0.3 %) y a la revisión a la baja del crecimiento de 2025 (casi 0 % o incluso negativo).

México se acerca silenciosamente a una recesión técnica. Sin embargo, Querétaro vuelve a dar buenas noticias para la economía.

TE Connectivity invirtió 600 millones de pesos para crecer su planta en el estado. De 150 colaboradores actuales, planean llegar a 900 empleos en el largo plazo. Producen soluciones de conectividad, sensores automotrices y abren una nueva división industrial. Lo hacen en Querétaro porque aquí sí hay condiciones. Eso es política pública real: seguridad, infraestructura, talento y certeza.

Ese es el contraste. México se está frenando. Querétaro se está acelerando. Ahora sí, la pregunta no es retórica:

¿De qué lado queremos que esté el futuro del país?

Querétaro: seguridad, desarrollo y principios en contraste nacional

Durante las recientes celebraciones del Día de Muertos, Querétaro volvió a destacar por algo que, en buena parte del país, se ha vuelto excepcional: la seguridad. Miles de familias participaron en actividades culturales y religiosas en paz, sin incidentes graves y con saldo blanco en todo el estado. Este resultado no es fortuito, sino consecuencia de una coordinación constante entre autoridades estatales y municipales, así como del trabajo de corporaciones policiales reconocidas a nivel nacional por su desempeño.

El contraste con lo ocurrido en otros estados es inevitable. En Uruapan, Michoacán, el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, quien había solicitado apoyo frente a la amenaza del crimen organizado, generó indignación y puso de nuevo en evidencia la complejidad del problema de seguridad en la región. Apenas una semana antes, también en Michoacán, fue asesinado el líder limonero Bernardo Bravo.

Estos hechos reflejan dos realidades distintas del país: mientras algunos estados enfrentan la descomposición del orden público, otros, como Querétaro, logran sostener condiciones de estabilidad mediante planeación, profesionalización policial y cooperación institucional.

Desarrollo económico con planeación y resultados

La estabilidad también se refleja en el ámbito económico. De acuerdo con datos oficiales, Querétaro se consolida como uno de los nodos más dinámicos del sector manufacturero del país, con crecimiento moderado pero sostenido, y una estrategia que apuesta por la planeación de largo plazo.

El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) es uno de los ejemplos más visibles de esta tendencia. En los primeros diez meses de 2025, el aeropuerto registró un aumento del 23 % en el número de pasajeros respecto al año anterior, escalando del lugar 20 al 11 a nivel nacional en movimiento de usuarios. Para el cierre del año se espera alcanzar los 2.3 millones de pasajeros, lo que representará un crecimiento del 10.57 % frente a 2024. Además, en julio se posicionó como el cuarto aeropuerto del país con mayor volumen de carga transportada.

El proyecto de ampliación de su terminal de pasajeros, que permitirá alcanzar una capacidad de hasta cinco millones de usuarios, avanza y se prevé que concluya antes de 2027.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, ha señalado que este crecimiento responde tanto a la confianza de las aerolíneas como al entorno económico y logístico del estado.

El contraste con la situación nacional también es evidente. A nivel federal, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, las pérdidas millonarias de la aerolínea estatal, la saturación del AICM y el bajo nivel de operación del AIFA reflejan decisiones controvertidas que han afectado la competitividad aérea del país. A esto se suma la reciente cancelación de vuelos a Estados Unidos, derivada de problemas regulatorios y de confianza.

Mientras el sistema aeroportuario nacional enfrenta incertidumbre, el AIQ se ha consolidado como una alternativa funcional, rentable y con potencial de expansión regional.

El propio secretario Marco del Prete ha buscado vincular este crecimiento con un enfoque social. Recientemente sostuvo un encuentro con más de 500 mujeres emprendedoras de diversos municipios, destacando el papel del talento femenino en la economía queretana y en la generación de proyectos locales con impacto sostenible.

Debate legislativo y los principios fundamentales 

En el plano legislativo, Querétaro también vivió una semana de debate intenso. Durante la sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, la discusión sobre la posible despenalización del aborto derivó en enfrentamientos entre grupos provida y colectivos feministas.

El incidente evidenció la táctica del partido Morena ahora en control de los órganos directivos de la legislatura local de polarización en torno a un tema complejo y de fondo ético, social y jurídico.

Por ello, felicitación firme a los diputados del PAN, en especial a Guillermo Vega Guerrero y Enrique Correa, que defendieron con convicción la vida y la dignidad humana. Su postura fue valiente y coherente con los valores de Querétaro.

No obstante, una reflexión necesaria: cuando el diputado Vega menciona que el 65% de los queretanos está en contra del aborto, tiene razón. Pero más allá de las encuestas, la defensa de la vida no se fundamenta en cuántos la apoyen, sino en el principio moral y ético de proteger a quien no puede defenderse. La vida no se consulta; se respeta y se defiende, siempre.

Una visión queretana para llevar al país a un mejor destino 

La combinación de seguridad, desarrollo económico y estabilidad institucional coloca a Querétaro en una posición destacada en el contexto nacional. No es un estado ajeno a los grandes desafíos, pero sí uno que ha logrado construir confianza en sus instituciones y proyectar un rumbo claro hacia el futuro.

En este sentido, y en el marco de la presentación en Querétaro del relanzamiento del Partido Acción Nacional por parte de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, se volvió a celebrar la decisión anunciada del gobernador Mauricio Kuri de mantenerse activo en política al finalizar su mandato, así como la admisión de la presidenta nacional de Morena de que el PAN se mantendría en el gobierno de Querétaro en 2027. El mandatario estatal parece perfilarse como un contendiente atractivo para la oposición en la próxima elección presidencial.

Frente a un panorama nacional marcado por la violencia, la incertidumbre económica y la polarización política, Querétaro representa una alternativa basada en la planeación, la cooperación y los valores cívicos.

Ese es el reto para los próximos años: conservar lo que funciona, corregir lo que falta y mantener una visión de desarrollo humano y sostenible que ponga al ciudadano en el centro de las decisiones públicas.