Morena en Querétaro o el arte de estrellarse contra su propio relato

Existe una teoría política muy popular en ciertos círculos de Morena: cuando algo sale mal, la culpa es del PAN; cuando algo sale bien, es gracias a la "4T". Y si los resultados contradicen la narrativa, entonces los resultados están equivocados.

Es una teoría simple, circular y, sobre todo, inmune a la evidencia.

Durante años, Morena ha intentado explicar que Querétaro vive dentro de una gigantesca ilusión colectiva. Que sus indicadores económicos están sobredimensionados, que los resultados en seguridad son mera propaganda y que los ciudadanos aún no descubren los supuestos costos ocultos de décadas de gobiernos panistas.

Sin embargo, ocurre algo incómodo para los fabricantes de realidades alternas: los datos siguen desbaratando el relato.

Al parecer, la realidad tiene la pésima costumbre de no participar en asambleas ideológicas.

Mientras Morena intenta convencernos de que Querétaro está al borde del colapso, miles de personas siguen llegando al estado buscando exactamente aquello que, según sus críticos, escasea o simplemente no existe: oportunidades, empleo, estabilidad y calidad de vida.

La paradoja es extraordinaria. Si uno escuchara únicamente a ciertos dirigentes morenistas, pensaría que Querétaro es una mezcla entre desastre humanitario y simulación institucional. Pero basta observar que el estado continúa atrayendo inversión, creciendo económicamente y generando empleos para que esa narrativa se parezca más a una novela de ficción política que a un diagnóstico serio.

Lo curioso es que quienes acusan al PAN de vivir en una burbuja suelen habitar una aún más frágil. Una donde cada encuesta favorable es una expresión científica de la voluntad popular y cada encuesta desfavorable una sospechosa conspiración de intereses inconfesables.

El caso de las encuestas merece un capítulo aparte.

Cuando una medición favorece a Morena, estamos ante la voz legítima del pueblo. Cuando la misma metodología favorece al PAN, descubrimos repentinamente que las encuestas son instrumentos de manipulación.

Es una postura muy conveniente: los datos son válidos únicamente cuando coinciden con nuestras conclusiones.

Mientras tanto, la dirigencia panista en Querétaro recibe una crítica peculiar: hablar demasiado de Morena.

El argumento parece razonable hasta que uno recuerda un detalle menor. Morena construyó buena parte de su identidad política nacional cuestionando gobiernos anteriores, denunciando abusos, criticando instituciones y señalando permanentemente a sus adversarios.

Es difícil sostener que la crítica política es una obligación democrática cuando la practica Morena, pero una obsesión cuando la ejerce la oposición.

La democracia funciona exactamente al revés: quien gobierna debe estar preparado para ser cuestionado.

Y aquí aparece el verdadero problema para Morena.

Porque el debate ya no gira exclusivamente alrededor de promesas futuras. También gira alrededor de resultados presentes.

Los gobiernos emanados de la  autonombrada con humildad y sin justificación "Cuarta Transformación" enfrentan preguntas incómodas sobre seguridad, crecimiento económico, servicios públicos y gobernabilidad en distintas regiones del país. No porque alguien lo invente, sino porque los ciudadanos observan la realidad todos los días.

Por eso resulta tan llamativo ver a ciertos liderazgos morenistas queretanos comportarse como si todavía fueran oposición nacional, cuando su movimiento controla la Presidencia de la República, la mayoría de los gobiernos estatales y una enorme concentración de poder político.

Es el fenómeno del opositor profesional atrapado en el cuerpo del oficialismo.

Gobiernan como chivo en cristalería, pero argumentan como oposición.

Critican al sistema mientras lo administran casi con hegemonía.

Se deslindan de los problemas nacionales mientras concentran todo el poder.

Y cuando aparecen contradicciones, siempre existe una explicación disponible: la culpa es de alguien más.

Después de años ejerciendo el poder, seguir culpando al pasado dejó de ser una explicación para volverse una excusa gastada y no asumir ninguna autocrítica ni responsabilidad.

En Querétaro ocurre algo mucho más terrenal.

Sería un error afirmar que todo funciona perfectamente. No es así. Como cualquier gobierno, los del PAN tienen áreas de oportunidad, errores y desafíos pendientes. Querétaro enfrenta enormes retos en movilidad, infraestructura, agua, vivienda, seguridad y servicios públicos, muchos de los cuales se han intensificado precisamente como consecuencia de su propio éxito. Cada año llegan miles de personas buscando la seguridad, la estabilidad, la calidad de vida y las oportunidades que no encuentran en muchas entidades gobernadas por Morena.

Precisamente por eso, esos retos no pueden enfrentarse con ocurrencias ni con improvisación. Requieren gobiernos serios, con experiencia, capacidad técnica y visión de largo plazo. Requieren dar continuidad a un modelo que ha distinguido a Querétaro durante décadas: la colaboración entre gobierno, industria, academia y sociedad. El llamado modelo de triple hélice ha permitido generar inversión, empleo, innovación y desarrollo, fortaleciendo además una participación social mucho más amplia en la construcción de políticas públicas.

El PAN enfrenta desgaste natural después de décadas de gobierno y una elección que probablemente será la más competida de su historia reciente. Pero precisamente por eso resulta llamativo que parte de la estrategia morenista siga consistiendo en esperar que ese desgaste haga todo el trabajo.

La historia electoral está llena de partidos que confundieron el cansancio del adversario con el entusiasmo propio.

No son lo mismo.

Porque una cosa es que algunos ciudadanos quieran cambios, y otra muy distinta es que ya hayan decidido quién debe encabezar esos cambios.

La elección de 2027 no será un concurso de eslóganes ni una competencia de hashtags.

Será una comparación entre dos modelos de gobierno.

Uno apostará por la continuidad de un modelo que, con sus aciertos y sus pendientes, ha permitido que Querétaro destaque por su estabilidad, competitividad, atracción de inversiones y calidad de vida.

El otro apostará por la promesa de transformación.

Y entonces llegará el momento más exigente de toda democracia: cuando las narrativas tengan que enfrentarse con los hechos.

Ahí ya no habrá encuesta que rescate una mala estrategia ni discurso que sustituya resultados.

A final de cuentas, la verdadera discusión no es si Querétaro tiene problemas. Claro que los tiene. La pregunta es qué modelo de gobierno ha demostrado mayor capacidad para resolverlos y preservar aquello que ha convertido al estado en una excepción nacional.

Las campañas cuentan historias.

Los ciudadanos votan realidades.

Energía e inversión: El problema que no resuelve Morena y que puede detener a Querétaro

Querétaro vive uno de los mejores momentos económicos de su historia reciente.

Mientras gran parte del país enfrenta dificultades para atraer nuevas inversiones, la entidad continúa consolidándose como uno de los destinos más competitivos de México. Los datos son contundentes: durante el primer trimestre de 2026, Querétaro captó más de 456 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, con un crecimiento superior al 50 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La inversión estadounidense aumentó más de 160 por ciento y hoy representa cerca de dos terceras partes del capital extranjero que llega al estado.

Y eso no es por casualidad. Por supuesto, la ubicación y las condiciones geográficas ayudan, pero la razón más importante es que el estado ha logrado consolidar, durante décadas, un modelo que ha permitido mantener la seguridad, la estabilidad institucional, la disponibilidad de talento especializado y un ecosistema industrial desarrollado, lo que ha convertido a Querétaro en una referencia nacional en competitividad.

Además, la entidad ha sabido aprovechar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el fenómeno del nearshoring y la creciente demanda global de manufactura avanzada y servicios tecnológicos.

Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras comienza a aparecer una preocupación que podría definir el futuro económico del estado en los próximos años.

La energía eléctrica.

Paradójicamente, el principal desafío para Querétaro no está en la capacidad de atraer inversiones, sino en la capacidad de suministrar la energía que esas inversiones requieren para operar y crecer.

Los recientes apagones, las variaciones de voltaje y las advertencias del sector empresarial han puesto sobre la mesa un problema que durante años fue minimizado: la infraestructura energética nacional no está creciendo al mismo ritmo que la economía.

Y aquí la discusión deja de ser técnica para convertirse en política.

Durante los gobiernos de Morena, la política energética se concentró en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad bajo el argumento de recuperar la soberanía energética del país. Ese objetivo ideológico terminó desplazando una discusión más importante: cómo garantizar la capacidad eléctrica que México necesita para aprovechar la mayor oportunidad de inversión de las últimas décadas.

En contrasentido a lo que ocurría en el mundo, que aceleraba inversiones en generación, transmisión y energías renovables, en México se cancelaron subastas eléctricas, se frenaron proyectos privados y se privilegiaron decisiones orientadas más por criterios ideológicos que por necesidades de crecimiento económico.

La discusión se centró en quién debía producir la energía, cuando la verdadera pregunta era si existiría suficiente energía para sostener el crecimiento futuro.

El resultado ya es visible.

México enfrenta crecientes presiones sobre su sistema eléctrico. Las redes de transmisión muestran rezagos, la demanda crece más rápido que la infraestructura disponible y cada vez son más frecuentes las alertas sobre la necesidad de ampliar la capacidad energética del país.

Las consecuencias han dejado de ser hipotéticas.

Empresas que buscan instalar nuevas operaciones preguntan primero por la disponibilidad de energía antes que por incentivos fiscales. Los inversionistas evalúan la confiabilidad del suministro eléctrico con el mismo nivel de importancia que la seguridad jurídica o la disponibilidad de talento.

En sectores de alta tecnología, la situación es todavía más evidente.

Querétaro se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo de centros de datos en América Latina. La inteligencia artificial, la computación en la nube y la economía digital están generando una demanda sin precedentes de infraestructura energética.

Pero los data centers no funcionan con discursos políticos.

Funcionan con energía eléctrica abundante, estable y disponible las 24 horas del día.

Hoy, la capacidad energética se ha convertido en uno de los factores decisivos para determinar dónde se instalarán las inversiones de la próxima década. Cada proyecto que se retrasa por falta de infraestructura eléctrica representa empleos, derrama económica y desarrollo que podrían terminar en otra región o incluso en otro país.

La paradoja es difícil de ignorar.

Querétaro ha hecho su tarea: ha construido un entorno de confianza para la inversión, ha fortalecido sus instituciones, ha desarrollado talento especializado y ha consolidado sectores estratégicos de alto valor agregado.

Sin embargo, buena parte de la infraestructura energética que necesita para seguir creciendo depende de decisiones federales.

Por ello, el riesgo más importante para el futuro económico de Querétaro no proviene de una crisis de confianza, inseguridad o falta de inversión privada. El riesgo está en que una política energética diseñada bajo criterios políticos e ideológicos termine limitando el potencial de crecimiento de los estados más competitivos del país.

La inversión sigue llegando. La confianza no se ha detenido. Las oportunidades derivadas del nearshoring continúan vigentes.

Pero ninguna economía puede sostener su crecimiento si la infraestructura que la soporta deja de expandirse.

La gran pregunta para México ya no es si puede atraer inversiones. La verdadera pregunta es si tendrá la capacidad energética para recibirlas.

Y en el caso de Querétaro, la respuesta podría definir el rumbo económico de la próxima década.

Querétaro hizo su tarea: atrajo inversión, generó confianza, formó talento y construyó un ecosistema competitivo de clase mundial.

Lo que no puede hacer es construir por sí solo la infraestructura energética que corresponde al gobierno federal.

Resulta paradójico que mientras el estado se prepara para competir en la economía de la inteligencia artificial, los centros de datos y la manufactura avanzada, el país siga enfrentando las consecuencias de decisiones energéticas guiadas más por criterios ideológicos que técnicos.

La historia económica de las próximas décadas no la definirán los discursos sobre soberanía energética, sino la capacidad real para producir, transmitir y distribuir electricidad suficiente.

La inversión no se va por discursos. Se va cuando se apagan las luces.

México 86: De la Mano de Dios a la solidaridad alemana

El 29 de junio de 1986, millones de personas vieron a Diego Maradona levantar la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Para muchos fue el final perfecto de un Mundial inolvidable. Yo, en cambio, cada vez que vuelvo a esa imagen, no puedo evitar pensar que me habría gustado ver a Alemania levantando ese trofeo. No porque desconozca la calidad de aquel equipo argentino ni el talento irrepetible de Maradona, sino porque los legados más importantes no siempre se construyen con goles. A veces se construyen con valores, con ejemplos y con las huellas que se dejan fuera de la cancha.

La escena más famosa de México 86 no fue una jugada brillante, sino una infracción. La llamada "Mano de Dios" se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la historia del fútbol. Durante décadas se ha descrito como una muestra de ingenio, de astucia o de esa picardía que algunos consideran parte esencial del juego. Sin embargo, detrás de la leyenda permanece un hecho innegable: fue una acción contraria a las reglas que terminó otorgando una ventaja decisiva. Y como si la falta no fuera suficiente, alguien decidió bautizarla nada menos que como "la Mano de Dios". Siempre me ha parecido una curiosa forma de entender lo divino: convertir una infracción en milagro y una trampa en motivo de veneración. Tan extraño como llamar Dios a un futbolista. Uno pensaría que la omnipotencia exige algo más que una buena zurda y un árbitro distraído. El problema no fue el error arbitral. El problema fue convertir la trampa en epopeya. Cuando una falta se transforma en leyenda, la línea que separa el talento de la deshonestidad comienza a difuminarse.

Y, sin embargo, sería profundamente injusto reducir la influencia argentina en México a ese episodio. Si algo ha dejado claro la historia de nuestro fútbol es que la aportación argentina ha sido enorme. Jugadores como Zelada, Brailovsky, Mohamed y muchos otros elevaron el nivel competitivo de la liga mexicana. Entrenadores como Menotti y La Volpe trajeron ideas modernas, orden táctico y una personalidad que ayudó a México a mirar de frente a las grandes potencias futbolísticas. Gracias a esa influencia, nuestro fútbol aprendió a competir con mayor convicción y menos complejos.

Pero toda influencia trae consigo una responsabilidad: saber distinguir qué vale la pena imitar y qué no. Junto con las virtudes también llegaron prácticas menos admirables. Poco a poco se volvió común ver jugadores que buscaban el contacto en lugar de evitarlo, futbolistas que caían como si hubieran sido alcanzados por un rayo y se recuperaban milagrosamente en cuanto el árbitro decidía no señalar la falta. Se normalizaron las protestas constantes, la provocación al rival y la idea de que cualquier ventaja era válida si ayudaba a ganar. No son conductas exclusivas de Argentina ni representan a todos los argentinos. Pero sí forman parte de una cultura futbolística que México adoptó con demasiada facilidad.

Algo similar ocurrió en las tribunas. Las barras argentinas impresionaban por su pasión, creatividad y capacidad para generar ambientes espectaculares. Muchos grupos mexicanos intentaron reproducir esa energía. El problema fue que no sólo se copiaron los cantos, los bombos y las banderas. También se importaron expresiones de confrontación y agresividad que terminaron alejando a muchas familias de los estadios. Resultó que importar la pasión era sencillo; importar la responsabilidad para administrarla no tanto.

Todo esto conduce a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué hace verdaderamente grande a un deportista? ¿Los títulos? ¿Los récords? ¿Los goles? Sin duda son parte de la respuesta. Pero no toda. Los deportistas ocupan un lugar privilegiado en la imaginación colectiva y terminan influyendo en millones de jóvenes. Por eso, cuando hablamos de ejemplos, no basta con observar lo que hacen durante noventa minutos. También importa lo que hacen durante el resto de su vida.

Y es precisamente ahí donde la figura de Maradona se vuelve más compleja. Su talento fue extraordinario, pero su trayectoria estuvo marcada por problemas de adicciones, sanciones por dopaje, escándalos personales, conflictos familiares y una abierta simpatía hacia figuras políticas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Nada de esto elimina sus logros deportivos. Tampoco debería ocultarse. Admirar sus virtudes futbolísticas no obliga a ignorar los aspectos más cuestionables de su vida pública. Después de todo, los héroes deportivos deberían inspirar a los jóvenes a perseguir sus sueños, no a coleccionar escándalos para acompañarlos.

Tal vez uno de los errores más frecuentes de nuestra época sea confundir éxito con virtud. Suponemos que quien alcanza la fama merece admiración en todos los ámbitos. Pero la historia está llena de personas extraordinarias en su profesión y profundamente deficientes en otros aspectos de su vida. El talento es admirable. El carácter también. La diferencia es que el primero puede ganar partidos; el segundo ayuda a construir sociedades mejores.

Por eso resulta interesante observar lo que ocurrió después de México 86. Argentina dejó recuerdos imborrables, momentos de gloria y una conexión emocional con muchos aficionados mexicanos. Pero más allá de la memoria futbolística, no existe un legado social duradero asociado a aquella selección. No surgieron programas permanentes de apoyo comunitario, proyectos de asistencia social o vínculos institucionales de largo plazo derivados de su estancia en México. Su herencia fue esencialmente deportiva.

Alemania escribió una historia distinta. Durante México 86 estableció su centro de operaciones en Querétaro, particularmente en la histórica Mansión Galindo, en San Juan del Río. Lo que comenzó como una simple concentración mundialista terminó convirtiéndose en una relación de afecto y gratitud con la comunidad queretana. Los jugadores convivieron con habitantes de la región, visitaron instituciones locales y conocieron una realidad social que los llevó a involucrarse más allá de la cancha. De esa experiencia nació una relación de apoyo con la Casa Cuna Oasis del Niño y otras iniciativas sociales que, de manera directa o indirecta, continuaron recibiendo respaldo durante décadas. Cuarenta años después, aquella historia sigue siendo recordada en Querétaro no por un gol ni por una victoria, sino por una cadena de solidaridad que sobrevivió mucho más que cualquier resultado deportivo. Mientras unos dejaron recuerdos, otros dejaron además una obra.

Quizá por eso México 86 sigue siendo relevante cuarenta años después. No porque nos obligue a elegir entre Argentina y Alemania, ni porque nos exija decidir quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Sigue siendo relevante porque plantea una pregunta mucho más importante: ¿qué estamos dispuestos a admirar y qué estamos dispuestos a imitar? México hizo bien en aprender del fútbol argentino. Lo que no siempre hizo bien fue distinguir entre lo admirable y lo cuestionable. La verdadera madurez, en el deporte y en la vida, consiste precisamente en eso: adoptar lo bueno y rechazar lo malo. Porque las personas, los equipos y las sociedades terminan pareciéndose a aquello que deciden celebrar.

La otra cara del debate LGBT: Lo que casi nadie le dice a los jóvenes

Depresión, suicidio, consumo de drogas y enfermedades de transmisión sexual: el debate sobre los riesgos que rara vez ocupa los titulares

La reciente marcha LGBT en Querétaro terminó con actos de vandalismo contra inmuebles del Centro Histórico y daños a edificios públicos. Paralelamente, la decisión del gobernador Mauricio Kuri de devolver al Congreso local la reforma sobre identidad de género volvió a colocar estos temas en el centro de la discusión pública. Ambos acontecimientos reflejan una realidad innegable: los temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género se han convertido en algunos de los debates culturales y políticos más relevantes de nuestro tiempo.

Sin embargo, mientras la conversación suele concentrarse en conceptos como inclusión, diversidad, reconocimiento o discriminación, existe una pregunta mucho más importante que rara vez recibe la misma atención: ¿los jóvenes están recibiendo toda la información necesaria para comprender las implicaciones, riesgos y desafíos asociados con estas realidades?

Las cifras muestran una transformación generacional sin precedentes. En Estados Unidos, la proporción de personas que se identifican como LGBT pasó de aproximadamente 3.5% de la población en 2012 a más de 9% en años recientes. Entre los integrantes de la Generación Z, alrededor de uno de cada cinco jóvenes se identifica actualmente dentro de alguna de estas categorías.

En México, la tendencia también es evidente. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del INEGI, cerca de cinco millones de mexicanos se identifican como parte de la población LGBTI+ y aproximadamente el 67.5% de ellos tiene entre 15 y 29 años de edad. Estamos hablando, por tanto, de un fenómeno que se concentra principalmente en adolescentes y jóvenes.

Resulta legítimo preguntarse qué explica una transformación tan acelerada. Las redes sociales, las plataformas digitales, la industria del entretenimiento, las campañas corporativas, los contenidos audiovisuales y las nuevas narrativas culturales forman parte del entorno cotidiano de millones de adolescentes. Negar que estos factores ejercen una influencia significativa en la construcción de la identidad durante una etapa tan sensible del desarrollo humano sería ignorar una realidad evidente.

Pero independientemente de cuáles sean las causas, existe una dimensión del debate que rara vez ocupa los titulares.

Los datos sobre salud mental son particularmente llamativos.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los estudiantes LGBT reportan niveles significativamente más altos de tristeza persistente, desesperanza e ideación suicida que sus pares heterosexuales. Diversos estudios de salud pública han documentado durante años esta diferencia en indicadores de bienestar emocional.

Los datos mexicanos muestran una tendencia similar. Según la ENDISEG 2021 del INEGI, el 28.7% de la población LGBTI+ de 15 años y más —alrededor de 1.4 millones de personas— reportó haber pensado en suicidarse o haberlo intentado alguna vez. En contraste, entre la población no LGBTI+ la proporción fue de 8.9%.

El propio estudio ofrece información relevante sobre las causas reportadas por quienes experimentaron estas situaciones. Los principales motivos mencionados fueron problemas familiares y de pareja, problemas escolares y problemas de salud. Además, un 14% señaló que sus pensamientos o intentos suicidas estuvieron relacionados con situaciones vinculadas a su orientación sexual o identidad de género.

Las diferencias también aparecen en el consumo de sustancias. Datos de organismos de salud pública estadounidenses muestran que las personas homosexuales y bisexuales presentan tasas significativamente más altas de consumo de drogas ilícitas y de trastornos relacionados con el abuso de sustancias en comparación con la población heterosexual.

En materia de salud sexual, los organismos de salud pública han documentado durante años una incidencia significativamente mayor de determinadas infecciones de transmisión sexual en algunos segmentos de la población LGBT, particularmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

Estos datos no significan que toda persona homosexual, bisexual o transgénero vaya a sufrir depresión, desarrollar una adicción o enfrentar problemas de salud mental. Tampoco justifican discriminación alguna. Pero sí muestran diferencias estadísticas relevantes en indicadores fundamentales de bienestar y salud pública.

Y precisamente por eso deberían formar parte de la conversación.

El problema del debate contemporáneo es que suele presentarse de forma incompleta. Se habla ampliamente de aceptación, visibilidad, inclusión y reconocimiento, pero rara vez se dedica el mismo espacio a discutir las cifras relacionadas con salud mental, ideación suicida, abuso de sustancias o enfermedades de transmisión sexual.

La información parcial nunca beneficia a los jóvenes.

Los adolescentes atraviesan una etapa de búsqueda de identidad, pertenencia y reconocimiento. Son también el grupo más vulnerable a las tendencias sociales, a la presión de grupo y a la influencia permanente de los entornos digitales. Por ello, cualquier discusión sobre orientación sexual o identidad de género debería estar acompañada de información completa, basada en evidencia y libre de consignas ideológicas.

Más aún, los propios jóvenes deberían asumir un papel activo en esa búsqueda de información. En una época donde prácticamente todo el conocimiento está al alcance de un teléfono móvil, vale la pena explorar por cuenta propia distintas perspectivas sobre el tema, revisar estudios, escuchar argumentos diversos y conocer también aquellos datos y enfoques que con frecuencia reciben menos atención en los medios, en las redes sociales o en el debate público. Las decisiones importantes sobre la propia vida merecen algo más que seguir tendencias; merecen reflexión, análisis y una comprensión profunda de todas las dimensiones involucradas.

También conviene reflexionar sobre el aspecto cultural. Durante generaciones, referentes sociales como la familia estable, el compromiso de largo plazo, la maternidad, la paternidad responsable y la construcción de proyectos familiares duraderos han contribuido a la cohesión social y al bienestar de millones de personas. Defender esos valores no implica perseguir ni menospreciar a quienes eligen caminos distintos. Significa reconocer la importancia que históricamente han tenido para la estabilidad social.

Una sociedad madura puede respetar a todas las personas sin renunciar al análisis crítico de las tendencias culturales que afectan a sus nuevas generaciones.

La verdadera inclusión no debería temerle a la información. La verdadera tolerancia no debería temerle al debate. Y las decisiones importantes que toman los jóvenes sobre su vida merecen estar acompañadas por algo más que consignas, modas o presiones sociales.

El debate no debería centrarse en discriminar a nadie. Debería centrarse en una pregunta mucho más importante: si sabemos que existen indicadores significativamente más altos de ideación suicida, abuso de sustancias y otros problemas de salud en estas poblaciones, ¿por qué no estamos hablando de ellos con la misma claridad con la que hablamos de aceptación e inclusión?

Los jóvenes merecen respuestas honestas.

Los padres merecen información completa.

Y la sociedad merece un debate abierto, serio y basado en datos.

Ciudadanos antes que categorías

La iniciativa para crear una nueva diputación por acción afirmativa en Querétaro no debería aprobarse. No porque la inclusión sea un objetivo equivocado, sino porque parte de un diagnóstico cuestionable y propone una solución que puede terminar debilitando principios fundamentales de nuestra democracia.

La propuesta busca reservar una diputación para personas con discapacidad, migrantes, afromexicanos y personas de la diversidad sexual bajo el argumento de que estos grupos no han tenido representación política en el estado. Sin embargo, la falta de representantes pertenecientes a determinados sectores de la población no demuestra por sí misma la existencia de discriminación o exclusión institucional.

Son cosas distintas.

Una cosa es que una persona no haya llegado al Congreso. Otra muy diferente es que existan leyes o mecanismos que le impidan participar. Hasta ahora no se ha demostrado que alguno de estos grupos tenga restringido su derecho a votar, ser votado, afiliarse a un partido político o competir por un cargo de elección popular.

El riesgo de esta propuesta es que cambia la lógica de la representación democrática. En lugar de preguntarnos qué ideas, propuestas o proyectos representan mejor a la sociedad, comenzamos a distribuir espacios políticos según características personales o identidades específicas.

Pero los diputados no son elegidos para representar únicamente a quienes se parecen a ellos. Son elegidos para representar a toda la ciudadanía.

Bajo esta misma lógica, cualquier grupo que considere insuficiente su presencia en los espacios públicos podría solicitar una diputación reservada. Jóvenes, adultos mayores, habitantes de comunidades rurales, comerciantes, productores del campo o cualquier otro sector podría argumentar que merece una representación garantizada.

¿Dónde estaría entonces el límite?

La democracia dejaría de organizarse alrededor de ciudadanos con los mismos derechos para comenzar a fragmentarse en una suma de grupos que compiten por espacios especiales.

Además, existe otro problema que pocas veces se menciona. Compartir una característica personal no garantiza representar los intereses de todo un colectivo. Una persona migrante no habla automáticamente por todos los migrantes. Una persona con discapacidad no representa necesariamente la opinión de todas las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con cualquier otro grupo social.

Las personas son mucho más complejas que una sola etiqueta.

La experiencia tampoco demuestra que este tipo de mecanismos resuelvan de fondo los problemas que dicen combatir. La existencia de espacios reservados o diputaciones especiales no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida, mayor desarrollo, más oportunidades o una representación más efectiva para los grupos que supuestamente benefician. Con frecuencia terminan convirtiéndose en posiciones políticas ocupadas por una sola persona, sin que eso modifique de manera significativa la realidad de miles de ciudadanos.

Por eso vale la pena preguntarse si el objetivo debe ser crear más curules especiales o construir condiciones para que cualquier persona pueda competir y ganar espacios por sus propuestas, liderazgo y capacidad de generar confianza entre los ciudadanos.

Por otra parte, si las acciones afirmativas se presentan como medidas temporales, también debería explicarse con claridad cuándo dejarían de existir. ¿Cuántos años serían suficientes? ¿Qué porcentaje de representación sería considerado satisfactorio? ¿Quién decidiría que el objetivo ya fue alcanzado? Son preguntas fundamentales que hoy no tienen respuesta.

La verdadera inclusión debería enfocarse en eliminar obstáculos reales para la participación política, fortalecer la educación cívica, abrir más espacios dentro de los partidos y garantizar condiciones de competencia para todos. Esas medidas atienden las causas del problema. Reservar cargos públicos únicamente modifica el resultado.

Una democracia fuerte no necesita dividir a sus ciudadanos en categorías para repartir espacios de poder. Necesita garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para participar bajo las mismas reglas.

Porque la igualdad no consiste en asegurar una curul para cada identidad. La igualdad consiste en que ningún ciudadano necesite una curul reservada para ejercer plenamente sus derechos.

Y precisamente por eso esta iniciativa no debería aprobarse. No porque busque un fin equivocado, sino porque parte de una idea peligrosa: que la mejor forma de lograr inclusión es asignar espacios políticos según características personales. La democracia no se construye otorgando representación por identidad, sino garantizando libertad, igualdad ante la ley y reglas comunes para todos. 

Cuando el poder comienza a repartirse por grupos, dejamos de vernos como ciudadanos iguales y comenzamos a clasificarnos en categorías que compiten por privilegios políticos. Ese camino no fortalece la democracia; la fragmenta. 

La batalla por nuestros hijos

Una sociedad se define por aquello que decide proteger.

Hay países que protegen sus fronteras. Otros, sus recursos naturales o sus sistemas económicos. Pero ninguna responsabilidad es más importante que proteger a sus niñas, niños y adolescentes. Porque en ellos no sólo está el futuro de una comunidad: está su presente, su identidad y su esperanza.

En los últimos meses, diversos estudios, investigaciones periodísticas y organismos especializados han encendido las alarmas sobre un fenómeno que crece silenciosamente en México: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

Las cifras son estremecedoras.

Organizaciones como Reinserta estiman que hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes podrían encontrarse en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Investigaciones académicas advierten que el acercamiento puede comenzar desde los 11 o 12 años. La ONU ha señalado que se trata de una de las formas de explotación infantil que más ha crecido en el país.

Lo más preocupante es que ya no se trata únicamente de jóvenes que viven en contextos de pobreza extrema. Hoy los reclutadores utilizan redes sociales, videojuegos, aplicaciones de mensajería y ofertas falsas de empleo para acercarse a adolescentes cada vez más jóvenes.

El crimen organizado entendió algo que muchos aún no terminan de comprender: su permanencia no depende solamente del control de territorios, sino de la capacidad para capturar nuevas generaciones.

La verdadera disputa ya no es por una plaza. Es por la mente, el tiempo y el futuro de nuestros hijos.

Por eso resulta relevante observar las decisiones que se han tomado recientemente en Querétaro.

Desde distintos frentes, el gobernador Mauricio Kuri ha colocado la protección de la infancia y la adolescencia como una prioridad de gobierno. Lo hizo impulsando medidas para enfrentar los riesgos asociados al uso indiscriminado de redes sociales y dispositivos móviles en las escuelas. Lo hizo promoviendo acciones para prevenir las adicciones digitales y fortalecer la convivencia familiar. Lo hizo también al vetar la ley de identidad de género para menores de edad, argumentando la necesidad de privilegiar el interés superior de la niñez y garantizar el acompañamiento de las familias en decisiones de profundo impacto para el desarrollo personal.

Se podrá coincidir o discrepar con cada una de estas decisiones. El debate democrático existe precisamente para eso.

Sin embargo, hay un elemento que resulta difícil ignorar: la coherencia.

Ahora, al anunciar una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes recluten, utilicen o involucren a menores de edad en actividades delictivas, el gobernador vuelve a colocar a la infancia en el centro de la discusión pública.

Y lo hace en un momento particularmente oportuno.

Los testimonios recopilados por investigadores y organizaciones civiles muestran que muchos adolescentes son captados mediante promesas de dinero fácil, reconocimiento social o sentido de pertenencia. Otros son atraídos por la narcocultura que glorifica el poder, la violencia y la riqueza inmediata. Algunos más son víctimas de amenazas, coerción o reclutamiento forzado.

Todos tienen algo en común: son menores cuya vulnerabilidad fue aprovechada por adultos que decidieron convertirlos en herramientas del crimen.

Por eso la iniciativa tiene un significado que va más allá de una reforma penal.

Representa un mensaje político y social: las niñas, niños y adolescentes no son soldados de ninguna organización criminal. No son mercancía. No son recursos desechables. No son carne de cañón.

Son personas que merecen oportunidades, educación, acompañamiento y futuro.

Por supuesto, ninguna ley resolverá por sí sola un problema tan complejo. Las sanciones son necesarias, pero no suficientes. La verdadera solución también pasa por fortalecer a las familias, mejorar la educación, ampliar las oportunidades para los jóvenes, impulsar el deporte, la cultura y reconstruir el tejido comunitario.

Pero toda estrategia debe comenzar por una decisión fundamental: definir de qué lado estamos.

Si el crimen organizado está buscando reclutar a nuestros hijos, la respuesta de una sociedad responsable no puede ser la indiferencia.

Debe ser la protección.

Porque al final, una sociedad se define por aquello que decide proteger.

Y no existe causa más noble, ni más urgente, que proteger a quienes habrán de construir el México del mañana.

La 4T ya tiene todo el poder, y también todas las excusas

El discurso pronunciado por Claudia Sheinbaum el 31 de mayo fue otro ejercicio de cinismo narrativo característico de la Cuarta Transformación: impecable para fabricar culpables externos, pero incapaz de asumir responsabilidad por sus propios errores.

A casi ocho años del inicio de los gobiernos de Morena, el guion sigue siendo el mismo de siempre: el pasado es el culpable eterno, los adversarios forman parte de una conspiración permanente, las críticas son “ataques al pueblo” y cualquier exigencia de resultados se responde con una arenga de soberanía o con el comodín de “el pueblo ya decidió”. Pero el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los grandes fabricantes de relatos. Y la narrativa de la 4T ya empieza a oler a rancio.

Sheinbaum volvió a vender el triunfo electoral como un cheque en blanco indefinido. Error garrafal. Las urnas otorgan permiso para gobernar, no un certificado de infalibilidad. Utilizar los votos como escudo para evitar la rendición de cuentas no es defender la democracia: es degradarla hasta convertirla en un plebiscito permanente sobre la supuesta infalibilidad de la líder.

La estrategia ya es descarada: cualquier crítica al gobierno se convierte automáticamente en un agravio al pueblo. Cuestionas una política fallida y eres enemigo de la transformación. Señalas corrupción y eres defensor de los “fifís”. Exiges resultados y te llaman conservador retrógrado. Es un truco barato, muy útil para mantener movilizada a la militancia, pero profundamente perjudicial para gobernar un país real.

Y luego está el abuso del símbolo. Ser la primera mujer presidenta es un hecho histórico y merece respeto. Lo que no merece respeto es convertir ese hito en un escudo permanente contra cualquier cuestionamiento. La historia anotará que Claudia Sheinbaum fue la primera; las mujeres mexicanas recordarán si durante su gobierno vivieron con menos miedo, tuvieron más oportunidades reales o siguieron siendo asesinadas con la misma impunidad de siempre. El símbolo es importante; la realidad, cruel.

En el tema de la soberanía, la hipocresía es monumental. El gobierno se rasga las vestiduras ante cualquier comentario proveniente de Washington, pero guarda un silencio inquietante cuando regiones enteras del país están gobernadas de facto por el crimen organizado. ¿Esa también es soberanía, presidenta? ¿O solo es soberanía cuando se trata de gritarle al vecino del norte?

Lo más revelador es que, después de tantos años, siguen gobernando como si acabaran de llegar. Todavía hablan del “neoliberalismo” como si fuera un fantasma que los saboteara desde el más allá. ¿En qué momento los problemas de México dejarán de ser herencia del pasado y empezarán a ser responsabilidad exclusiva de la 4T? ¿Nunca? ¿Esa es la jugada?

La corrupción es otro capítulo bochornoso. Morena construyó gran parte de su legitimidad sobre la promesa de erradicarla. Hoy su argumento parece reducirse a una afirmación tan simple como insuficiente: “somos honestos porque lo decimos”. Punto. Sin transparencia real, sin contrapesos efectivos y sin auditorías verdaderamente independientes. La confianza ciega nunca ha sido un mecanismo anticorrupción; históricamente ha sido el terreno más fértil para que la corrupción prospere con mayor comodidad.

En economía ocurre algo similar. Se celebran cifras macroeconómicas mientras millones de personas siguen contando los centavos para llegar a fin de mes. Ellos presumen récords estadísticos. La gente enfrenta aumentos en alimentos, medicamentos y servicios básicos. Son dos realidades paralelas. Y cuando la distancia entre ambas es tan grande, la narrativa económica deja de ser diagnóstico para convertirse en propaganda.

Los programas sociales son la joya de la corona de esa lógica política. Cualquier cuestionamiento a su diseño, costo o sostenibilidad es presentado como un ataque a los pobres. Falso. El debate no es si el Estado debe ayudar a quienes más lo necesitan. El debate es por qué, después de tantos años y tantos miles de millones de pesos invertidos, la principal estrategia sigue siendo la transferencia permanente de recursos en lugar de generar condiciones para una movilidad social duradera. Porque la dependencia política produce gratitud electoral. Y eso, al final, parece ser lo que más les importa.

En salud, la distancia entre el discurso y los hechos resulta obscena. Se pueden ofrecer todas las mañaneras que se quieran, pero para el paciente que no encuentra medicamentos o espera meses para una consulta, los discursos son irrelevantes frente a su realidad cotidiana.

Y cuando todo comienza a desmoronarse —las cifras, los servicios públicos o la percepción ciudadana—, inevitablemente aparece un nuevo culpable perfecto: los medios, la oposición, los conservadores, los poderes fácticos o los traidores a la patria. Cualquier cosa antes que mirar al espejo y reconocer que quizá, solo quizá, parte del problema radica en las decisiones que ellos mismos han tomado.

La gran ironía es contundente: Morena llegó al poder prometiendo acabar con las excusas. Hoy gobierna alimentándose casi exclusivamente de ellas.

La Cuarta Transformación denunció durante años que el poder vivía desconectado del país real. Ocho años después, el riesgo es que termine exactamente igual: enamorada de su propio relato, ciega ante los hechos y convencida de que repetir la misma historia una y otra vez basta para transformar a México.

Los gobiernos pueden ganar elecciones con cuentos. Pero al final siempre los juzga aquello que no admite propaganda ni maquillaje: los resultados. Y los resultados, señora presidenta, son los que terminan cobrando la factura.

El miedo que Morena no logra disipar en Querétaro

Recientemente publiqué una pregunta en redes sociales dirigida a personas que viven en Querétaro: “¿Cuál es su principal preocupación sobre el futuro de sus familias en el estado?”. Las respuestas fueron diversas y previsibles en muchos sentidos: agua, movilidad, crecimiento urbano, costo de vida y seguridad. Pero hubo una percepción que apareció repetidamente por encima de las demás: el temor a que Morena gobierne Querétaro.

Más allá de simpatías partidistas, vale la pena detenerse en ese fenómeno. Porque sí una parte importante de la ciudadanía está asociando el futuro cotidiano de su familia con la incertidumbre política, el debilitamiento institucional o pérdida de estabilidad, el asunto deja de ser solamente electoral para convertirse en un problema de confianza pública.

Y justamente ahí se encuentra hoy uno de los principales desafíos políticos de Morena en Querétaro.

No únicamente por la fortaleza de sus adversarios locales, sino por la percepción nacional del movimiento y cómo ha cambiado durante los últimos años, algo lque inevitablemente impacta también a sus estructuras estatales.

Después de dos gobiernos federales consecutivos encabezados por Morena, una parte considerable de la sociedad mexicana percibe un deterioro progresivo de contrapesos institucionales, organismos autónomos y mecanismos de equilibrio democrático. La creciente concentración de poder político de la 4T ha generado preocupación en sectores sociales, empresariales y académicos que consideran que el país atraviesa una etapa de debilitamiento institucional y reducción de certidumbre jurídica.

Y el problema para Morena y sus partidos aliados es que, al mismo tiempo, muchos ciudadanos no perciben que esa concentración de poder se haya traducido en una mejora proporcional en seguridad, justicia, salud, educación o combate a la corrupción.

Por el contrario, la violencia criminal continúa ocupando una parte central de la conversación nacional. La impunidad sigue siendo elevada. El sistema de salud enfrenta cuestionamientos constantes. Y diversos episodios políticos y judiciales han alimentado la percepción de opacidad, polarización y desgaste institucional.

Los escándalos y cuestionamientos a distintos personajes vinculados al oficialismo que han sido objeto de investigaciones, señalamientos o presiones internacionales relacionadas con presuntos vínculos criminales o redes de corrupción les están cobrando facturas. Independientemente de los desenlaces legales de cada caso, el impacto político y reputacional existe.

Y en Querétaro, donde históricamente una parte importante de la ciudadanía ha privilegiado estabilidad, orden institucional y crecimiento económico, ese contexto nacional pesa.

La ciudadanía difícilmente separa por completo a Morena nacional de Morena estatal.

Morena Querétaro ha intentando construir competitividad rumbo a 2027, el partido a pesar de que muchos ciudadanos asocian al movimiento no solamente con cambio político, sino también con confrontación permanente, polarización y deterioro institucional.

Esa percepción se ha profundizado además por distintos episodios locales ocurridos durante los últimos años.

En prácticamente cada conflicto político o social relevante —manifestaciones, bloqueos, protestas o confrontaciones públicas— han aparecido militantes, operadores o actores políticamente vinculados a Morena participando activa o indirectamente en la movilización pública. Aunque eso forma parte natural de la disputa política contemporánea, también ha contribuido a consolidar una percepción negativa en sectores de la ciudadanía queretana que observan con preocupación cualquier escenario de inestabilidad.

Algo similar ocurrió con episodios como el bloqueo de la carretera 57, las disputas alrededor del abastecimiento de agua o diversas protestas convertidas rápidamente en confrontación político-electoral. Más allá de las responsabilidades específicas de cada actor, el resultado político ha sido evidente: Morena se percibe por una parte de la opinión pública más asociado al conflicto que a la estabilidad.

Y justamente ahí aparece uno de los mayores contrastes políticos rumbo a 2027.

Mientras Morena carga con el desgaste acumulado del poder federal y con una narrativa nacional marcada por polarización, Querétaro continúa proyectando una imagen sólida en temas como inversión, industria, crecimiento económico, cooperación internacional y gobernabilidad.

El gobierno encabezado por Mauricio Kuri González ha construido su narrativa pública alrededor de estabilidad institucional, atracción de inversiones y certeza jurídica. Y aunque ningún gobierno está exento de errores, los análisis de opinión revelan que la ciudadanía sigue percibiendo a Querétaro como uno de los estados que mejor ha logrado conservar condiciones de orden y desarrollo frente al deterioro nacional.

Precisamente por eso, el rechazo que Morena enfrenta en amplios sectores queretanos no parece derivar solamente de diferencias ideológicas. En muchos casos proviene de algo más profundo: el miedo a perder un modelo de estabilidad que ha dado buenos resultados y es funcional.

La discusión política y social rumbo a 2027 probablemente no será únicamente partidista o ideológica. Será emocional, institucional y práctica al mismo tiempo.

¿Qué fuerza política transmite mayor confianza sobre el futuro cotidiano de las familias? ¿Quién genera mayor percepción de estabilidad, seguridad y certidumbre? ¿Qué modelo parece más capaz de preservar las condiciones económicas y sociales que distinguen actualmente a Querétaro de otras regiones del país?

Sin embargo, existe otro elemento igual de relevante: la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones electorales nacionales.

Durante años, amplios sectores sociales defendieron la autonomía y credibilidad del sistema electoral mexicano como uno de los pilares más importantes de la transición democrática. Pero las tensiones políticas recientes, las reformas impulsadas desde el poder federal y la percepción de creciente influencia partidista sobre organismos electorales y tribunales han provocado que una parte de la ciudadanía observe hoy el proceso electoral con mayor desconfianza.

Esa percepción puede debatirse. Pero políticamente existe.

Y precisamente por eso, la principal garantía democrática no puede depender exclusivamente de instituciones, partidos o autoridades. Depende también de la participación ciudadana.

La única defensa real contra posibles irregularidades, abusos de poder, presiones políticas o actuaciones parciales sigue siendo una ciudadanía activa, organizada y vigilante antes, durante y después de cada proceso electoral.

No solamente votando, sino observando, documentando, participando y exigiendo transparencia.

Al final de cuentas, la estabilidad institucional y democrática de Querétaro no dependerá únicamente de quién gane una elección. Dependerá también de qué tan dispuesta esté la propia sociedad queretana a involucrarse en la defensa de sus instituciones, sus libertades y su futuro.

Hoy, al menos en términos de percepción pública, Morena enfrenta enormes dificultades para convencer a buena parte de esa sociedad de que tiene perfiles competitivos y confiables que representen una alternativa capaz de ofrecer esa certeza.

Por qué Mauricio Kuri debería devolver la ley de identidad de género en Querétaro

Hace apenas unos días, el Congreso local aprobó una reforma al Código Civil que permite el cambio administrativo de nombre y sexo/género mediante un trámite basado en la identidad autopercibida, sin necesidad de requisitos médicos, quirúrgicos o psicológicos. El gobernador Mauricio Kuri González aún tiene margen legal para vetarla o devolverla con observaciones. Y quizá eso último sería lo más prudente.

El debate alrededor de esta reforma ha sido presentado, con demasiada frecuencia, como una confrontación entre derechos humanos e intolerancia. Pero reducirlo a esos términos simplifica una discusión mucho más compleja. La pregunta de fondo no es si las personas trans merecen dignidad y protección jurídica —algo que en una sociedad democrática debería darse por sentado—, sino si una legislación de este tipo fue diseñada con suficiente claridad, evidencia y previsión institucional.

Los defensores de la reforma sostienen que facilitar el reconocimiento administrativo de identidad ayuda a reducir discriminación y obstáculos burocráticos para adultos transgénero. Ese argumento merece ser escuchado con seriedad. Sin embargo, también es legítimo preguntarse si el Congreso evaluó adecuadamente las implicaciones jurídicas, sociales y culturales que pueden derivarse de una modificación de esta naturaleza.

El gobernador tiene hoy la posibilidad de abrir una discusión más rigurosa y menos precipitada.

Uno de los principales problemas de la reforma es que convierte la autopercepción en el criterio central para modificar documentos oficiales relacionados con sexo y género, sin desarrollar con claridad mecanismos complementarios de certeza jurídica. Esto no vuelve inválida automáticamente la ley, pero sí deja abiertas preguntas relevantes sobre registros públicos, privacidad, espacios segregados por sexo y posibles controversias futuras en ámbitos administrativos o judiciales.

La Suprema Corte ha respaldado procesos administrativos similares en otros estados. Aun así, eso no obliga a Querétaro a legislar sin observaciones o sin revisar áreas susceptibles de mejora. Una legislación sensible y duradera requiere algo más que mayoría parlamentaria: necesita claridad conceptual, precisión jurídica y legitimidad social.

También conviene separar debates que suelen mezclarse de manera imprecisa. La reforma queretana no regula tratamientos médicos para menores ni procedimientos clínicos de transición. Sin embargo, es cierto que forma parte de una discusión internacional más amplia sobre identidad de género, especialmente en políticas públicas relacionadas con educación, salud y adolescencia.

En ese contexto, varios países europeos han comenzado a revisar algunos enfoques aplicados durante la última década. El caso más citado es el de la Cass Review en Reino Unido, una revisión independiente que cuestionó la solidez de parte de la evidencia utilizada para respaldar intervenciones médicas tempranas en menores con disforia de género. Suecia y Finlandia también modificaron protocolos clínicos bajo criterios de mayor cautela.

Eso no significa que exista consenso científico absoluto en sentido contrario, pero sí demuestra que el tema está lejos de estar cerrado y que incluso sistemas de salud progresistas han optado por revisar supuestos que hace pocos años parecían indiscutibles.

Por ello, resulta razonable preguntarse si el Congreso queretano debatió suficientemente las implicaciones culturales y normativas de una reforma que inevitablemente tendrá efectos más allá del Registro Civil.

Otro aspecto que merece atención es el clima social que rodeó la aprobación de la ley. La marcha del 16 de mayo, en la que participaron miles de personas en la capital de Querétaro, reflejó que existe un sector amplio de la sociedad queretana que percibe preocupación legítima sobre el rumbo de estas políticas. Descalificar automáticamente esas inquietudes como odio o fanatismo solo profundiza la polarización.

Una democracia madura no consiste únicamente en legislar para las minorías ni en someter derechos al aplauso de las mayorías; consiste en construir acuerdos sostenibles donde distintas visiones puedan expresarse sin caricaturas ni descalificaciones morales.

También sería un error convertir esta discusión en una guerra cultural importada. Querétaro tiene una identidad social propia, marcada por una fuerte cultura familiar, comunitaria y religiosa. Esa realidad no debería utilizarse para excluir a nadie, pero tampoco tendría que ser ignorada por quienes impulsan cambios profundos en normas e instituciones.

Las sociedades con familias estables, redes comunitarias sólidas y vínculos intergeneracionales fuertes suelen mostrar mejores indicadores de cohesión social, participación cívica y estabilidad. Proteger esos elementos no implica negar derechos individuales; implica reconocer que toda reforma legal tiene efectos culturales que deben analizarse con responsabilidad.

Por eso devolver la ley con observaciones no sería un acto de confrontación, sino de prudencia institucional. Abriría espacio para corregir vacíos, precisar alcances y construir una discusión más seria, menos emocional y mejor sustentada.

Mauricio Kuri enfrenta una decisión políticamente incómoda. Pero gobernar también implica saber detenerse cuando un tema exige mayor deliberación. La rapidez legislativa rara vez sustituye a la profundidad.

El gobernador aún puede decidir. Vetarla o devolverla con observaciones no cancelaría el debate; obligaría a darlo con mayor rigor. 

Un sistema educativo de cuarta

La tragedia educativa de la autonombrada “Cuarta Transformación” probablemente será estudiada en el futuro como uno de los experimentos políticos más costosos y destructivos de la historia reciente de México. Un movimiento que llegó prometiendo justicia social, educación humanista y una revolución moral terminó construyendo un sistema marcado por la improvisación, la propaganda ideológica, la confrontación con científicos y el deterioro académico acelerado.

La ironía es brutal: nunca un gobierno habló tanto de “transformar conciencias” mientras destruía tan rápido las bases reales del aprendizaje.

Basta mirar los resultados. México obtuvo en PISA 2022 sus peores niveles en matemáticas desde 2003. Dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan competencias básicas. Lectura y ciencias siguen muy por debajo del promedio de la OCDE. Millones de alumnos abandonaron las aulas tras la pandemia. La desigualdad digital exhibió que el Estado ni siquiera podía garantizar una conectividad mínima para estudiar.

Porque, si algo ha definido la política educativa de Andrés Manuel López Obrador y, después, la de Claudia Sheinbaum, es la sustitución sistemática del rigor académico por la narrativa política.

La llamada “Nueva Escuela Mexicana” nunca logró explicar con claridad qué problema educativo pretendía resolver realmente. Lo que sí logró fue convertir a la SEP en un laboratorio ideológico donde el mérito académico comenzó a verse como algo sospechoso, las matemáticas se relativizaron y el “aspiracionismo” se transformó en un pecado social.

Los sectores más radicales e impresentables de su “movimiento” se apoderaron del sistema educativo mexicano; entre ellos, Marx Arriaga Navarro, el profeta pedagógico de la 4T, que llegó atacando el mérito, la excelencia y los modelos occidentales mientras el sistema educativo mexicano se desplomaba internacionalmente.

La contradicción es grotesca:

Mientras en el mundo se compite por desarrollar y aprovechar la inteligencia artificial, así como los avances de la ciencia y la tecnología, México discute si aprender matemáticas es “neoliberal” o si Colón y Hernán Cortés fueron genocidas.

Cuando intentaron explicarnos qué era eso de la “Nueva Escuela Mexicana”, tuvimos que padecer la pena ajena de ver y escuchar a Ana María Prieto Hernández cantando y bailando “lero lero maromero” en cadena nacional.

Difícil imaginar una metáfora más precisa de la educación bajo la 4T: cero pensamiento crítico y más ridiculeces ideológicas.

La crisis de los libros de texto durante la gestión de Leticia Ramírez Amaya probablemente resume mejor que nada el modelo entero: libros con errores, improvisaciones, opacidad metodológica, reducción de contenidos científicos y una carga ideológica tan evidente que hasta jueces y gobiernos estatales intervinieron.

Pero la SEP respondió como siempre: todo era culpa de “los conservadores” y del pasado.

Porque, en la lógica de la 4T, si los estudiantes no aprenden matemáticas, seguramente también es culpa del neoliberalismo.

Mientras tanto, las figuras históricas que construyeron la educación mexicana deben revolcarse en sus tumbas.

José Vasconcelos imaginó una SEP capaz de alfabetizar y elevar culturalmente a un país entero.

Jaime Torres Bodet impulsó campañas nacionales de lectura y libros de texto con rigor institucional.

Jesús Reyes Heroles veía la educación como un instrumento de formación intelectual profunda.

La 4T, en cambio, entregó:

propaganda,

improvisación,

confrontación ideológica,

y TikTok pedagógico de Estado.

La secuencia de secretarios de Educación parece diseñada por un guionista de sátira política.

Esteban Moctezuma Barragán inició desmontando la reforma previa mientras negociaba con la CNTE y construía una “Nueva Escuela Mexicana” tan ambigua que nadie terminó de entender completamente.

Luego vino Delfina Gómez Álvarez, marcada permanentemente por el escándalo de los “diezmos” en Texcoco: descuentos salariales ilegales a trabajadores para financiar a Morena. Exactamente el tipo de prácticas que la 4T prometía erradicar.

Después llegó Leticia Ramírez Amaya, cuya administración quedó asociada a la crisis de los libros de texto, los errores pedagógicos y la confrontación abierta con especialistas.

Y finalmente apareció Mario Delgado Carrillo, probablemente el símbolo definitivo de cómo la SEP terminó subordinada por completo a la lógica político-electoral de Morena.

Porque Mario Delgado no llegó como educador. Llegó como operador político.

Y además, rodeado de señalamientos mediáticos sobre presuntas ligas con operadores relacionados con huachicol, financiamiento irregular y personajes investigados en Estados Unidos por posibles vínculos con estructuras criminales.

Aunque todavía no existan condenas judiciales directas en su contra, el simple hecho de que el titular de Educación arrastre ese tipo de sospechas ya describe perfectamente el nivel de degradación institucional alcanzado.

La polémica del calendario escolar en 2026 terminó de retratar el escenario completo:

las contradicciones públicas entre Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, los rumores sobre modificar clases para evitar protestas magisteriales durante el Mundial y la percepción de que la SEP ya no organizaba la educación nacional, sino la administración mediática de crisis políticas.

Todo mientras millones de estudiantes siguen atrapados en el rezago educativo.

Pero la devastación no solo alcanzó a la educación básica.

La ciencia y la investigación mexicanas también han sido golpeadas brutalmente.

La eliminación de 109 fideicomisos científicos en 2020 representó uno de los mayores ataques institucionales contra la investigación en décadas. Universidades y centros científicos denunciaron abandono, precarización y persecución ideológica. Los centros de investigación se volvieron patrocinadores de las “becas” para hijos y parientes de funcionarios del régimen.

La relación de la 4T con la Universidad Nacional Autónoma de México terminó convertida en una confrontación política permanente. López Obrador acusó a la UNAM de “neoliberal”, mientras Hacienda aplicaba recortes o “errores técnicos” multimillonarios al presupuesto universitario.

Todo esto mientras el gobierno destinaba cantidades gigantescas de recursos a:

Dos Bocas,

el Tren Maya,

y megaproyectos políticos.

La señal fue clarísima: para la 4T, construir elefantes blancos era prioritario; construir conocimiento, no tanto.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García representan quizá la metáfora perfecta de toda esta tragedia:

sedes inexistentes,

alumnos sin títulos,

instalaciones precarias,

problemas legales,

y egresados atrapados durante años sin poder ejercer profesionalmente.

Pero eso sí: el nombre sonaba extraordinariamente bien para hacer campaña.

En cultura ocurrió exactamente lo mismo.

Paco Ignacio Taibo II convirtió el Fondo de Cultura Económica en una extensión directa de la polarización política nacional.

Entre ataques a intelectuales, declaraciones tan vulgares que harían ruborizar al más rudo carretonero, frases cargadas de misoginia, confrontaciones públicas y acusaciones de favoritismo, la política cultural terminó funcionando como un aparato de propaganda ideológica que destruyó todo espacio plural.

Y los medios públicos —Canal Once y Canal 22— acabaron atrapados entre despidos, propaganda, censura y programas diseñados para ridiculizar adversarios políticos usando recursos públicos.

Toda la narrativa de la 4T sobre educación puede resumirse en una frase: hablaron como revolucionarios pedagógicos mientras administraban uno de los peores deterioros educativos de las últimas décadas.

Y quizá lo más grave es que el daño no será solamente inmediato.

Los errores de un gobierno en infraestructura pueden corregirse en años. Los errores económicos pueden ajustarse relativamente rápido.

Pero destruir el aprendizaje, debilitar la ciencia y convertir la educación en un campo ideológico deja consecuencias generacionales.

Porque mientras la 4T pelea contra “conservadores”, “aspiracionistas” y “neoliberales”, el resto del mundo sigue avanzando en:

tecnología,

innovación,

inteligencia artificial,

ciencia,

competitividad,

y educación avanzada.

México, en cambio, está atrapado discutiendo si exigir excelencia académica es una forma de opresión de los intereses globalizadores.

Esa es quizá la herencia más peligrosa de este régimen: no solo haber debilitado los contenidos educativos, sino haber sembrado una profunda desconfianza hacia el mérito, el conocimiento técnico y la excelencia intelectual.

Y un país que comienza a desconfiar del conocimiento termina inevitablemente gobernado por la propaganda. Desde la lógica del populismo demagógico, eso tiene todo el sentido: requiere del avance de la ignorancia y de la dependencia para fortalecerse y permanecer.