lunes, 26 de octubre de 2026

¿Estamos preparando a nuestros hijos para el futuro?


Hace unos días pregunté en redes sociales qué opinaban de la educación que reciben los estudiantes en México. Recibí más de cincuenta respuestas, en su mayoría preocupadas por la calidad educativa y los contenidos escolares.

Soy padre de dos adolescentes, de 12 y 14 años, que estudian en una escuela privada. Pagar su educación representa un esfuerzo importante para nuestra familia, pero mi esposa y yo hemos aprendido que no podemos delegar por completo su formación. Conversamos sobre sus clases, tareas y dudas; a veces repasamos matemáticas y otras hablamos de historia, ciencias o acontecimientos que escucharon en clase.

Y entre más nos involucramos en lo que están estudiando nuestros hijos actualmente también nos preguntamos: ¿realmente estamos preparando a nuestros hijos para el mundo que les tocará vivir? Me preocupan cuatro asuntos: los aprendizajes, el pensamiento crítico, la responsabilidad familiar y la tecnología.

1. Una crisis educativa que no podemos ignorar

Durante años hemos escuchado discursos oficiales sobre la importancia de la educación. Sin embargo, debemos preguntarnos cuánto se ha traducido en aprendizajes reales. Los resultados educativos citados en el debate público muestran dificultades en matemáticas, lectura y ciencias. Detrás de esos indicadores hay jóvenes que avanzan sin dominar conocimientos necesarios para continuar estudiando, trabajar y tomar decisiones informadas.

No se trata de desacreditar a todos los maestros. Muchos realizan una labor extraordinaria, a menudo con recursos limitados. Precisamente por respeto a ellos y a sus alumnos, debemos evaluar con seriedad las políticas educativas.

Las reformas de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador respondieron a visiones confrontadas sobre la evaluación docente. Más allá de sus aciertos y errores, la prioridad debe ser que los estudiantes aprendan, por encima de intereses políticos o sindicales.

Los maestros merecen capacitación y mejores condiciones; los estudiantes, educación de calidad; y las familias, la posibilidad de exigir resultados. Pagar una escuela privada tampoco resuelve todo: hay buenos docentes en instituciones públicas y deficiencias en algunas privadas.

La pregunta no debería ser solamente cuánto cuesta la educación, sino cuánto están aprendiendo nuestros jóvenes.

2. No basta con aprender: también importa qué y cómo aprendemos

Algunos padres cuestionamos no solo la calidad académica, sino también la orientación de los contenidos. Los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana han generado debate sobre su diseño y sus enfoques históricos. Sus defensores destacan la inclusión, la igualdad y el humanismo.

Incluir asuntos sociales está bien, es necesario, pero no si el objetivo que se busca es el adoctrinamiento: poco importa cómo se enseña si los alumnos no pueden examinar distintas explicaciones y desarrollar un pensamiento crítico propio.

Una educación crítica no consiste en sustituir una visión del mundo por otra, sino en formular preguntas, contrastar fuentes y distinguir hechos de opiniones.

En casa vivimos una experiencia que me hizo reflexionar. Mis hijos me comentaron haber estudiado temas relacionados con el feminismo, la reivindicación indígena y movimientos sociales como Poder Prieto. Sin embargo, ese mismo día, el 12 de octubre, cuando les pregunté si en la escuela les habían hablado de la llegada de Cristóbal Colón a América, me dijeron que no habían abordado el tema en ninguna materia.

Una conversación familiar muchas veces nos invita a preguntar si los jóvenes reciben una formación histórica amplia, objetiva y rigurosa.

La historia de México no puede reducirse a una celebración acrítica del pasado ni a una narración donde unos personajes representan todo lo bueno y otros todo lo malo. Debemos estudiar la historia de México con sus logros, contradicciones e injusticias. En historia, economía, política y ciencias, los alumnos deben evaluar distintas corrientes con argumentos, no memorizar conclusiones.

La escuela debe enseñar a pensar, no decirles a los alumnos qué pensar. Los padres debemos interesarnos por los contenidos y dialogar con nuestros hijos sin convertir el hogar en un espacio de pensamiento único.

3. La educación también comienza y continúa en casa

Mi esposa y yo procuramos que la formación de nuestros hijos no termine al salir de la escuela. Aunque no siempre sobra el tiempo, conversamos sobre lo que aprenden, los ayudamos cuando tienen dificultades y fomentamos su curiosidad.

Les compramos libros adecuados a su edad. Les gustan la mitología griega y romana y los relatos bíblicos, y la filosofía entre muchos otros temas que nos permiten hablar de decisiones, virtudes y consecuencias. Como familia católica, transmitimos nuestros valores y el respeto a otras creencias.

Visitamos museos y lugares históricos. Vivimos años en Ciudad de México y ahora en Querétaro; recorrer estos lugares permite imaginar cómo vivieron otras generaciones.

También los hemos acercado a especialistas en tecnología para conocer profesiones y explorar opciones. Estas experiencias amplían sus horizontes.

No todas las familias tienen el mismo tiempo, dinero o acceso a recursos culturales; no deben sustituir las obligaciones de las autoridades. Pero reconocerlo no significa renunciar a la responsabilidad familiar.

Hace poco encontré en redes sociales el video de un maestro que aseguraba llevar 18 años frente a un salón de clases. Con evidente frustración, resumía su realidad en una frase: «Yo ya no educo. Yo cuido. Yo contengo».

Contaba que exigir tareas o respeto podía terminar en confrontaciones con los padres, y describía alumnos que llegaban sin dormir, desayunar o llevar materiales, mientras se esperaba que el maestro resolviera lo que no se había trabajado en casa.

No conozco sus circunstancias ni sé si realmente representa a todos los docentes. Pero su testimonio parece honesto y es preocupante: ¿qué ocurre cuando los padres abandonan su responsabilidad e impiden que la escuela ejerza la suya?

Educar no significa evitarles a nuestros hijos cualquier incomodidad. Significa enseñarles que sus decisiones tienen consecuencias, que hay reglas y que cumplir obligaciones es parte de la vida. Los docentes deben tratar a los estudiantes con dignidad, sin humillaciones ni violencia; pero protegerlos de los abusos no significa protegerlos de sus responsabilidades.

Cuando un hijo llega a casa quejándose de un maestro, no deberíamos asumir automáticamente que el profesor está equivocado. Hay que escuchar, investigar y contrastar versiones. Defender a nuestros hijos también significa decirles cuando se equivocan.

La vida adulta exige cumplir horarios, aceptar críticas, trabajar con otros, reconocer errores y afrontar consecuencias. No se trata de autoritarismo, sino de equilibrar autoridad y respeto, derechos y obligaciones.

Amar a nuestros hijos no es evitarles todas las dificultades; es ayudarlos a desarrollar las herramientas para enfrentarlas. Mejores escuelas también requieren familias presentes. Ninguna reforma sustituye a los adultos involucrados en la formación de los jóvenes.

4. La tecnología, la inteligencia artificial y el futuro

Nuestros hijos crecen en un mundo que cambia a gran velocidad. Han convivido con internet, teléfonos inteligentes y videojuegos; ahora también pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial que responden preguntas, resumen textos y resuelven problemas en segundos.

Internet abre oportunidades, pero también riesgos. Ser nativo digital no significa saber proteger los datos personales, identificar manipulaciones o reconocer estafas.

El ciberacoso y la explotación sexual digital son amenazas reales. También debemos evitar que las pantallas desplacen la lectura, el ejercicio, el descanso y la convivencia.

La inteligencia artificial plantea otro dilema. Si un estudiante entrega una respuesta generada por una herramienta sin comprenderla, puede obtener una buena calificación mientras pierde la oportunidad de aprender. Si la utiliza para comparar explicaciones, practicar ejercicios o aclarar dudas, puede ser una aliada. La diferencia está en cómo se usa.

No sabemos cuáles profesiones cambiarán o surgirán. Nuestros hijos necesitarán adaptarse, aprender y resolver problemas. Queremos que conozcan distintas profesiones: no decidir su futuro, sino darles elementos para elegirlo.

Escuela y familia deben ayudarlos a pensar con autonomía y utilizar nuevas herramientas sin renunciar al esfuerzo intelectual.

Educar es una responsabilidad que no podemos delegar

La conversación en redes me dejó una impresión: muchos padres dudan de que las escuelas preparen a sus hijos para la vida que les espera. Necesitamos medir aprendizajes, fortalecer a los docentes y poner a los estudiantes por encima de las disputas partidistas.

También debemos revisarnos: ¿sabemos qué leen nuestros hijos? ¿Les enseñamos a distinguir información de propaganda y conocimiento de ocurrencias?

Mis hijos todavía tienen mucho por aprender. Nosotros, como padres, también. No tengo todas las respuestas, pero estoy convencido de que no podemos permanecer al margen y confiar en que alguien más hará todo el trabajo.

El futuro de nuestros hijos no depende exclusivamente de la escuela, el gobierno o la tecnología. Depende también de las herramientas intelectuales, los valores y la capacidad de adaptación que les ayudemos a desarrollar.

La preocupación principal creo, no debería ser solamente si pasan de grado o consiguen buenas calificaciones. Es si aprenden lo necesario para comprender el mundo, participar en él y construir su propio futuro.

Educar no consiste únicamente en preparar a los jóvenes para aprobar el siguiente examen. Consiste en prepararlos para una vida que todavía no conocemos y para un mundo que no dejará de cambiar.

martes, 13 de octubre de 2026

La tragedia de enfermarse en México


La desaparición del Seguro Popular, el desabasto, las compras fallidas y el aumento del gasto familiar marcan una transformación cuyo balance sigue bajo escrutinio.
Prometieron Dinamarca. Dejaron a 44.5 millones de mexicanos con carencia de acceso a servicios de salud, más del doble que en 2018. ¿Cómo se pasa de lo uno a lo otro?
En 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia con la promesa de transformar el sistema de salud, combatir la corrupción y garantizar atención y medicamentos gratuitos para todos —sin condiciones, sin letra pequeña, sin excepciones—. A casi ocho años del inicio de los gobiernos de Morena, la pregunta es inevitable: ¿están los mexicanos mejor atendidos que antes?
La respuesta exige mirar más allá de los discursos. México arrastraba desigualdad, desabasto y fragmentación institucional antes de 2018; nadie lo niega. Pero las decisiones posteriores también dejaron consecuencias, y esas sí pueden medirse.
El cambio que multiplicó la carencia de acceso
El Seguro Popular desapareció en 2020. En su lugar llegó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con la promesa de atención gratuita para quienes carecían de seguridad social. El nuevo organismo enfrentó dificultades operativas y financieras y, en 2023, fue sustituido por el IMSS-Bienestar. Tres nombres, un mismo problema.
La población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 50.4 millones en 2022. En 2024 descendió a 44.5 millones, todavía muy por encima del punto de partida. [1]
Conviene precisar: la cifra proviene de la medición de pobreza y cuenta a quienes no tienen adscripción o derecho reconocido a servicios médicos; no significa que todos hayan quedado sin atención en cualquier circunstancia. La pandemia influyó, y el Seguro Popular tampoco garantizaba por sí mismo atención efectiva. Pero la transición que debía evitar el aumento de la carencia nunca llegó.
Por un lado, el discurso: en junio de 2024, López Obrador insistió en que dejaría «el mejor sistema de salud pública del mundo», mejor incluso que el de Dinamarca. [2] Por otra parte, el registro: millones de personas que seguían chocando con barreras de acceso. Lo curioso es la asimetría: la promesa se hizo en conferencia de prensa; la cuenta se paga en la farmacia.
Niños con cáncer y una respuesta que indignó
En 2021, padres de niños con cáncer protestaban por la falta de medicamentos oncológicos. Hugo López-Gatell, entonces subsecretario de Salud, vinculó las denuncias con propósitos «golpistas». [3]
¿Tenían los niños sus medicamentos? ¿Alguien iba a surtirlos? ¿O bastaba con discutir las motivaciones de quienes los reclamaban?
Podía existir una disputa política alrededor de las protestas, pero eso no respondía lo esencial. La discusión se desplazó del inventario a la sospecha, y la crisis dejó de medirse solo en anaqueles para medirse también en la confianza de las familias hacia sus autoridades.
Durante la pandemia, el mismo funcionario afirmó que la fuerza del presidente era «moral, no de contagio», cuando se cuestionaban los riesgos epidemiológicos de sus actividades públicas. [4] Otra vez, una pregunta sanitaria contestada con una defensa política. La emergencia de COVID-19 fue extraordinaria y complicó la atención de otras enfermedades; lo que no explica son las dificultades administrativas que continuaron después.
La Megafarmacia y las compras que no resolvieron el problema
En diciembre de 2023, López Obrador inauguró la Megafarmacia del Bienestar, presentada como una solución nacional para conseguir medicamentos faltantes. Los resultados iniciales fueron modestos frente a las expectativas: numerosas llamadas y solicitudes, pocos pedidos surtidos con éxito. Las cifras oficiales distinguían entre llamadas, folios, órdenes y entregas, y no deben confundirse entre sí. [5]
Se construyó infraestructura en lugar de garantizar entregas; se anunció tamaño en lugar de mostrar resultados. Un medicamento no llega a tiempo porque exista un edificio: llega porque alguien lo compró, lo almacenó y lo entregó. Un proyecto así se evalúa por sus entregas efectivas y su contribución al abasto, no por las expectativas de su inauguración.
Con Claudia Sheinbaum, el problema de las compras persistió. En abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción declaró nula la licitación consolidada de medicamentos gestionada por Birmex, tras detectar irregularidades y cuestionamientos por sobreprecios. La prensa reportó posibles sobrecostos por unos 13 mil millones de pesos en 175 claves, y la anulación obligó a reponer el procedimiento. [6]
La nulidad no acredita por sí sola responsabilidades penales individuales ni demuestra que todo el proceso fuera corrupto. Sí evidencia que una contratación estratégica tuvo que corregirse, con el riesgo de retrasar el suministro.
En mayo de 2025, Sheinbaum informó porcentajes oficiales de abasto de 94.3% para el IMSS, 90% para el ISSSTE y alrededor de 87% para el IMSS-Bienestar. [7] Son cifras relevantes. Pero un promedio institucional no garantiza que cada hospital tenga todas las claves ni que cada paciente salga con su receta completa.
El paciente no vive en el promedio.
Medicamentos caducos mientras había pacientes que los buscaban
En junio de 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que habían caducado 18.4 millones de piezas de medicamentos y otros insumos del Hospital Infantil de México, con un valor estimado superior a 121 millones de pesos, acumulados durante varios años. El caso quedó bajo investigación para determinar cómo se almacenaron los productos y si existen responsabilidades administrativas. [8]
El dato es grave por sí mismo, y lo es más frente a las familias que, en distintos momentos de estos años, reclamaron medicamentos oncológicos. Aún no se sabe cuántas de esas piezas coincidieron en el tiempo con las protestas de 2021, y la investigación deberá precisarlo. Lo que sí se sabe es que mientras algunas familias los buscaban, se acumulaban piezas que terminarían caducas.
La caducidad no demuestra que cada pieza pudiera usarse con un paciente concreto ni prueba automáticamente un delito. Pero obliga a revisar los controles de inventario, las decisiones de compra y la distribución. ¿Quién compró? ¿Quién almacenó? ¿Quién distribuyó? ¿Y quién responde? En un sistema con recursos limitados, permitir que medicamentos por millones de pesos terminen inservibles exige explicaciones.
La transparencia financiera tampoco ayuda. En mayo de 2026 se reportó que el auditor externo del IMSS-Bienestar se abstuvo de emitir una opinión sobre sus estados financieros de 2025 porque no obtuvo evidencia suficiente para verificar, entre otras partidas, más de 91 mil millones de pesos en servicios personales y más de 12 mil millones en activos. [9]
Una abstención no equivale a demostrar un desfalco. Significa que alguien dijo: «no puedo confirmar estas cifras». Y cuando el auditor no puede confirmarlas, el ciudadano mucho menos.
¿Cómo está México frente a otros países?
La comparación regional ayuda a dimensionar el desafío. Según el Banco Mundial, en 2022 el gasto total en salud representó 5.7% del PIB mexicano, y los pagos directos de los hogares equivalieron a 39.1% del gasto sanitario. En Brasil, esos pagos fueron 27.3%; en Chile, 35.6%; en Colombia, 14.4%. [10]
Los sistemas no son idénticos y estas cifras no miden por sí solas la calidad de cada servicio. Pero muestran una diferencia importante: Colombia dependía mucho menos del dinero que ponen las familias; México, bastante más.
La OCDE y el Banco Mundial señalaron en su informe regional de 2026 que los pagos de bolsillo representaron, en promedio, 32% del gasto sanitario de América Latina y el Caribe en 2024, frente a 20% en los países de la OCDE. También destacaron la insuficiencia del financiamiento público de la región y los riesgos económicos que enfrentan los hogares cuando necesitan atención. [11]
México, por tanto, no solo debe resolver el acceso formal: necesita financiar mejor sus servicios y reducir la dependencia de los recursos familiares.
La factura que pagan los mexicanos
México Evalúa calculó, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, que el gasto trimestral de bolsillo en salud por hogar aumentó 41.4% en términos reales entre 2018 y 2024. La organización también estimó un incremento de 64.5% en los hogares con gastos catastróficos de salud. [12]
No todo el aumento puede atribuirse a una sola administración, pero es una señal de presión financiera que contradice el objetivo de garantizar protección efectiva.
¿Cuánto cuesta enfermarse? ¿Quién lo paga? ¿Y a quién se le piden cuentas?
La salud pública no se evalúa por las instituciones creadas, el presupuesto anunciado o los medicamentos adquiridos, sino por algo bastante más sencillo: que una persona consiga consulta, reciba tratamiento oportuno y no tenga que comprometer la economía familiar para atenderse.
El gobierno de López Obrador desmanteló el Seguro Popular sin lograr que el INSABI consolidara una transición eficaz. Sheinbaum heredó el problema y ha impulsado nuevas compras y ajustes al IMSS-Bienestar, pero las irregularidades en contrataciones, los medicamentos caducos y las dudas sobre la información financiera muestran que la solución sigue exigiendo resultados verificables.
El sistema anterior también tenía deficiencias. Esa realidad no exime a los gobiernos posteriores de responder por sus decisiones, y las promesas de gratuidad tampoco sustituyen la evidencia de que los servicios no funcionan.
Dinamarca era la promesa. La cuenta, en cambio, la están  pagando la salud y la economía de las familias mexicanas.
Fuentes
[1] INEGI, Pobreza multidimensional 2024 y CONEVAL, medición de pobreza 2022.
[2] Presidencia de México, conferencia del 18 de junio de 2024.
[3] El País, declaraciones de Hugo López-Gatell sobre las protestas por medicamentos oncológicos, junio de 2021.
[4] Milenio, declaraciones de López-Gatell sobre el presidente y el contagio, marzo de 2020.
[5] Información presentada ante el Congreso sobre la Megafarmacia.
[6] El País, nulidad de la licitación de medicamentos de Birmex, abril de 2025.
[7] Presidencia de México, conferencia del 13 de mayo de 2025.
[8] Presidencia de México, conferencia del 30 de junio de 2026.
[9] XEU Noticias, auditoría de los estados financieros del IMSS-Bienestar, mayo de 2026.
[10] Banco Mundial, World Development Indicators, gasto sanitario por país, 2022.
[11] OCDE y Banco Mundial, Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2026.
[12] México Evalúa, cambios en la atención pública de la salud en México, 2018–2024.

martes, 6 de octubre de 2026

La política de llegar tarde: una piedra en el camino de la coordinación


La controversia por la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro parece nacer de la manera en la que Claudia Sheinbaum y su gobierno decidieron abordar el tema.

¿Por qué incitar a un debate sobre si México debe cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad? México ya lo hace. Querétaro también, desde hace años. Lo verdaderamente revelador es cómo una cooperación que lleva tiempo construyéndose terminó convertida en un conflicto político entre el Gobierno federal y un gobernador estatal de oposición y, además, no cualquier gobernador: Mauricio Kuri ha sido durante todo su gobierno uno de los mejor evaluados del país. ¿Será precisamente por eso que la presidenta decidió apuntar contra el gobernador de Querétaro y el embajador de Estados Unidos para encajar dentro de su narrativa de soberanía contra el injerencismo del exterior?

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que Mauricio Kuri colocara, junto con el embajador estadounidense Ronald Johnson, la primera piedra de la academia sin que, según la postura federal, se hubieran cumplido previamente todos los procedimientos de coordinación en materia de seguridad. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el proyecto debía pasar por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

Si ese es el procedimiento, debe cumplirse. Punto. La cooperación internacional en materia de seguridad no puede desarrollarse al margen de las instituciones mexicanas, y nadie debería pretender que la supervisión federal es un obstáculo cuando lo que está en juego es la seguridad nacional.

Pero precisamente por eso resulta inevitable hacer otra pregunta: ¿por qué el Gobierno federal esperó hasta que la primera piedra estuvo colocada para hacer pública su objeción?

Querétaro informó a la Cancillería sobre la visita del embajador. El oficio fue enviado el 23 de septiembre y recibido por la SRE el 25. La visita ocurrió el 2 de octubre. Es cierto que la discusión puede centrarse en si esa comunicación explicó con suficiente claridad el alcance de la academia. La propia Cancillería sostiene que no fue presentada como un mecanismo formal de cooperación internacional en materia de seguridad. Eso tendrá que aclararse documentalmente.

Lo que no deja de llamar la atención es que, si existía un procedimiento que debía cumplirse, nadie haya detenido el proceso antes de que el gobernador y el embajador aparecieran públicamente colocando la primera piedra.

Ahí está el verdadero problema.

La responsabilidad y eficiencia para gobernar significan anticiparse, actuar antes de que ocurran los conflictos y no hacerlos más grandes. Coordinar no es aparecer después para señalar que algo debió hacerse de otra manera. Una administración eficiente debería detectar el problema antes de que llegue al escenario público, especialmente cuando se trata de un proyecto relacionado con seguridad y cooperación internacional.

La academia no apareció de la noche a la mañana. Hay una inversión, una ubicación, un proyecto, gestiones previas y una relación de cooperación que lleva años construyéndose. No estamos hablando de una ocurrencia surgida la semana pasada. Entonces resulta legítimo preguntarse si el problema fue realmente la falta de comunicación o si el problema fue que nadie dentro de la estructura federal tomó la decisión de actuar a tiempo.

La Federación conocía la visita del embajador y consideraba que el proyecto requería una ruta institucional diferente. Tenía una oportunidad evidente para intervenir antes del acto público. No lo hizo.

Las instituciones del Gobierno federal sí fueron convocadas al evento. Ahí se encontraban representantes de la SEDENA, la Guardia Nacional y la FGR. La protesta de la presidenta llega mal y tarde. ¿Por qué nadie le informó adecuadamente de lo que se trataba? Después suele pasar que intentan recuperar el control de la situación mediante el discurso político. Eso es precisamente lo que debería evitarse.

Mauricio Kuri tampoco necesita convertir esta controversia en una guerra contra Claudia Sheinbaum. Sería un error. Su posición más sólida es mucho más sencilla: defender el proyecto, transparentar sus alcances y cumplir las reglas federales que correspondan. Puede aceptar la supervisión institucional sin aceptar que la cooperación internacional para fortalecer a los policías mexicanos sea presentada como una amenaza a la soberanía.

Porque, hasta donde se conoce, la academia no pretende sustituir a la Federación, crear una fuerza estadounidense en territorio mexicano ni entregar a otro país el control de la seguridad de Querétaro. Su objetivo es capacitar y profesionalizar policías mediante cooperación internacional.

México coopera con Estados Unidos en materia de seguridad desde hace años. La discusión razonable no es si debe existir cooperación, sino bajo qué condiciones, con qué controles y con qué objetivos. Si la academia requiere ajustes, que se hagan. Si necesita autorización o supervisión federal, que se cumpla. Si los convenios deben transparentarse, que se transparenten.

Lo que resulta difícil justificar es que una iniciativa para fortalecer capacidades policiales sea convertida automáticamente en una disputa partidista.

México enfrenta organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, con mayor capacidad financiera, tecnológica y operativa. Frente a eso, profesionalizar policías, intercambiar conocimiento y fortalecer instituciones debería ser una prioridad. La cooperación internacional no puede ser buena cuando la promueve la Federación y convertirse en sospechosa cuando la impulsa un gobierno estatal.

Si el gobierno de Morena intenta presentar la academia como una especie de cesión de soberanía a Estados Unidos, también tendrá que explicar cómo encaja esa narrativa con la larga historia de cooperación bilateral en seguridad. Si, en cambio, reconoce que la iniciativa puede ser útil, pero exige que se someta a las reglas federales, entonces la discusión puede regresar al terreno institucional, donde debería haber estado desde el principio.

Claro que, en el terreno de las contiendas políticas, el oportunismo es la moneda de cambio. Ni tardos ni perezosos, los militantes de ese partido en Querétaro, como Santiago Nieto y Gilberto Herrera, entre otros personajes, hicieron sendas publicaciones atacando al gobernador de Querétaro, acusándolo de entreguista y traidor a la patria. En fin, que para algunos, con tal de sacar raja política, la vileza puede brotar sin pudor.

Para Claudia Sheinbaum también existe una oportunidad.

Puede utilizar este episodio para demostrar quién controla la política exterior y marcar distancia con un gobernador panista. O puede hacer algo mucho más útil: establecer las reglas, garantizar la supervisión federal y permitir que un proyecto potencialmente importante continúe bajo el marco jurídico correspondiente.

La segunda opción sería políticamente más inteligente.

Porque si la academia funciona, Querétaro podrá demostrar que es capaz de convertirse en referente nacional de profesionalización policial. Y si el Gobierno federal participa en su consolidación, podrá demostrar que su intervención no consistió en frenar una iniciativa, sino en garantizar que la cooperación internacional se desarrollara correctamente.

De esa forma todos ganamos.

Los únicos que perderían serían quienes necesitan una confrontación permanente para convertir cada diferencia institucional en una batalla entre partidos.

La ciudadanía, en realidad, tiene poco interés en saber quién tuvo la última palabra en esta discusión. Quiere policías mejor preparados, más inteligencia, mejor tecnología, instituciones más profesionales y mayor capacidad para enfrentar al crimen.

Por eso la política de llegar tarde resulta tan costosa. Primero permite que un proyecto avance sin que todas las instituciones parezcan estar alineadas; después convierte las diferencias en una disputa pública y, finalmente, obliga a los ciudadanos a escuchar una discusión que pudo haberse resuelto antes de que hubiera cámaras, discursos y titulares.

La primera piedra ya está puesta. Ahora corresponde hacer algo mucho más difícil que colocarla: construir.

Construir significa cumplir las reglas, corregir lo que deba corregirse, transparentar los convenios y definir con precisión el papel de cada institución. Kuri debe demostrar que su proyecto puede avanzar con plena legalidad. Sheinbaum debe demostrar que la supervisión federal puede ejercerse sin convertirla en confrontación política.

La ciudadanía no necesita otra batalla entre PAN y Morena. Necesita que las instituciones dejen de utilizar la seguridad como escenario de confrontación política y empiecen a tratarla como lo que es: un problema que afecta todos los días a personas reales.

Y los ciudadanos debemos exigir que ninguno de los dos convierta este episodio en otro pleito partidista sin consecuencias. No necesitamos saber quién colocó primero la piedra ni quién tuvo la última palabra. Necesitamos policías que sepan hacer su trabajo, instituciones que respondan a tiempo y gobiernos capaces de resolver antes de que los problemas lleguen a las cámaras.

La discusión política puede continuar todo lo que quieran. Pero la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más: que, esta vez, la seguridad avance más rápido que las disputas.

martes, 29 de septiembre de 2026

Cambiar de partido no es cambiar Querétaro


Hay una escena que comienza a repetirse en Querétaro. Con el proceso electoral de 2027 en el horizonte, las redes sociales se llenan de rostros conocidos, mensajes de renovación y videos cuidadosamente producidos con discursos sobre el futuro. Algunos hablan de transformación; otros, de cambio; otros, de una nueva manera de hacer política.

Conviene detenerse un momento y preguntar:
¿Qué es exactamente lo "nuevo"?

Porque detrás de buena parte de esos discursos hay personajes que llevan años —en algunos casos, décadas— transitando por cargos públicos, partidos, candidaturas y estructuras de poder. Cambian las siglas, los colores, el discurso y, a veces, hasta el adversario. Lo que no necesariamente cambia es la trayectoria.

Una aclaración necesaria: aquí nadie acusa a nadie. Cualquier ciudadano tiene derecho a aspirar a un cargo público, tener patrimonio no es un delito y una investigación no es una condena. Pero quien pretende gobernar debe aceptar algo elemental: su pasado también forma parte de su currículum. Y quien pide el voto no puede pedir, además, que se borre su expediente público.

Trayectorias que piden explicaciones

Está el funcionario que construyó su prestigio alrededor del combate a la corrupción y la inteligencia financiera, y cuya declaración patrimonial es hoy objeto de amplio escrutinio periodístico. Reportes basados en ella estimaron bienes por alrededor de 40 millones de pesos, entre inmuebles, obras de arte y joyas, además de ingresos por asesorías. El interesado explicó públicamente que parte de ese patrimonio provenía de créditos, regalos de boda y herencias. La pregunta democrática no es si tener patrimonio es un delito, sino cuánta transparencia debe ofrecer quien aspira a gobernar en nombre del combate a la corrupción.

Está el empresario y exfuncionario federal que pasó de administrar un enorme fondo de recursos públicos —que, a decir de la presidenta de la República, era un mecanismo opaco y plagado de corrupción— en un gobierno priista a una candidatura por Morena. Su patrimonio inmobiliario, incluida una propiedad en Miami reportada en más de 6.5 millones de dólares, ha sido objeto de investigaciones periodísticas, y en 2022 se reportó una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de dinero. También ha enfrentado cuestionamientos por empresas y contratos públicos.

Está el dirigente con casi dos décadas al frente de un partido en Querétaro, cinco reelecciones consecutivas y una organización que, según información citada por medios locales, recibió cerca de 154 millones de pesos de financiamiento público durante ese periodo. La misma investigación recoge críticas académicas por concentración de poder y falta de renovación interna. ¿Puede presentarse como renovación quien construyó, durante casi dos décadas, una posición de control dentro de la política local?

Y está el exalcalde que, tras una larga trayectoria en el PAN, se incorporó a Movimiento Ciudadano y ha sido objeto de escrutinio por operaciones inmobiliarias cercanas al Aeropuerto Internacional de Querétaro. Una investigación académica de la UNAM documentó la adquisición de predios en esa zona, lo que, por sí mismo, no acredita irregularidad alguna. Pero la pregunta es legítima: ¿dónde termina la actividad privada y dónde empieza la obligación de explicar con absoluta claridad cualquier relación entre poder público, información privilegiada, desarrollo territorial y patrimonio?

También hay casos distintos, que conviene no mezclar. Una exlegisladora transparentó su declaración en 2015 mediante la iniciativa Candidato Transparente —dos inmuebles, un vehículo y ahorros—, aunque entonces recibió cuestionamientos periodísticos por inconsistencias en sus ingresos. Y en otro perfil las controversias son políticas y electorales: en 2023, el Tribunal Electoral determinó que ciertas expresiones dirigidas contra una política queretana contenían estereotipos de género y violencia simbólica.

Ninguno de los dos es una acusación de corrupción.

¿Qué tienen en común todos estos casos?

No necesariamente un delito. No necesariamente una fortuna inexplicable. No necesariamente es una incongruencia ideológica.

Tienen algo más sencillo y, quizá, más importante: una larga relación con el sistema político. Son políticos profesionales. Unos han cambiado de partido; otros, tejido alianzas con fuerzas distintas; otros, permanecido años en la misma estructura. Ninguno puede presentarse seriamente como un recién llegado.

Y ahí está el verdadero asunto. Mientras las redes producen a diario nuevos aspirantes, Querétaro debería hacerles una pregunta más exigente que «¿qué prometen?».

¿Dónde estuvieron y qué hicieron antes? ¿En qué forma mejoraron la vida de los ciudadanos? 

¿Dónde están las obras? ¿Las políticas públicas exitosas? ¿Las innovaciones institucionales? ¿Los resultados verificables que hayan mejorado de manera sustantiva la vida de los queretanos?

Porque gobernar no es producir contenido. Un video bien editado no es una política pública. La foto de un bache no es una obra. Un juego de palabras con su nombre o una consigna no es una estrategia de seguridad. Una promesa no es una plataforma. Una candidatura no es una trayectoria de resultados.

Un estado que no parte de cero

Esta discusión importa más porque Querétaro no parte de cero. El Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo coloca entre las entidades con competitividad muy alta y destaca su dinamismo en las industrias automotriz, aeroespacial y de centros de datos, así como su elevada complejidad económica.

En el ámbito urbano, el diagnóstico es todavía más interesante: el IMCO señala que Querétaro encabezó el grupo de ciudades de más de un millón de habitantes y avanzó cinco posiciones respecto de 2024. También destaca que 61.88 % de los ingresos de la ciudad son propios, frente a un promedio nacional de 28 %.
Eso no significa que Querétaro sea perfecto. No lo es. El propio IMCO advierte que un estado con una tasa tan alta de crecimiento poblacional, sobre todo por migración de otras entidades, enfrenta grandes desafíos. Precisamente por eso el debate debería ser más serio.

Querétaro tiene una ciudadanía exigente, y sabe distinguir entre criticar lo que funciona mal —algo indispensable en democracia— y proponer sustituir un modelo que ha generado ventajas competitivas sin explicar qué se hará mejor.

Quien quiera cambiar el modelo debe decir cuál propone, qué problema resolverá y qué evidencia demuestra que su alternativa funcionará. No basta con decir «hay que cambiar». Hay que explicar qué, cómo, con qué recursos, con qué resultados esperados y con qué experiencia que acredite la capacidad para hacerlo.

Y la misma vara aplica para quien aspire a continuar el modelo actual: también debe explicar qué corregirá, qué queda por resolver y qué resultados propios puede demostrar. La exigencia no distingue colores.

Por eso, frente a la avalancha de aspiraciones, quizá convenga bajar el volumen de los discursos y subir el de las preguntas. Y convertirlas en exigencias concretas:
Declaraciones patrimoniales y de intereses completas y públicas, controles de confianza y hasta pruebas psicológicas, antidoping y de polígrafo. 

Planes de gobierno con metas medibles y fuentes de financiamiento.

Debates basados en datos, no en consignas.

¿Cómo explican sus decisiones, sus alianzas y sus cambios de partido? ¿Qué propuesta concreta tienen para mejorar lo que Querétaro ya hace bien?

Y, sobre todo: ¿quieren cambiar Querétaro porque tienen una visión distinta de futuro o porque necesitan una nueva posición en el mapa del poder?

La respuesta, en una democracia madura, no debería depender de simpatías partidistas. Debería estar en los datos.

Un verdadero cambio no se demuestra cambiando de partido, de discurso o de fotografía de perfil. Se demuestra con seriedad, con argumentos y cambiando para bien la vida de los ciudadanos.

martes, 22 de septiembre de 2026

¿Soberanía, para quién?


Cuando hablamos de soberanía pensamos en fronteras, independencia y defensa frente a otras naciones. Pero existe una pregunta mucho más incómoda: ¿qué tan soberano es un país cuando sus ciudadanos no pueden ejercer plenamente sus derechos?

México sigue siendo jurídicamente un Estado soberano. El problema está en su soberanía efectiva: la capacidad real del Estado y de los ciudadanos para decidir, hacer cumplir la ley y limitar a quienes ejercen el poder.

El ejemplo más evidente es la intervención del crimen organizado en la política. Durante el proceso electoral de 2023-2024, Data Cívica registró 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas atacadas presuntamente por grupos criminales, 34 de ellas asesinadas. México Evalúa señaló además que la violencia política tuvo efectos sobre la participación electoral.

No hace falta que un grupo criminal gane una elección para alterar la democracia. Le basta con decidir quién puede competir, quién debe retirarse o quién puede hacer campaña sin ser amenazado.

Cuando el miedo condiciona el voto, la soberanía popular deja de ser plenamente libre.

La libertad de expresión enfrenta un problema semejante. Un periodista que deja de investigar por miedo no pierde únicamente su libertad: la pierde también la sociedad que depende de su trabajo para conocer los abusos del poder.

Y llegamos a la justicia.

La reforma judicial modificó radicalmente el sistema de selección de jueces y ministros y en 2025 se realizó la primera elección popular de personas juzgadoras. Quienes defienden el modelo argumentan que democratiza al Poder Judicial; sus críticos advierten riesgos de politización, falta de filtros homogéneos de idoneidad y debilitamiento de la independencia judicial.

La discusión no debería reducirse a si los jueces son electos o designados. La pregunta fundamental es otra: ¿puede existir justicia independiente si quien juzga necesita responder políticamente ante quienes pueden determinar su permanencia?

Una democracia necesita mayorías, pero también necesita instituciones capaces de ponerles límites.

Lo mismo ocurre con la participación ciudadana. Una consulta no es democrática únicamente porque se coloque una pregunta frente a los ciudadanos. Para que exista verdadera soberanía popular debe haber información suficiente, reglas confiables y, sobre todo, consecuencias transparentes.

Preguntar y después ignorar sistemáticamente la respuesta convierte la participación en simulación. Pero preguntar únicamente para legitimar una decisión previamente tomada produce el mismo resultado.

La soberanía popular no consiste en ser consultados. Consiste en que nuestra participación tenga consecuencias reales.

La dimensión económica tampoco puede ignorarse. México necesita recaudar para financiar seguridad, justicia, educación y servicios públicos, pero un sistema fiscal que desalienta la inversión y hace demasiado costosa la formalidad termina debilitando la capacidad del propio Estado.

Y sin capacidad económica tampoco hay verdadera autonomía.

Un país puede ser políticamente independiente y, al mismo tiempo, depender de otros para tecnología, inversión, mercados o determinados bienes estratégicos. La soberanía económica no significa encerrarnos, sino contar con suficiente capacidad productiva para que las decisiones fundamentales no dependan exclusivamente de factores externos.

Pero quizá el dato más revelador está en la justicia cotidiana.

La ENVIPE 2025 estimó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos y que 93.2% no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.

No significa que 93.2% de los delitos haya quedado impune. Significa que la llamada cifra oculta es gigantesca.

Y detrás de ella existe una conclusión devastadora: millones de mexicanos no consideran que denunciar produzca resultados suficientes.

Cuando el ciudadano deja de acudir al Estado, el Estado pierde autoridad y el delincuente gana espacio.

Por eso la soberanía mexicana no debería medirse solamente por nuestra capacidad de decirle a otros países que México es independiente.

También deberíamos preguntarnos si podemos garantizar elecciones libres de intimidación, periodistas capaces de investigar, jueces independientes, ciudadanos escuchados y víctimas que confíen en la justicia.

La soberanía no se pierde necesariamente cuando un ejército extranjero cruza una frontera. A veces comienza a perderse mucho antes y de manera casi imperceptible: cuando el ciudadano deja de denunciar, el periodista deja de investigar, el juez deja de resistir presiones y el elector deja de creer que su voto puede cambiar algo.

Un Estado puede conservar su bandera, su Constitución y sus fronteras y, sin embargo, haber cedido parcelas de su autoridad a la violencia, la impunidad, la corrupción o la conveniencia política.

La soberanía, al final, no es una palabra escrita en la Constitución. Es la capacidad de una sociedad para decidir su destino y hacer que esas decisiones sean respetadas.

Cuando esa capacidad se erosiona, el país sigue teniendo gobierno, elecciones e instituciones. Pero algo esencial comienza a desaparecer.

Y quizá la imagen más inquietante sea ésta:

Un país puede seguir ondeando su bandera mientras, poco a poco, deja de decidir lo que ocurre debajo de ella.

Ese es el verdadero riesgo. No que México deje de llamarse soberano, sino que un día descubramos que seguimos teniendo la bandera, pero ya no tenemos el poder efectivo para decidir qué significa vivir bajo ella.