La política de llegar tarde: una piedra en el camino de la coordinación

La controversia por la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro parece nacer de la manera en la que Claudia Sheinbaum y su gobierno decidieron abordar el tema.

¿Por qué incitar a un debate sobre si México debe cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad? México ya lo hace. Querétaro también, desde hace años. Lo verdaderamente revelador es cómo una cooperación que lleva tiempo construyéndose terminó convertida en un conflicto político entre el Gobierno federal y un gobernador estatal de oposición y, además, no cualquier gobernador: Mauricio Kuri ha sido durante todo su gobierno uno de los mejor evaluados del país. ¿Será precisamente por eso que la presidenta decidió apuntar contra el gobernador de Querétaro y el embajador de Estados Unidos para encajar dentro de su narrativa de soberanía contra el injerencismo del exterior?

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que Mauricio Kuri colocara, junto con el embajador estadounidense Ronald Johnson, la primera piedra de la academia sin que, según la postura federal, se hubieran cumplido previamente todos los procedimientos de coordinación en materia de seguridad. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el proyecto debía pasar por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

Si ese es el procedimiento, debe cumplirse. Punto. La cooperación internacional en materia de seguridad no puede desarrollarse al margen de las instituciones mexicanas, y nadie debería pretender que la supervisión federal es un obstáculo cuando lo que está en juego es la seguridad nacional.

Pero precisamente por eso resulta inevitable hacer otra pregunta: ¿por qué el Gobierno federal esperó hasta que la primera piedra estuvo colocada para hacer pública su objeción?

Querétaro informó a la Cancillería sobre la visita del embajador. El oficio fue enviado el 23 de septiembre y recibido por la SRE el 25. La visita ocurrió el 2 de octubre. Es cierto que la discusión puede centrarse en si esa comunicación explicó con suficiente claridad el alcance de la academia. La propia Cancillería sostiene que no fue presentada como un mecanismo formal de cooperación internacional en materia de seguridad. Eso tendrá que aclararse documentalmente.

Lo que no deja de llamar la atención es que, si existía un procedimiento que debía cumplirse, nadie haya detenido el proceso antes de que el gobernador y el embajador aparecieran públicamente colocando la primera piedra.

Ahí está el verdadero problema.

La responsabilidad y eficiencia para gobernar significan anticiparse, actuar antes de que ocurran los conflictos y no hacerlos más grandes. Coordinar no es aparecer después para señalar que algo debió hacerse de otra manera. Una administración eficiente debería detectar el problema antes de que llegue al escenario público, especialmente cuando se trata de un proyecto relacionado con seguridad y cooperación internacional.

La academia no apareció de la noche a la mañana. Hay una inversión, una ubicación, un proyecto, gestiones previas y una relación de cooperación que lleva años construyéndose. No estamos hablando de una ocurrencia surgida la semana pasada. Entonces resulta legítimo preguntarse si el problema fue realmente la falta de comunicación o si el problema fue que nadie dentro de la estructura federal tomó la decisión de actuar a tiempo.

La Federación conocía la visita del embajador y consideraba que el proyecto requería una ruta institucional diferente. Tenía una oportunidad evidente para intervenir antes del acto público. No lo hizo.

Las instituciones del Gobierno federal sí fueron convocadas al evento. Ahí se encontraban representantes de la SEDENA, la Guardia Nacional y la FGR. La protesta de la presidenta llega mal y tarde. ¿Por qué nadie le informó adecuadamente de lo que se trataba? Después suele pasar que intentan recuperar el control de la situación mediante el discurso político. Eso es precisamente lo que debería evitarse.

Mauricio Kuri tampoco necesita convertir esta controversia en una guerra contra Claudia Sheinbaum. Sería un error. Su posición más sólida es mucho más sencilla: defender el proyecto, transparentar sus alcances y cumplir las reglas federales que correspondan. Puede aceptar la supervisión institucional sin aceptar que la cooperación internacional para fortalecer a los policías mexicanos sea presentada como una amenaza a la soberanía.

Porque, hasta donde se conoce, la academia no pretende sustituir a la Federación, crear una fuerza estadounidense en territorio mexicano ni entregar a otro país el control de la seguridad de Querétaro. Su objetivo es capacitar y profesionalizar policías mediante cooperación internacional.

México coopera con Estados Unidos en materia de seguridad desde hace años. La discusión razonable no es si debe existir cooperación, sino bajo qué condiciones, con qué controles y con qué objetivos. Si la academia requiere ajustes, que se hagan. Si necesita autorización o supervisión federal, que se cumpla. Si los convenios deben transparentarse, que se transparenten.

Lo que resulta difícil justificar es que una iniciativa para fortalecer capacidades policiales sea convertida automáticamente en una disputa partidista.

México enfrenta organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, con mayor capacidad financiera, tecnológica y operativa. Frente a eso, profesionalizar policías, intercambiar conocimiento y fortalecer instituciones debería ser una prioridad. La cooperación internacional no puede ser buena cuando la promueve la Federación y convertirse en sospechosa cuando la impulsa un gobierno estatal.

Si el gobierno de Morena intenta presentar la academia como una especie de cesión de soberanía a Estados Unidos, también tendrá que explicar cómo encaja esa narrativa con la larga historia de cooperación bilateral en seguridad. Si, en cambio, reconoce que la iniciativa puede ser útil, pero exige que se someta a las reglas federales, entonces la discusión puede regresar al terreno institucional, donde debería haber estado desde el principio.

Claro que, en el terreno de las contiendas políticas, el oportunismo es la moneda de cambio. Ni tardos ni perezosos, los militantes de ese partido en Querétaro, como Santiago Nieto y Gilberto Herrera, entre otros personajes, hicieron sendas publicaciones atacando al gobernador de Querétaro, acusándolo de entreguista y traidor a la patria. En fin, que para algunos, con tal de sacar raja política, la vileza puede brotar sin pudor.

Para Claudia Sheinbaum también existe una oportunidad.

Puede utilizar este episodio para demostrar quién controla la política exterior y marcar distancia con un gobernador panista. O puede hacer algo mucho más útil: establecer las reglas, garantizar la supervisión federal y permitir que un proyecto potencialmente importante continúe bajo el marco jurídico correspondiente.

La segunda opción sería políticamente más inteligente.

Porque si la academia funciona, Querétaro podrá demostrar que es capaz de convertirse en referente nacional de profesionalización policial. Y si el Gobierno federal participa en su consolidación, podrá demostrar que su intervención no consistió en frenar una iniciativa, sino en garantizar que la cooperación internacional se desarrollara correctamente.

De esa forma todos ganamos.

Los únicos que perderían serían quienes necesitan una confrontación permanente para convertir cada diferencia institucional en una batalla entre partidos.

La ciudadanía, en realidad, tiene poco interés en saber quién tuvo la última palabra en esta discusión. Quiere policías mejor preparados, más inteligencia, mejor tecnología, instituciones más profesionales y mayor capacidad para enfrentar al crimen.

Por eso la política de llegar tarde resulta tan costosa. Primero permite que un proyecto avance sin que todas las instituciones parezcan estar alineadas; después convierte las diferencias en una disputa pública y, finalmente, obliga a los ciudadanos a escuchar una discusión que pudo haberse resuelto antes de que hubiera cámaras, discursos y titulares.

La primera piedra ya está puesta. Ahora corresponde hacer algo mucho más difícil que colocarla: construir.

Construir significa cumplir las reglas, corregir lo que deba corregirse, transparentar los convenios y definir con precisión el papel de cada institución. Kuri debe demostrar que su proyecto puede avanzar con plena legalidad. Sheinbaum debe demostrar que la supervisión federal puede ejercerse sin convertirla en confrontación política.

La ciudadanía no necesita otra batalla entre PAN y Morena. Necesita que las instituciones dejen de utilizar la seguridad como escenario de confrontación política y empiecen a tratarla como lo que es: un problema que afecta todos los días a personas reales.

Y los ciudadanos debemos exigir que ninguno de los dos convierta este episodio en otro pleito partidista sin consecuencias. No necesitamos saber quién colocó primero la piedra ni quién tuvo la última palabra. Necesitamos policías que sepan hacer su trabajo, instituciones que respondan a tiempo y gobiernos capaces de resolver antes de que los problemas lleguen a las cámaras.

La discusión política puede continuar todo lo que quieran. Pero la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más: que, esta vez, la seguridad avance más rápido que las disputas.

La política del reciclaje: Cambiar de partido no es cambiar Querétaro

Hay una escena que comienza a repetirse en Querétaro. Con el proceso electoral de 2027 en el horizonte, las redes sociales se llenan de rostros conocidos, mensajes de renovación y videos cuidadosamente producidos con discursos sobre el futuro. Algunos hablan de transformación; otros, de cambio; otros, de una nueva manera de hacer política.

Conviene detenerse un momento y preguntar:

¿Qué es exactamente lo "nuevo"?

Porque detrás de buena parte de esos discursos hay personajes que llevan años —en algunos casos, décadas— transitando por cargos públicos, partidos, candidaturas y estructuras de poder. Cambian las siglas, los colores, el discurso y, a veces, hasta el adversario. Lo que no necesariamente cambia es la trayectoria.

Una aclaración necesaria: aquí nadie acusa a nadie. Cualquier ciudadano tiene derecho a aspirar a un cargo público, tener patrimonio no es un delito y una investigación no es una condena. Pero quien pretende gobernar debe aceptar algo elemental: su pasado también forma parte de su currículum. Y quien pide el voto no puede pedir, además, que se borre su expediente público.

Trayectorias que piden explicaciones

Está el funcionario que construyó su prestigio alrededor del combate a la corrupción y la inteligencia financiera, y cuya declaración patrimonial es hoy objeto de amplio escrutinio periodístico. Reportes basados en ella estimaron bienes por alrededor de 40 millones de pesos, entre inmuebles, obras de arte y joyas, además de ingresos por asesorías. El interesado explicó públicamente que parte de ese patrimonio provenía de créditos, regalos de boda y herencias. La pregunta democrática no es si tener patrimonio es un delito, sino cuánta transparencia debe ofrecer quien aspira a gobernar en nombre del combate a la corrupción.

Está el empresario y exfuncionario federal que pasó de administrar un enorme fondo de recursos públicos —que, a decir de la presidenta de la República, era un mecanismo opaco y plagado de corrupción— en un gobierno priista a una candidatura por Morena. Su patrimonio inmobiliario, incluida una propiedad en Miami reportada en más de 6.5 millones de dólares, ha sido objeto de investigaciones periodísticas, y en 2022 se reportó una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de dinero. También ha enfrentado cuestionamientos por empresas y contratos públicos.

Está el dirigente con casi dos décadas al frente de un partido en Querétaro, cinco reelecciones consecutivas y una organización que, según información citada por medios locales, recibió cerca de 154 millones de pesos de financiamiento público durante ese periodo. La misma investigación recoge críticas académicas por concentración de poder y falta de renovación interna. ¿Puede presentarse como renovación quien construyó, durante casi dos décadas, una posición de control dentro de la política local?

Y está el exalcalde que, tras una larga trayectoria en el PAN, se incorporó a Movimiento Ciudadano y ha sido objeto de escrutinio por operaciones inmobiliarias cercanas al Aeropuerto Internacional de Querétaro. Una investigación académica de la UNAM documentó la adquisición de predios en esa zona, lo que, por sí mismo, no acredita irregularidad alguna. Pero la pregunta es legítima: ¿dónde termina la actividad privada y dónde empieza la obligación de explicar con absoluta claridad cualquier relación entre poder público, información privilegiada, desarrollo territorial y patrimonio?

También hay casos distintos, que conviene no mezclar. Una exlegisladora transparentó su declaración en 2015 mediante la iniciativa Candidato Transparente —dos inmuebles, un vehículo y ahorros—, aunque entonces recibió cuestionamientos periodísticos por inconsistencias en sus ingresos. Y en otro perfil las controversias son políticas y electorales: en 2023, el Tribunal Electoral determinó que ciertas expresiones dirigidas contra una política queretana contenían estereotipos de género y violencia simbólica.

Ninguno de los dos es una acusación de corrupción.

¿Qué tienen en común todos estos casos?

No necesariamente un delito. No necesariamente una fortuna inexplicable. No necesariamente es una incongruencia ideológica.

Tienen algo más sencillo y, quizá, más importante: una larga relación con el sistema político. Son políticos profesionales. Unos han cambiado de partido; otros, tejido alianzas con fuerzas distintas; otros, permanecido años en la misma estructura. Ninguno puede presentarse seriamente como un recién llegado.

Y ahí está el verdadero asunto. Mientras las redes producen a diario nuevos aspirantes, Querétaro debería hacerles una pregunta más exigente que «¿qué prometen?».

¿Dónde estuvieron y qué hicieron antes? ¿En qué forma mejoraron la vida de los ciudadanos? 

¿Dónde están las obras? ¿Las políticas públicas exitosas? ¿Las innovaciones institucionales? ¿Los resultados verificables que hayan mejorado de manera sustantiva la vida de los queretanos?

Porque gobernar no es producir contenido. Un video bien editado no es una política pública. La foto de un bache no es una obra. Un juego de palabras con su nombre o una consigna no es una estrategia de seguridad. Una promesa no es una plataforma. Una candidatura no es una trayectoria de resultados.

Un estado que no parte de cero

Esta discusión importa más porque Querétaro no parte de cero. El Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo coloca entre las entidades con competitividad muy alta y destaca su dinamismo en las industrias automotriz, aeroespacial y de centros de datos, así como su elevada complejidad económica.

En el ámbito urbano, el diagnóstico es todavía más interesante: el IMCO señala que Querétaro encabezó el grupo de ciudades de más de un millón de habitantes y avanzó cinco posiciones respecto de 2024. También destaca que 61.88 % de los ingresos de la ciudad son propios, frente a un promedio nacional de 28 %.

Eso no significa que Querétaro sea perfecto. No lo es. El propio IMCO advierte que un estado con una tasa tan alta de crecimiento poblacional, sobre todo por migración de otras entidades, enfrenta grandes desafíos. Precisamente por eso el debate debería ser más serio.

Querétaro tiene una ciudadanía exigente, y sabe distinguir entre criticar lo que funciona mal —algo indispensable en democracia— y proponer sustituir un modelo que ha generado ventajas competitivas sin explicar qué se hará mejor.

Quien quiera cambiar el modelo debe decir cuál propone, qué problema resolverá y qué evidencia demuestra que su alternativa funcionará. No basta con decir «hay que cambiar». Hay que explicar qué, cómo, con qué recursos, con qué resultados esperados y con qué experiencia que acredite la capacidad para hacerlo.

Y la misma vara aplica para quien aspire a continuar el modelo actual: también debe explicar qué corregirá, qué queda por resolver y qué resultados propios puede demostrar. La exigencia no distingue colores.

Por eso, frente a la avalancha de aspiraciones, quizá convenga bajar el volumen de los discursos y subir el de las preguntas. Y convertirlas en exigencias concretas:

Declaraciones patrimoniales y de intereses completas y públicas, controles de confianza y hasta pruebas psicológicas, antidoping y de polígrafo. 

Planes de gobierno con metas medibles y fuentes de financiamiento.

Debates basados en datos, no en consignas.

¿Cómo explican sus decisiones, sus alianzas y sus cambios de partido? ¿Qué propuesta concreta tienen para mejorar lo que Querétaro ya hace bien?

Y, sobre todo: ¿quieren cambiar Querétaro porque tienen una visión distinta de futuro o porque necesitan una nueva posición en el mapa del poder?

La respuesta, en una democracia madura, no debería depender de simpatías partidistas. Debería estar en los datos.

Un verdadero cambio no se demuestra cambiando de partido, de discurso o de fotografía de perfil. Se demuestra con seriedad, con argumentos y cambiando para bien la vida de los ciudadanos.

¿Soberanía, para quién?

Cuando hablamos de soberanía pensamos en fronteras, independencia y defensa frente a otras naciones. Pero existe una pregunta mucho más incómoda: ¿qué tan soberano es un país cuando sus ciudadanos no pueden ejercer plenamente sus derechos?

México sigue siendo jurídicamente un Estado soberano. El problema está en su soberanía efectiva: la capacidad real del Estado y de los ciudadanos para decidir, hacer cumplir la ley y limitar a quienes ejercen el poder.

El ejemplo más evidente es la intervención del crimen organizado en la política. Durante el proceso electoral de 2023-2024, Data Cívica registró 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas atacadas presuntamente por grupos criminales, 34 de ellas asesinadas. México Evalúa señaló además que la violencia política tuvo efectos sobre la participación electoral.

No hace falta que un grupo criminal gane una elección para alterar la democracia. Le basta con decidir quién puede competir, quién debe retirarse o quién puede hacer campaña sin ser amenazado.

Cuando el miedo condiciona el voto, la soberanía popular deja de ser plenamente libre.

La libertad de expresión enfrenta un problema semejante. Un periodista que deja de investigar por miedo no pierde únicamente su libertad: la pierde también la sociedad que depende de su trabajo para conocer los abusos del poder.

Y llegamos a la justicia.

La reforma judicial modificó radicalmente el sistema de selección de jueces y ministros y en 2025 se realizó la primera elección popular de personas juzgadoras. Quienes defienden el modelo argumentan que democratiza al Poder Judicial; sus críticos advierten riesgos de politización, falta de filtros homogéneos de idoneidad y debilitamiento de la independencia judicial.

La discusión no debería reducirse a si los jueces son electos o designados. La pregunta fundamental es otra: ¿puede existir justicia independiente si quien juzga necesita responder políticamente ante quienes pueden determinar su permanencia?

Una democracia necesita mayorías, pero también necesita instituciones capaces de ponerles límites.

Lo mismo ocurre con la participación ciudadana. Una consulta no es democrática únicamente porque se coloque una pregunta frente a los ciudadanos. Para que exista verdadera soberanía popular debe haber información suficiente, reglas confiables y, sobre todo, consecuencias transparentes.

Preguntar y después ignorar sistemáticamente la respuesta convierte la participación en simulación. Pero preguntar únicamente para legitimar una decisión previamente tomada produce el mismo resultado.

La soberanía popular no consiste en ser consultados. Consiste en que nuestra participación tenga consecuencias reales.

La dimensión económica tampoco puede ignorarse. México necesita recaudar para financiar seguridad, justicia, educación y servicios públicos, pero un sistema fiscal que desalienta la inversión y hace demasiado costosa la formalidad termina debilitando la capacidad del propio Estado.

Y sin capacidad económica tampoco hay verdadera autonomía.

Un país puede ser políticamente independiente y, al mismo tiempo, depender de otros para tecnología, inversión, mercados o determinados bienes estratégicos. La soberanía económica no significa encerrarnos, sino contar con suficiente capacidad productiva para que las decisiones fundamentales no dependan exclusivamente de factores externos.

Pero quizá el dato más revelador está en la justicia cotidiana.

La ENVIPE 2025 estimó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos y que 93.2% no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.

No significa que 93.2% de los delitos haya quedado impune. Significa que la llamada cifra oculta es gigantesca.

Y detrás de ella existe una conclusión devastadora: millones de mexicanos no consideran que denunciar produzca resultados suficientes.

Cuando el ciudadano deja de acudir al Estado, el Estado pierde autoridad y el delincuente gana espacio.

Por eso la soberanía mexicana no debería medirse solamente por nuestra capacidad de decirle a otros países que México es independiente.

También deberíamos preguntarnos si podemos garantizar elecciones libres de intimidación, periodistas capaces de investigar, jueces independientes, ciudadanos escuchados y víctimas que confíen en la justicia.

La soberanía no se pierde necesariamente cuando un ejército extranjero cruza una frontera. A veces comienza a perderse mucho antes y de manera casi imperceptible: cuando el ciudadano deja de denunciar, el periodista deja de investigar, el juez deja de resistir presiones y el elector deja de creer que su voto puede cambiar algo.

Un Estado puede conservar su bandera, su Constitución y sus fronteras y, sin embargo, haber cedido parcelas de su autoridad a la violencia, la impunidad, la corrupción o la conveniencia política.

La soberanía, al final, no es una palabra escrita en la Constitución. Es la capacidad de una sociedad para decidir su destino y hacer que esas decisiones sean respetadas.

Cuando esa capacidad se erosiona, el país sigue teniendo gobierno, elecciones e instituciones. Pero algo esencial comienza a desaparecer.

Y quizá la imagen más inquietante sea ésta:

Un país puede seguir ondeando su bandera mientras, poco a poco, deja de decidir lo que ocurre debajo de ella.

Ese es el verdadero riesgo. No que México deje de llamarse soberano, sino que un día descubramos que seguimos teniendo la bandera, pero ya no tenemos el poder efectivo para decidir qué significa vivir bajo ella.

México no es el gobierno

Hoy se conmemora el 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia. Vivir en Querétaro significa palpar los lugares históricos donde comenzaron los acontecimientos que dieron origen al movimiento insurgente y que, años después, nos dieron una nación independiente.

Por eso, celebrar las fiestas patrias desde Querétaro tiene un significado especial. Aquí no solamente recordamos la historia: caminamos sobre los lugares donde comenzó a escribirse.

Afortunadamente, quienes vivimos en Querétaro podremos celebrar este aniversario con algo que, desgraciadamente, ya no es común en nuestro país: seguridad y tranquilidad.

Esta semana tuve la oportunidad de saludar, mientras esperábamos la luz verde en un semáforo, a un par de elementos de la Policía Estatal. Aproveché para agradecerles su trabajo y compromiso.

Aquí tenemos cuerpos de policía confiables, profesionalizados y certificados. Lejos de tenerles miedo, como ocurre en otros estados, les tenemos respeto, aprecio y confianza.

Seguramente, como siempre ha ocurrido, las celebraciones del Grito de Independencia en nuestro hermoso Centro Histórico serán tranquilas y memorables.

Y esto no es producto de la casualidad.

La paz, la seguridad y la calidad de vida que gozamos en Querétaro, acompañadas de un desarrollo económico que ha convertido al estado en uno de los principales polos de inversión del país, son resultado de más de tres décadas de tomar decisiones correctas.

También son resultado de una ciudadanía crítica, exigente, pero inteligente, que sabe que lo construido en Querétaro es demasiado valioso como para darlo por sentado.

Y, sobre todo, sabe que debe defenderse.

Más aún en estos tiempos, cuando la inseguridad se ha extendido por buena parte del país y existen cada vez más señalamientos sobre una posible colusión entre integrantes de instituciones mexicanas y grupos criminales y del narcotráfico, acusaciones que incluso llegan desde Estados Unidos.

Lo preocupante no son solamente esos señalamientos. También lo es la erosión institucional que hemos vivido.

Se han perdido contrapesos y se ha debilitado la separación de poderes. Los mecanismos de la República que deberían impedir la corrupción y la vinculación entre el Estado y los grupos criminales han sido demolidos en los últimos años.

Por eso no sorprende que la ciudadanía reaccione.

En Querétaro vimos un ejemplo con la aparición de lonas que aludían a casos emblemáticos, como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y exigían investigar estos hechos.

Esta misma semana tuve la oportunidad de hablar en Enlace Creativo con representantes de un grupo de ciudadanos activistas que, preocupados por este escenario, recaban firmas en diferentes puntos de la ciudad para respaldar la iniciativa del gobernador Mauricio Kuri González para establecer un protocolo contra los narcocandidatos.

La propuesta busca que todos los partidos y sus militantes que pretendan ser candidatos hagan públicas sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, además de someterse a controles de confianza, incluida una prueba de polígrafo.

El propio gobernador ya se sometió a ella, poniendo el ejemplo.

La propuesta provocó inconformidades y molestias entre algunos grupos políticos y personajes que pretenden competir en las próximas elecciones.

Por algo será.

Curiosamente, en este mismo tema se anunció que el senador Adán Augusto López será el encargado de revisar los filtros de los candidatos de Morena.

Suena paradójico cuando él mismo ha sido señalado por presuntos vínculos con grupos criminales. Particularmente por el caso de quien fue su secretario de Seguridad durante su gobierno en Tabasco, actualmente procesado por su presunta pertenencia o liderazgo en La Barredora, grupo relacionado con narcotráfico, extorsión y robo de combustible, entre otros delitos.

Pareciera irónico que alguien tan cuestionado sea el encargado de revisar si los candidatos de Morena son honestos y no están comprometidos con el crimen organizado.

Como dicen por ahí, pareciera como poner al perro a cuidar la barbacoa.

Y todavía hay más.

Con el nombramiento de los llamados defensores de la Cuarta Transformación, pareciera que Morena quiere mandar un mensaje nacional: está dispuesto a entregar todavía más espacios del Estado a personajes cuestionados o, de plano, a institucionalizar la corrupción.

El nombramiento que más escozor ha causado, no solamente en Querétaro sino en todo el país, es el de Santiago Nieto.

Es un personaje cuestionadísimo por escándalos, polémicas, acusaciones e investigaciones relacionadas con su proceder en distintas posiciones dentro del gobierno, sus vínculos y la forma en que acumuló una importante fortuna y propiedades después de su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera.

También está el episodio que terminó con su salida de la UIF durante el gobierno de López Obrador, después del escándalo por su boda con la actual consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, en Guatemala, los excesos que se hicieron públicos y el problema aduanal relacionado con el traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Pareciera que Morena apuesta al olvido de estos escándalos o, peor aún, al cinismo de un sector de la población que, mientras reciba apoyos sociales o se sienta beneficiado, no tiene reticencia en respaldar a estos personajes.

Ahora Santiago Nieto se coloca como víctima porque diputados locales de Querétaro señalan que la Legislatura no debe ser escenario de campañas ilegales y anticipadas, como hasta ahora ha aprovechado este personaje con las facilidades de los diputados de la llamada 4T.

Ahora dice que atacan su libertad de expresión.

Resulta curioso.

Cuando estuvo en la cima del poder federal, al frente de la UIF, no tuvo contemplación para congelar cuentas de empresarios y políticos incómodos para el oficialismo. La Unidad de Inteligencia Financiera terminó convertida, desde mi punto de vista, en una herramienta para atacar adversarios.

El mismo caso sucede con el defenestrado, incluso por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, José María “Chema” Tapia.

Ya fue candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Querétaro y nuevamente ha manifestado esa intención. Es uno de los funcionarios públicos cuyo enriquecimiento inexplicable resulta más evidente. Todo el mundo lo conoce como un magnate.

Desde la propia Presidencia de México se han señalado los cuestionamientos relacionados con su paso por el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ahora también han salido a la luz denuncias sobre contratos multimillonarios otorgados a sus empresas durante la pandemia para suministrar ventiladores y equipos auxiliares respiratorios, con señalamientos de sobrecostos y cuestionamientos sobre el pago del IVA derivado de esas operaciones.

Sin embargo, el secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro “Alex” Pérez, ya había señalado que la razón para que Chema Tapia fuera candidato tenía que ver con su gran capacidad económica.

Así se las gastan.

Y Santiago Nieto sigue sumando rechazos.

Esta semana se reunió con Mayra Dávila la lideresa del grupo feminista Adax Digitales, la misma que cuando era estudiante de la UAQ provocó una alerta ALBA porque al parecer se pasó de fiesta en una escapada sin avisar a la playa y que ahora comanda las huestes de gladiadoras peliazules que cada 8 de marzo nos hacen favor de vandalizar la ciudad y son las principales promotoras del aborto.

Pero, en fin, supongo que para Santiago Nieto, y con la fama que se carga, cualquier personaje suma, aunque sea rechazo.

Y hablando de rechazo, también crece el descontento hacia las autoridades federales por el interminable problema de la carretera 57 a la entrada de Querétaro.

Las obras han provocado verdadero caos, sobre todo en la zona sur de la ciudad.

Pero en lugar de aceptar responsabilidades y encontrar soluciones, lo único que se les ocurre decir es que se trata de un sabotaje del gobierno del PAN para afectar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No solamente es falso; ni siquiera hace falta inventar un sabotaje.

Ahí están las obras del Tren México-Querétaro, la evidente deforestación, las complicaciones en los tramos que afectan a la ciudad e incluso el intento de pintar estructuras con los colores de su partido.

Todo está a la vista.

Mientras tanto, los escándalos surgen todos los días dentro y fuera del país y el rechazo hacia Morena sigue creciendo.

La respuesta de los militantes de la 4T y de la presidenta, que lleva la batuta de los propagandistas del gobierno, parece ser envolverse en la bandera como los Niños Héroes, alegando una intervención norteamericana.

Habría que recordarles que ni los estadounidenses están invadiendo México ni México es su gobierno.

México no es Morena.

México no es Claudia Sheinbaum.

México somos los mexicanos.

Somos los ciudadanos que trabajamos todos los días para sacar adelante a nuestras familias sin causarle mal a nadie.

Por eso es necesario distinguir entre defender a México y defender a un gobierno.

Pareciera que toda la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y su maquinaria de propagandistas, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas, sobre la defensa de la soberanía y la no intervención tiene también otro propósito: preparar a sus bases para el golpe que saben que puede venir desde las instancias de justicia norteamericanas.

Cada vez son más las personas vinculadas con organizaciones criminales que se han entregado voluntariamente para buscar acuerdos y entregar información sobre posibles vínculos entre los cárteles del narcotráfico y las instituciones mexicanas.

Si esa información llegara a involucrar a funcionarios o estructuras del Estado, las consecuencias podrían ser enormes.

Se le ve a la presidenta desencajada, con un gesto y una mirada cada vez más duros y, en ocasiones, perdidos; con un discurso también cada vez más agresivo.

Pareciera que están preparando a sus bases para el golpe que desde Estados Unidos seguramente llegará.

Y si Donald Trump utiliza electoralmente este tema, seguramente estará preparando una acción de enorme repercusión mediática que podría provocar un sismo profundo en el actual gobierno de México.

Habrá que esperar.

Mientras tanto, en Querétaro tenemos otra realidad.

Toda la semana pasada el gobernador Mauricio Kuri compartió en sus redes sociales historias con ejemplos de los avances y resultados logrados durante sus cinco años de gobierno.

Los resultados están a la vista: reducción de la pobreza, aumento de programas sociales, una transformación histórica del transporte público metropolitano, mayor percepción de seguridad en los municipios y una economía que crece prácticamente al doble de la del país.

Querétaro ha atraído inversiones de corporativos internacionales como Amazon, Google y Microsoft, además de empresas automotrices y aeroespaciales.

También está el sistema de salud pública.

Hoy parece confirmarse que fue una muy buena decisión no incorporar a Querétaro al sistema federal de salud, que ha resultado un fracaso y ha dejado a millones sin acceso adecuado a servicios médicos.

Los contrastes son evidentes.

También en educación.

México acaba de recibir los resultados de PISA y obtuvimos como país algunos de los peores resultados de nuestra historia. Los retrocesos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora son preocupantes.

Cada vez hay más rezago escolar y, además, una educación pública ideologizada, creada no para enseñar y permitir que los mexicanos salgan adelante, sino para adoctrinar y mantenerlos dependientes del gobierno, sin desarrollar las estructuras mentales necesarias para pensar críticamente.

Incluso algunos de los llamados autores intelectuales de la Nueva Escuela Mexicana terminaron siendo defenestrados, como el izquierdista radical Marx Arriaga o aquella maestra de patética memoria que, en una mañanera, protagonizó su espectáculo del “lerolero, candilero”, mientras explicaba por qué los estudiantes no debían aspirar necesariamente a superarse ni a tener buenas calificaciones.

Es un modelo de pensamiento parecido al que mostró recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum cuando explicó desde su pedestal intelectual que el crecimiento económico no es bueno porque causa contaminación.

Pero aquí, nuevamente, Querétaro demuestra que existe otra visión.

Nuestros resultados educativos han sido destacados. Somos primer lugar nacional en la cantidad de estudiantes que comienzan la escuela y terminan hasta la licenciatura.

Las instalaciones educativas y deportivas están en buenas condiciones, sigue creciendo la infraestructura y se apoya a los estudiantes con becas, uniformes, útiles y hasta equipos digitales como laptops.

Pero quizá lo más importante es el modelo de sinergia entre gobierno, universidades e industria.

Las universidades públicas tienen las carreras y matrículas que actualmente necesita la industria establecida en Querétaro para preparar técnicos y profesionistas capaces de competir con todo el mundo.

Esta relación entre gobierno, universidades e industria ha sido fundamental para el desarrollo económico del estado.

Es otra visión de país.

A manera de cierre, tuve la oportunidad de platicar con uno de los periodistas y analistas políticos más aguzados y experimentados radicados en Querétaro.

Hablamos de la política local, de los tiempos y de los momentos que vivimos.

Coincidimos en que, ahora que comienza el último año del gobierno de Mauricio Kuri y ya concluido su informe de resultados, pareciera que el trayecto de los aspirantes del PAN está llegando a buen puerto.

Todo indica que, sin damnificados, el partido podrá apoyarse en las fortalezas estructurales del modelo queretano, en los resultados del gobernador y los alcaldes de su partido y en una preferencia electoral que prácticamente durante todo un año se ha mantenido en más de dos dígitos.

Pareciera que la trayectoria de los suspirantes a las candidaturas del PAN en Querétaro llegará a buen puerto y que no habrá damnificados.

La unidad del partido se ha trabajado desde hace tiempo, conjuntamente con la dirigencia nacional. El reciente evento donde líderes de grupos aparentemente encontrados e irreconciliables aparecieron juntos, levantándose mutuamente la mano, es una señal clara.

El PAN sabe de sus fortalezas.

Sabe que lo único que necesita es no equivocarse.

Las decisiones más lógicas y razonables serán las que brinden mejores resultados.

Tocará esperar los anuncios oficiales.

Nos espera un año muy intenso de actividad y campañas políticas.

Hace unos días pregunté en mis redes sociales si quienes me hacen favor de leerme hablan de política en familia y con sus hijos, aunque sean menores de edad.

Casi cien personas respondieron que sí, que lo hacen frecuentemente y que en estos tiempos lo consideran todavía más importante.

Eso me da gusto.

Yo hago lo mismo en casa.

Porque es necesario formar conciencia cívica y ciudadana.

Votar no solamente es un derecho; también es una obligación.

Pero nuestra responsabilidad va mucho más allá del día de la elección.

Tenemos que observar lo que ocurre antes, conocer los perfiles de quienes pretenden gobernarnos, revisar sus antecedentes, sus intereses, sus resultados y sus compromisos.

Porque la Independencia que hoy celebramos no pertenece a un gobierno ni a un partido.

Tampoco la libertad puede darse por sentada.

Las instituciones no son eternas. La seguridad no aparece por casualidad. El desarrollo económico tampoco.

Todo se construye y todo puede perderse.

Querétaro tiene mucho que celebrar: historia, seguridad, instituciones, desarrollo, universidades, industria y ciudadanos que trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias.

Pero también tiene algo que defender.

Porque México no es su gobierno.

México no es un partido.

México somos todos.

Y quizá este aniversario de la Independencia sea un buen momento para preguntarnos no solamente qué país heredamos, sino qué país estamos construyendo y qué estamos dispuestos a hacer para defenderlo.

Gracias por su atención, gracias por leerme y, como siempre, gracias por sus comentarios.

Querétaro pone el ejemplo

¿Y si gobernar no fuera repartir culpas, sino asumir responsabilidades?

Esa pregunta, tan simple que incomoda, separa al modelo de Querétaro de lo que Morena ha querido vender como receta única para México. Por un lado, un gobierno federal que explica cada tropiezo apelando al pasado, al neoliberalismo, a los conservadores, a la prensa o a los jueces de antes. Por otro, un gobierno estatal que ha optado por algo menos vistoso, pero infinitamente más útil: medir el problema, decidir y hacerse cargo del resultado. Lo curioso es la asimetría. Uno administra un relato y el otro administra un estado.

Mauricio Kuri llega a su quinto informe con cifras, no con consignas. Más de 139 mil millones de pesos de inversión en 233 proyectos y más de 63 mil empleos derivados de ellos. Una reducción de 59 por ciento en pobreza extrema y de 48 por ciento en pobreza general. Un sistema de transporte que pasó de 457 unidades a más de mil y que escaló del lugar 24 al segundo nacional en satisfacción de los usuarios. Cerca de cuatro mil millones de pesos invertidos en casi 400 obras de infraestructura.

Son datos verificables, no eslóganes de tarima.

Aquí aparece una de las falsas dicotomías que el oficialismo repite hasta el cansancio. La idea de que hay que elegir entre crecer y cuidar a la gente, entre atraer inversión y ser justos, entre el mercado y el pueblo. Querétaro ha demostrado que esa disyuntiva es, en buena medida, artificial. Se puede crecer con responsabilidad social.

No hace falta convertir al gobierno en empresario para que la economía funcione. Basta con generar condiciones de seguridad, certeza jurídica e infraestructura para que otros inviertan, produzcan y generen empleo. Parecería obvio. Desafortunadamente, en México lo obvio también necesita explicación.

Morena tiene, hay que reconocerlo, una fortaleza política real en los programas sociales. Negarlo sería absurdo. Millones de personas reciben apoyos concretos y los agradecen. Pero existe una pregunta que el oficialismo rara vez quiere responder. ¿Qué ocurre cuando la transferencia permanente se convierte en la principal idea de desarrollo de un país?

Un país no puede repartir indefinidamente una riqueza que no se genera y la economía de México ya lleva varios años estancada. La población necesita programas sociales, desde luego, pero también inversión, productividad y educación de calidad. La política social debe ayudar a las personas a salir adelante, no convertirse en el sustituto permanente de una economía capaz de generar oportunidades.

La educación ofrece uno de los contrastes más evidentes.

En la evaluación PISA 2025, México registró algunos de sus peores resultados históricos, particularmente en matemáticas y comprensión lectora. Ante un resultado incómodo, la tentación parece ser cuestionar el examen antes que preguntarse qué está fallando en las aulas. Es una estrategia peculiar. Cuando el termómetro marca fiebre, aparentemente la solución consiste en discutir con el termómetro.

En contraste, Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en escolaridad y reducción del rezago, y el tercero en menor abandono en educación media superior. La apuesta ha sido generar mejores condiciones para que los jóvenes estudien y encuentren oportunidades reales.

Se han mejorado las instalaciones educativas en todo el estado, se crean escuelas de tiempo completo y se apoya a los estudiantes con uniformes, útiles, equipos de cómputo y becas. También se ha ampliado el transporte escolar gratuito y la cobertura de la tarifa preferente de dos pesos para estudiantes.

El estado ha desarrollado un sistema educativo con bachilleratos y universidades especializadas para preparar a los jóvenes con los conocimientos y las habilidades técnicas que requieren industrias como la automotriz, aeroespacial y tecnológica, además de sectores como el turismo.

La diferencia no es menor. Ayudar a un estudiante a permanecer en la escuela es indispensable, pero también lo es desarrollar talento con una visión clara sobre el futuro.

En salud ocurre algo parecido.

El Seguro Popular fue criticado y desapareció. Llegó el INSABI como la gran promesa y también desapareció. Cambian los nombres, se reorganizan las instituciones y se anuncian nuevos modelos. Morena ha criticado reiteradamente la decisión del gobernador de Querétaro de no incorporar el sistema estatal de salud a esos esquemas federales.

El tiempo, al menos en este caso, parece haber dado argumentos a quienes defendieron aquella decisión. El sistema de salud pública de Querétaro se mantiene entre los mejor evaluados del país, con una amplia cobertura y atención de diversas especialidades, pese a la presión que representa el crecimiento acelerado de la población, impulsado en buena medida por la migración proveniente de otras entidades.

Hay aquí otro ejemplo paradigmático. La Federación prometió resolver el desabasto de medicamentos —que el propio gobierno federal había contribuido a agravar— mediante una megafarmacia. La promesa fue enorme; los resultados, bastante menos.

En Querétaro, en cambio, se puso en operación el Centro Estatal de Distribución de la Secretaría de Salud, con abasto de medicamentos de alta especialidad, lo que permitió elevar el porcentaje de recetas surtidas del 75 al 95 por ciento.

Al final, la pregunta ciudadana es mucho más sencilla que cualquier discurso político:

¿Dónde sí hay medicamentos, médicos y atención de calidad cuando se necesitan?

Y luego está la seguridad, un terreno donde ningún discurso alcanza para maquillar la realidad.

El crimen organizado conserva capacidad territorial, económica y política en distintas regiones del país, mientras la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En ese contexto, la seguridad que mantiene Querétaro no puede explicarse simplemente como producto de la casualidad.

El 100 por ciento de los policías del estado está certificado con controles de confianza. Se incorporaron 800 nuevos policías, se adquirieron 260 nuevas patrullas, se invirtieron 126 millones de pesos en capacitación de policías estatales y municipales y 634 millones en equipamiento y tecnología. También se construyó el RHINO, presentado como uno de los centros de seguridad táctica más modernos y tecnológicos de Latinoamérica.

Querétaro tampoco es una isla ajena a los riesgos del país. Pero no vive los niveles de violencia, extorsión y control territorial del crimen organizado que padecen otras entidades. La población puede desarrollar sus actividades cotidianas con un nivel de seguridad que, desgraciadamente, hoy es una excepción en buena parte de México.

En un contexto nacional marcado por escándalos de corrupción, desfalcos, huachicol fiscal y denuncias, tanto nacionales como internacionales, sobre posibles vínculos entre políticos y organizaciones del narcotráfico, la exigencia de transparencia adquiere una relevancia todavía mayor.

En materia de administración de los recursos públicos, Querétaro también ha marcado una diferencia. Durante varios años consecutivos se ha ubicado en los primeros lugares en la revisión de sus cuentas públicas, con altas calificaciones crediticias y una de las mejores percepciones de ausencia de corrupción del país.

Por ello, desde Querétaro se ha decidido poner el ejemplo.

Frente a ese desafío, Mauricio Kuri propuso un Protocolo Antinarcocandidatos. La idea parece elemental. Quien aspire a administrar recursos públicos y tomar decisiones relacionadas con la seguridad debería estar dispuesto a demostrar que no tiene nada que ocultar.

Lo relevante es que Kuri no se limitó a proponerlo desde la comodidad del discurso. Se sometió él mismo a una prueba de control de confianza. Eso, en política, se llama congruencia. Una palabra que pierde popularidad cuando resulta más cómodo exigir transparencia desde la tribuna que practicarla en carne propia.

La pregunta de fondo no es si un polígrafo puede resolver, por sí solo, el problema del crimen organizado en la política. Evidentemente no. La verdadera pregunta es si los partidos, comenzando por el que gobierna la mayor parte del territorio nacional, están dispuestos a construir filtros reales para impedirle el paso al crimen organizado.

Porque el poder no solo debe conquistarse. También debe merecerse.

Querétaro tampoco es perfecto. Tiene pendientes importantes en materia de crecimiento urbano, movilidad, agua y desigualdad. Ninguno de ellos desaparece con un informe bien presentado. Negarlo sería caer precisamente en aquello que tantas veces se critica al oficialismo: confundir la propaganda con la realidad.

Pero reconocer los problemas no significa negar los resultados.

Una carretera funciona o no funciona. Un estudiante aprende o no aprende. Un hospital atiende o no atiende. La seguridad se garantiza o se pierde. La pobreza disminuye o aumenta.

Los resultados no tienen ideología.

Por eso Querétaro resulta incómodo para quienes insisten en que solo existe un camino posible para gobernar México. La experiencia del estado demuestra que se puede atraer inversión sin abandonar la responsabilidad social, generar empleo sin depender exclusivamente del gobierno y enfrentar los problemas sin convertir cada fracaso en una oportunidad para repartir culpas.

Gobernar exige algo más difícil que construir enemigos convenientes. Exige tomar decisiones y responder por sus consecuencias.

En Querétaro todavía hay mucho por hacer. Pero, hasta ahora, los resultados hablan por sí mismos y el modelo queretano ha lanzado un reto de transparencia de cara a los ciudadanos, precisamente a quienes deberán decidir quién merece ocupar una posición de gobierno.

Ahora corresponde a los ciudadanos evaluar a cada quien por sus resultados, pero también por la disposición que muestre frente a las exigencias de transparencia que demandan los tiempos que vive México.

Porque al final de cuentas, gobernar no consiste en explicar por qué las cosas salieron mal.

Consiste en lograr que salgan bien.

Santiago Nieto: del expediente a la boleta

¿Puede alguien construir una carrera entera persiguiendo el dinero de los demás y criticando el proceder de otros sin esperar que se cuestione el suyo?

Santiago Nieto Castillo parece haber aplicado la misma fórmula de la farándula para construir su fama: cada escándalo en el que ha estado involucrado ha hecho más conocido su nombre.

El investigador que hizo temblar a políticos con solo abrir un expediente es el mismo hombre que hoy tiene que explicar bodas, propiedades y créditos como si fuera él quien estuviera del otro lado del expediente. Lo curioso es la ironía: todo lo que Nieto utilizó para medir a otros ahora se utiliza para medirlo a él.

El técnico que nunca dejó de querer ser político

Empezó como jurista serio, académico, distante del ruido. La FEPADE le dio prestigio y le dio también su primera contradicción: vínculos previos con actores políticos que su imagen de “técnico independiente” nunca terminó de explicar.

Después llegaron Arturo Escobar, Emilio Lozoya y Odebrecht. Y con Lozoya llegó su salida.

Para unos, lo corrieron por incómodo. Para otros, cruzó una línea institucional que un fiscal no debía cruzar. Da igual cuál versión se prefiera: el resultado fue el mismo. Nieto sacó ventaja para sí mismo y dejó de ser funcionario para volverse personaje público.

Seguir el dinero, hasta que el dinero fue el suyo

En la UIF, Nieto tuvo acceso a lo más sensible que puede tener un Estado: la trazabilidad del dinero de cualquiera. Transferencias, empresas, cuentas, propiedades.

Su nombre quedó ligado a investigaciones de alto perfil. También quedó ligado a una pregunta que nunca se fue: ¿investigaba con el mismo rigor a todos o solo a quienes le convenía investigar?

Los casos contra figuras como Francisco García Cabeza de Vaca alimentaron la sospecha de una justicia con nombre y apellido político.

No hay resolución que acredite un uso faccioso de la UIF. Tampoco hay manera de borrar la percepción. Y en política, la percepción no se apela: se paga.

Ahora que el investigador quiere ser candidato, sus viejas investigaciones dejan de ser historia y se convierten en currículum. La pregunta ya no es qué investigó. Es cuánta de esa exposición institucional terminó, sin querer o queriendo, convertida en capital político.

Él pasó años haciendo esa pregunta. Ahora le toca vivir con ella.

Guatemala, o cuando la austeridad se conflictuó con el lujo a la Antigua

La boda con Carla Humphrey no necesita convertirse en delito para convertirse en problema. Vuelos privados, invitados de peso, efectivo en un avión vinculado a los asistentes: ese es el tipo de episodio que no se resuelve con un “no hay ilegalidad”, porque el reclamo nunca fue legal. Fue político.

Nieto era parte de un gobierno que hizo de la austeridad su bandera. Y protagonizó, con su propia boda, el retrato exacto de lo que ese gobierno decía combatir.

¿Qué habría dicho el propio Nieto si el funcionario de la boda hubiera sido de otro bando? Probablemente habría exigido explicaciones.

El cazador explicando su propio patrimonio

Y entonces el escrutinio se le devolvió completo. Preguntas periodísticas, denuncias, cuestionamientos sobre propiedades. Nieto respondió con información pública y con la explicación de siempre: créditos, recursos legales, nada fuera de la norma.

Puede ser cierto. La duda razonable no equivale a sentencia. Pero para Santiago Nieto el problema nunca fue solo jurídico. Fue simbólico. El hombre que preguntó “¿de dónde salió el dinero?” tuvo que responder “¿y de dónde salió el mío?”. Por cierto, nunca ha quedado claro.

Es una contradicción que él mismo fabricó, pregunta por pregunta, expediente por expediente.

Del expediente a la boleta

El fiscal. El investigador. El titular de la UIF. El procurador. Hoy, el aspirante.

Tiene derecho a buscar la gubernatura de Querétaro, por supuesto. La ambición no es el pecado. El pecado, si acaso, es la coincidencia: durante años investigó a quienes buscaban el poder. Ahora lo busca él. Y esa transición deja preguntas que su campaña en Querétaro no podrá esquivar: ¿sus investigaciones fueron independientes de sus ambiciones o algunas de ellas construyeron, a propósito, el capital político que hoy quiere cobrar en votos? Y durante todo ese tiempo, ¿cuándo se arraigó en Querétaro y qué hizo en favor del estado que pretende gobernar?

El conflicto como método

Confrontación con actores políticos. Investigaciones mediáticas. Acusaciones cruzadas. Disputas públicas. Como fiscal podía darse el lujo de no ser querido; como candidato, no. Un candidato necesita convencer y conciliar, sobre todo cuando se enfrenta a la muy poca militancia que Morena ha podido sumar en Querétaro y a una militancia a la que otra vez le volverán a imponer al candidato, con la división que implica construir y tender la cama para que otro llegue a dormir en ella.

La paradoja de la vara con la que mediste

Al final, Santiago Nieto no necesita enemigos que inventen una historia en su contra. Su historia ya viene completa: FEPADE, Lozoya, la sospecha de justicia selectiva en la UIF, la boda de Guatemala, el patrimonio bajo la lupa, el salto de investigador a candidato, el desarraigo.

Así que el técnico terminó político, el investigador terminó investigado, el austero terminó ostentoso y quien seguía el dinero de otros terminó teniendo que explicar el propio.

Y el hombre que hizo carrera con una lupa puesta sobre los demás ahora tiene una lupa sobre él. Y sus adversarios no necesitarán inventar una sola regla nueva; les bastará con aplicar las que él mismo escribió.

Querétaro busca cerrar la puerta a narcocandidatos

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, ha decidido hacer algo que a buena parte de la clase política mexicana le resulta incómodo: exigir que quien aspire a un cargo de elección popular demuestre, con hechos verificables y públicos, que no tiene nada que ocultar.

Su “Protocolo Único Antinarcocandidatos”, conocido como la “Declaración 6 de 6”, exige a todo candidato de cara a 2027 someterse a un escrutinio que eleva el estándar ético vigente: declaración patrimonial completa —cuentas en el extranjero, inversiones, criptomonedas—, declaración fiscal, ausencia de conflicto de interés, constancia de no antecedentes penales, constancia de no ser deudor alimentario, prueba toxicológica negativa, verificación patrimonial independiente a cargo del Colegio de Contadores y examen con polígrafo aplicado por una instancia con acreditación internacional.

Todo debe ser público y transparente. Para que sea la ciudadanía, y no los aparatos partidistas, quien decida con información real quién merece su voto.

¿Por qué ahora? Porque Querétaro es, en medio del huracán de violencia e infiltración criminal que azota a México, uno de los pocos oasis de paz y legalidad que aún quedan en pie, y porque el detonante fue innegable: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentó acusaciones de vínculos con el crimen organizado y solicitó licencia justo en las fechas en que Kuri presentó su propuesta. No es coincidencia. Es la prueba de que el riesgo de infiltración criminal no es una amenaza abstracta: ya opera en el corazón del poder.

Y, sin embargo, el oficialismo mexicano parece empeñado en normalizar, a fuerza de cinismo y evasivas, esa misma infiltración.

Por un lado, Morena ha preferido mirar hacia otro lado cuando el narco toca la puerta de sus propios gobiernos: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son investigados por Estados Unidos y ya les fueron revocadas las visas, señalados por vínculos con el crimen organizado y con el tráfico de combustible; Rocha Moya se convirtió en el rostro más visible de una crisis de legitimidad que su partido no puede seguir maquillando con discursos.

A esa lista se sumó, hace apenas unos días, un nombre que golpea el núcleo mismo del movimiento: Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos le canceló la visa por instrucciones de Marco Rubio y Christopher Landau. Su respuesta fue una carta cargada de adjetivos —calificó la medida de “politiquera”, “propagandística” y “al estilo hitleriano”—, pero ninguna explicación sobre el fondo del asunto. Es el mismo guion que ya conocemos: cuando el señalamiento toca a los suyos, no se investiga ni se aclara; se victimiza y se grita persecución. Y no deja de ser revelador que la cancelación llegara apenas meses después de que fiscales federales en Nueva York acusaran a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el propio Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por otra parte, cuando alguien propone filtros reales, Morena en Querétaro y desde las posiciones nacionales responde con la fórmula de siempre: restar importancia y desviar el tema. Su reacción ha sido decir que los requisitos “ya están en la ley” y que la propuesta “es solo politiquería”: lo que no les conviene, lo minimizan. Pero, en la realidad, Morena vive un cisma por proteger a sus políticos incómodos, que obligó a Rocha Moya a desistir en menos de 24 horas de su intento por regresar como gobernador, presionado por su propio partido y, seguramente también, por las señales que llegaron desde Estados Unidos, justo cuando Terry Cole, director de la DEA, acababa de declarar que el gobierno de México tiene funcionarios de alto nivel vinculados directamente con los cárteles.

Combatir la infiltración criminal en la política es perfectamente legítimo. Lo curioso es la asimetría: mientras en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas la sospecha internacional ronda a gobernadores del propio partido en el poder, y hasta al hijo del expresidente le retiran la visa, en Querétaro cualquier exigencia de transparencia se presenta casi como una ofensa personal. ¿En verdad creen que “ya está en la ley” cuando esa misma realidad demuestra lo contrario? Rocha Moya llegó al poder con todos los filtros legales que hoy Morena considera suficientes y, aun así, terminó como el símbolo más visible de la sospecha que persigue a su gobierno. El riesgo de infiltración no distingue colores partidistas, pero cuando los señalamientos más serios recaen justamente sobre gobernadores y hasta sobre la propia familia presidencial de un mismo partido, y ese partido responde con evasión en lugar de autocrítica, la sospecha deja de serlo y se vuelve un patrón.

Morena presenta cualquier exigencia de transparencia como un ataque partidista y no como lo que realmente es: un estándar mínimo de decencia democrática. Su discurso diluye el problema central —la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y en los gobiernos—, convirtiéndolo en una discusión abstracta sobre “corrupción en general”, mucho más cómoda que el hecho de que altos funcionarios de su propio partido, y ahora hasta un hijo del propio expresidente, están bajo la lupa de autoridades extranjeras. Esos mismos que se dicen enemigos de la corrupción, cuando se les pide abrir sus patrimonios, descubren que la transparencia “es más moral que jurídica”: la misma indignación selectiva que haría ruborizar al legislador que redactó la “3 de 3”, porque el combate a la corrupción que tanto pregonan está muy bien, solamente cuando no les toca a ellos.

La ruin consecuencia de esa evasión sería, además de facilitar que el crimen organizado siga encontrando refugio en los gobiernos, robarle a la ciudadanía el derecho a saber quién la gobierna y, algo todavía más peligroso, la confianza entre el poder y quienes lo eligen. Como si la legitimidad de un gobierno no dependiera de someterse voluntariamente al mismo escrutinio que exige a los demás. Por eso, reducir el debate a “ya está en la ley” frente a “estándares innecesarios” no es argumento jurídico: es simplificación política. Querétaro puede ser, a la vez, respetuoso de la ley vigente y exigente de estándares más altos; reconocer que las reglas mínimas no bastaron en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas no obliga a inventar un enemigo, obliga a no repetir el mismo error.

Y ahí aparece la contradicción de fondo: el mismo Morena que desapareció al INAI y reservó bajo “seguridad nacional” miles de documentos incómodos —del Tren Maya a la Megafarmacia del Bienestar— es el que impulsa la CURP biométrica, la “Ley Espía” y la geolocalización sin orden judicial para vigilar al ciudadano de a pie. Opacidad para sí mismos, transparencia forzada para todos los demás: ese es el verdadero doble estándar que debería incomodarlos.

La iniciativa de Kuri contiene principios que favorecen la salud democrática: transparencia, rendición de cuentas y confianza pública, que hacen a las instituciones más creíbles y difíciles de infiltrar. El problema para quienes prefieren el mínimo escrutinio es que una ciudadanía informada es más difícil de sorprender. Por eso, Morena en Querétaro opta por los principios contrarios: minimización en lugar de autocrítica, evasión en lugar de transparencia, evasión y distractores en lugar de rendición de cuentas.

Frente a la pregunta incómoda de por qué les molesta tanto un filtro que ellos mismos podrían pasar sin problema si nada tienen que ocultar, la respuesta oficial ha sido, otra vez, la diatriba ya preparada de que se trata de un ataque político. Resulta irónico que quienes hoy gobiernan estados bajo sospecha internacional —y hasta los más cercanos al expresidente— sean los primeros en decir que no hace falta más luz.

Exigir transparencia no es vulnerar a nadie; es simplemente conocer, desde la verdad, quién administra el poder que la ciudadanía le confía. Si esa lógica de la sospecha selectiva aplicara desde la visión de quienes hoy gobiernan Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, tal vez convendría preguntarles a ellos, y no a Querétaro, por qué la transparencia les incomoda tanto.

Del Paso de Cortés al Paso de los Pueblos indígenas, o reflejar a quién veneras

El oficialismo en México parece empeñado en reescribir la identidad mexicana a machetazos de símbolos.

Por un lado, Morena ha cuestionado o desplazado referentes de la herencia hispánica: Andrés López Obrador exigió a España y al papa pedir perdón por la Conquista; se retiró la estatua de Cristóbal Colón; el 12 de octubre pasó de “Día de la Raza” a “Día de la Nación Pluricultural” y después a “Día de la Resistencia Indígena”; la caída de Tenochtitlan se convirtió oficialmente en “500 años de Resistencia Indígena” y ahora hasta al histórico Paso de Cortés le pretenden cambiar el nombre a “Paso de los Pueblos Indígenas”.

Por otra parte, Morena y sus aliados han incorporado cada vez más símbolos indígenas a la liturgia del poder: López recibió el Bastón de Mando y arrancó el Tren Maya con una ceremonia a la Madre Tierra; Sheinbaum recibió el suyo tras una ceremonia de purificación en el Templo Mayor, con copal, rezos y referencias a los cuatro rumbos; y hasta la nueva Suprema Corte recibió bastones de mando y adoptó simbología de raíz náhuatl.

Reivindicar a los pueblos indígenas es perfectamente legítimo. Lo curioso es la asimetría: mientras unos símbolos se reivindican como identidad nacional, otros se presentan casi como si fueran piezas incómodas del museo del Holocausto, incurriendo en dos falacias que no permiten aprender correctamente de nuestra propia historia: por una parte, romantizar el pasado y las culturas prehispánicas y, por la otra, demonizar a la hispanidad y los periodos del descubrimiento, la Conquista y el periodo colonial, cometiendo en ambos casos también un error grave: juzgar al pasado con los valores actuales.

Y por ello quisiera proponer algunas preguntas: ¿Por qué y para qué los gobiernos de Morena incitan al sentimiento de odio o rechazo hacia la hispanidad, el odio a los gachupines? (Por cierto, hacen lo mismo con los “gringos” y muchos otros grupos, con los que hasta les inventan apodos: “whitexicans”, “fifís”, “fachos”, “aspiracionistas”, entre otros). Y, en sentido opuesto, ¿fomentan adoptar la identidad y la ideología indigenista en una sociedad que es 90 % mestiza? ¿En verdad los líderes de ese movimiento se sienten tan identificados con las culturas prehispánicas y con los “pueblos indígenas”? El expresidente Andrés López proviene de una familia mestiza, al igual que la mayoría de los mexicanos; sus abuelos provenían de España, de Asturias y Cantabria. También los abuelos paternos y maternos de la presidenta Sheinbaum fueron migrantes judíos asquenazíes y sefardíes provenientes de Lituania y de Bulgaria.

No me malinterpreten: es tan mexicano un pálido pelirrojo boxeador como un atlético goleador de piel oscura como el ébano; es tan mexicano quien nació en la selva lacandona como quien llegó de las estepas siberianas, si adquiere la nacionalidad y aporta el esfuerzo de su vida a nuestro país por decisión. Ni nuestros orígenes étnicos ni el lugar del cual provenimos determinan nuestra mexicanidad y, como decía Chavela Vargas, “los mexicanos nacemos donde se nos dé nuestra rechingada gana”.

Pero tengo una hipótesis:

El “Movimiento Regeneración Nacional” y sus aliados, que en conjunto, de forma delirante, se autonombran “Cuarta Transformación”, son un grupo político cuya narrativa se fundamenta en promover el resentimiento por medio del engaño. Sus cuentos van dirigidos a las personas más vulnerables, a quienes se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema, y no solamente en lo que se refiere a la escasez de condiciones de calidad de vida y de recursos económicos, sino a las carencias en su educación y valores; en ese grupo también se encuentra una gran cantidad de personas de todas las categorías sociales en México.

No afirmo que los militantes de “la Cuarta” se crean sus propios cuentos y en verdad se sientan arraigados a las raíces indígenas, y que se propongan ser los héroes reivindicadores de la historia y culturas prehispánicas, o que se sientan muchos de ellos desafortunados por no tener la piel morena, como el nombre de su partido, que hasta en eso hay un tufo a demagogia. Esos mismos que se apropian de costumbres, símbolos y rituales prehispánicos, que a conveniencia lo mismo se envuelven en una imagen de la Virgen de Guadalupe que se cuelgan penachos, collares, flores y hasta panes; que hacen ceremonias a la Madre Tierra con sonidos de tambores de tronco y caracoles marinos, rodeados de hierbas y humo; ahora que ya les hizo justicia la revolución y que acumulan fortunas inexplicables, se vuelven frecuentes viajeros de clase premier y hasta residentes en Estados Unidos y Europa, son clientes de los restaurantes más lujosos, aficionados a las marcas de ropa y joyería más exclusivas. Bueno, son el póster de la prepotencia que, desde el poder, abusa de los más débiles y que le gusta ver a los demás agachados para que les lustren los zapatos, y son proclives a tales excesos en los banquetes que organizan, que harían ruborizar al mismo Luis XV, porque eso del izquierdismo y la austeridad republicana que tanto promulgan está muy bien, pero solamente en los bueyes de mi compadre.

Lo que creo que está detrás de este falso “orgullo” indigenista es el intento de utilizar todos los recursos del gobierno para adoctrinar a la población en la idea maniquea de que todo lo originario, lo prehispánico y lo indígena es lo bueno; en oposición, todo lo que llega del exterior, todo lo que no acepta las costumbres y la certeza de que ellos, y solo ellos, que son los héroes que ponen primero a los pobres y desvalidos, los defensores de las víctimas y los oprimidos, son los únicos que tienen autoridad moral y, por supuesto, siempre la razón; por lo tanto, como ellos son la encarnación del “pueblo” y como solamente el poder puede provenir del pueblo, pues lógicamente ellos deben tener TODO el poder y NADIE puede cuestionarlos.

La ruin intención de esa manipulación sería además de facilitar el despojo de los recursos de la nación; también arrebatar a una gran parte de la población, o a la mayoría, si lo consiguen, una gran parte de su identidad mexicana que es tan fundamental e importante como la prehispánica; es robarle a la mexicanidad su herencia occidental, robar esa parte de su riqueza cultural, histórica y, algo todavía más peligroso aún, de sus valores.

Como si el ser mexicano no fuera resultado también de siglos de una amalgama cultural que se forjó durante la época colonial y que también forma parte irreversiblemente de nuestro ADN cultural y de nuestro inconsciente colectivo, como afirmaría Carl Jung.

Todo aquello de lo cual presumimos ante el mundo como mexicanidad, nuestra música, nuestra comida, la arquitectura, nuestra literatura, nuestras tradiciones, nuestra religión, todo es una mezcla de ambos orígenes. No somos ni mexicas (o aztecas, como incorrectamente muchos dicen) ni tampoco españoles; somos mexicanos, somos resultado del mestizaje de ambos y también de las aportaciones de muchas otras culturas que han enriquecido la nuestra desde todas las latitudes. Somos también hijos de las culturas griega y latina, de los árabes, asiáticos, africanos y, por geografía, historia y vecindad, también norteamericanos.

La cultura occidental no es una raza ni una identidad exclusivamente europea: es una tradición histórica construida durante milenios a partir de Grecia, Roma, el cristianismo y la tradición europea, transformada después por el Renacimiento, la Ilustración, la ciencia y la modernidad.

De Grecia heredó la filosofía, la lógica, la democracia y la búsqueda racional del conocimiento; de Roma, el derecho, la ciudadanía y las instituciones; del cristianismo, ideas como la dignidad de la persona, la responsabilidad moral y la igualdad espiritual; y de la modernidad, la libertad individual, el Estado de derecho, la separación de poderes, el pluralismo, la secularización, los derechos humanos, la ciencia y la idea de progreso.

México forma parte de Occidente, aunque tenga una extraordinaria herencia indígena. El español, el derecho, las instituciones, el cristianismo, las universidades, la literatura, la arquitectura y buena parte de nuestra cultura son también herencia hispánica.

Por eso, reducir nuestra identidad a “indígena bueno” frente a “español malo” no es historia: es simplificación política.

México es indígena, hispánico, mestizo, americano y occidental. Reconocer una raíz no obliga a borrar las demás. Precisamente, Occidente se ha construido mediante encuentros, mezclas, conflictos, críticas y nuestras verdaderas transformaciones. Nuestra identidad también.

La cultura occidental que los gobiernos de Morena pretenden desplazar contiene principios y valores que favorecen el desarrollo individual: responsabilidad, propósito, disciplina, aprendizaje, pensamiento constructivo, autodominio, acción, integridad, resiliencia y generación de valor.

Estos principios hacen a las personas más capaces, autónomas y libres: les permiten adquirir conocimiento, desarrollar habilidades, mejorar sus oportunidades y elevar su calidad de vida.

El problema para gobiernos que buscan controlar a la sociedad es precisamente ese: una población autónoma, educada, crítica y económicamente independiente es mucho más difícil de manipular y someter.

Por eso, desde esta perspectiva, la izquierda fomenta los principios contrarios: victimismo en lugar de responsabilidad, vacío en lugar de propósito, desorientación en lugar de metas, indolencia en lugar de disciplina, estancamiento en lugar de aprendizaje, derrotismo en lugar de mentalidad constructiva, impulsividad en lugar de autodominio, procrastinación en lugar de acción, egoísmo en lugar de solidaridad, explotación en lugar de generación de valor, hipocresía en lugar de integridad, rigidez en lugar de adaptabilidad y resentimiento en lugar de resiliencia.

En síntesis: autonomía frente a dependencia; conocimiento frente a ignorancia; responsabilidad frente a victimismo; acción frente a pasividad; libertad frente a control.

Citando a la presidenta Sheinbaum, quien dijo: “Quien se molesta venera a Hernán Cortés”, seguido de una diatriba ya preparada para denigrar al personaje histórico, evidentemente es otra falsedad parte de su discurso. A los personajes históricos no se les venera, se les conoce y se aprende de lo que significaron sus acciones desde la verdad y la objetividad. Resulta irónico que un personaje sea tan vilipendiado por alguien que lo hace, que gobierna y habita en el palacio que el mismo Cortés construyó.

Venerar significa respetar a una persona o cosa en el grado más alto debido a su dignidad, grandes virtudes o santidad. Si eso aplicara desde la visión de su grupo político, las calles serían renombradas y los monumentos construidos para Marx, Lenin, Stalin, Mao, el Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez y, para ella principalmente, Andrés López Obrador.

¿Quién vigila al vigilante? Derechos de las audiencias o censura

Hay preguntas que sobreviven a todos los regímenes, todas las modas ideológicas y todas las presentaciones sobre "transparencia y rendición de cuentas". Una de ellas es tan vieja como incómoda: ¿quién vigila al vigilante? En cualquier democracia sana la respuesta importa. En México donde el poder político acumula facultades con la voracidad de quien llena un plato en un buffet libre, la pregunta deja de ser filosófica y se vuelve urgente.

Vamos al punto: la iniciativa sobre derechos de las audiencias suena, en el papel, atractiva. Información diferenciada de la publicidad, mecanismos de queja, contenidos transparentes. Un menú tan razonable que uno se pregunta quién, en su sano juicio, podría oponerse. La respuesta corta es: nadie. Ese es justo el truco. Nadie está en contra del objetivo. La discusión empieza —como siempre— en la letra chiquita, en el momento exacto en que el Estado decide que él, y solo él, sabrá determinar qué información es "veraz", "objetiva" o está "correctamente tratada". Ahí es donde la fiesta de las buenas intenciones se convierte en otra cosa.

Las leyes no se juzgan por sus intenciones, se juzgan por sus resultados

Toda ley bien escrita presume nobleza. El problema —permítanme la obviedad histórica— nunca ha sido la existencia de herramientas de control, sino lo que ocurre cuando esas herramientas caen en manos sin contrapesos. Y aquí conviene no hacerse los distraídos: la discusión sobre esta iniciativa no ocurre en un laboratorio neutro de telecomunicaciones. Ocurre en un momento donde el partido en el poder concentra una fuerza política monumental, donde varios organismos autónomos han sido desmantelados con el entusiasmo de un chivo en cristalería, donde información "estratégica" se clasifica con creciente generosidad como reservada y donde el debate público transcurre —seamos honestos— con la sutileza de una discusión de cantina un sábado por la noche.

Ah, y por si hiciera falta un ingrediente más: México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Asesinatos, desapariciones y amenazas. Documentados, año tras año, por organizaciones que ya perdieron la capacidad de sorprenderse. En ese contexto, cualquier mecanismo adicional de presión sobre los medios no genera "preocupación": genera un escalofrío con antecedentes.

El árbitro de la verdad busca empleo

Los defensores de la reforma insisten, con la mano en el corazón, en que nada de esto es censura. Solo se busca fortalecer derechos ya existentes, pulir códigos de ética y robustecer defensorías. Firmen aquí, por favor.

La oposición, sin embargo, no discute el discurso. Discute las herramientas. Y el argumento más repetido —porque es el más incómodo— es que la autoridad reguladora podría terminar convertida en algo parecido a un árbitro oficial de la verdad, con conceptos tan elásticos como "objetividad" o "tratamiento correcto de los hechos", que dejan un margen de interpretación tan amplio que cabría casi cualquier cosa, incluidas las conveniencias del momento.

¿Quién decide qué es completamente objetivo en política? Pregunta retórica, porque todos sabemos que el periodismo no consiste en apilar datos como si fueran ladrillos. Consiste en seleccionar, jerarquizar y contextualizar. Dos medios pueden cubrir el mismo hecho, con los mismos datos verdaderos, y llegar a lecturas completamente distintas. Convertir esa naturaleza interpretativa en obligación jurídica no es regular: es colocar al regulador en una posición extremadamente delicada. O extremadamente cómoda. Depende, como casi todo en esta columna, de qué silla estés ocupando.

El efecto inhibidor: la censura que no necesita firmar nada

Aquí viene la parte elegante del asunto. La censura moderna, la de verdad sofisticada, rara vez prohíbe nada explícitamente. Le basta con sembrar la sospecha de que cierta investigación periodística podría traducirse en un procedimiento administrativo, una denuncia o una multa ejemplar. El resto lo hace la autocensura, esa colaboradora silenciosa y eficiente que nadie contrató formalmente, pero que siempre se presenta a trabajar.

Nadie prohíbe hablar. Simplemente, con el tiempo, algunos prefieren no hacerlo. Es más barato, más seguro y considerablemente menos heroico.

El problema nunca ha sido regular; el problema es quién decide qué puede decirse

Conviene aclarar algo antes de que alguien saque la palabra "libertad" como si fuera un salvoconducto para cualquier disparate. Nadie discute que las redes sociales albergan desinformación, campañas de manipulación, discursos de odio e incluso actividades delictivas que deben perseguirse. La cuestión no es si debe existir regulación. La cuestión es quién define sus límites y bajo qué controles.

El verdadero riesgo aparece cuando el Estado deja de sancionar conductas claramente ilegales para empezar a decidir qué información es suficientemente "verdadera", qué opinión resulta "responsable" o qué contenido merece permanecer visible. Esos conceptos, tan nobles en apariencia como elásticos en su aplicación, terminan otorgando a la autoridad un margen de interpretación capaz de acomodarse, con inquietante facilidad, a las necesidades políticas del momento.

Y ahí surge el efecto más sofisticado de la censura contemporánea: ya no hace falta prohibir expresamente una publicación. Basta con que periodistas, ciudadanos o medios sepan que una autoridad puede abrirles un procedimiento porque alguien consideró que su contenido era "incorrecto", "engañoso" o "contrario al interés público". El resto lo hace la autocensura, esa vieja conocida que trabaja sin horario, sin contrato y con una eficiencia verdaderamente admirable.

Las democracias maduras no se distinguen porque el gobierno tenga la última palabra sobre la verdad, sino porque aceptan que la verdad se construye mediante el debate abierto, la crítica y la confrontación de ideas. Otorgarle al poder político la facultad de decidir qué puede decirse y qué debe callarse no fortalece la libertad de expresión; la coloca bajo tutela. Y la historia tiene la desagradable costumbre de demostrar que las facultades creadas para combatir los abusos de hoy suelen terminar utilizándose para justificar los abusos de mañana.

Las conferencias diarias y la costumbre de tener siempre el micrófono

No hay que ser especialmente suspicaz para notar que el gobierno federal ya cuenta con una plataforma institucional, expresamente creada para fijar diariamente sus narrativas, responder a sus adversarios y, ocasionalmente, desacreditar voces incómodas. Cada quien puede tener su opinión sobre ese modelo de comunicación. Lo que resulta más difícil de discutir es que ya existe una enorme capacidad oficial para influir en la conversación pública. Sumarle, además, mayores herramientas regulatorias sobre los contenidos de radio y televisión no exactamente disipa la percepción de concentración de poder comunicativo. Más bien la subraya, con negritas.

Las leyes se quedan; los gobiernos se van

El argumento final —el que más incomoda porque es el más difícil de rebatir— es también el más simple: las leyes duran mucho más que las administraciones que las redactan. Cualquier facultad regulatoria diseñada hoy con la mejor intención seguirá ahí mañana, disponible para quien llegue después, con intenciones que nadie puede garantizar de antemano. Las instituciones, hay que decirlo sin rodeos, no funcionan en el vacío: funcionan dentro del contexto político que las rodea. Y ese contexto, como bien sabe cualquier consultor de comunicación, siempre pesa más de lo que el texto legal admite por escrito.

A guisa de remate: esta vez sí va a ser diferente (dicen)

No, el texto de la iniciativa no dice literalmente "censura previa". No prohíbe explícitamente criticar al gobierno. Nada de eso aparece escrito, y hay que reconocerlo con la misma honestidad con la que se señalan sus riesgos. Pero la preocupación central no está en lo literal: está en lo que las instituciones pueden convertirse una vez que desaparecen los contrapesos que las mantenían honestas.

Una democracia fuerte necesita audiencias bien informadas. Eso nadie lo discute. Lo que sí genera fricción —y con razón— es que alguien pretenda tener el monopolio para decidir qué significa, exactamente, estar bien informado.

Las facultades extraordinarias, una vez otorgadas, rara vez regresan voluntariamente al cajón donde prometieron quedarse guardadas "solo para casos excepcionales". La historia ofrece ejemplos de sobra. Pero bueno, siempre existe la posibilidad —tan optimista como recurrente— de pensar que esta vez sí será diferente.

Eso, después de todo, también suele formar parte del guion.

Feminismo jurídico: Un hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario, el caso Alberto Jasso

El profesor Alberto Israel Jasso Cruz nunca llegó a conocer el desenlace de la acusación hecha por una de sus alumnas en su contra y que posteriormente confesaría que fue falsa. Murió sosteniendo su inocencia, mientras enfrentaba las consecuencias personales, laborales y sociales derivadas de una acusación que aún no había sido resuelta por la justicia.

Su historia abrió una pregunta que trasciende su caso: ¿qué ocurre cuando el proceso se convierte en la pena y la sentencia deja de ser necesaria?

Paradójicamente, plantear esa pregunta suele ser suficiente para despertar sospechas. En ciertos espacios del debate público, cuestionar si el sistema protege adecuadamente los derechos del acusado equivale, casi por decreto, a minimizar la violencia contra las mujeres. Como si el Estado de derecho solo pudiera defender un derecho a costa de sacrificar otro.

Sin embargo, el derecho nació precisamente para evitar que las emociones, las presiones sociales o las causas políticamente más populares sustituyeran a las pruebas y al debido proceso.

Pero toda conquista jurídica encierra una paradoja: cuando una herramienta creada para corregir desigualdades comienza a generar tratamientos diferenciados permanentes, el debate deja de ser político y vuelve a ser jurídico.

Eso es justamente lo que hoy ocurre con buena parte del llamado feminismo jurídico.

Durante las últimas décadas se consolidó una corriente que sostiene que el derecho no es neutral, sino un reflejo de estructuras históricas de poder dominadas por el "patriarcado". Desde esa perspectiva, la igualdad formal resulta insuficiente y el Estado debe intervenir mediante acciones afirmativas, leyes especiales, protocolos diferenciados y mecanismos de protección reforzada para compensar una desigualdad estructural.

El diagnóstico ha inspirado reformas importantes y, en algunos casos, necesarias. Pero también ha dado lugar a una pregunta incómoda que cada vez más juristas comienzan a formular: ¿en qué momento la excepción dejó de ser excepcional y comenzó a convertirse en la regla?

El problema no es proteger a las mujeres, sino construir un sistema jurídico que, bajo la premisa de combatir una discriminación histórica, termine creando nuevas categorías de ciudadanos con distintos niveles de protección jurídica.

Porque una cosa es reconocer contextos de desigualdad y otra muy distinta presumir que esos contextos sustituyen la valoración individual de los hechos.

El riesgo aparece cuando el derecho deja de juzgar conductas para comenzar a clasificar personas.

La Constitución mexicana parece tener una opinión bastante sencilla al respecto. El artículo 1 prohíbe toda discriminación y el artículo 20 reconoce la presunción de inocencia sin distinguir entre hombres y mujeres. La igualdad constitucional no contiene notas al pie, excepciones ideológicas ni cláusulas que indiquen que algunos derechos fundamentales pueden modularse dependiendo del sexo del involucrado.

Sin embargo, el desarrollo legislativo de los últimos años ha construido un entramado de leyes, protocolos, criterios administrativos e instituciones especializadas cuya lógica parte de una premisa distinta: determinados grupos requieren una protección jurídica reforzada porque enfrentan una desventaja estructural.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la legislación sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, diversos mecanismos sobre violencia vicaria y múltiples protocolos administrativos nacieron con ese propósito.

Ese objetivo es legítimo.

La pregunta es otra.

¿Qué ocurre cuando un hombre enfrenta circunstancias similares y el sistema simplemente responde que no existe un procedimiento equivalente?

La respuesta suele ser el silencio.

O, en ocasiones, algo peor: la sospecha de que formular la pregunta implica estar "en contra de las mujeres". Una curiosa evolución del debate jurídico, donde pedir igualdad ante la ley puede convertirse en una forma de herejía política.

Uno de los instrumentos más controversiales es la perspectiva de género.

En su formulación original, se trata de una metodología destinada a identificar contextos de desigualdad y evitar que los prejuicios influyan en las decisiones judiciales. Correctamente aplicada, no elimina la carga de la prueba ni autoriza a presumir culpabilidades.

El problema aparece cuando esa metodología abandona el terreno analítico para convertirse en un criterio de interpretación casi automático.

Las narrativas del feminismo contemporáneo han sustituido la búsqueda de igualdad ante la ley por una lógica de conflicto permanente entre hombres y mujeres, donde la pertenencia al grupo adquiere mayor relevancia que la conducta individual.

Desde una perspectiva constitucional, cabe sostener que la igualdad jurídica deja de ser verdaderamente igual cuando el Estado comienza a distribuir derechos y cargas según el sexo de las personas, y muchas instituciones han invisibilizado problemas que afectan desproporcionadamente a los hombres bajo la premisa de que estos pertenecen al grupo históricamente privilegiado.

No se trata de negar la violencia contra las mujeres.

Se trata de preguntarse si la respuesta jurídica puede prescindir de principios tan elementales como la presunción de inocencia o el debido proceso.

En numerosos procedimientos administrativos y laborales basta una denuncia para desencadenar suspensiones, separación del cargo, restricciones familiares, medidas cautelares y un daño reputacional que difícilmente puede revertirse.

La absolución, cuando llega, suele tener un defecto muy grave: llega demasiado tarde.

La justicia repara expedientes.

La reputación, la familia, el empleo o la salud mental rara vez admiten recursos de revisión.

Eso fue precisamente lo que volvió tan simbólico el caso de Alberto Jasso.

Más allá del resultado que hubiera tenido la investigación, su historia obligó a formular una pregunta que ningún Estado constitucional debería esquivar: ¿quién protege los derechos fundamentales del acusado mientras el propio Estado investiga si la acusación es cierta?

Frente a esa inquietud surgió la denominada Ley Alberto.

En Querétaro, integrantes del colectivo Equidad y Justicia y posteriormente Querétaro con Justicia realizaron un homenaje frente al Palacio de Gobierno y anunciaron una campaña para reunir diez mil firmas que respalden una iniciativa legislativa con ese nombre.

Su propuesta busca fortalecer la presunción de inocencia, impedir que las medidas preventivas se transformen en condenas anticipadas y reformar el Código Penal para sancionar con mayor severidad las denuncias falsas, así como la fabricación deliberada de pruebas o testimonios. Sus impulsores afirman haber trabajado la iniciativa con autoridades estatales para construir un modelo que preserve simultáneamente la protección de las víctimas y el debido proceso.

La preocupación social no termina ahí.

La petición en Change.org "Promover la igualdad ante la ley para los hombres", iniciada por una madre de familia con hijos varones y respaldada por cientos de miles de firmantes, propone revisar disposiciones legales y protocolos que, desde la perspectiva de sus promotores, generan un trato diferenciado hacia los hombres. Entre sus planteamientos figuran reforzar la presunción de inocencia, garantizar igualdad procesal, revisar la legislación con perspectiva de género para asegurar un trato simétrico, crear mecanismos de protección para hombres víctimas de violencia y equilibrar procedimientos familiares relacionados con custodia y convivencia.

Por su parte, la Iniciativa Transformalia contra Denuncias Falsas, igualmente respaldada por miles de personas en la misma plataforma, impulsa reformas al Código Penal Federal para crear un tipo específico de denuncia falsa dolosa, aumentar las sanciones cuando esta busque obtener ventajas procesales, y castigar el falso testimonio, la fabricación de pruebas y la filtración ilegal de carpetas de investigación.

Podrá discutirse la técnica legislativa de cada propuesta.

Lo que resulta más difícil es negar el problema que intentan resolver: la justicia también se equivoca.

Precisamente por eso existen la presunción de inocencia, el debido proceso y la exigencia de probar los hechos.

En México, las resoluciones que declaran judicialmente una denuncia falsa son escasas. Pero abundan los procesos donde la sanción social antecede a cualquier sentencia.

Y quizá ahí radique la verdadera paradoja.

Un sistema diseñado para evitar injusticias puede terminar produciendo otras cuando la identidad sustituye al individuo como eje de protección jurídica.

La igualdad formal pareciera haber sido desplazada por una lógica de igualdad de resultados, donde el derecho deja de ser un árbitro neutral para convertirse en un instrumento de ingeniería social. El problema no es la intención, sino la tentación de sacrificar principios universales en nombre de causas consideradas moralmente incuestionables. Pero si una causa deja de admitir preguntas, deja también de necesitar argumentos, y el sistema jurídico comienza a parecerse demasiado a aquello que alguna vez prometió combatir.

Nada de esto implica negar la violencia que sufren millones de mujeres ni cuestionar la necesidad de políticas públicas eficaces para prevenirla.

La cuestión es mucho más sencilla y, precisamente por ello, mucho más difícil de responder.

¿Puede un Estado democrático proteger eficazmente a las víctimas sin debilitar las garantías fundamentales de los acusados?

La respuesta debería ser sí.

El Estado constitucional no fue diseñado para elegir entre víctimas e inocentes.

Fue diseñado para proteger a ambos.

La igualdad ante la ley no admite apellidos, colectivos privilegiados ni categorías permanentes de credibilidad.

Si realmente creemos en ella, tendremos que aceptar una conclusión inevitable: la justicia solo conserva legitimidad cuando protege con la misma firmeza a quien denuncia, a quien es acusado y a cualquier persona cuyos derechos dependan de que el Estado recuerde una verdad tan antigua como el propio derecho: las pruebas pesan más que las etiquetas, y los individuos valen más que las categorías.