Reforma judicial en Querétaro: cumplir… pero no tropezar

Hay reformas que nacen de la convicción. Y hay otras —digámoslo sin eufemismos— que nacen de la obligación. La del Poder Judicial en Querétaro pertenece, sin demasiado margen de duda, a la segunda categoría.

No por falta de talento local —que lo hay, y de sobra—, ni porque el sistema de justicia queretano estuviera en crisis (más bien al contrario), sino porque desde el centro del país se decidió que la justicia debía someterse a un experimento de corte democrático: elegir jueces por voto popular.

Y cuando la Constitución federal llama, los estados no deliberan: acatan.

Querétaro, en consecuencia, hizo lo que tenía que hacer: armonizar su marco legal. Pero —y aquí empieza lo interesante— no lo hizo con entusiasmo ciego, sino con una combinación poco frecuente en estos tiempos: prudencia, reservas y, en algunos casos, abierta preocupación.

Porque una cosa es cumplir… y otra muy distinta es aplaudir.

La reforma que no unió ni a los suyos

La aprobación no fue tersa ni por accidente. Hubo debates, tensiones y reclamos sobre mayorías que alcanzaban… o no alcanzaban. Lo habitual cuando lo que está en juego es algo serio.

Pero hubo algo más revelador: las fracturas internas de la propia 4T.

Mientras hacia afuera se sostenía el discurso de la transformación, hacia adentro el bloque oficialista exhibía fisuras difíciles de ocultar:

Diecinueve votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Diputados de Morena votando contra su propia bancada.

Señalamientos de que el dictamen no representaba una transformación real.

Y, por supuesto, la narrativa de control de daños: no hay ruptura, dicen. Como en toda familia que niega la discusión aunque el portazo haya retumbado en toda la casa.

Pero los hechos —siempre menos disciplinados que los discursos— apuntan en otra dirección: ni siquiera dentro del oficialismo hay consenso sobre el modelo judicial que se impulsa.

Y tratándose de justicia, eso no es un detalle menor: es el fondo del problema.

Democratizar la justicia… en teoría

La premisa suena impecable en plaza pública: si elegimos gobernantes, ¿por qué no elegir jueces?

El problema comienza cuando la lógica electoral se enfrenta con la complejidad técnica.

Porque entonces surgen preguntas incómodas:

¿Con qué criterios evalúa un ciudadano promedio a un juez?

¿Se votará por trayectoria jurídica… o por eficacia en campaña?

¿Habrá debates, spots, promesas judiciales?

La escena, llevada al extremo, roza lo absurdo:

“Candidato a magistrado: sentencias más rápidas, más justas y, si se puede, más baratas”.

Ahí es donde la idea empieza a perder consistencia.

Los primeros costos del experimento

No hace falta proyectar demasiado. A nivel federal, las señales ya están sobre la mesa.

Conflictos entre instituciones judiciales que deberían ser contrapesos, no adversarios.

Inquietud en los inversionistas, poco entusiasmados con la politización de los tribunales.

Y un golpe directo a la carrera judicial: jueces removidos, trayectorias desechadas, experiencia sustituida por incertidumbre.

A eso se suma un detalle nada menor: organizar elecciones judiciales no es sencillo. Tan no lo es, que ya se habla de posponerlas.

Un experimento que, antes de arrancar del todo, ya muestra fisuras.

Querétaro: cumplir, pero con reservas

Frente a ese panorama, Querétaro optó por una ruta menos estridente y más sensata: cumplir, sí; improvisar, no.

Se incorpora la elección de jueces, porque no había alternativa real.

Pero, al mismo tiempo, se refuerzan mecanismos que no dependen del ánimo electoral:

Mediación, para evitar que todo termine en juicio.

Justicia alternativa, para despresurizar tribunales.

Justicia cívica, para acercar soluciones al ámbito local.

En otras palabras: mientras el modelo federal apuesta todo a una sola carta, Querétaro diversifica.

No es menor la diferencia.

El riesgo de confundir democracia con improvisación

Conviene subrayarlo: Querétaro no partía de un sistema fallido. Al contrario, su modelo de justicia ha sido, consistentemente, uno de los mejor evaluados del país.

De ahí que la crítica de fondo al modelo progresista no sea ideológica, sino práctica: confundir democratización con improvisación.

Porque elegir no garantiza elegir bien.

Y menos cuando lo que está en juego exige conocimiento técnico, experiencia y criterios que no caben en una boleta.

La justicia no debería depender de la popularidad.

Lo que aún no cuadra

Incluso con el enfoque prudente del estado, quedan preguntas abiertas:

¿Quién define los perfiles?

¿Qué filtros aseguran capacidad real?

¿Cómo se evita la captura política o económica de las campañas?

¿Está la ciudadanía en condiciones —y con la información suficiente— para asumir ese rol?

Y la más incómoda de todas:

¿Qué pasa si el sistema, aun con candados, empieza a fallar?

Porque reformar es relativamente sencillo. Corregir, casi nunca lo es.

A guisa de remate: Entre la obligación… y la evidencia

La reforma judicial en Querétaro es, en el fondo, un ejercicio de equilibrio. Pero también un espejo.

En él se refleja un modelo federal cuestionado, un bloque político incapaz de sostener una posición unificada y un estado que intenta no pagar los costos de decisiones que no tomó.

Porque cuando ni siquiera quienes impulsan una reforma logran defenderla en bloque, el problema no es de comunicación: es de fondo.

Querétaro, por ahora, parece haber entendido esa diferencia.

Falta ver si, en la implementación, logra sostenerla.

Porque al final —y esto conviene no perderlo de vista— no se trata solo de cambiar las reglas.

Se trata de no perder lo que sí funciona en el intento.

Contrastes - En Querétaro la contienda electoral ya comenzó

La contienda por la gubernatura en Querétaro no inició con actos protocolarios ni calendarios oficiales. Comenzó con decisiones, tensiones y movimientos que, al observarse en secuencia, permiten entender con mayor claridad el rumbo que está tomando el estado.

El punto de partida fueron las reformas.

A nivel nacional, Morena impulsó cambios de gran calado —particularmente en materia electoral y judicial— que dejaron ver algo más que capacidad de operación: exhibieron fricciones con sus aliados del PT y el PVEM. Ajustes de última hora, improvisación, reservas inesperadas y acuerdos forzados mostraron a un bloque con dificultades evidentes para sostener cohesión.

Ese escenario tuvo eco en Querétaro con la discusión de la reforma al Poder Judicial local, derivada de la propuesta federal promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Lo que parecía un trámite político terminó revelando fisuras. En el Congreso del estado, Morena votó dividido. Mientras una parte respaldó el dictamen, perfiles como Eric Silva, Rosalba Vázquez, María Eugenia Margarito y Blanca Flor Benítez, junto con la diputada del PT, Claudia Díaz Gayou, marcaron distancia. El resultado no solo fue legislativo: fue político. La muy reciente imagen de que por fin lograrían conformar un bloque compacto se resquebrajó.

A partir de ahí, otros episodios comenzaron a encadenarse.

El partido enfrentó cuestionamientos por la participación de perfiles cercanos como su encargada de la comunicación en bloqueos carreteros, tanto en vías federales como locales. Con la respuesta de la dirigencia —deslindarse bajo el argumento de que actuaban “a título personal”— abrieron un debate que les resulta incómodo: ¿dónde termina el ciudadano y dónde comienza el actor político?

Casi al mismo tiempo, resurgió un tema recurrente en la política mexicana: la distancia entre discurso y realidad. Por ejemplo, el caso del diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes, habitante de Viñedos del Polo, un desarrollo residencial de alto nivel, cobró relevancia no solo por su estilo de vida, sino por el contexto. La propia presidenta cuestionó públicamente ese tipo de complejos por el uso de concesiones de agua. 

Ese contraste no pasó desapercibido.

Mientras tanto, desde la dirigencia nacional de Morena subieron el tono. Luisa María Alcalde colocó a Querétaro entre los objetivos prioritarios rumbo a 2027, incluso hablando de escenarios de competencia cerrada frente al PAN. La narrativa es ambiciosa, pero enfrenta una realidad local muy distinta, donde el partido muestra evidentes dificultades para articular estructura, disciplina y mensaje.

En ese contexto, el PAN movió sus piezas.

La concentración de más de 5 mil militantes y simpatizantes en el Palenque del Ecocentro Expositor el fin de semana pasado no fue un acto más. Fue una señal política deliberada. Sin nombres sobre la mesa, pero con un mensaje cuidadosamente construido: orden, coordinación y una idea que busca permear en la conversación pública: “Cuidar Querétaro”.

Más que un eslogan, es un encuadre estratégico.

El planteamiento no gira en torno a promesas futuras, sino a la preservación de condiciones actuales: seguridad, estabilidad y calidad de vida. La narrativa no es aspiracional, es defensiva. Y en el contexto nacional, esa diferencia puede resultar determinante.

El gobernador Mauricio Kuri y el dirigente estatal Martín Arango encabezaron el acto, reforzando la imagen de cohesión interna y control político. A ello se suma la apuesta por abrir candidaturas a perfiles ciudadanos, acompañada de ejercicios como foros y debates. En teoría, una vía para ampliar legitimidad; en la práctica, un proceso que pondrá a prueba la consistencia del discurso cuando lleguen las definiciones. El PAN debe tener mucho cuidado en esta apuesta de no descuidar una de sus funciones fundamentales: servir como filtro para que lleguen los mejores perfiles, porque cuando se deja abierta la puerta, también se asoman los más indeseables. Ahí está el caso de Miguel Nava Alvarado, quien pretende competir por la gubernatura pese a encarnar una contradicción difícil de ignorar: se presenta como defensor de derechos humanos, pero arrastra una trayectoria muy cuestionable y señalamientos graves por su gestión al frente de la Defensoría, incluyendo conflictos laborales y acusaciones de trato indigno hacia su propio equipo. 

Más que apertura, lo que está en juego es credibilidad y eso no se debe desCuidar.

Hay además otras señales que no deben ignorarse.

La insistencia en la unidad no surge en el vacío. Y las advertencias sobre el riesgo de caer en excesos de confianza apuntan a una constante en política: las ventajas mal administradas también pueden diluirse.

Si se observa la secuencia completa, el patrón es claro.

Primero, tensiones en Morena a nivel nacional.

Después, su reflejo en la fractura legislativa local.

Más adelante, contradicciones entre discurso y comportamiento.

Finalmente, un PAN que ocupa ese espacio con narrativa, estructura y timing.

Así se empiezan a perfilar las contiendas relevantes.

No en los tiempos formales, sino en la construcción de percepciones. No en los posicionamientos aislados, sino en la capacidad de sostener una línea coherente frente al escrutinio público.

Hoy, Querétaro se encuentra ante dos rutas en formación: un proyecto que no consigue ordenarse hacia adentro y otro que busca consolidarse hacia afuera. 

El proceso ya está en marcha.

Y en este tipo de escenarios, más que los discursos, pesan las decisiones acumuladas.

A guisa de remate

En política no hay vacíos: los espacios que un actor no logra ocupar, otro los aprovecha. Hoy, en Querétaro, más que una disputa de propuestas, lo que está en juego es quién logra construir una historia creíble. Porque al final, las elecciones no solo se ganan con votos, sino con la confianza de que lo que se promete es consistente con lo que se hace, y en esa lógica algunos aspirantes quedan anclados y otros parecen ir muy adelante.

Negocios animalistas, soberbias mediáticas y la tentación del pragmatismo político

Querétaro vive días intensos.

Decisiones judiciales polémicas, desfiguros mediáticos y definiciones estratégicas de partidos, así se dibuja un panorama que obliga a tomar postura desde la claridad.

Corridas de toros suspendidas: cuando el activismo se vuelve negocio… y ser taurino, cobardía

La reciente cancelación de otra corrida de toros en Querétaro, ahora en San Juan del Río, no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia nacional e internacional donde la protección a los animales ha ganado terreno en la agenda pública. Negarlo sería simplista, y esta tendencia ha sido eficazmente aprovechada como parte de una estrategia bien articulada que utiliza el discurso del bienestar animal como vehículo de posicionamiento político y económico.

Personajes como Jerónimo Sánchez, desde la organización Animal Heroes, y la "activista" Erika del Rosario Rosales Moreno han encontrado en esta causa un modelo de negocio rentable: financiamiento internacional, donaciones y reflectores políticos. No es casualidad que estas agendas coincidan con campañas publicitarias en Querétaro de la asociación internacional PETA contra las corridas de toros y con intereses partidistas; ahí está el antecedente de la propia Erika Robles como candidata del PT, aliado de Morena, en un estado gobernado por el PAN, y la iniciativas prohibisionistas que desde la izquierda en el Congreso local, ignoran la declaratoria de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial del estado.

Más grave aún es el papel de un juez que, más que impartir justicia, parece actuar desde la ideología. La concesión de amparos sin un análisis técnico sólido y, peor todavía, la intención de extender criterios a futuro, constituye una extralimitación inconstitucional que raya en lo dictatorial. No se puede ignorar el derecho de todos los involucrados: ganaderos, toreros, empresarios y miles de familias que dependen de esta actividad. Siguiendo los mismos criterios, infinidad de actividades como la charrería, la equinoterapia, las granjas infantiles y hasta la carnita asada los domingos estarían proscritas.

Y, como si no fuera suficiente, resulta absurda la intención de los promoventes de esos amparos que amenazan con “denunciar” a la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, por facilitar espacios a la comunidad taurina. Es el mundo al revés: ahora resulta que promover el arte y la cultura (aunque no guste a todos) es motivo de persecución.

Pero si alguien merece una crítica frontal es la propia comunidad taurina. Su silencio es ensordecedor. Su pasividad, inaceptable. Frente a una amenaza real (económica, cultural y ecológica), han optado por la comodidad del mutismo. De acuerdo con la propia asociación ganadera en Querétaro, existen más de 12 mil hectáreas dedicadas a la crianza del toro de lidia; eso es 5 veces el área protegida del Parque Nacional del Cimatario. En esa extensión, las ganaderías del campo bravo resguardan ecosistemas valiosos y una biodiversidad única. Destruir eso no es un triunfo moral, es una tragedia ambiental.

Lo más indignante es ver a ganaderos, empresarios, políticos y figuras públicas que durante años presumieron amor por la tauromaquia, hoy escondidos. Ni Dios ni la historia suelen ser amables con los tibios.

Medios: soberbia, decadencia y el peor ejemplo posible

En otro frente, un episodio reciente exhibió lo peor de un sector del periodismo local. Las declaraciones de un director de medio, minimizando la ausencia de mujeres periodistas en un evento de la Sedena y afirmando que “no importaban”, no solo fueron torpes: fueron profundamente arrogantes.

El problema no es únicamente lo que dijo, sino lo que representa. Existe un pequeño grupo de comunicadores que, durante años, ha gozado de privilegios y cercanía con el poder. Esa burbuja ha generado una desconexión peligrosa con la realidad y, peor aún, una soberbia que termina por traicionar cualquier principio básico de ética profesional.

Su posterior “disculpa” fue igual de desafortunada: no hubo reconocimiento del error, solo el lamento de haber sido “demasiado franco”. Es decir, no se arrepiente de lo que piensa, solo de haberlo dicho en voz alta.

Este tipo de actitudes, además, terminan alimentando narrativas que generalizan conductas individuales como si fueran problemas estructurales. Y no: los comportamientos reprobables tienen nombre, apellido y trayectoria. No representan a todos.

Paradójicamente, en un momento donde los medios tradicionales han caído en la menor relevancia frente a plataformas digitales, deberían ser ejemplo de rigor, ética y profesionalismo. Hoy, en muchos casos, son justo lo contrario: un recordatorio de todo lo que está mal en la comunicación.

PAN y su reinvención: abrirse o diluirse

Finalmente, el anuncio del Partido Acción Nacional de abrir todas sus candidaturas a la ciudadanía rumbo a 2027 pone sobre la mesa un debate de fondo: ¿ganar elecciones a cualquier costo o mantener identidad y principios?

La discusión no es menor. El propio gobernador Mauricio Kuri lo planteó con claridad en su recientemente estrenado pódcast: sin ganar elecciones, un partido no tiene razón de ser. Del otro lado, voces como la de su primer invitado, el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero, defienden la necesidad de preservar la esencia ideológica, adaptándose sin perder el rumbo.

Ambas posturas tienen razón… y riesgo.

Abrir candidaturas puede devolver legitimidad y oxígeno a un partido que necesita reconectar con la ciudadanía. Pero también abre la puerta al mayor peligro de la política moderna: el culto a la popularidad por encima de la capacidad.

México ya ha pagado caro ese error. Celebridades, deportistas y personajes mediáticos han llegado al poder impulsados por su fama, no por su preparación ni trayectoria, y los resultados han sido, en demasiados casos, escándalos, corrupción o lastimosa incompetencia.

Lo mismo ocurre con las ideas “populares”. No todo lo que suena bien funciona bien. El país es prueba viva de cómo decisiones tomadas desde el aplauso fácil pueden destruir instituciones, debilitar libertades y generar retrocesos profundos.

El PAN enfrenta una encrucijada: renovarse sin diluirse. Abrirse sin perderse. Escuchar a la ciudadanía sin caer en la trampa del oportunismo.

El desafío, entonces, no debería ser elegir entre abrirse o cerrarse, sino definir reglas claras: filtros, formación, trayectoria y compromiso con una visión de país. Sin esos elementos, cualquier proceso de apertura corre el riesgo de diluir más de lo que fortalece.

A guisa de remate

Los tres temas parecen distintos, pero comparten un hilo común: la ausencia de congruencia.

Activistas que lucran, jueces que militan, taurinos que glorifican la valentía y cuando más importa callan. Periodistas que pontifican sin ética. Partidos que dudan entre convicción y conveniencia.

En política y en la vida pública, la falta de claridad siempre termina pasando factura. Y en Querétaro, varias facturas están comenzando a cobrarse.

Gracias por sus amables comentarios y considerar compartir.

El país que el narcoterrorismo desangra mientras mira box y fútbol

Un video que se viralizó el pasado fin de semana, presuntamente grabado en la ciudad de Coatzacoalcos, muestra a un grupo delincuencial con vestimenta y armamento táctico, torturando y asesinando personas con una brutalidad extrema e indescriptible.

No fue una filtración ni una denuncia: las propias organizaciones criminales difundieron las imágenes como propaganda de terror.

Estos materiales no solo buscan intimidar a rivales. También funcionan como propaganda criminal para demostrar control territorial.

El problema ya no es únicamente de seguridad pública. Es de gobernabilidad.

México está experimentando una paradoja histórica.

Mientras el gobierno federal intenta proyectar una imagen de estabilidad institucional y seguridad rumbo al Mundial de Fútbol 2026, los hechos criminales reportados en notas nacionales e internacionales describen a un país atrapado en una crisis estructural de violencia que no solamente no se ha logrado contener, sino que está alcanzando niveles insostenibles.

La narrativa oficial busca mostrar normalidad. La realidad, cada vez más documentada, muestra otra cosa: un país sin guerra… pero con niveles de muerte y violencia propios de una guerra.

Los informes internacionales han sido particularmente contundentes. El índice global de violencia política elaborado por la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) coloca a México entre los países más peligrosos del mundo, incluso por encima de naciones con conflictos armados activos. México aparece solo detrás de territorios en guerra abierta como Gaza, Siria o Myanmar, lo que lo convierte en el país más violento del mundo que no está oficialmente en guerra.

La razón principal es el poder territorial del crimen organizado. La disputa entre organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha elevado los niveles de violencia y fragmentación criminal, con miles de eventos violentos cada año. El resultado es un fenómeno que ya rebasa por mucho a la delincuencia común: comunidades bajo control criminal, desplazamientos internos por violencia y una infiltración creciente del crimen en todos los niveles del gobierno.

El contraste se vuelve más evidente cuando se analiza el contexto de violencia que rodeará al Mundial de fútbol en 2026.

En Guadalajara, donde se encuentra el Estadio Akron, una de las sedes mundialistas, colectivos de búsqueda han localizado cientos de bolsas con restos humanos en fosas clandestinas ubicadas a pocos kilómetros del estadio.

La imagen es brutal: un recinto listo para recibir turistas del mundo mientras, en su periferia, continúan apareciendo restos de desaparecidos.

Este tipo de contradicciones alimenta el escepticismo internacional sobre la capacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad durante el torneo.

La respuesta del gobierno ha sido el llamado Plan Kukulkán, una estrategia que contempla despliegues masivos de seguridad, cooperación internacional y tecnología para proteger las sedes mundialistas.

Sin embargo, analistas en seguridad han advertido que el plan parece más una reacción ante la presión internacional que una política estructural para combatir al crimen organizado.

Un ejemplo reciente fue el operativo durante el partido amistoso entre la Selección Mexicana de Fútbol y la Selección de Islandia en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

El evento concluyó sin incidentes gracias a un despliegue de aproximadamente 3,000 elementos de seguridad y múltiples filtros de control.

En términos operativos, el ensayo funcionó. Pero hay que tomar en cuenta que Querétaro es probablemente el único estado de la República sin presencia permanente de los cárteles y que ha fortalecido de forma continua su sistema de seguridad a través de varios sexenios de gobierno, contando actualmente con su versión más afinada en el modelo de operación interinstitucional Sinergia.

Pero el operativo en el estadio Corregidora también evidencia el problema: para garantizar seguridad en eventos específicos se requiere un despliegue extraordinario del Estado, algo que no se replica ni existe con esa capacidad operativa en miles de municipios del país.

Y mientras México intenta proyectar normalidad, la presión internacional aumenta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los cárteles controlan México y ha propuesto la creación de una coalición internacional para combatirlos.

El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha rechazado cualquier intervención extranjera y ha insistido en la defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, esta postura también ha generado tensiones con la estrategia regional impulsada por Washington y algunos de sus aliados en América Latina.

Durante décadas, la política de seguridad en México ha priorizado la captura de capos.

La detención o abatimiento de líderes históricos suele presentarse como grandes golpes contra el narcotráfico. Estos arrestos tienen valor mediático y, en teoría, permiten obtener información sobre las estructuras logísticas, operativas y financieras de los cárteles.

Pero la experiencia demuestra que esos golpes no son suficientes para desmantelar estas organizaciones.

Cuando un líder cae, el grupo criminal suele fragmentarse y generar nuevas facciones más violentas que compiten entre sí por el control territorial.

La única forma de reducir realmente el poder de estas organizaciones es mediante operativos masivos y simultáneos contra cientos o miles de integrantes de las estructuras criminales, incluyendo sicarios, operadores logísticos, halcones, lavadores de dinero y redes de tráfico.

Existen precedentes internacionales que muestran este enfoque.

En 2021, un operativo global coordinado por el Federal Bureau of Investigation y la Interpol, basado en la infiltración de la aplicación cifrada ANOM utilizada por criminales, permitió arrestar a más de 800 delincuentes en varios países simultáneamente.

En Centroamérica, la Operación Escudo Regional, coordinada entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos, logró presentar cargos contra más de 11,000 pandilleros desde 2017.

En Europa, el histórico Maxi Trial de Palermo entre 1986 y 1992 llevó a juicio a 475 miembros de la mafia siciliana Cosa Nostra, con 338 condenas que marcaron un punto de inflexión en la lucha contra la mafia italiana.

En todos estos casos existen elementos comunes:

Uso masivo de fuerzas policiales y militares.

Inteligencia avanzada con infiltración y vigilancia tecnológica.

Marcos legales especiales para permitir detenciones masivas.

El ejemplo contemporáneo más citado en América Latina es el de Nayib Bukele en El Salvador, donde una política de detenciones masivas de pandilleros logró reducir drásticamente los homicidios en un corto plazo.

Estos operativos tuvieron un impacto inmediato en la reducción de la violencia, convirtiendo al que era el país más peligroso del continente —controlado por pandillas como las maras— en uno de los más seguros, con tasas de homicidio mínimas.

Claro que México no se puede comparar con El Salvador en tamaño ni en dimensión del problema, pero la estrategia de seguridad y pacificación podría apuntar a los focos rojos de criminalidad y violencia. A pesar de este escenario, existen regiones que mantienen crecimiento económico y estabilidad relativa.

Existen polos de desarrollo dinámico y relativamente seguros mientras otras regiones viven bajo dinámicas cercanas a la gobernanza criminal.

Pero de seguir sosteniendo solamente la retórica y los golpes mediáticos, el escenario de inseguridad tendrá implicaciones profundas para el futuro político del país.

En los próximos años México enfrentará elecciones clave para renovar el Congreso, el Senado, varios gobiernos estatales y un poder judicial cuya legitimidad se encuentra fuertemente cuestionada.

Muchos de los estados que renovarán gubernaturas coinciden con regiones donde el crimen organizado tiene mayor presencia territorial.

Si la violencia continúa escalando, las elecciones podrían desarrollarse en un entorno de presión criminal sobre candidatos, autoridades y votantes. Esto ya ha ocurrido antes: alcaldes asesinados, campañas condicionadas por grupos criminales y gobiernos locales capturados por intereses ilícitos, algo que en nada estuvo contemplado en la fallida iniciativa de reforma electoral constitucional que había impulsado Claudia Sheinbaum y que sigue sin aparecer en su denominado “Plan B”, con la modificación y creación de leyes complementarias.

México enfrenta hoy un dilema estratégico.

Puede continuar priorizando la narrativa de estabilidad para proteger su imagen internacional y eventos globales como el Mundial de Fútbol, o puede reconocer que el país atraviesa una crisis de seguridad que exige una transformación profunda del Estado.

En la actualidad México está gobernado por una versión recargada del PRI hegemónico del siglo pasado, con el control total de los poderes Legislativo y Judicial, con el debilitamiento o desaparición de instituciones autónomas y ciudadanas, sin contrapesos y con el ejército ejerciendo un sinfín de funciones que deberían estar a cargo de autoridades civiles.

En ese contexto no existiría impedimento político real para ejecutar una estrategia de seguridad de gran envergadura. Y, si no se hace, tampoco habría una justificación legítima para haber buscado tal concentración de poder.

Porque los problemas estructurales no desaparecen con propaganda ni con distractores.

Pero también hay que admitir una verdad incómoda: en México la tragedia nacional convive con una sociedad que parece anestesiada, feliz de distraerse con los circos de nuestro mediocre fútbol, con los reality shows o con los espectáculos de boxeo, mientras el país se sumerge rápidamente en la indiferencia y en la normalización de la violencia como forma cotidiana de vida.

La violencia no dignifica a nadie.

Hoy muchas niñas y jóvenes crecen escuchando un mismo mensaje en redes sociales, en la escuela, en la televisión y en la política: que para ser una mujer fuerte y libre hay que pensar de una sola manera. Que existe una única forma correcta de ver el mundo y de entender lo que significa ser mujer.

Pero antes de aceptar cualquier idea, vale la pena detenerse un momento y hacerse una pregunta sencilla y muy importante: ¿esto realmente me hará una mujer más libre, más feliz y más plena?

Hace no mucho tiempo, muchas mujeres lucharon por algo muy justo: tener las mismas oportunidades que los hombres para estudiar, trabajar, participar en la vida pública y desarrollar sus talentos. Gracias a esas mujeres valientes hoy millones de niñas pueden soñar con ser científicas, artistas, empresarias, maestras o líderes.

Ese avance fue un triunfo enorme.

Pero en los últimos años han surgido discursos que ya no hablan solamente de igualdad, sino que presentan el mundo como si fuera una batalla constante entre hombres y mujeres. Como si hombres y mujeres estuvieran destinados a enfrentarse siempre.

Sin embargo, cuando miramos la historia de las familias, de las comunidades y de la sociedad, descubrimos algo distinto: el mundo se ha construido principalmente gracias a hombres y mujeres que han trabajado juntos, que se han apoyado, que se han amado y que han sacado adelante a sus hijos y a sus comunidades.

La cooperación, no la guerra, es lo que ha permitido que la humanidad avance.

También es importante mirar con honestidad lo que está pasando hoy. En muchos países las mujeres tienen más oportunidades que nunca para estudiar, viajar, trabajar y elegir su camino. Y sin embargo, muchas jóvenes dicen sentirse más solas, más ansiosas y más perdidas que antes.

Eso debería hacernos pensar.

Tal vez la verdadera libertad no está solo en romper normas o en rechazar todo lo que existía antes. Tal vez la verdadera libertad también tiene que ver con encontrar amor verdadero, amistades profundas, una familia que acompañe y un propósito que dé sentido a la vida.

Muchas personas descubren que la felicidad no aparece cuando todo es individualismo, relaciones pasajeras o una vida sin raíces. La felicidad suele crecer cuando existen vínculos fuertes, compromiso, confianza y personas con quienes compartir la vida.

Sin embargo, algunas corrientes radicales están difundiendo ideas que terminan confundiendo a muchas jóvenes. Se les dice que para ser libres deben despreciar la maternidad, ridiculizar a las mujeres que quieren formar una familia o ver el amor estable como una forma de opresión.

Se les dice que la pornografía es normal y que al igual que la prostitución puede ser una forma de independencia económica, que el terminar con la vida de un hijo o hija no nacida es una decisión personal y la solución rápida para problemas difíciles y que las creencias religiosas merecen burla o desprecio.

Al mismo tiempo, muchas mujeres que deciden dedicar parte de su vida a cuidar a sus hijos o construir una familia son tratadas como si fueran menos inteligentes, menos valientes o menos valiosas.

Pero la verdadera libertad consiste en respetar las decisiones de todas las mujeres, no en burlarse de quienes eligen caminos distintos.

También es importante reconocer algo que muchas veces se oculta: algunas organizaciones feministas radicales han convertido el activismo en un espacio de poder, dinero y visibilidad pública. Para ellas, mantener el conflicto constante puede resultar conveniente.

Por eso a veces se promueve el enojo permanente, la confrontación y la idea de que la sociedad está llena de enemigos.

En las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer se justifican y hasta celebran los actos de violencia, destrucción y odio que poco tienen que ver con la dignidad y el respeto que las mujeres merecen.

La violencia no dignifica a nadie.

Tampoco sirve de nada escuchar discursos políticos llenos de frases motivadoras pero vacías. Hoy se repiten constantemente consignas como “es tiempo de mujeres”, “paridad sustantiva” o expresiones populares como “ahora las mujeres facturan”.

Pero mientras esas frases se repiten en discursos y campañas, muchos problemas reales siguen ahí y siguen afectando la vida de millones de mujeres. Muy poco ha impactado en México la paridad de género impuesta en política como varita mágica cuando persisten situaciones muy graves como la violencia contra las mujeres, los feminicidios, las desapariciones, la inseguridad en las calles y en el transporte, la impunidad para los agresores, la pobreza que golpea especialmente a madres solteras, la falta de oportunidades laborales dignas, la desigualdad salarial, el abandono institucional a mujeres buscadoras de familiares desaparecidos, la falta de apoyo a madres trabajadoras tras la eliminación de estancias infantiles, la mortalidad materna que sigue siendo alta en varias regiones del país, el acceso desigual a servicios de salud y educación, y la vulnerabilidad de miles de niñas frente al abuso y la violencia.

Mientras estos problemas estructurales no se enfrenten con políticas eficaces y resultados reales, los discursos y las consignas seguirán siendo insuficientes frente a los desafíos que viven diariamente millones de mujeres.

Nada de esto significa que una mujer deba limitar sus sueños. Al contrario. Las mujeres han demostrado que pueden lograr cosas extraordinarias en todos los campos: en la ciencia, en el arte, en la educación, en la política, en los negocios y en la vida social pero no por su condición de género, sino por su capacidad y mérito.

El verdadero poder de una mujer no nace del enojo permanente ni del desprecio hacia los hombres.

Nace de algo mucho más profundo: su dignidad, su inteligencia, su capacidad de amar, su fuerza para construir y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor.

Por eso es tan importante pensar con calma. No todo lo que se vuelve viral en redes sociales es necesariamente verdad. No todo lo que suena moderno es necesariamente sabio.

Cada niña y cada joven merece tiempo para descubrir quién quiere ser realmente, qué valores quiere defender y qué tipo de vida desea construir.

En ese camino, las madres, las maestras, las mentoras y las líderes tienen una misión muy importante: acompañar, escuchar, orientar y ayudar a pensar. No para imponer ideas, sino para ayudar a descubrir algo fundamental.

Que el valor de una mujer no depende de seguir una ideología ni de enfrentarse con los hombres.

Su valor está en quién es como persona, en su capacidad de amar, de crear, de aprender, de cuidar, de liderar y de dejar una huella buena en el mundo.

Reflexionar sobre todo esto no busca quitarle libertad a nadie. Al contrario.

Busca proteger algo muy valioso: la libertad interior de cada mujer para elegir su camino con sabiduría, con responsabilidad y con esperanza.

La mentira para debilitar al INE

Decir que el sistema electoral mexicano «es el más caro del mundo» es puro populismo y demagogia, un engaño más de Morena que se hace evidente cuando ves los números.

El Instituto Nacional Electoral cuesta menos de 0.5 % del presupuesto federal, incluso en años con elecciones. En años sin comicios anda entre 0.15 % y 0.25 %.

Traducido: menos de 50 centavos por cada 100 pesos que gasta el gobierno.

Con eso se organizan las elecciones federales, se mantiene el padrón electoral, se entrega la credencial para votar, se revisan los gastos de los partidos y se garantiza que el poder cambie por votos y no por conflictos.

Y ahora, además, el INE tiene que organizar elecciones de jueces y magistrados, algo que casi no existe en democracias consolidadas. Más boletas, más casillas, más reglas. Más costo y más presión.

El resultado de impulsar ese populismo es mayor presión para el sistema electoral y la sujeción (o abyección) de los jueces y magistrados «electos» cambiando un contrapeso al poder del gobierno por incapacidad, servilismo y desconfianza en el Poder Judicial.

Por ello pretender hacer una reforma electoral sin consenso político es ilegítimo y peligroso. La democracia no es un lujo. Es lo que mantiene estable al país.

Ahora comparemos.

La cancelación del aeropuerto en Texcoco y su reemplazo por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costó miles de millones en indemnizaciones y pagos. Y hoy el AIFA mueve muchos menos pasajeros de lo que se prometió y no resolvió nada en cuestión aeroportuaria ni de conexión para la CDMX.

El Tren Maya ha tenido enormes sobrecostos, opacidad en sus contratos, resultó en un daño ecológico inconmensurable, se descarriló y no sirve más que para acumular pérdidas.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, conocido como Tren Transístmico, también ha aumentado su presupuesto y la corrupción alrededor de sus obras ya costó vidas humanas.

La Refinería Dos Bocas terminó costando mucho más de lo que se dijo al inicio, su presupuesto aumentó 162 % (esa sí fue la refinería más cara del mundo) y procesa menos del 50 % de la que se supone es su capacidad.

En varios años, estas obras llegaron a representar entre 1 % y 4 % del presupuesto anual. Muchísimo más que el INE.

Y están las paraestatales.

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) protagonizó uno de los mayores casos de desvío de dinero público reciente.

Petróleos Mexicanos ha recibido apoyos constantes y carga con una deuda enorme.

Comisión Federal de Electricidad también ha necesitado subsidios importantes y ha reportado pérdidas.

Todo eso sí cuesta puntos completos del presupuesto cada año.

Entonces, ¿de verdad el problema es lo que cuesta el INE?

Decir que es «el sistema electoral más caro del mundo» ignora algo básico: México tiene más de 98 millones de votantes, elecciones federales y locales al mismo tiempo y financiamiento público a partidos incluido en el modelo. Comparar números sin tomar en cuenta eso es engañoso.

Si de verdad se quiere una reforma electoral, el tema urgente sería frenar la entrada del crimen organizado en campañas y elecciones, cuidar que no haya dinero ilegal y garantizar seguridad para votar libremente. Ese es el riesgo real.

Pero ese tema casi no se menciona.

Desde Morena se insiste en debilitar al árbitro con el pretexto de que es caro, mientras los gastos mucho más grandes están en sobrecostos, rescates y escándalos.

La democracia mexicana cuesta menos de medio peso por cada 100 del presupuesto.

Debilitar al INE no va a ahorrar dinero, pero le puede salir mucho más caro al país.

La reforma electoral de Morena: la democracia corre peligro

Lejos de ser un avance democrático, la propuesta presentada recientemente evidencia una preocupante intención de debilitar los contrapesos institucionales y concentrar el poder. No se trata de un ejercicio transparente ni de una demanda genuina de la ciudadanía, sino de una iniciativa que desde su origen ha estado marcada por la prisa, la opacidad y la falta de consenso real, además de haberse construido con información limitada y sin un diálogo amplio ni plural.

Aunque se pretende presentar como un cambio necesario, la realidad es que esta reforma pone en riesgo pilares fundamentales del sistema electoral. La eliminación o transformación de mecanismos de representación proporcional no fortalece la participación, sino que reduce la pluralidad y limita la voz de minorías políticas y sociales. Peor aún, los nuevos esquemas planteados no eliminan el control de las dirigencias partidistas sobre las candidaturas, por lo que el poder interno de las cúpulas no se reduce, sino que se mantiene bajo otra forma. En lugar de ampliar derechos, los restringe.

También se afirma que se reducirán costos, pero no se explica con claridad cómo se garantizará al mismo tiempo la calidad, independencia y capacidad operativa de las instituciones electorales. Recortar recursos sin planeación puede traducirse en procesos más vulnerables, menos confiables y más susceptibles a presiones políticas. Es falso que el gasto del INE sea caro: representa apenas alrededor del 0.15% del presupuesto federal, mientras programas y megaproyectos gubernamentales cuestan decenas de veces más e incluso han acumulado sobrecostos por cientos de miles de millones de pesos. La desaparición o debilitamiento de herramientas técnicas de transparencia y conteo preliminar, lejos de modernizar el sistema, podría disminuir la certeza electoral y alimentar la desconfianza ciudadana.

Se insiste en que el proyecto surge del pueblo, cuando en realidad múltiples sectores han advertido riesgos serios y han señalado que no existe un consenso amplio ni un debate profundo. Las consultas citadas no sustituyen un análisis serio ni garantizan que las preocupaciones ciudadanas hayan sido realmente incorporadas. Además, aspectos como la influencia del crimen organizado, las fallas en sanciones electorales o la sobrerrepresentación legislativa permanecen sin solución, lo que evidencia que la reforma no atiende problemas estructurales del sistema.

Lejos de promover elecciones más justas, esta propuesta podría abrir la puerta a mayor inequidad en las contiendas y a una concentración política más marcada. El rediseño de órganos y reglas, incluido el modelo de integración legislativa, podría facilitar mayorías calificadas para el grupo gobernante y alterar el equilibrio democrático. A ello se suma que la reducción de financiamiento público y de tiempos en medios podría incentivar el uso de recursos ilícitos en campañas, debilitando aún más la equidad.

No es extraño que existan críticas: lo verdaderamente preocupante sería que no las hubiera. Cuando una reforma electoral genera dudas sobre su imparcialidad y despierta alertas entre especialistas, académicos y sectores sociales, lo responsable no es descalificar a quienes cuestionan, sino revisar a fondo el contenido.

La democracia no se fortalece reduciendo la diversidad de voces ni concentrando decisiones. Se fortalece garantizando equilibrio, transparencia y auténtica representación. Por eso, más que celebrarse, esta iniciativa debería analizarse con cautela, porque el riesgo no es menor: lo que está en juego no es un ajuste administrativo, sino la solidez misma del sistema democrático y la posibilidad de evitar retrocesos que acerquen al país a un esquema de predominio político sin contrapesos.

En un momento en que México enfrenta graves crisis de inseguridad, con organizaciones criminales capaces de asesinar autoridades, infiltrarse en gobiernos locales y someter regiones enteras mediante la violencia, la reforma verdaderamente urgente sería aquella que cierre el paso a la injerencia del crimen organizado en la vida pública y fortalezca los mecanismos de vigilancia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Lo que el país necesita no es un rediseño que consolide mayorías artificiales ni que concentre poder en dirigencias partidistas, sino cambios que amplíen la representación real, acerquen a la ciudadanía a las decisiones públicas y obliguen a los gobernantes a responder ante la sociedad. Porque la democracia no se protege otorgando más poder al poder, sino distribuyéndolo; no debilitando contrapesos, sino fortaleciéndolos; y no retrocediendo hacia esquemas hegemónicos del pasado, sino avanzando hacia instituciones más abiertas, vigiladas y verdaderamente representativas.

¿Éxito o victoria a medias?

El operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", difícilmente puede considerarse un éxito.

A simple vista podría parecerlo. Se trataba de uno de los criminales más buscados del planeta y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización con presencia internacional, poder armado y una red financiera compleja. Sin embargo, cuando se observa el panorama completo, el resultado se vuelve mucho más ambiguo. El objetivo principal se cumplió, pero el costo, las consecuencias inmediatas y las omisiones estratégicas muestran que no fue una victoria clara, sino una operación a medias.

Desde el punto de vista táctico, el operativo fue eficaz. Analistas afines al oficialismo han señalado que la intervención mostró capacidad operativa y precisión de las Fuerzas Armadas. Localizar a un líder de ese nivel no es sencillo. Requiere inteligencia previa, vigilancia, coordinación y rapidez. En ese sentido, la acción demuestra que el Estado tiene recursos para actuar cuando decide hacerlo. El problema es que la seguridad nacional no se mide solo por la ejecución de un operativo, sino por sus efectos posteriores. Ahí es donde empiezan las dudas.

Horas después del enfrentamiento se registraron 252 narcobloqueos en al menos veinte estados. Hubo carreteras cerradas, vehículos incendiados, ataques armados, saqueos y pánico en la población. También se reportaron al menos catorce muertes adicionales, entre ellas siete elementos de la Guardia Nacional. Estos hechos no son detalles menores ni daños inevitables. Son señales claras de que no existía un plan sólido para contener la reacción del grupo criminal. Cuando una acción gubernamental provoca una ola de violencia inmediata en gran parte del país, es legítimo cuestionar si realmente fue un triunfo.

Propagandistas del oficialismo lo describieron como un día histórico, pero incluso dentro de esa lectura optimista reconocen algo fundamental: la caída de un líder criminal suele provocar disputas internas y más violencia. La experiencia mexicana confirma ese patrón. Tras la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán no llegó la paz. Lo que ocurrió fue una fragmentación de grupos, luchas por territorios y la aparición de células más agresivas. La lógica criminal funciona como un mercado. Cuando se elimina a un actor dominante, otros compiten por ocupar su lugar. Por eso, la caída de un capo no garantiza la reducción de delitos.

También hay un factor político que pesa en la interpretación del operativo. Diversas voces coinciden en que la presión internacional influyó para acelerar la intervención. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, celebró públicamente el resultado y agradeció la cooperación bilateral. Ese reconocimiento muestra que el operativo tenía relevancia diplomática y que estuvieron muy involucrados elementos militares de Estados Unidos. Por ello también se abre una pregunta incómoda: ¿se actuó por estrategia nacional o por urgencia política externa? Cuando una acción de seguridad se ejecuta bajo presión internacional, existe el riesgo de priorizar el impacto inmediato sobre la planeación integral.

Ese posible apuro puede explicar por qué el objetivo no fue capturado con vida. Desde el punto de vista de inteligencia, esa es una de las mayores pérdidas. Un detenido de ese nivel representa una fuente invaluable de información. Habría podido revelar nombres de funcionarios coludidos, rutas de tráfico, proveedores de armas, operadores financieros, estructuras de mando y redes de protección institucional. Casos investigados por la DEA muestran que los interrogatorios a líderes detenidos pueden desmantelar organizaciones enteras. Al morir el líder, se pierde esa posibilidad. Con él desapareció información que quizá nunca se conocerá.

Otro punto crítico es la ausencia de un plan preventivo para proteger a la población. No hubo alertas tempranas ni despliegues suficientes en zonas de influencia del grupo criminal; los vacíos de información fueron sustituidos por las redes sociales, con todos los riesgos que eso conlleva. El resultado fue que comunidades enteras se sumieron en pánico y quedaron expuestas a represalias previsibles. La seguridad pública no solo implica capturar delincuentes. También implica evitar que la ciudadanía pague el costo de esas capturas. En este caso, el Estado logró lo primero, pero falló en lo segundo. La gente vivió horas de miedo, carreteras bloqueadas y ciudades paralizadas.

En contraste, hubo lugares donde sí se demostró que la prevención funciona cuando hay coordinación real. En el estado de Querétaro, el gobierno encabezado por Mauricio Kuri González activó protocolos de seguridad apenas se confirmó el operativo federal. Se reforzaron límites estatales, se instalaron filtros carreteros y se desplegaron operativos conjuntos con autoridades municipales como Felipe Fernando Macías, Josué Guerrero Trápala y Rodrigo Monsalvo. Hubo vigilancia estratégica, cancelaciones preventivas de actividades y comunicación constante con la población. El resultado fue claro. Mientras en otras entidades se registraban incendios y bloqueos, en Querétaro no hubo episodios de violencia relevantes: un intento de incendio en un OXXO y tres vehículos incendiados en puntos carreteros que fueron resueltos rápidamente. La vida cotidiana continuó casi con normalidad en el estado hasta que, como medida de prevención, se cerraron algunos negocios, en su mayoría franquicias nacionales que dieron esa instrucción, y se suspendieron clases en todos los niveles educativos este lunes. Ese contraste demuestra que la reacción posterior a un golpe contra el crimen sí puede contenerse cuando existe planeación, coordinación y anticipación. No se trata solo de fuerza, sino de estrategia.

El gobierno de Claudia Sheinbaum pudo haber optado por un esquema similar a nivel nacional. Una coordinación previa con autoridades estatales y municipales habría permitido posicionar fuerzas en puntos estratégicos para impedir bloqueos y ataques. No se trata de filtrar información sensible, sino de preparar mecanismos de contención. La reacción violenta del grupo demuestra que sí tenían capacidad de respuesta organizada. El Estado debió anticiparlo.

Además, hay que entender que los cárteles no son solo bandas armadas. Son estructuras económicas complejas. Si no se golpean sus finanzas, sus empresas fachada y sus redes de lavado de dinero, la organización sigue funcionando. Eliminar al líder puede incluso acelerar la reorganización interna y provocar luchas por el control. Investigaciones académicas han documentado que los vacíos de poder criminal suelen traducirse en aumentos de homicidios. Todo indica que el grupo podría entrar en una fase de reacomodo violento en los próximos meses.

Por eso resulta apresurado declarar el operativo como un triunfo. Un éxito real solo puede evaluarse con el paso del tiempo. La pregunta clave no es si se neutralizó al líder, sino qué ocurre después. Si disminuyen los homicidios, si baja la extorsión, si se reduce el control territorial y si se debilita la estructura financiera, entonces podrá hablarse de un logro estratégico. Si nada de eso sucede, el operativo será recordado como un golpe espectacular, pero superficial, probablemente decidido por la presión externa.

El discurso oficial suele presentar estos eventos como victorias contundentes porque la caída de un capo es mediáticamente impactante. Genera titulares, imágenes y declaraciones. Pero la seguridad no se construye con golpes aislados. Se construye con inteligencia constante, coordinación institucional, policías fortalecidas y políticas sociales que reduzcan el reclutamiento criminal. Sin ese enfoque integral, cada líder eliminado es simplemente sustituido por otro.

En resumen, el operativo mostró que el Estado tiene capacidad para actuar, pero también dejó claro que esa capacidad no siempre va acompañada de planeación estratégica. Fue eficaz en lo inmediato, pero débil en sus consecuencias. Se cumplió el objetivo principal, sí, pero se dejó intacta gran parte de la estructura criminal y se desató una ola de violencia que afectó a miles de ciudadanos. No es un fracaso total, pero tampoco un éxito. Es una advertencia.

La verdadera evaluación no debe hacerse con base en lo ocurrido ese día, sino en los meses que siguen. La seguridad no se mide por anuncios ni conferencias, sino por resultados sostenidos. Si la violencia baja y la organización se debilita, entonces el operativo habrá valido la pena. Si la violencia continúa o aumenta, quedará claro que se trató solo de un episodio más en una lucha que sigue sin resolverse y la admisión de facto del fracaso de la estrategia de "abrazos, no balazos", que solamente le dio tiempo a los grupos criminales de fortalecerse aún más y ampliar su dominio en más territorios de México.

Así, lo positivo, si somos optimistas, es que la inseguridad vuelve a dominar la agenda pública y el gobierno federal estará obligado a continuar combatiendo a los criminales y a dar resultados, aunque, sin detenciones masivas de sicarios y sin detener a los niveles más altos de la estructura política y financiera de los cárteles, no dejará de ser una estrategia incompleta y omisa.

Contrastes 16 febrero 2026

La semana pasada dejó una serie de hechos que ayudan a entender con claridad qué está pasando en Querétaro y por qué el estado suele aparecer en conversaciones nacionales cuando se habla de resultados. No se trata de discursos ni de percepciones aisladas. Fueron varios acontecimientos en distintos ámbitos que, al conectarse, dibujan una misma idea de fondo. Hay decisiones públicas que buscan resolver problemas reales, proyectos económicos que avanzan y, al mismo tiempo, tensiones políticas que revelan disputas internas.

Uno de los ejemplos más visibles fue la iniciativa de Ferias de Bienestar Animal, impulsada por el alcalde Felifer Macías desde el Municipio de Querétaro. En redes sociales se ha vuelto común ver campañas de adopción de mascotas y muchas personas se suman con buena intención. El problema es que el entusiasmo inicial no siempre viene acompañado de responsabilidad a largo plazo. Cuidar un animal implica tiempo, gastos y atención médica. Estas ferias buscan justamente atender ese reto, llevando esterilización, vacunas y adopciones a colonias. No son actos simbólicos. Son una forma directa de reducir abandono y maltrato, que generan decenas de reportes diarios. Si el programa se sostiene, puede convertirse en un modelo replicable.

Al mismo tiempo, el estado volvió a destacar en el plano económico y tecnológico. Querétaro concentra cerca del 79 por ciento de los centros de datos del país. Esa cifra no aparece por casualidad. Las empresas buscan seguridad, infraestructura confiable, ubicación estratégica y reglas claras. Cuando un territorio ofrece esas condiciones de manera constante, la inversión llega y permanece. Si además se fortalece la capacidad energética, el potencial para consolidarse como hub digital en América Latina es real.

Ese dinamismo también se nota en la expansión del Aeropuerto Internacional de Querétaro. El proyecto conocido como Ciudad Aeropuerto plantea un desarrollo de largo plazo, con zonas comerciales, espacios de servicios y áreas de entretenimiento. La idea es convertir la terminal en un polo económico que atraiga inversión y genere empleos. A esto se sumó el anuncio de once nuevas rutas de Volaris, lo que fortalece la conectividad y el turismo. Detrás de estos avances hay planeación y trabajo técnico, donde han participado perfiles como Marco del Prete y Adriana Vega Vázquez Mellado, quienes han impulsado estrategias para que el crecimiento llegue también a municipios como Amealco.

En materia de salud pública también hubo movimientos importantes. A nivel nacional surgió preocupación por brotes de sarampión y por la escasez de vacunas. México pasó en pocos años de ser referente regional en inmunización a tener coberturas bajas y enfermedades prevenibles de regreso. Frente a ese escenario, autoridades locales habilitaron nuevos puntos de vacunación en hospitales, clínicas y espacios públicos para facilitar el acceso.

Los sistemas de salud no funcionan con declaraciones, sino con logística, abasto y personal capacitado. Cuando la estructura falla, las consecuencias se miden en vidas.

Otro hecho relevante fue la intervención de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en el caso de Viñedos La Redonda. El operativo incluyó cateos, detenciones y aseguramiento de evidencia. Más allá del caso específico, el efecto público fue claro: se envió la señal de que la ley se aplica y que las instituciones actúan incluso cuando hay presiones. En un país donde la impunidad suele ser tema frecuente, estos episodios pesan porque generan confianza social y jurídica.

El contraste apareció en el terreno político. En el municipio serrano de Peñamiller surgieron tensiones luego de que la alcaldesa Ana Karen Jiménez enfrentara movilizaciones impulsadas por grupos vinculados al diputado Gilberto Herrera. El conflicto se detonó tras la destitución de una delegada relacionada con su equipo, que fue señalada por extorsionar comerciantes. En lugar de respaldar la investigación, el caso escaló políticamente y se habló incluso de promover un juicio con apoyo del diputado Eric Silva. El episodio dejó ver cómo la desesperación de Gilberto Herrera lo está llevando a radicalizarse y buscar detonar más conflictos en los municipios serranos.

Ese clima coincide con la competencia interna dentro de Morena rumbo a futuras candidaturas. Diversos análisis señalan que Herrera enfrenta dificultades para posicionarse frente a Santiago Nieto Castillo, quien aparece mejor ubicado en preferencias de los simpatizantes de Morena, por mucho. La fotografía difundida por figuras como Astrid Ortega, Beatriz Robles, Luis Humberto Fernández y Ricardo Astudillo mostró un intento de proyectar unidad que terminó evidenciando divisiones, sobre todo por la ausencia del aspirante con mayor respaldo. En política, las imágenes dicen mucho, y esa foto dijo más de lo que pretendía.

Si se observa todo junto, el balance semanal resulta revelador. Hubo acciones concretas en bienestar animal, avances en inversión tecnológica, expansión de infraestructura, medidas sanitarias, aplicación de la ley y, al mismo tiempo, disputas partidistas. Son piezas distintas de un mismo rompecabezas que permiten entender el momento que vive el estado.

La conclusión es sencilla. Mientras algunos actores se concentran en confrontaciones y posicionamientos internos, otros están enfocados en proyectos, servicios y resultados. La ciudadanía suele notar la diferencia. Al final, los gobiernos no se evalúan por lo que prometen, sino por lo que logran. Y cuando en pocos días coinciden noticias de inversión, conectividad, programas sociales y acciones legales, el mensaje se vuelve difícil de ignorar.

De corridas de toros, jueces ideológicos, el negocio de los animalistas y la pérdida de libertades

La suspensión de la corrida de toros programada para el 30 de enero de 2026 en Provincia Juriquilla, Querétaro, no es un simple malentendido administrativo ni una discusión cultural. Es, en realidad, una postal bastante clara de cómo en México el Poder Judicial está empezando a operar más como árbitro ideológico que como garante de la ley. 

Y cuando eso ocurre, casi siempre hay daños colaterales: libertades que se reducen, certezas que desaparecen y patrimonio cultural y ecológico que se pierde mientras todos discuten el síntoma y no la enfermedad.

La tauromaquia, guste o no, no es ilegal. No es una actividad improvisada ni fuera del sistema. Está regulada, tiene permisos, cumple con requisitos administrativos y forma parte de una tradición histórica reconocida. La corrida de Juriquilla tenía todas las autorizaciones necesarias. No se trataba de algo clandestino ni de una ocurrencia de última hora. Aun así, un juez federal decidió suspenderla mediante un amparo promovido por una organización animalista, extendiendo los efectos de su decisión a terceros que ni siquiera formaban parte del juicio. Porque claro, si algo no me gusta, lo lógico es prohibirlo para todos.

Aquí es donde conviene bajar el ruido y subir un poco el nivel técnico. El amparo no fue creado para cancelar actividades legales que simplemente incomodan a ciertos grupos. Para que proceda, se debe acreditar un interés jurídico o al menos un interés legítimo real, no solo una causa ideológica bien empaquetada. En muchos de estos casos, eso no ocurre. Además, se conceden suspensiones contra actos futuros e inciertos, es decir, se castiga algo antes de que pase, por si acaso. También se ignora el principio básico de que el amparo solo debe beneficiar a quien lo promueve y no afectar a toda una comunidad o a una actividad económica lícita. Y por si fuera poco, se suspenden permisos administrativos que gozan de presunción de legalidad, como si el juez pudiera sustituir alegremente a la autoridad competente. Todo esto, dicho en sencillo, es usar el amparo como herramienta política y no como instrumento jurídico.

Este tipo de decisiones no surgen de la nada. Viven cómodamente dentro del contexto que dejó la reforma al Poder Judicial Federal aprobada en 2024. Una reforma que prometía acercar la justicia al pueblo, pero que en la práctica ha servido para politizarla. La elección popular de jueces y ministros, el debilitamiento de contrapesos y la pérdida de autonomía han generado un sistema donde muchas resoluciones parecen responder más a la causa correcta del momento que a la Constitución. Y como si eso no fuera suficiente, los escándalos, conflictos internos y disputas públicas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han terminado de erosionar la confianza en quienes se supone deben ser árbitros, no activistas con toga.

Cuando jueces y ministros se convierten en protagonistas del debate político, la ley deja de ser un piso parejo y se vuelve plastilina. Se estira, se acomoda y se adapta según la presión mediática del día. En ese escenario, suspender una corrida de toros deja de ser una excepción y se convierte en una práctica normalizada de intervención judicial en la vida cultural, económica y social del país.

En este tablero también juegan ciertas organizaciones animalistas que se presentan como defensoras desinteresadas del bien común, pero que operan con estructuras de financiamiento, influencia política y protagonismo mediático bastante rentables. El discurso es moral y ecológico, pero la práctica muchas veces es selectiva. Se habla de proteger animales mientras se ignora convenientemente que las ganaderías de toro de lidia conservan enormes extensiones de ecosistemas, flora y fauna que no existirían sin ese modelo. Se exige la desaparición de la actividad sin decir, claro, que con ella desaparece también el toro de lidia como especie. Pero eso no suele caber bien en un eslogan.

Y no, este debate no se trata de convencer a todos de que les gusten los toros. Se trata de algo mucho más serio. ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial decide qué tradiciones, negocios o actividades pueden existir según criterios ideológicos?, no puede resultar nada bueno. Porque una vez que se abre esa puerta, no hay razón para cerrarla.

Bajo la misma lógica con la que hoy se cancela una corrida, mañana se puede cancelar una obra de teatro porque alguien se siente ofendido, cerrar un negocio familiar porque no encaja con la nueva moral dominante o prohibir una fiesta tradicional porque no es suficientemente correcta. Un joven que hoy quiere emprender puede descubrir mañana que cumplir la ley ya no es suficiente. Que ahora también debe pasar el filtro ideológico del juez en turno. Una familia que vive de una actividad legal puede perder su sustento porque a alguien no le gusta cómo se ve desde afuera.

Y ahí está el verdadero problema. Cuando la ley deja de ser clara y predecible, las nuevas generaciones pierden algo básico: la certeza de que el esfuerzo, el trabajo y el cumplimiento de las reglas sirven para algo. Se instala la idea de que todo es provisional y que cualquier proyecto puede ser cancelado si no coincide con la causa correcta del momento.

Por eso, la suspensión de una corrida de toros no es un tema menor ni exclusivo de aficionados o detractores. Es una señal de alerta. Es un ejemplo concreto de cómo se pueden perder libertades, patrimonio cultural, ecosistemas productivos y derechos individuales cuando el Poder Judicial olvida sus límites. Defender el Estado de Derecho hoy no es una consigna abstracta. Es defender la posibilidad de que mañana alguien pueda vivir, crear, emprender y asociarse sin pedir permiso ideológico para existir.