Por qué Querétaro busca cerrar la puerta a narcocandidatos

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, ha decidido hacer algo que a buena parte de la clase política mexicana le resulta incómodo: exigir que quien aspire a un cargo de elección popular demuestre, con hechos verificables y públicos, que no tiene nada que ocultar.

Su “Protocolo Único Antinarcocandidatos”, conocido como la “Declaración 6 de 6”, exige a todo candidato de cara a 2027 someterse a un escrutinio que eleva el estándar ético vigente: declaración patrimonial completa —cuentas en el extranjero, inversiones, criptomonedas—, declaración fiscal, ausencia de conflicto de interés, constancia de no antecedentes penales, constancia de no ser deudor alimentario, prueba toxicológica negativa, verificación patrimonial independiente a cargo del Colegio de Contadores y examen con polígrafo aplicado por una instancia con acreditación internacional.

Todo debe ser público y transparente. Para que sea la ciudadanía, y no los aparatos partidistas, quien decida con información real quién merece su voto.

¿Por qué ahora? Porque Querétaro es, en medio del huracán de violencia e infiltración criminal que azota a México, uno de los pocos oasis de paz y legalidad que aún quedan en pie, y porque el detonante fue innegable: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentó acusaciones de vínculos con el crimen organizado y solicitó licencia justo en las fechas en que Kuri presentó su propuesta. No es coincidencia. Es la prueba de que el riesgo de infiltración criminal no es una amenaza abstracta: ya opera en el corazón del poder.

Y, sin embargo, el oficialismo mexicano parece empeñado en normalizar, a fuerza de cinismo y evasivas, esa misma infiltración.

Por un lado, Morena ha preferido mirar hacia otro lado cuando el narco toca la puerta de sus propios gobiernos: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son investigados por Estados Unidos y ya les fueron revocadas las visas, señalados por vínculos con el crimen organizado y con el tráfico de combustible; Rocha Moya se convirtió en el rostro más visible de una crisis de legitimidad que su partido no puede seguir maquillando con discursos.

A esa lista se sumó, hace apenas unos días, un nombre que golpea el núcleo mismo del movimiento: Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos le canceló la visa por instrucciones de Marco Rubio y Christopher Landau. Su respuesta fue una carta cargada de adjetivos —calificó la medida de “politiquera”, “propagandística” y “al estilo hitleriano”—, pero ninguna explicación sobre el fondo del asunto. Es el mismo guion que ya conocemos: cuando el señalamiento toca a los suyos, no se investiga ni se aclara; se victimiza y se grita persecución. Y no deja de ser revelador que la cancelación llegara apenas meses después de que fiscales federales en Nueva York acusaran a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el propio Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por otra parte, cuando alguien propone filtros reales, Morena en Querétaro y desde las posiciones nacionales responde con la fórmula de siempre: restar importancia y desviar el tema. Su reacción ha sido decir que los requisitos “ya están en la ley” y que la propuesta “es solo politiquería”: lo que no les conviene, lo minimizan. Pero, en la realidad, Morena vive un cisma por proteger a sus políticos incómodos, que obligó a Rocha Moya a desistir en menos de 24 horas de su intento por regresar como gobernador, presionado por su propio partido y, seguramente también, por las señales que llegaron desde Estados Unidos, justo cuando Terry Cole, director de la DEA, acababa de declarar que el gobierno de México tiene funcionarios de alto nivel vinculados directamente con los cárteles.

Combatir la infiltración criminal en la política es perfectamente legítimo. Lo curioso es la asimetría: mientras en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas la sospecha internacional ronda a gobernadores del propio partido en el poder, y hasta al hijo del expresidente le retiran la visa, en Querétaro cualquier exigencia de transparencia se presenta casi como una ofensa personal. ¿En verdad creen que “ya está en la ley” cuando esa misma realidad demuestra lo contrario? Rocha Moya llegó al poder con todos los filtros legales que hoy Morena considera suficientes y, aun así, terminó como el símbolo más visible de la sospecha que persigue a su gobierno. El riesgo de infiltración no distingue colores partidistas, pero cuando los señalamientos más serios recaen justamente sobre gobernadores y hasta sobre la propia familia presidencial de un mismo partido, y ese partido responde con evasión en lugar de autocrítica, la sospecha deja de serlo y se vuelve un patrón.

Morena presenta cualquier exigencia de transparencia como un ataque partidista y no como lo que realmente es: un estándar mínimo de decencia democrática. Su discurso diluye el problema central —la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y en los gobiernos—, convirtiéndolo en una discusión abstracta sobre “corrupción en general”, mucho más cómoda que el hecho de que altos funcionarios de su propio partido, y ahora hasta un hijo del propio expresidente, están bajo la lupa de autoridades extranjeras. Esos mismos que se dicen enemigos de la corrupción, cuando se les pide abrir sus patrimonios, descubren que la transparencia “es más moral que jurídica”: la misma indignación selectiva que haría ruborizar al legislador que redactó la “3 de 3”, porque el combate a la corrupción que tanto pregonan está muy bien, solamente cuando no les toca a ellos.

La ruin consecuencia de esa evasión sería, además de facilitar que el crimen organizado siga encontrando refugio en los gobiernos, robarle a la ciudadanía el derecho a saber quién la gobierna y, algo todavía más peligroso, la confianza entre el poder y quienes lo eligen. Como si la legitimidad de un gobierno no dependiera de someterse voluntariamente al mismo escrutinio que exige a los demás. Por eso, reducir el debate a “ya está en la ley” frente a “estándares innecesarios” no es argumento jurídico: es simplificación política. Querétaro puede ser, a la vez, respetuoso de la ley vigente y exigente de estándares más altos; reconocer que las reglas mínimas no bastaron en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas no obliga a inventar un enemigo, obliga a no repetir el mismo error.

Y ahí aparece la contradicción de fondo: el mismo Morena que desapareció al INAI y reservó bajo “seguridad nacional” miles de documentos incómodos —del Tren Maya a la Megafarmacia del Bienestar— es el que impulsa la CURP biométrica, la “Ley Espía” y la geolocalización sin orden judicial para vigilar al ciudadano de a pie. Opacidad para sí mismos, transparencia forzada para todos los demás: ese es el verdadero doble estándar que debería incomodarlos.

La iniciativa de Kuri contiene principios que favorecen la salud democrática: transparencia, rendición de cuentas y confianza pública, que hacen a las instituciones más creíbles y difíciles de infiltrar. El problema para quienes prefieren el mínimo escrutinio es que una ciudadanía informada es más difícil de sorprender. Por eso, Morena en Querétaro opta por los principios contrarios: minimización en lugar de autocrítica, evasión en lugar de transparencia, evasión y distractores en lugar de rendición de cuentas.

Frente a la pregunta incómoda de por qué les molesta tanto un filtro que ellos mismos podrían pasar sin problema si nada tienen que ocultar, la respuesta oficial ha sido, otra vez, la diatriba ya preparada de que se trata de un ataque político. Resulta irónico que quienes hoy gobiernan estados bajo sospecha internacional —y hasta los más cercanos al expresidente— sean los primeros en decir que no hace falta más luz.

Exigir transparencia no es vulnerar a nadie; es simplemente conocer, desde la verdad, quién administra el poder que la ciudadanía le confía. Si esa lógica de la sospecha selectiva aplicara desde la visión de quienes hoy gobiernan Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, tal vez convendría preguntarles a ellos, y no a Querétaro, por qué la transparencia les incomoda tanto.

Del Paso de Cortés al Paso de los Pueblos indígenas, o reflejar a quién veneras

El oficialismo en México parece empeñado en reescribir la identidad mexicana a machetazos de símbolos.

Por un lado, Morena ha cuestionado o desplazado referentes de la herencia hispánica: Andrés López Obrador exigió a España y al papa pedir perdón por la Conquista; se retiró la estatua de Cristóbal Colón; el 12 de octubre pasó de “Día de la Raza” a “Día de la Nación Pluricultural” y después a “Día de la Resistencia Indígena”; la caída de Tenochtitlan se convirtió oficialmente en “500 años de Resistencia Indígena” y ahora hasta al histórico Paso de Cortés le pretenden cambiar el nombre a “Paso de los Pueblos Indígenas”.

Por otra parte, Morena y sus aliados han incorporado cada vez más símbolos indígenas a la liturgia del poder: López recibió el Bastón de Mando y arrancó el Tren Maya con una ceremonia a la Madre Tierra; Sheinbaum recibió el suyo tras una ceremonia de purificación en el Templo Mayor, con copal, rezos y referencias a los cuatro rumbos; y hasta la nueva Suprema Corte recibió bastones de mando y adoptó simbología de raíz náhuatl.

Reivindicar a los pueblos indígenas es perfectamente legítimo. Lo curioso es la asimetría: mientras unos símbolos se reivindican como identidad nacional, otros se presentan casi como si fueran piezas incómodas del museo del Holocausto, incurriendo en dos falacias que no permiten aprender correctamente de nuestra propia historia: por una parte, romantizar el pasado y las culturas prehispánicas y, por la otra, demonizar a la hispanidad y los periodos del descubrimiento, la Conquista y el periodo colonial, cometiendo en ambos casos también un error grave: juzgar al pasado con los valores actuales.

Y por ello quisiera proponer algunas preguntas: ¿Por qué y para qué los gobiernos de Morena incitan al sentimiento de odio o rechazo hacia la hispanidad, el odio a los gachupines? (Por cierto, hacen lo mismo con los “gringos” y muchos otros grupos, con los que hasta les inventan apodos: “whitexicans”, “fifís”, “fachos”, “aspiracionistas”, entre otros). Y, en sentido opuesto, ¿fomentan adoptar la identidad y la ideología indigenista en una sociedad que es 90 % mestiza? ¿En verdad los líderes de ese movimiento se sienten tan identificados con las culturas prehispánicas y con los “pueblos indígenas”? El expresidente Andrés López proviene de una familia mestiza, al igual que la mayoría de los mexicanos; sus abuelos provenían de España, de Asturias y Cantabria. También los abuelos paternos y maternos de la presidenta Sheinbaum fueron migrantes judíos asquenazíes y sefardíes provenientes de Lituania y de Bulgaria.

No me malinterpreten: es tan mexicano un pálido pelirrojo boxeador como un atlético goleador de piel oscura como el ébano; es tan mexicano quien nació en la selva lacandona como quien llegó de las estepas siberianas, si adquiere la nacionalidad y aporta el esfuerzo de su vida a nuestro país por decisión. Ni nuestros orígenes étnicos ni el lugar del cual provenimos determinan nuestra mexicanidad y, como decía Chavela Vargas, “los mexicanos nacemos donde se nos dé nuestra rechingada gana”.

Pero tengo una hipótesis:

El “Movimiento Regeneración Nacional” y sus aliados, que en conjunto, de forma delirante, se autonombran “Cuarta Transformación”, son un grupo político cuya narrativa se fundamenta en promover el resentimiento por medio del engaño. Sus cuentos van dirigidos a las personas más vulnerables, a quienes se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema, y no solamente en lo que se refiere a la escasez de condiciones de calidad de vida y de recursos económicos, sino a las carencias en su educación y valores; en ese grupo también se encuentra una gran cantidad de personas de todas las categorías sociales en México.

No afirmo que los militantes de “la Cuarta” se crean sus propios cuentos y en verdad se sientan arraigados a las raíces indígenas, y que se propongan ser los héroes reivindicadores de la historia y culturas prehispánicas, o que se sientan muchos de ellos desafortunados por no tener la piel morena, como el nombre de su partido, que hasta en eso hay un tufo a demagogia. Esos mismos que se apropian de costumbres, símbolos y rituales prehispánicos, que a conveniencia lo mismo se envuelven en una imagen de la Virgen de Guadalupe que se cuelgan penachos, collares, flores y hasta panes; que hacen ceremonias a la Madre Tierra con sonidos de tambores de tronco y caracoles marinos, rodeados de hierbas y humo; ahora que ya les hizo justicia la revolución y que acumulan fortunas inexplicables, se vuelven frecuentes viajeros de clase premier y hasta residentes en Estados Unidos y Europa, son clientes de los restaurantes más lujosos, aficionados a las marcas de ropa y joyería más exclusivas. Bueno, son el póster de la prepotencia que, desde el poder, abusa de los más débiles y que le gusta ver a los demás agachados para que les lustren los zapatos, y son proclives a tales excesos en los banquetes que organizan, que harían ruborizar al mismo Luis XV, porque eso del izquierdismo y la austeridad republicana que tanto promulgan está muy bien, pero solamente en los bueyes de mi compadre.

Lo que creo que está detrás de este falso “orgullo” indigenista es el intento de utilizar todos los recursos del gobierno para adoctrinar a la población en la idea maniquea de que todo lo originario, lo prehispánico y lo indígena es lo bueno; en oposición, todo lo que llega del exterior, todo lo que no acepta las costumbres y la certeza de que ellos, y solo ellos, que son los héroes que ponen primero a los pobres y desvalidos, los defensores de las víctimas y los oprimidos, son los únicos que tienen autoridad moral y, por supuesto, siempre la razón; por lo tanto, como ellos son la encarnación del “pueblo” y como solamente el poder puede provenir del pueblo, pues lógicamente ellos deben tener TODO el poder y NADIE puede cuestionarlos.

La ruin intención de esa manipulación sería además de facilitar el despojo de los recursos de la nación; también arrebatar a una gran parte de la población, o a la mayoría, si lo consiguen, una gran parte de su identidad mexicana que es tan fundamental e importante como la prehispánica; es robarle a la mexicanidad su herencia occidental, robar esa parte de su riqueza cultural, histórica y, algo todavía más peligroso aún, de sus valores.

Como si el ser mexicano no fuera resultado también de siglos de una amalgama cultural que se forjó durante la época colonial y que también forma parte irreversiblemente de nuestro ADN cultural y de nuestro inconsciente colectivo, como afirmaría Carl Jung.

Todo aquello de lo cual presumimos ante el mundo como mexicanidad, nuestra música, nuestra comida, la arquitectura, nuestra literatura, nuestras tradiciones, nuestra religión, todo es una mezcla de ambos orígenes. No somos ni mexicas (o aztecas, como incorrectamente muchos dicen) ni tampoco españoles; somos mexicanos, somos resultado del mestizaje de ambos y también de las aportaciones de muchas otras culturas que han enriquecido la nuestra desde todas las latitudes. Somos también hijos de las culturas griega y latina, de los árabes, asiáticos, africanos y, por geografía, historia y vecindad, también norteamericanos.

La cultura occidental no es una raza ni una identidad exclusivamente europea: es una tradición histórica construida durante milenios a partir de Grecia, Roma, el cristianismo y la tradición europea, transformada después por el Renacimiento, la Ilustración, la ciencia y la modernidad.

De Grecia heredó la filosofía, la lógica, la democracia y la búsqueda racional del conocimiento; de Roma, el derecho, la ciudadanía y las instituciones; del cristianismo, ideas como la dignidad de la persona, la responsabilidad moral y la igualdad espiritual; y de la modernidad, la libertad individual, el Estado de derecho, la separación de poderes, el pluralismo, la secularización, los derechos humanos, la ciencia y la idea de progreso.

México forma parte de Occidente, aunque tenga una extraordinaria herencia indígena. El español, el derecho, las instituciones, el cristianismo, las universidades, la literatura, la arquitectura y buena parte de nuestra cultura son también herencia hispánica.

Por eso, reducir nuestra identidad a “indígena bueno” frente a “español malo” no es historia: es simplificación política.

México es indígena, hispánico, mestizo, americano y occidental. Reconocer una raíz no obliga a borrar las demás. Precisamente, Occidente se ha construido mediante encuentros, mezclas, conflictos, críticas y nuestras verdaderas transformaciones. Nuestra identidad también.

La cultura occidental que los gobiernos de Morena pretenden desplazar contiene principios y valores que favorecen el desarrollo individual: responsabilidad, propósito, disciplina, aprendizaje, pensamiento constructivo, autodominio, acción, integridad, resiliencia y generación de valor.

Estos principios hacen a las personas más capaces, autónomas y libres: les permiten adquirir conocimiento, desarrollar habilidades, mejorar sus oportunidades y elevar su calidad de vida.

El problema para gobiernos que buscan controlar a la sociedad es precisamente ese: una población autónoma, educada, crítica y económicamente independiente es mucho más difícil de manipular y someter.

Por eso, desde esta perspectiva, la izquierda fomenta los principios contrarios: victimismo en lugar de responsabilidad, vacío en lugar de propósito, desorientación en lugar de metas, indolencia en lugar de disciplina, estancamiento en lugar de aprendizaje, derrotismo en lugar de mentalidad constructiva, impulsividad en lugar de autodominio, procrastinación en lugar de acción, egoísmo en lugar de solidaridad, explotación en lugar de generación de valor, hipocresía en lugar de integridad, rigidez en lugar de adaptabilidad y resentimiento en lugar de resiliencia.

En síntesis: autonomía frente a dependencia; conocimiento frente a ignorancia; responsabilidad frente a victimismo; acción frente a pasividad; libertad frente a control.

Citando a la presidenta Sheinbaum, quien dijo: “Quien se molesta venera a Hernán Cortés”, seguido de una diatriba ya preparada para denigrar al personaje histórico, evidentemente es otra falsedad parte de su discurso. A los personajes históricos no se les venera, se les conoce y se aprende de lo que significaron sus acciones desde la verdad y la objetividad. Resulta irónico que un personaje sea tan vilipendiado por alguien que lo hace, que gobierna y habita en el palacio que el mismo Cortés construyó.

Venerar significa respetar a una persona o cosa en el grado más alto debido a su dignidad, grandes virtudes o santidad. Si eso aplicara desde la visión de su grupo político, las calles serían renombradas y los monumentos construidos para Marx, Lenin, Stalin, Mao, el Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez y, para ella principalmente, Andrés López Obrador.

¿Quién vigila al vigilante? Derechos de las audiencias o censura

Hay preguntas que sobreviven a todos los regímenes, todas las modas ideológicas y todas las presentaciones sobre "transparencia y rendición de cuentas". Una de ellas es tan vieja como incómoda: ¿quién vigila al vigilante? En cualquier democracia sana la respuesta importa. En México donde el poder político acumula facultades con la voracidad de quien llena un plato en un buffet libre, la pregunta deja de ser filosófica y se vuelve urgente.

Vamos al punto: la iniciativa sobre derechos de las audiencias suena, en el papel, atractiva. Información diferenciada de la publicidad, mecanismos de queja, contenidos transparentes. Un menú tan razonable que uno se pregunta quién, en su sano juicio, podría oponerse. La respuesta corta es: nadie. Ese es justo el truco. Nadie está en contra del objetivo. La discusión empieza —como siempre— en la letra chiquita, en el momento exacto en que el Estado decide que él, y solo él, sabrá determinar qué información es "veraz", "objetiva" o está "correctamente tratada". Ahí es donde la fiesta de las buenas intenciones se convierte en otra cosa.

Las leyes no se juzgan por sus intenciones, se juzgan por sus resultados

Toda ley bien escrita presume nobleza. El problema —permítanme la obviedad histórica— nunca ha sido la existencia de herramientas de control, sino lo que ocurre cuando esas herramientas caen en manos sin contrapesos. Y aquí conviene no hacerse los distraídos: la discusión sobre esta iniciativa no ocurre en un laboratorio neutro de telecomunicaciones. Ocurre en un momento donde el partido en el poder concentra una fuerza política monumental, donde varios organismos autónomos han sido desmantelados con el entusiasmo de un chivo en cristalería, donde información "estratégica" se clasifica con creciente generosidad como reservada y donde el debate público transcurre —seamos honestos— con la sutileza de una discusión de cantina un sábado por la noche.

Ah, y por si hiciera falta un ingrediente más: México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Asesinatos, desapariciones y amenazas. Documentados, año tras año, por organizaciones que ya perdieron la capacidad de sorprenderse. En ese contexto, cualquier mecanismo adicional de presión sobre los medios no genera "preocupación": genera un escalofrío con antecedentes.

El árbitro de la verdad busca empleo

Los defensores de la reforma insisten, con la mano en el corazón, en que nada de esto es censura. Solo se busca fortalecer derechos ya existentes, pulir códigos de ética y robustecer defensorías. Firmen aquí, por favor.

La oposición, sin embargo, no discute el discurso. Discute las herramientas. Y el argumento más repetido —porque es el más incómodo— es que la autoridad reguladora podría terminar convertida en algo parecido a un árbitro oficial de la verdad, con conceptos tan elásticos como "objetividad" o "tratamiento correcto de los hechos", que dejan un margen de interpretación tan amplio que cabría casi cualquier cosa, incluidas las conveniencias del momento.

¿Quién decide qué es completamente objetivo en política? Pregunta retórica, porque todos sabemos que el periodismo no consiste en apilar datos como si fueran ladrillos. Consiste en seleccionar, jerarquizar y contextualizar. Dos medios pueden cubrir el mismo hecho, con los mismos datos verdaderos, y llegar a lecturas completamente distintas. Convertir esa naturaleza interpretativa en obligación jurídica no es regular: es colocar al regulador en una posición extremadamente delicada. O extremadamente cómoda. Depende, como casi todo en esta columna, de qué silla estés ocupando.

El efecto inhibidor: la censura que no necesita firmar nada

Aquí viene la parte elegante del asunto. La censura moderna, la de verdad sofisticada, rara vez prohíbe nada explícitamente. Le basta con sembrar la sospecha de que cierta investigación periodística podría traducirse en un procedimiento administrativo, una denuncia o una multa ejemplar. El resto lo hace la autocensura, esa colaboradora silenciosa y eficiente que nadie contrató formalmente, pero que siempre se presenta a trabajar.

Nadie prohíbe hablar. Simplemente, con el tiempo, algunos prefieren no hacerlo. Es más barato, más seguro y considerablemente menos heroico.

El problema nunca ha sido regular; el problema es quién decide qué puede decirse

Conviene aclarar algo antes de que alguien saque la palabra "libertad" como si fuera un salvoconducto para cualquier disparate. Nadie discute que las redes sociales albergan desinformación, campañas de manipulación, discursos de odio e incluso actividades delictivas que deben perseguirse. La cuestión no es si debe existir regulación. La cuestión es quién define sus límites y bajo qué controles.

El verdadero riesgo aparece cuando el Estado deja de sancionar conductas claramente ilegales para empezar a decidir qué información es suficientemente "verdadera", qué opinión resulta "responsable" o qué contenido merece permanecer visible. Esos conceptos, tan nobles en apariencia como elásticos en su aplicación, terminan otorgando a la autoridad un margen de interpretación capaz de acomodarse, con inquietante facilidad, a las necesidades políticas del momento.

Y ahí surge el efecto más sofisticado de la censura contemporánea: ya no hace falta prohibir expresamente una publicación. Basta con que periodistas, ciudadanos o medios sepan que una autoridad puede abrirles un procedimiento porque alguien consideró que su contenido era "incorrecto", "engañoso" o "contrario al interés público". El resto lo hace la autocensura, esa vieja conocida que trabaja sin horario, sin contrato y con una eficiencia verdaderamente admirable.

Las democracias maduras no se distinguen porque el gobierno tenga la última palabra sobre la verdad, sino porque aceptan que la verdad se construye mediante el debate abierto, la crítica y la confrontación de ideas. Otorgarle al poder político la facultad de decidir qué puede decirse y qué debe callarse no fortalece la libertad de expresión; la coloca bajo tutela. Y la historia tiene la desagradable costumbre de demostrar que las facultades creadas para combatir los abusos de hoy suelen terminar utilizándose para justificar los abusos de mañana.

Las conferencias diarias y la costumbre de tener siempre el micrófono

No hay que ser especialmente suspicaz para notar que el gobierno federal ya cuenta con una plataforma institucional, expresamente creada para fijar diariamente sus narrativas, responder a sus adversarios y, ocasionalmente, desacreditar voces incómodas. Cada quien puede tener su opinión sobre ese modelo de comunicación. Lo que resulta más difícil de discutir es que ya existe una enorme capacidad oficial para influir en la conversación pública. Sumarle, además, mayores herramientas regulatorias sobre los contenidos de radio y televisión no exactamente disipa la percepción de concentración de poder comunicativo. Más bien la subraya, con negritas.

Las leyes se quedan; los gobiernos se van

El argumento final —el que más incomoda porque es el más difícil de rebatir— es también el más simple: las leyes duran mucho más que las administraciones que las redactan. Cualquier facultad regulatoria diseñada hoy con la mejor intención seguirá ahí mañana, disponible para quien llegue después, con intenciones que nadie puede garantizar de antemano. Las instituciones, hay que decirlo sin rodeos, no funcionan en el vacío: funcionan dentro del contexto político que las rodea. Y ese contexto, como bien sabe cualquier consultor de comunicación, siempre pesa más de lo que el texto legal admite por escrito.

A guisa de remate: esta vez sí va a ser diferente (dicen)

No, el texto de la iniciativa no dice literalmente "censura previa". No prohíbe explícitamente criticar al gobierno. Nada de eso aparece escrito, y hay que reconocerlo con la misma honestidad con la que se señalan sus riesgos. Pero la preocupación central no está en lo literal: está en lo que las instituciones pueden convertirse una vez que desaparecen los contrapesos que las mantenían honestas.

Una democracia fuerte necesita audiencias bien informadas. Eso nadie lo discute. Lo que sí genera fricción —y con razón— es que alguien pretenda tener el monopolio para decidir qué significa, exactamente, estar bien informado.

Las facultades extraordinarias, una vez otorgadas, rara vez regresan voluntariamente al cajón donde prometieron quedarse guardadas "solo para casos excepcionales". La historia ofrece ejemplos de sobra. Pero bueno, siempre existe la posibilidad —tan optimista como recurrente— de pensar que esta vez sí será diferente.

Eso, después de todo, también suele formar parte del guion.

Feminismo jurídico: Un hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario, el caso Alberto Jasso

El profesor Alberto Israel Jasso Cruz nunca llegó a conocer el desenlace de la acusación hecha por una de sus alumnas en su contra y que posteriormente confesaría que fue falsa. Murió sosteniendo su inocencia, mientras enfrentaba las consecuencias personales, laborales y sociales derivadas de una acusación que aún no había sido resuelta por la justicia.

Su historia abrió una pregunta que trasciende su caso: ¿qué ocurre cuando el proceso se convierte en la pena y la sentencia deja de ser necesaria?

Paradójicamente, plantear esa pregunta suele ser suficiente para despertar sospechas. En ciertos espacios del debate público, cuestionar si el sistema protege adecuadamente los derechos del acusado equivale, casi por decreto, a minimizar la violencia contra las mujeres. Como si el Estado de derecho solo pudiera defender un derecho a costa de sacrificar otro.

Sin embargo, el derecho nació precisamente para evitar que las emociones, las presiones sociales o las causas políticamente más populares sustituyeran a las pruebas y al debido proceso.

Pero toda conquista jurídica encierra una paradoja: cuando una herramienta creada para corregir desigualdades comienza a generar tratamientos diferenciados permanentes, el debate deja de ser político y vuelve a ser jurídico.

Eso es justamente lo que hoy ocurre con buena parte del llamado feminismo jurídico.

Durante las últimas décadas se consolidó una corriente que sostiene que el derecho no es neutral, sino un reflejo de estructuras históricas de poder dominadas por el "patriarcado". Desde esa perspectiva, la igualdad formal resulta insuficiente y el Estado debe intervenir mediante acciones afirmativas, leyes especiales, protocolos diferenciados y mecanismos de protección reforzada para compensar una desigualdad estructural.

El diagnóstico ha inspirado reformas importantes y, en algunos casos, necesarias. Pero también ha dado lugar a una pregunta incómoda que cada vez más juristas comienzan a formular: ¿en qué momento la excepción dejó de ser excepcional y comenzó a convertirse en la regla?

El problema no es proteger a las mujeres, sino construir un sistema jurídico que, bajo la premisa de combatir una discriminación histórica, termine creando nuevas categorías de ciudadanos con distintos niveles de protección jurídica.

Porque una cosa es reconocer contextos de desigualdad y otra muy distinta presumir que esos contextos sustituyen la valoración individual de los hechos.

El riesgo aparece cuando el derecho deja de juzgar conductas para comenzar a clasificar personas.

La Constitución mexicana parece tener una opinión bastante sencilla al respecto. El artículo 1 prohíbe toda discriminación y el artículo 20 reconoce la presunción de inocencia sin distinguir entre hombres y mujeres. La igualdad constitucional no contiene notas al pie, excepciones ideológicas ni cláusulas que indiquen que algunos derechos fundamentales pueden modularse dependiendo del sexo del involucrado.

Sin embargo, el desarrollo legislativo de los últimos años ha construido un entramado de leyes, protocolos, criterios administrativos e instituciones especializadas cuya lógica parte de una premisa distinta: determinados grupos requieren una protección jurídica reforzada porque enfrentan una desventaja estructural.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la legislación sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, diversos mecanismos sobre violencia vicaria y múltiples protocolos administrativos nacieron con ese propósito.

Ese objetivo es legítimo.

La pregunta es otra.

¿Qué ocurre cuando un hombre enfrenta circunstancias similares y el sistema simplemente responde que no existe un procedimiento equivalente?

La respuesta suele ser el silencio.

O, en ocasiones, algo peor: la sospecha de que formular la pregunta implica estar "en contra de las mujeres". Una curiosa evolución del debate jurídico, donde pedir igualdad ante la ley puede convertirse en una forma de herejía política.

Uno de los instrumentos más controversiales es la perspectiva de género.

En su formulación original, se trata de una metodología destinada a identificar contextos de desigualdad y evitar que los prejuicios influyan en las decisiones judiciales. Correctamente aplicada, no elimina la carga de la prueba ni autoriza a presumir culpabilidades.

El problema aparece cuando esa metodología abandona el terreno analítico para convertirse en un criterio de interpretación casi automático.

Las narrativas del feminismo contemporáneo han sustituido la búsqueda de igualdad ante la ley por una lógica de conflicto permanente entre hombres y mujeres, donde la pertenencia al grupo adquiere mayor relevancia que la conducta individual.

Desde una perspectiva constitucional, cabe sostener que la igualdad jurídica deja de ser verdaderamente igual cuando el Estado comienza a distribuir derechos y cargas según el sexo de las personas, y muchas instituciones han invisibilizado problemas que afectan desproporcionadamente a los hombres bajo la premisa de que estos pertenecen al grupo históricamente privilegiado.

No se trata de negar la violencia contra las mujeres.

Se trata de preguntarse si la respuesta jurídica puede prescindir de principios tan elementales como la presunción de inocencia o el debido proceso.

En numerosos procedimientos administrativos y laborales basta una denuncia para desencadenar suspensiones, separación del cargo, restricciones familiares, medidas cautelares y un daño reputacional que difícilmente puede revertirse.

La absolución, cuando llega, suele tener un defecto muy grave: llega demasiado tarde.

La justicia repara expedientes.

La reputación, la familia, el empleo o la salud mental rara vez admiten recursos de revisión.

Eso fue precisamente lo que volvió tan simbólico el caso de Alberto Jasso.

Más allá del resultado que hubiera tenido la investigación, su historia obligó a formular una pregunta que ningún Estado constitucional debería esquivar: ¿quién protege los derechos fundamentales del acusado mientras el propio Estado investiga si la acusación es cierta?

Frente a esa inquietud surgió la denominada Ley Alberto.

En Querétaro, integrantes del colectivo Equidad y Justicia y posteriormente Querétaro con Justicia realizaron un homenaje frente al Palacio de Gobierno y anunciaron una campaña para reunir diez mil firmas que respalden una iniciativa legislativa con ese nombre.

Su propuesta busca fortalecer la presunción de inocencia, impedir que las medidas preventivas se transformen en condenas anticipadas y reformar el Código Penal para sancionar con mayor severidad las denuncias falsas, así como la fabricación deliberada de pruebas o testimonios. Sus impulsores afirman haber trabajado la iniciativa con autoridades estatales para construir un modelo que preserve simultáneamente la protección de las víctimas y el debido proceso.

La preocupación social no termina ahí.

La petición en Change.org "Promover la igualdad ante la ley para los hombres", iniciada por una madre de familia con hijos varones y respaldada por cientos de miles de firmantes, propone revisar disposiciones legales y protocolos que, desde la perspectiva de sus promotores, generan un trato diferenciado hacia los hombres. Entre sus planteamientos figuran reforzar la presunción de inocencia, garantizar igualdad procesal, revisar la legislación con perspectiva de género para asegurar un trato simétrico, crear mecanismos de protección para hombres víctimas de violencia y equilibrar procedimientos familiares relacionados con custodia y convivencia.

Por su parte, la Iniciativa Transformalia contra Denuncias Falsas, igualmente respaldada por miles de personas en la misma plataforma, impulsa reformas al Código Penal Federal para crear un tipo específico de denuncia falsa dolosa, aumentar las sanciones cuando esta busque obtener ventajas procesales, y castigar el falso testimonio, la fabricación de pruebas y la filtración ilegal de carpetas de investigación.

Podrá discutirse la técnica legislativa de cada propuesta.

Lo que resulta más difícil es negar el problema que intentan resolver: la justicia también se equivoca.

Precisamente por eso existen la presunción de inocencia, el debido proceso y la exigencia de probar los hechos.

En México, las resoluciones que declaran judicialmente una denuncia falsa son escasas. Pero abundan los procesos donde la sanción social antecede a cualquier sentencia.

Y quizá ahí radique la verdadera paradoja.

Un sistema diseñado para evitar injusticias puede terminar produciendo otras cuando la identidad sustituye al individuo como eje de protección jurídica.

La igualdad formal pareciera haber sido desplazada por una lógica de igualdad de resultados, donde el derecho deja de ser un árbitro neutral para convertirse en un instrumento de ingeniería social. El problema no es la intención, sino la tentación de sacrificar principios universales en nombre de causas consideradas moralmente incuestionables. Pero si una causa deja de admitir preguntas, deja también de necesitar argumentos, y el sistema jurídico comienza a parecerse demasiado a aquello que alguna vez prometió combatir.

Nada de esto implica negar la violencia que sufren millones de mujeres ni cuestionar la necesidad de políticas públicas eficaces para prevenirla.

La cuestión es mucho más sencilla y, precisamente por ello, mucho más difícil de responder.

¿Puede un Estado democrático proteger eficazmente a las víctimas sin debilitar las garantías fundamentales de los acusados?

La respuesta debería ser sí.

El Estado constitucional no fue diseñado para elegir entre víctimas e inocentes.

Fue diseñado para proteger a ambos.

La igualdad ante la ley no admite apellidos, colectivos privilegiados ni categorías permanentes de credibilidad.

Si realmente creemos en ella, tendremos que aceptar una conclusión inevitable: la justicia solo conserva legitimidad cuando protege con la misma firmeza a quien denuncia, a quien es acusado y a cualquier persona cuyos derechos dependan de que el Estado recuerde una verdad tan antigua como el propio derecho: las pruebas pesan más que las etiquetas, y los individuos valen más que las categorías.

El T-MEC y las sombras que nadie quiere ver

Hay tratados comerciales que se negocian en las mesas diplomáticas y otros que, sin estar escritos, se negocian todos los días con base en la confianza. El T-MEC pertenece a ambas categorías. Por eso, reducir su revisión a una discusión sobre aranceles, reglas de origen o déficits comerciales es quedarse con apenas una parte de la historia.

La decisión de la administración de Donald Trump de endurecer el escrutinio sobre el acuerdo responde, desde luego, a una visión más proteccionista del comercio. Pero también refleja algo que en México se ha subestimado durante demasiado tiempo: para Estados Unidos, la fortaleza de las instituciones de sus socios comerciales ya forma parte de la ecuación económica.

En otras palabras, la seguridad, el combate a la corrupción y el Estado de derecho dejaron de ser asuntos paralelos al comercio. Hoy son variables que influyen directamente en la confianza con la que se toman decisiones de inversión y se construyen acuerdos de largo plazo.

Esa es la discusión que con frecuencia se pierde en el debate público mexicano.

Mientras aquí cada caso se analiza de manera aislada, en Washington las piezas forman parte de un mismo rompecabezas. Las investigaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, las sanciones impuestas a redes relacionadas con el huachicol fiscal y las tensiones diplomáticas derivadas del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada no necesariamente determinan por sí solas la política comercial estadounidense. Pero sí alimentan una percepción que termina influyendo en ella: la de un país donde el crimen organizado y la corrupción continúan representando desafíos para la fortaleza institucional.

Las percepciones, especialmente en política internacional, tienen consecuencias.

Cuando un gobierno considera que su principal socio enfrenta dificultades para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger sus aduanas o preservar la integridad de sus cadenas de suministro, la disposición para otorgar mayor certidumbre comercial disminuye. La confianza deja de ser un concepto político para convertirse en un activo económico.

El caso del huachicol fiscal ilustra con claridad ese cambio de paradigma. Más allá del impacto sobre las finanzas públicas, las investigaciones estadounidenses han puesto sobre la mesa posibles esquemas de corrupción capaces de facilitar operaciones ilícitas y el ingreso de mercancías con origen falsificado. Desde la óptica del T-MEC, eso trasciende el ámbito penal: compromete las reglas de origen, distorsiona la competencia y debilita uno de los pilares del acuerdo comercial.

Los mercados leen esas señales con rapidez. Para un inversionista internacional, el riesgo ya no depende únicamente del crecimiento económico, la inflación o el tipo de cambio. También pesa la calidad de las instituciones, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas. Es lo que los organismos financieros denominan riesgo institucional.

Y ese riesgo importa. Cerca del 80 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. Industrias estratégicas como la automotriz, la manufactura avanzada y la de dispositivos médicos operan bajo cadenas de suministro profundamente integradas entre los tres países de Norteamérica. La certidumbre no es un lujo; es una condición indispensable para justificar inversiones que se planean a diez o veinte años.

Por supuesto, sería un error atribuir toda la postura estadounidense exclusivamente a los problemas internos de México. La administración Trump ha demostrado que utiliza el comercio como una herramienta de negociación geopolítica incluso con aliados históricos. Sin embargo, también sería un error ignorar que las debilidades institucionales mexicanas reducen el margen de maniobra del país en una negociación donde la confianza pesa cada vez más.

Quizá la pregunta ya no sea qué cambios vendrán para el T-MEC. La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede aspirar México a conservar condiciones preferenciales de acceso al mercado más importante del mundo si la percepción sobre la fortaleza de sus instituciones continúa deteriorándose.

Durante años se creyó que era posible negociar comercio mientras los problemas de seguridad, corrupción e impunidad permanecían confinados al ámbito interno. El nuevo entorno internacional demuestra exactamente lo contrario. Hoy la confianza institucional también cruza las fronteras. Y cuando esa confianza se erosiona, el costo no se mide únicamente en reputación política, sino en inversión, crecimiento y oportunidades para millones de mexicanos.

Los cárteles en México entran en una nueva etapa

Durante los días más recientes, varias notas informativas han colocado nuevamente al crimen organizado en el centro de la agenda nacional y, cuando se observan en conjunto, parecen revelar algo muy preocupante: México podría estar entrando en una nueva etapa de su larga crisis de seguridad.

Una señal muy dura llegó desde Estados Unidos. El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó públicamente que existe una conexión entre las redes de los cárteles y sectores del gobierno mexicano, y aseguró que: “Los cárteles y el Gobierno de México son inseparables” y que su agencia concentrará esfuerzos no solamente contra los narcotraficantes, sino también contra quienes los facilitan, protegen y financian.

Aunque el gobierno mexicano rechazó inmediatamente las declaraciones por considerarlas carentes de sustento y respondió señalando los resultados de operaciones como Enjambre, mediante las cuales han sido detenidos servidores públicos y exfuncionarios presuntamente relacionados con actividades criminales, es evidente la protección que se ha hecho de políticos del más alto nivel en los gobiernos de Morena con presuntos vínculos con las organizaciones criminales, como es el caso de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal Anaya, Alfonso Durazo Montaño y Mario Delgado Carrillo, por mencionar solamente algunos.

Y como un bidón de gasolina en esa hoguera aparecen también las revelaciones del actual escándalo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que gira en torno a la filtración de grabaciones de audio en las que presuntamente ofrece actuar como informante del FBI y de agencias de Estados Unidos para evitar acusaciones penales y una posible extradición.

Al mismo tiempo, en otro frente, Rafael Caro Quintero continúa enfrentando en Nueva York uno de los procesos judiciales más importantes contra un narcotraficante mexicano. Su historia volvió a los titulares al recordarse su captura en 2022 y la muerte de 14 elementos de la Marina tras el desplome de un helicóptero durante aquel operativo. Su juicio, previsto para 2027, podría convertirse en algo más que el proceso contra uno de los últimos grandes capos históricos.

Mientras tanto, diferentes investigaciones y procesos judiciales continúan mostrando otra dimensión del problema: fosas clandestinas, desapariciones, tortura y territorios donde organizaciones criminales han desarrollado mecanismos sistemáticos para eliminar personas y ocultar cuerpos. En algunos casos, propiedades particulares y comunidades enteras terminan integradas, mediante violencia, amenazas o complicidades, a la infraestructura clandestina del crimen.

El Cártel Jalisco Nueva Generación aparece recurrentemente dentro de este nuevo escenario. Ya no solamente como una organización dedicada al tráfico de drogas, sino como parte de un ecosistema criminal diversificado relacionado con extorsión, robo y tráfico de combustibles, lavado de dinero, control territorial y propaganda.

A este panorama se suma un fenómeno diferente: la aparición de nuevas sustancias como los productos altamente concentrados de 7-hidroximitraginina, conocido como 7-OH. Derivado de un alcaloide presente naturalmente en una planta asiática llamada kratom, estos productos han encendido las alarmas de las autoridades estadounidenses por sus efectos opioides y su potencial adictivo. La DEA anunció recientemente medidas para controlar las formulaciones de alta concentración.

¿Qué relación existe entre todos estos acontecimientos?

Probablemente mucha más de la que parece.

Durante décadas imaginamos al narcotráfico mediante una estructura relativamente sencilla: un capo dirige una organización que produce o transporta drogas, controla rutas, corrompe autoridades y enfrenta a organizaciones rivales. Ese modelo ya resulta insuficiente.

Los grandes cárteles mexicanos han demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Sobrevivieron a la captura o muerte de sus principales dirigentes, se fragmentaron, reconstruyeron alianzas y diversificaron sus fuentes de ingresos.

El narcotráfico continúa siendo fundamental, pero ya no explica por sí solo el poder de muchas organizaciones criminales.

Hoy encontramos grupos involucrados simultáneamente en drogas, extorsión, robo de combustible, tráfico de personas, cobro de piso, lavado de dinero y control de actividades económicas legales e ilegales.

El cártel moderno se parece cada vez menos a una simple organización de narcotraficantes y cada vez más a una empresa criminal diversificada.

Y para que una estructura semejante pueda funcionar durante años necesita algo más que hombres armados.

Necesita información.

Necesita dinero.

Necesita empresas.

Necesita mecanismos de lavado.

Necesita conocer los movimientos de las autoridades.

Y necesita protección institucional.

Ahí se encuentra la conexión fundamental entre las declaraciones de la DEA, las investigaciones contra funcionarios, las fosas clandestinas, las redes financieras y el control territorial.

No son necesariamente fenómenos separados. Pueden ser diferentes componentes de un mismo ecosistema.

Una organización criminal captura personas. Otra estructura las interroga o asesina. Alguien proporciona vehículos. Alguien permite el movimiento de armas. Alguien lava el dinero. Alguien avisa sobre los operativos. Alguien garantiza impunidad.

El verdadero poder criminal no reside únicamente en quien dispara.

Reside en la red completa que permite que el sistema continúe funcionando.

Por eso las declaraciones del administrador de la DEA son particularmente relevantes. Si representan una política institucional sostenida y no solamente una expresión retórica, podrían indicar un cambio importante en la estrategia estadounidense.

El objetivo ya no sería exclusivamente perseguir al narcotraficante.

Sería perseguir al ecosistema.

Eso significa operadores financieros, empresas, prestanombres, cadenas de suministro, distribuidores, funcionarios corruptos y cualquier estructura que facilite el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Aquí aparece también la importancia del proceso contra Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero representa el puente entre el narcotráfico mexicano del siglo XX y las organizaciones criminales contemporáneas. Su juicio podría limitarse a determinar su responsabilidad individual por los delitos que se le imputan. Pero también podría revelar, mediante testimonios, documentos o información de inteligencia, mecanismos históricos de protección, operación e intervención en las elecciones.

La pregunta relevante no es solamente qué hizo Caro Quintero.

La pregunta que podría resultar mucho más incómoda es: ¿quién permitió que organizaciones como la suya pudieran funcionar durante décadas?

Una crisis que ya no es solamente de seguridad

Todo esto conduce a una conclusión alarmante: México no enfrenta exclusivamente una crisis de violencia.

Enfrenta simultáneamente una crisis de seguridad, una crisis institucional y una disputa por el control efectivo de determinados territorios.

El Estado puede expedir leyes, cobrar impuestos y nombrar autoridades. Pero si en una comunidad una organización criminal decide quién puede abrir un negocio, transportar mercancías, vender determinados productos o permanecer en el territorio, entonces existe una diferencia entre el poder legal y el poder real.

Las fosas clandestinas son la expresión extrema de ese fenómeno.

No solamente representan homicidios. Representan sistemas de desaparición diseñados para eliminar personas, ocultar evidencia y producir miedo.

El terror también es una forma de gobierno.

Las comunidades que tienen miedo dejan de denunciar. La población que desconfía de la policía deja de colaborar con las autoridades. La sospecha de que algunos funcionarios pueden estar vinculados con los mismos criminales que deberían combatir genera un círculo vicioso:

Más corrupción real o percibida. Menos denuncias. Mayor impunidad. Más poder criminal. Más miedo. Todavía menos denuncias. La penetración institucional puede ser, en ese sentido, más peligrosa que la capacidad de fuego de un cártel.

¿Qué puede ocurrir ahora?

La primera consecuencia probable es una mayor presión de Estados Unidos sobre las redes que rodean al crimen organizado mexicano.

Podríamos ver más investigaciones financieras, congelamiento de activos, cancelaciones de visas, acusaciones judiciales y solicitudes de extradición.

Y aquí se encuentra uno de los principales riesgos políticos.

México considera cualquier intervención unilateral estadounidense como una amenaza a su soberanía. Estados Unidos, en cambio, considera cada vez más al narcotráfico mexicano —especialmente por las drogas sintéticas— como un problema de seguridad nacional y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Ambas posiciones confrontadas están escalando progresivamente la tensión entre ambos países.

Si las investigaciones estadounidenses alcanzaran a funcionarios, políticos o empresarios mexicanos relevantes, las consecuencias podrían superar ampliamente el ámbito judicial y provocar crisis diplomáticas y una fuerte polarización política interna.

La segunda consecuencia será probablemente una mayor importancia de la inteligencia financiera.

Durante décadas, la imagen pública de la lucha contra el narcotráfico fue la captura del capo esposado frente a las cámaras.

Pero detener a un dirigente sin destruir la infraestructura económica que sostiene a su organización puede producir simplemente un reemplazo.

El dinero, las empresas, los prestanombres y las redes de protección pueden sobrevivir al jefe.

Por eso la batalla más importante contra los grupos criminales no es en las zonas rurales y serranas de difícil acceso; es en los bancos, las empresas, las aduanas, las fiscalías y los gobiernos.

Aquí también se tendría que hacer una pregunta incómoda en un tema muy delicado. ¿Por qué las instituciones de inteligencia financiera en México, que en los últimos gobiernos han contado con facultades extraordinarias y con la colaboración de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, no han revelado ni actuado contra esas redes de lavado de dinero, tráfico de drogas, de combustibles y todo tipo de delitos financieros, contra las empresas y políticos que las encabezan?

La tercera consecuencia será la adaptación de los propios cárteles.

Si aumenta la presión contra las grandes estructuras visibles, probablemente veremos organizaciones más fragmentadas, células aparentemente independientes y una mayor tercerización de actividades criminales. Combatirlas podría volverse todavía más complejo.

La cuarta consecuencia afecta directamente a la población.

Las organizaciones criminales han diversificado sus actividades principalmente mediante la extorsión y cualquier tipo de actividad económica se convierte también en una fuente potencial de ingresos.

Comerciantes, agricultores, transportistas, empresarios y familias terminan pagando directa o indirectamente en sus bolsillos el costo del crimen organizado y, en muchas regiones, terminan pagando doble impuesto: al gobierno y a los cárteles para poder trabajar.

Ese costo finalmente aparece en los precios, en el cierre de negocios, en la pérdida de empleos y en la reducción de inversiones. La impunidad desalienta la actividad legal y formal; en cambio, genera incentivos para la economía informal e ilegal.

Incluso quienes nunca han visto a un narcotraficante pueden terminar pagando las consecuencias del narcotráfico.

Estamos observando un México con diferentes niveles de Estado de derecho.

No considero que el escenario más probable sea un colapso generalizado del Estado mexicano.

El peligro más realista es diferente.

México puede profundizar su fragmentación territorial.

Podemos tener ciudades y estados con inversión, seguridad relativa e instituciones funcionales y, simultáneamente, regiones donde la extorsión, las desapariciones y el control criminal condicionen profundamente la vida cotidiana.

La gran desigualdad mexicana podría dejar de medirse solamente por los ingresos.

También podría medirse por el nivel efectivo de Estado de derecho al que tiene acceso cada ciudadano.

Y mientras todo esto ocurre, el mercado de las drogas continúa evolucionando.

El caso del 7-OH demuestra que pueden aparecer nuevas sustancias y nuevos modelos comerciales antes de que las autoridades comprendan completamente el fenómeno y desarrollen una respuesta regulatoria.

El futuro de la política antidrogas tendrá que enfrentar simultáneamente cárteles tradicionales, drogas sintéticas, productos concentrados en zonas regulatorias grises, mercados digitales y sustancias que todavía no conocemos.

Todos los acontecimientos de estos días parecen converger en una misma cuestión:

¿Quién ejerce realmente la autoridad?

Si México y Estados Unidos logran atacar las estructuras financieras y las redes de protección institucional, mientras México fortalece policías, fiscalías, tribunales y gobiernos locales, la presión actual podría representar una oportunidad para debilitar estructuralmente al crimen organizado.

Pero si nuevamente la estrategia se limita a capturar capos y realizar grandes operativos mientras permanecen intactas las redes de corrupción, extorsión, lavado de dinero y control territorial, el sistema criminal volverá a adaptarse.

La declaración del administrador de la DEA debería leerse como lo que es: el anuncio público de una nueva etapa.

Si durante los próximos meses comienzan a aparecer investigaciones, acusaciones judiciales, sanciones financieras o testimonios que involucren a figuras públicas y redes de protección, sabremos que el verdadero objetivo ya no es solamente contra los cárteles.

Es contra todo el sistema que les permite existir.

El país que cabe en un estadio

Nunca fui un gran futbolero.

De niño, en el viejo Instituto Queretano —el Molino, como todavía le dicen muchos queretanos— las clases de educación física siempre terminaban igual: una cascarita. Pero el verdadero partido comenzaba antes, cuando había que formar los equipos.

Todavía recuerdo esa sensación incómoda de esperar a que alguno de los dos capitanes pronunciara tu nombre. Nunca entendí quién los nombraba ni por qué ellos decidían quién jugaba con quién. Lo único que importaba era no ser el último. O peor aún, que nadie te escogiera.

Con los años mi familia regresó a vivir a la Ciudad de México y entré al Colegio Tepeyac. Ahí descubrí que podía correr igual que cualquiera, que no era malo para el fútbol y que incluso disfrutaba jugarlo. Lo que nunca entendí fue esa necesidad de algunos de vivir cada partido como si el destino del mundo dependiera del marcador.

Mis mejores recuerdos del fútbol, en realidad, no tienen que ver con una cancha.

Tienen que ver con mi abuelo.

Americanista de toda la vida, cada domingo nos sentábamos frente al televisor para ver jugar al América. Hoy entiendo que el fútbol era apenas un pretexto. Lo importante era compartir el tiempo.

Después llegó 1986.

México todavía intentaba levantarse de la tragedia de los terremotos de 1985, pero de pronto el país entero comenzó a hablar un solo idioma: el del Mundial.

Recuerdo a Pique, aquel chile con sombrero; el comercial de la Chiquitibum; el álbum Panini; las monedas conmemorativas; las calles vacías cuando jugaba México; la ilusión de ver a Hugo Sánchez hacer una de sus inolvidables chilenas; las banderas ondeando en cada esquina y esa extraña sensación de pertenecer a algo mucho más grande que uno mismo.

También recuerdo los penales contra Alemania.

Todavía duelen.

No sé si la nostalgia embellece los recuerdos o si de verdad existía un país menos enojado que el de hoy. Tal vez sea simplemente uno de esos trucos de la memoria que nos hacen creer que todo tiempo pasado fue mejor.

Lo cierto es que entonces sentía que el fútbol nos unía.

Hoy no estoy tan seguro.

Cuarenta años después, México vuelve a recibir una Copa del Mundo.

Ahora son mis hijos quienes tienen la edad que yo tenía en aquel verano de 1986. Y mientras ellos viven la emoción que corresponde a su generación, yo no puedo evitar mirar alrededor.

Veo un espectáculo infinitamente más grande, más costoso y más rentable.

Pero también mucho más vacío.

Todo parece estar en venta.

La camiseta nacional sirve para vender cerveza, refrescos, botanas, casas de apuesta, bancos, automóviles o cualquier producto imaginable. Los boletos alcanzan precios que millones de mexicanos jamás podrán pagar. La reventa opera con una impunidad casi ofensiva. El negocio parece importar más que el deporte.

Y mientras los estadios se llenan, el país sigue cargando sus propias derrotas.

En 1986 México apenas comenzaba a levantarse de la tragedia. Hoy convivimos con otra, menos visible para el mundo, pero mucho más prolongada: cientos de miles de homicidios, decenas de miles de personas desaparecidas, madres buscadoras recorriendo el país, fosas clandestinas, hospitales sin medicinas, escuelas con carencias y una sociedad cada vez más polarizada.

Resulta imposible no pensar que, mientras miles de aficionados cantan en los estadios, muy cerca de ellos hay familias buscando los restos de un hijo.

Durante noventa minutos, sin embargo, pareciera que nada de eso existe.

Quizá por eso nunca me ha gustado escuchar a quienes narran un partido como si fuera una guerra. Hablan de enemigos, de humillaciones, de defender el honor de la patria, como si ganar un encuentro resolviera nuestros problemas o perderlo significara una tragedia nacional.

Y lo más preocupante es que, muchas veces, terminamos creyéndolo.

Basta ver las celebraciones multitudinarias en el Ángel de la Independencia. Lo que debería ser una fiesta termina con frecuencia convertido en caos: calles cubiertas de basura, actos vandálicos, enfrentamientos, estampidas y, en esta ocasión, incluso personas que perdieron la vida aplastadas por la multitud. Es difícil entender cómo una celebración deportiva puede terminar costando vidas humanas.

Luego vienen las redes sociales.

He visto videos de aficionados llorando desconsoladamente por la eliminación de la Selección Mexicana. Gritan, se desploman, insultan, rompen objetos y expresan un dolor que cuesta imaginar que muchos experimentarían incluso ante la pérdida del ser más querido. No cuestiono la emoción; el deporte emociona y esa es parte de su grandeza. Lo que me inquieta es la desproporción.

¿Qué nos está pasando para depositar semejante carga emocional en el resultado de un partido?

El deporte nació para representar lo mejor del ser humano: disciplina, esfuerzo, respeto, trabajo en equipo, fortaleza, creatividad, inteligencia y superación.

Pero el enorme negocio que hoy gira alrededor del fútbol profesional también ha terminado por exhibir, muchas veces, lo peor de nosotros.

Intereses económicos descomunales. Decisiones arbitrales permanentemente cuestionadas. Calendarios acomodados por razones comerciales. Dirigentes opacos. Derechos de transmisión multimillonarios. Patrocinios que convierten la pasión en mercancía. Una industria que con demasiada frecuencia coloca las ganancias por encima de los valores que dice promover.

No es culpa del fútbol.

Es el resultado de lo que hemos construido alrededor de él.

Un equipo de fútbol no define nuestra identidad nacional. Una victoria no convierte a un país en una mejor sociedad, ni una derrota debería afectar nuestra autoestima colectiva.

Y, sin embargo, actuamos como si así fuera.

Lo hemos convertido en una industria capaz de mover miles de millones de dólares, influir en gobiernos, paralizar ciudades, incentivar consumos excesivos de alcohol, justificar gastos irracionales y canalizar frustraciones personales y colectivas que terminan en insultos, agresiones o tragedias.

No tengo nada contra quien celebra un gol.

Tampoco contra quien viste con orgullo la camiseta de la Selección.

Lo que me inquieta es que, con demasiada frecuencia, depositamos en once jugadores una esperanza, una identidad e incluso una estabilidad emocional que deberíamos construir en otros lugares: en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones y en nosotros mismos.

Quizá ahí esté la verdadera pregunta.

¿Por qué un partido de fútbol logra despertar en millones de personas emociones que casi nunca aparecen frente a los problemas que realmente determinan nuestro futuro?

¿Por qué somos capaces de gastar fortunas para asistir a un estadio, de llorar desconsoladamente por una eliminación o de salir a celebrar hasta poner en riesgo la vida propia y la de otros, pero no de exigir con la misma pasión mejores escuelas, hospitales, seguridad o justicia?

Tal vez porque emocionarse resulta más sencillo que comprometerse.

Porque durante noventa minutos podemos olvidar la realidad.

Pero la realidad nunca se olvida de nosotros.

Cuando se apague el último reflector, cuando termine el Mundial y las calles vuelvan a la normalidad, México seguirá jugando el partido más importante.

Y ese no se gana con un gol en tiempo de compensación.

Se gana —o se pierde— todos los días, con las decisiones que tomamos como ciudadanos y con aquello a lo que decidimos dedicar nuestra pasión.

Morena en Querétaro o el arte de estrellarse contra su propio relato

Existe una teoría política muy popular en ciertos círculos de Morena: cuando algo sale mal, la culpa es del PAN; cuando algo sale bien, es gracias a la "4T". Y si los resultados contradicen la narrativa, entonces los resultados están equivocados.

Es una teoría simple, circular y, sobre todo, inmune a la evidencia.

Durante años, Morena ha intentado explicar que Querétaro vive dentro de una gigantesca ilusión colectiva. Que sus indicadores económicos están sobredimensionados, que los resultados en seguridad son mera propaganda y que los ciudadanos aún no descubren los supuestos costos ocultos de décadas de gobiernos panistas.

Sin embargo, ocurre algo incómodo para los fabricantes de realidades alternas: los datos siguen desbaratando el relato.

Al parecer, la realidad tiene la pésima costumbre de no participar en asambleas ideológicas.

Mientras Morena intenta convencernos de que Querétaro está al borde del colapso, miles de personas siguen llegando al estado buscando exactamente aquello que, según sus críticos, escasea o simplemente no existe: oportunidades, empleo, estabilidad y calidad de vida.

La paradoja es extraordinaria. Si uno escuchara únicamente a ciertos dirigentes morenistas, pensaría que Querétaro es una mezcla entre desastre humanitario y simulación institucional. Pero basta observar que el estado continúa atrayendo inversión, creciendo económicamente y generando empleos para que esa narrativa se parezca más a una novela de ficción política que a un diagnóstico serio.

Lo curioso es que quienes acusan al PAN de vivir en una burbuja suelen habitar una aún más frágil. Una donde cada encuesta favorable es una expresión científica de la voluntad popular y cada encuesta desfavorable una sospechosa conspiración de intereses inconfesables.

El caso de las encuestas merece un capítulo aparte.

Cuando una medición favorece a Morena, estamos ante la voz legítima del pueblo. Cuando la misma metodología favorece al PAN, descubrimos repentinamente que las encuestas son instrumentos de manipulación.

Es una postura muy conveniente: los datos son válidos únicamente cuando coinciden con nuestras conclusiones.

Mientras tanto, la dirigencia panista en Querétaro recibe una crítica peculiar: hablar demasiado de Morena.

El argumento parece razonable hasta que uno recuerda un detalle menor. Morena construyó buena parte de su identidad política nacional cuestionando gobiernos anteriores, denunciando abusos, criticando instituciones y señalando permanentemente a sus adversarios.

Es difícil sostener que la crítica política es una obligación democrática cuando la practica Morena, pero una obsesión cuando la ejerce la oposición.

La democracia funciona exactamente al revés: quien gobierna debe estar preparado para ser cuestionado.

Y aquí aparece el verdadero problema para Morena.

Porque el debate ya no gira exclusivamente alrededor de promesas futuras. También gira alrededor de resultados presentes.

Los gobiernos emanados de la  autonombrada con humildad y sin justificación "Cuarta Transformación" enfrentan preguntas incómodas sobre seguridad, crecimiento económico, servicios públicos y gobernabilidad en distintas regiones del país. No porque alguien lo invente, sino porque los ciudadanos observan la realidad todos los días.

Por eso resulta tan llamativo ver a ciertos liderazgos morenistas queretanos comportarse como si todavía fueran oposición nacional, cuando su movimiento controla la Presidencia de la República, la mayoría de los gobiernos estatales y una enorme concentración de poder político.

Es el fenómeno del opositor profesional atrapado en el cuerpo del oficialismo.

Gobiernan como chivo en cristalería, pero argumentan como oposición.

Critican al sistema mientras lo administran casi con hegemonía.

Se deslindan de los problemas nacionales mientras concentran todo el poder.

Y cuando aparecen contradicciones, siempre existe una explicación disponible: la culpa es de alguien más.

Después de años ejerciendo el poder, seguir culpando al pasado dejó de ser una explicación para volverse una excusa gastada y no asumir ninguna autocrítica ni responsabilidad.

En Querétaro ocurre algo mucho más terrenal.

Sería un error afirmar que todo funciona perfectamente. No es así. Como cualquier gobierno, los del PAN tienen áreas de oportunidad, errores y desafíos pendientes. Querétaro enfrenta enormes retos en movilidad, infraestructura, agua, vivienda, seguridad y servicios públicos, muchos de los cuales se han intensificado precisamente como consecuencia de su propio éxito. Cada año llegan miles de personas buscando la seguridad, la estabilidad, la calidad de vida y las oportunidades que no encuentran en muchas entidades gobernadas por Morena.

Precisamente por eso, esos retos no pueden enfrentarse con ocurrencias ni con improvisación. Requieren gobiernos serios, con experiencia, capacidad técnica y visión de largo plazo. Requieren dar continuidad a un modelo que ha distinguido a Querétaro durante décadas: la colaboración entre gobierno, industria, academia y sociedad. El llamado modelo de triple hélice ha permitido generar inversión, empleo, innovación y desarrollo, fortaleciendo además una participación social mucho más amplia en la construcción de políticas públicas.

El PAN enfrenta desgaste natural después de décadas de gobierno y una elección que probablemente será la más competida de su historia reciente. Pero precisamente por eso resulta llamativo que parte de la estrategia morenista siga consistiendo en esperar que ese desgaste haga todo el trabajo.

La historia electoral está llena de partidos que confundieron el cansancio del adversario con el entusiasmo propio.

No son lo mismo.

Porque una cosa es que algunos ciudadanos quieran cambios, y otra muy distinta es que ya hayan decidido quién debe encabezar esos cambios.

La elección de 2027 no será un concurso de eslóganes ni una competencia de hashtags.

Será una comparación entre dos modelos de gobierno.

Uno apostará por la continuidad de un modelo que, con sus aciertos y sus pendientes, ha permitido que Querétaro destaque por su estabilidad, competitividad, atracción de inversiones y calidad de vida.

El otro apostará por la promesa de transformación.

Y entonces llegará el momento más exigente de toda democracia: cuando las narrativas tengan que enfrentarse con los hechos.

Ahí ya no habrá encuesta que rescate una mala estrategia ni discurso que sustituya resultados.

A final de cuentas, la verdadera discusión no es si Querétaro tiene problemas. Claro que los tiene. La pregunta es qué modelo de gobierno ha demostrado mayor capacidad para resolverlos y preservar aquello que ha convertido al estado en una excepción nacional.

Las campañas cuentan historias.

Los ciudadanos votan realidades.

Energía e inversión: El problema que no resuelve Morena y que puede detener a Querétaro

Querétaro vive uno de los mejores momentos económicos de su historia reciente.

Mientras gran parte del país enfrenta dificultades para atraer nuevas inversiones, la entidad continúa consolidándose como uno de los destinos más competitivos de México. Los datos son contundentes: durante el primer trimestre de 2026, Querétaro captó más de 456 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, con un crecimiento superior al 50 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La inversión estadounidense aumentó más de 160 por ciento y hoy representa cerca de dos terceras partes del capital extranjero que llega al estado.

Y eso no es por casualidad. Por supuesto, la ubicación y las condiciones geográficas ayudan, pero la razón más importante es que el estado ha logrado consolidar, durante décadas, un modelo que ha permitido mantener la seguridad, la estabilidad institucional, la disponibilidad de talento especializado y un ecosistema industrial desarrollado, lo que ha convertido a Querétaro en una referencia nacional en competitividad.

Además, la entidad ha sabido aprovechar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el fenómeno del nearshoring y la creciente demanda global de manufactura avanzada y servicios tecnológicos.

Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras comienza a aparecer una preocupación que podría definir el futuro económico del estado en los próximos años.

La energía eléctrica.

Paradójicamente, el principal desafío para Querétaro no está en la capacidad de atraer inversiones, sino en la capacidad de suministrar la energía que esas inversiones requieren para operar y crecer.

Los recientes apagones, las variaciones de voltaje y las advertencias del sector empresarial han puesto sobre la mesa un problema que durante años fue minimizado: la infraestructura energética nacional no está creciendo al mismo ritmo que la economía.

Y aquí la discusión deja de ser técnica para convertirse en política.

Durante los gobiernos de Morena, la política energética se concentró en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad bajo el argumento de recuperar la soberanía energética del país. Ese objetivo ideológico terminó desplazando una discusión más importante: cómo garantizar la capacidad eléctrica que México necesita para aprovechar la mayor oportunidad de inversión de las últimas décadas.

En contrasentido a lo que ocurría en el mundo, que aceleraba inversiones en generación, transmisión y energías renovables, en México se cancelaron subastas eléctricas, se frenaron proyectos privados y se privilegiaron decisiones orientadas más por criterios ideológicos que por necesidades de crecimiento económico.

La discusión se centró en quién debía producir la energía, cuando la verdadera pregunta era si existiría suficiente energía para sostener el crecimiento futuro.

El resultado ya es visible.

México enfrenta crecientes presiones sobre su sistema eléctrico. Las redes de transmisión muestran rezagos, la demanda crece más rápido que la infraestructura disponible y cada vez son más frecuentes las alertas sobre la necesidad de ampliar la capacidad energética del país.

Las consecuencias han dejado de ser hipotéticas.

Empresas que buscan instalar nuevas operaciones preguntan primero por la disponibilidad de energía antes que por incentivos fiscales. Los inversionistas evalúan la confiabilidad del suministro eléctrico con el mismo nivel de importancia que la seguridad jurídica o la disponibilidad de talento.

En sectores de alta tecnología, la situación es todavía más evidente.

Querétaro se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo de centros de datos en América Latina. La inteligencia artificial, la computación en la nube y la economía digital están generando una demanda sin precedentes de infraestructura energética.

Pero los data centers no funcionan con discursos políticos.

Funcionan con energía eléctrica abundante, estable y disponible las 24 horas del día.

Hoy, la capacidad energética se ha convertido en uno de los factores decisivos para determinar dónde se instalarán las inversiones de la próxima década. Cada proyecto que se retrasa por falta de infraestructura eléctrica representa empleos, derrama económica y desarrollo que podrían terminar en otra región o incluso en otro país.

La paradoja es difícil de ignorar.

Querétaro ha hecho su tarea: ha construido un entorno de confianza para la inversión, ha fortalecido sus instituciones, ha desarrollado talento especializado y ha consolidado sectores estratégicos de alto valor agregado.

Sin embargo, buena parte de la infraestructura energética que necesita para seguir creciendo depende de decisiones federales.

Por ello, el riesgo más importante para el futuro económico de Querétaro no proviene de una crisis de confianza, inseguridad o falta de inversión privada. El riesgo está en que una política energética diseñada bajo criterios políticos e ideológicos termine limitando el potencial de crecimiento de los estados más competitivos del país.

La inversión sigue llegando. La confianza no se ha detenido. Las oportunidades derivadas del nearshoring continúan vigentes.

Pero ninguna economía puede sostener su crecimiento si la infraestructura que la soporta deja de expandirse.

La gran pregunta para México ya no es si puede atraer inversiones. La verdadera pregunta es si tendrá la capacidad energética para recibirlas.

Y en el caso de Querétaro, la respuesta podría definir el rumbo económico de la próxima década.

Querétaro hizo su tarea: atrajo inversión, generó confianza, formó talento y construyó un ecosistema competitivo de clase mundial.

Lo que no puede hacer es construir por sí solo la infraestructura energética que corresponde al gobierno federal.

Resulta paradójico que mientras el estado se prepara para competir en la economía de la inteligencia artificial, los centros de datos y la manufactura avanzada, el país siga enfrentando las consecuencias de decisiones energéticas guiadas más por criterios ideológicos que técnicos.

La historia económica de las próximas décadas no la definirán los discursos sobre soberanía energética, sino la capacidad real para producir, transmitir y distribuir electricidad suficiente.

La inversión no se va por discursos. Se va cuando se apagan las luces.

México 86: De la Mano de Dios a la solidaridad alemana

El 29 de junio de 1986, millones de personas vieron a Diego Maradona levantar la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Para muchos fue el final perfecto de un Mundial inolvidable. Yo, en cambio, cada vez que vuelvo a esa imagen, no puedo evitar pensar que me habría gustado ver a Alemania levantando ese trofeo. No porque desconozca la calidad de aquel equipo argentino ni el talento irrepetible de Maradona, sino porque los legados más importantes no siempre se construyen con goles. A veces se construyen con valores, con ejemplos y con las huellas que se dejan fuera de la cancha.

La escena más famosa de México 86 no fue una jugada brillante, sino una infracción. La llamada "Mano de Dios" se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la historia del fútbol. Durante décadas se ha descrito como una muestra de ingenio, de astucia o de esa picardía que algunos consideran parte esencial del juego. Sin embargo, detrás de la leyenda permanece un hecho innegable: fue una acción contraria a las reglas que terminó otorgando una ventaja decisiva. Y como si la falta no fuera suficiente, alguien decidió bautizarla nada menos que como "la Mano de Dios". Siempre me ha parecido una curiosa forma de entender lo divino: convertir una infracción en milagro y una trampa en motivo de veneración. Tan extraño como llamar Dios a un futbolista. Uno pensaría que la omnipotencia exige algo más que una buena zurda y un árbitro distraído. El problema no fue el error arbitral. El problema fue convertir la trampa en epopeya. Cuando una falta se transforma en leyenda, la línea que separa el talento de la deshonestidad comienza a difuminarse.

Y, sin embargo, sería profundamente injusto reducir la influencia argentina en México a ese episodio. Si algo ha dejado claro la historia de nuestro fútbol es que la aportación argentina ha sido enorme. Jugadores como Zelada, Brailovsky, Mohamed y muchos otros elevaron el nivel competitivo de la liga mexicana. Entrenadores como Menotti y La Volpe trajeron ideas modernas, orden táctico y una personalidad que ayudó a México a mirar de frente a las grandes potencias futbolísticas. Gracias a esa influencia, nuestro fútbol aprendió a competir con mayor convicción y menos complejos.

Pero toda influencia trae consigo una responsabilidad: saber distinguir qué vale la pena imitar y qué no. Junto con las virtudes también llegaron prácticas menos admirables. Poco a poco se volvió común ver jugadores que buscaban el contacto en lugar de evitarlo, futbolistas que caían como si hubieran sido alcanzados por un rayo y se recuperaban milagrosamente en cuanto el árbitro decidía no señalar la falta. Se normalizaron las protestas constantes, la provocación al rival y la idea de que cualquier ventaja era válida si ayudaba a ganar. No son conductas exclusivas de Argentina ni representan a todos los argentinos. Pero sí forman parte de una cultura futbolística que México adoptó con demasiada facilidad.

Algo similar ocurrió en las tribunas. Las barras argentinas impresionaban por su pasión, creatividad y capacidad para generar ambientes espectaculares. Muchos grupos mexicanos intentaron reproducir esa energía. El problema fue que no sólo se copiaron los cantos, los bombos y las banderas. También se importaron expresiones de confrontación y agresividad que terminaron alejando a muchas familias de los estadios. Resultó que importar la pasión era sencillo; importar la responsabilidad para administrarla no tanto.

Todo esto conduce a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué hace verdaderamente grande a un deportista? ¿Los títulos? ¿Los récords? ¿Los goles? Sin duda son parte de la respuesta. Pero no toda. Los deportistas ocupan un lugar privilegiado en la imaginación colectiva y terminan influyendo en millones de jóvenes. Por eso, cuando hablamos de ejemplos, no basta con observar lo que hacen durante noventa minutos. También importa lo que hacen durante el resto de su vida.

Y es precisamente ahí donde la figura de Maradona se vuelve más compleja. Su talento fue extraordinario, pero su trayectoria estuvo marcada por problemas de adicciones, sanciones por dopaje, escándalos personales, conflictos familiares y una abierta simpatía hacia figuras políticas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Nada de esto elimina sus logros deportivos. Tampoco debería ocultarse. Admirar sus virtudes futbolísticas no obliga a ignorar los aspectos más cuestionables de su vida pública. Después de todo, los héroes deportivos deberían inspirar a los jóvenes a perseguir sus sueños, no a coleccionar escándalos para acompañarlos.

Tal vez uno de los errores más frecuentes de nuestra época sea confundir éxito con virtud. Suponemos que quien alcanza la fama merece admiración en todos los ámbitos. Pero la historia está llena de personas extraordinarias en su profesión y profundamente deficientes en otros aspectos de su vida. El talento es admirable. El carácter también. La diferencia es que el primero puede ganar partidos; el segundo ayuda a construir sociedades mejores.

Por eso resulta interesante observar lo que ocurrió después de México 86. Argentina dejó recuerdos imborrables, momentos de gloria y una conexión emocional con muchos aficionados mexicanos. Pero más allá de la memoria futbolística, no existe un legado social duradero asociado a aquella selección. No surgieron programas permanentes de apoyo comunitario, proyectos de asistencia social o vínculos institucionales de largo plazo derivados de su estancia en México. Su herencia fue esencialmente deportiva.

Alemania escribió una historia distinta. Durante México 86 estableció su centro de operaciones en Querétaro, particularmente en la histórica Mansión Galindo, en San Juan del Río. Lo que comenzó como una simple concentración mundialista terminó convirtiéndose en una relación de afecto y gratitud con la comunidad queretana. Los jugadores convivieron con habitantes de la región, visitaron instituciones locales y conocieron una realidad social que los llevó a involucrarse más allá de la cancha. De esa experiencia nació una relación de apoyo con la Casa Cuna Oasis del Niño y otras iniciativas sociales que, de manera directa o indirecta, continuaron recibiendo respaldo durante décadas. Cuarenta años después, aquella historia sigue siendo recordada en Querétaro no por un gol ni por una victoria, sino por una cadena de solidaridad que sobrevivió mucho más que cualquier resultado deportivo. Mientras unos dejaron recuerdos, otros dejaron además una obra.

Quizá por eso México 86 sigue siendo relevante cuarenta años después. No porque nos obligue a elegir entre Argentina y Alemania, ni porque nos exija decidir quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Sigue siendo relevante porque plantea una pregunta mucho más importante: ¿qué estamos dispuestos a admirar y qué estamos dispuestos a imitar? México hizo bien en aprender del fútbol argentino. Lo que no siempre hizo bien fue distinguir entre lo admirable y lo cuestionable. La verdadera madurez, en el deporte y en la vida, consiste precisamente en eso: adoptar lo bueno y rechazar lo malo. Porque las personas, los equipos y las sociedades terminan pareciéndose a aquello que deciden celebrar.