Los cárteles en México entran en una nueva etapa

Durante los días más recientes, varias notas informativas han colocado nuevamente al crimen organizado en el centro de la agenda nacional y, cuando se observan en conjunto, parecen revelar algo muy preocupante: México podría estar entrando en una nueva etapa de su larga crisis de seguridad.

Una señal muy dura llegó desde Estados Unidos. El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó públicamente que existe una conexión entre las redes de los cárteles y sectores del gobierno mexicano, y aseguró que: “Los cárteles y el Gobierno de México son inseparables” y que su agencia concentrará esfuerzos no solamente contra los narcotraficantes, sino también contra quienes los facilitan, protegen y financian.

Aunque el gobierno mexicano rechazó inmediatamente las declaraciones por considerarlas carentes de sustento y respondió señalando los resultados de operaciones como Enjambre, mediante las cuales han sido detenidos servidores públicos y exfuncionarios presuntamente relacionados con actividades criminales, es evidente la protección que se ha hecho de políticos del más alto nivel en los gobiernos de Morena con presuntos vínculos con las organizaciones criminales, como es el caso de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal Anaya, Alfonso Durazo Montaño y Mario Delgado Carrillo, por mencionar solamente algunos.

Y como un bidón de gasolina en esa hoguera aparecen también las revelaciones del actual escándalo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que gira en torno a la filtración de grabaciones de audio en las que presuntamente ofrece actuar como informante del FBI y de agencias de Estados Unidos para evitar acusaciones penales y una posible extradición.

Al mismo tiempo, en otro frente, Rafael Caro Quintero continúa enfrentando en Nueva York uno de los procesos judiciales más importantes contra un narcotraficante mexicano. Su historia volvió a los titulares al recordarse su captura en 2022 y la muerte de 14 elementos de la Marina tras el desplome de un helicóptero durante aquel operativo. Su juicio, previsto para 2027, podría convertirse en algo más que el proceso contra uno de los últimos grandes capos históricos.

Mientras tanto, diferentes investigaciones y procesos judiciales continúan mostrando otra dimensión del problema: fosas clandestinas, desapariciones, tortura y territorios donde organizaciones criminales han desarrollado mecanismos sistemáticos para eliminar personas y ocultar cuerpos. En algunos casos, propiedades particulares y comunidades enteras terminan integradas, mediante violencia, amenazas o complicidades, a la infraestructura clandestina del crimen.

El Cártel Jalisco Nueva Generación aparece recurrentemente dentro de este nuevo escenario. Ya no solamente como una organización dedicada al tráfico de drogas, sino como parte de un ecosistema criminal diversificado relacionado con extorsión, robo y tráfico de combustibles, lavado de dinero, control territorial y propaganda.

A este panorama se suma un fenómeno diferente: la aparición de nuevas sustancias como los productos altamente concentrados de 7-hidroximitraginina, conocido como 7-OH. Derivado de un alcaloide presente naturalmente en una planta asiática llamada kratom, estos productos han encendido las alarmas de las autoridades estadounidenses por sus efectos opioides y su potencial adictivo. La DEA anunció recientemente medidas para controlar las formulaciones de alta concentración.

¿Qué relación existe entre todos estos acontecimientos?

Probablemente mucha más de la que parece.

Durante décadas imaginamos al narcotráfico mediante una estructura relativamente sencilla: un capo dirige una organización que produce o transporta drogas, controla rutas, corrompe autoridades y enfrenta a organizaciones rivales. Ese modelo ya resulta insuficiente.

Los grandes cárteles mexicanos han demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Sobrevivieron a la captura o muerte de sus principales dirigentes, se fragmentaron, reconstruyeron alianzas y diversificaron sus fuentes de ingresos.

El narcotráfico continúa siendo fundamental, pero ya no explica por sí solo el poder de muchas organizaciones criminales.

Hoy encontramos grupos involucrados simultáneamente en drogas, extorsión, robo de combustible, tráfico de personas, cobro de piso, lavado de dinero y control de actividades económicas legales e ilegales.

El cártel moderno se parece cada vez menos a una simple organización de narcotraficantes y cada vez más a una empresa criminal diversificada.

Y para que una estructura semejante pueda funcionar durante años necesita algo más que hombres armados.

Necesita información.

Necesita dinero.

Necesita empresas.

Necesita mecanismos de lavado.

Necesita conocer los movimientos de las autoridades.

Y necesita protección institucional.

Ahí se encuentra la conexión fundamental entre las declaraciones de la DEA, las investigaciones contra funcionarios, las fosas clandestinas, las redes financieras y el control territorial.

No son necesariamente fenómenos separados. Pueden ser diferentes componentes de un mismo ecosistema.

Una organización criminal captura personas. Otra estructura las interroga o asesina. Alguien proporciona vehículos. Alguien permite el movimiento de armas. Alguien lava el dinero. Alguien avisa sobre los operativos. Alguien garantiza impunidad.

El verdadero poder criminal no reside únicamente en quien dispara.

Reside en la red completa que permite que el sistema continúe funcionando.

Por eso las declaraciones del administrador de la DEA son particularmente relevantes. Si representan una política institucional sostenida y no solamente una expresión retórica, podrían indicar un cambio importante en la estrategia estadounidense.

El objetivo ya no sería exclusivamente perseguir al narcotraficante.

Sería perseguir al ecosistema.

Eso significa operadores financieros, empresas, prestanombres, cadenas de suministro, distribuidores, funcionarios corruptos y cualquier estructura que facilite el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Aquí aparece también la importancia del proceso contra Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero representa el puente entre el narcotráfico mexicano del siglo XX y las organizaciones criminales contemporáneas. Su juicio podría limitarse a determinar su responsabilidad individual por los delitos que se le imputan. Pero también podría revelar, mediante testimonios, documentos o información de inteligencia, mecanismos históricos de protección, operación e intervención en las elecciones.

La pregunta relevante no es solamente qué hizo Caro Quintero.

La pregunta que podría resultar mucho más incómoda es: ¿quién permitió que organizaciones como la suya pudieran funcionar durante décadas?

Una crisis que ya no es solamente de seguridad

Todo esto conduce a una conclusión alarmante: México no enfrenta exclusivamente una crisis de violencia.

Enfrenta simultáneamente una crisis de seguridad, una crisis institucional y una disputa por el control efectivo de determinados territorios.

El Estado puede expedir leyes, cobrar impuestos y nombrar autoridades. Pero si en una comunidad una organización criminal decide quién puede abrir un negocio, transportar mercancías, vender determinados productos o permanecer en el territorio, entonces existe una diferencia entre el poder legal y el poder real.

Las fosas clandestinas son la expresión extrema de ese fenómeno.

No solamente representan homicidios. Representan sistemas de desaparición diseñados para eliminar personas, ocultar evidencia y producir miedo.

El terror también es una forma de gobierno.

Las comunidades que tienen miedo dejan de denunciar. La población que desconfía de la policía deja de colaborar con las autoridades. La sospecha de que algunos funcionarios pueden estar vinculados con los mismos criminales que deberían combatir genera un círculo vicioso:

Más corrupción real o percibida. Menos denuncias. Mayor impunidad. Más poder criminal. Más miedo. Todavía menos denuncias. La penetración institucional puede ser, en ese sentido, más peligrosa que la capacidad de fuego de un cártel.

¿Qué puede ocurrir ahora?

La primera consecuencia probable es una mayor presión de Estados Unidos sobre las redes que rodean al crimen organizado mexicano.

Podríamos ver más investigaciones financieras, congelamiento de activos, cancelaciones de visas, acusaciones judiciales y solicitudes de extradición.

Y aquí se encuentra uno de los principales riesgos políticos.

México considera cualquier intervención unilateral estadounidense como una amenaza a su soberanía. Estados Unidos, en cambio, considera cada vez más al narcotráfico mexicano —especialmente por las drogas sintéticas— como un problema de seguridad nacional y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Ambas posiciones confrontadas están escalando progresivamente la tensión entre ambos países.

Si las investigaciones estadounidenses alcanzaran a funcionarios, políticos o empresarios mexicanos relevantes, las consecuencias podrían superar ampliamente el ámbito judicial y provocar crisis diplomáticas y una fuerte polarización política interna.

La segunda consecuencia será probablemente una mayor importancia de la inteligencia financiera.

Durante décadas, la imagen pública de la lucha contra el narcotráfico fue la captura del capo esposado frente a las cámaras.

Pero detener a un dirigente sin destruir la infraestructura económica que sostiene a su organización puede producir simplemente un reemplazo.

El dinero, las empresas, los prestanombres y las redes de protección pueden sobrevivir al jefe.

Por eso la batalla más importante contra los grupos criminales no es en las zonas rurales y serranas de difícil acceso; es en los bancos, las empresas, las aduanas, las fiscalías y los gobiernos.

Aquí también se tendría que hacer una pregunta incómoda en un tema muy delicado. ¿Por qué las instituciones de inteligencia financiera en México, que en los últimos gobiernos han contado con facultades extraordinarias y con la colaboración de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, no han revelado ni actuado contra esas redes de lavado de dinero, tráfico de drogas, de combustibles y todo tipo de delitos financieros, contra las empresas y políticos que las encabezan?

La tercera consecuencia será la adaptación de los propios cárteles.

Si aumenta la presión contra las grandes estructuras visibles, probablemente veremos organizaciones más fragmentadas, células aparentemente independientes y una mayor tercerización de actividades criminales. Combatirlas podría volverse todavía más complejo.

La cuarta consecuencia afecta directamente a la población.

Las organizaciones criminales han diversificado sus actividades principalmente mediante la extorsión y cualquier tipo de actividad económica se convierte también en una fuente potencial de ingresos.

Comerciantes, agricultores, transportistas, empresarios y familias terminan pagando directa o indirectamente en sus bolsillos el costo del crimen organizado y, en muchas regiones, terminan pagando doble impuesto: al gobierno y a los cárteles para poder trabajar.

Ese costo finalmente aparece en los precios, en el cierre de negocios, en la pérdida de empleos y en la reducción de inversiones. La impunidad desalienta la actividad legal y formal; en cambio, genera incentivos para la economía informal e ilegal.

Incluso quienes nunca han visto a un narcotraficante pueden terminar pagando las consecuencias del narcotráfico.

Estamos observando un México con diferentes niveles de Estado de derecho.

No considero que el escenario más probable sea un colapso generalizado del Estado mexicano.

El peligro más realista es diferente.

México puede profundizar su fragmentación territorial.

Podemos tener ciudades y estados con inversión, seguridad relativa e instituciones funcionales y, simultáneamente, regiones donde la extorsión, las desapariciones y el control criminal condicionen profundamente la vida cotidiana.

La gran desigualdad mexicana podría dejar de medirse solamente por los ingresos.

También podría medirse por el nivel efectivo de Estado de derecho al que tiene acceso cada ciudadano.

Y mientras todo esto ocurre, el mercado de las drogas continúa evolucionando.

El caso del 7-OH demuestra que pueden aparecer nuevas sustancias y nuevos modelos comerciales antes de que las autoridades comprendan completamente el fenómeno y desarrollen una respuesta regulatoria.

El futuro de la política antidrogas tendrá que enfrentar simultáneamente cárteles tradicionales, drogas sintéticas, productos concentrados en zonas regulatorias grises, mercados digitales y sustancias que todavía no conocemos.

Todos los acontecimientos de estos días parecen converger en una misma cuestión:

¿Quién ejerce realmente la autoridad?

Si México y Estados Unidos logran atacar las estructuras financieras y las redes de protección institucional, mientras México fortalece policías, fiscalías, tribunales y gobiernos locales, la presión actual podría representar una oportunidad para debilitar estructuralmente al crimen organizado.

Pero si nuevamente la estrategia se limita a capturar capos y realizar grandes operativos mientras permanecen intactas las redes de corrupción, extorsión, lavado de dinero y control territorial, el sistema criminal volverá a adaptarse.

La declaración del administrador de la DEA debería leerse como lo que es: el anuncio público de una nueva etapa.

Si durante los próximos meses comienzan a aparecer investigaciones, acusaciones judiciales, sanciones financieras o testimonios que involucren a figuras públicas y redes de protección, sabremos que el verdadero objetivo ya no es solamente contra los cárteles.

Es contra todo el sistema que les permite existir.