La batalla por nuestros hijos

Una sociedad se define por aquello que decide proteger.

Hay países que protegen sus fronteras. Otros, sus recursos naturales o sus sistemas económicos. Pero ninguna responsabilidad es más importante que proteger a sus niñas, niños y adolescentes. Porque en ellos no sólo está el futuro de una comunidad: está su presente, su identidad y su esperanza.

En los últimos meses, diversos estudios, investigaciones periodísticas y organismos especializados han encendido las alarmas sobre un fenómeno que crece silenciosamente en México: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

Las cifras son estremecedoras.

Organizaciones como Reinserta estiman que hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes podrían encontrarse en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Investigaciones académicas advierten que el acercamiento puede comenzar desde los 11 o 12 años. La ONU ha señalado que se trata de una de las formas de explotación infantil que más ha crecido en el país.

Lo más preocupante es que ya no se trata únicamente de jóvenes que viven en contextos de pobreza extrema. Hoy los reclutadores utilizan redes sociales, videojuegos, aplicaciones de mensajería y ofertas falsas de empleo para acercarse a adolescentes cada vez más jóvenes.

El crimen organizado entendió algo que muchos aún no terminan de comprender: su permanencia no depende solamente del control de territorios, sino de la capacidad para capturar nuevas generaciones.

La verdadera disputa ya no es por una plaza. Es por la mente, el tiempo y el futuro de nuestros hijos.

Por eso resulta relevante observar las decisiones que se han tomado recientemente en Querétaro.

Desde distintos frentes, el gobernador Mauricio Kuri ha colocado la protección de la infancia y la adolescencia como una prioridad de gobierno. Lo hizo impulsando medidas para enfrentar los riesgos asociados al uso indiscriminado de redes sociales y dispositivos móviles en las escuelas. Lo hizo promoviendo acciones para prevenir las adicciones digitales y fortalecer la convivencia familiar. Lo hizo también al vetar la ley de identidad de género para menores de edad, argumentando la necesidad de privilegiar el interés superior de la niñez y garantizar el acompañamiento de las familias en decisiones de profundo impacto para el desarrollo personal.

Se podrá coincidir o discrepar con cada una de estas decisiones. El debate democrático existe precisamente para eso.

Sin embargo, hay un elemento que resulta difícil ignorar: la coherencia.

Ahora, al anunciar una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes recluten, utilicen o involucren a menores de edad en actividades delictivas, el gobernador vuelve a colocar a la infancia en el centro de la discusión pública.

Y lo hace en un momento particularmente oportuno.

Los testimonios recopilados por investigadores y organizaciones civiles muestran que muchos adolescentes son captados mediante promesas de dinero fácil, reconocimiento social o sentido de pertenencia. Otros son atraídos por la narcocultura que glorifica el poder, la violencia y la riqueza inmediata. Algunos más son víctimas de amenazas, coerción o reclutamiento forzado.

Todos tienen algo en común: son menores cuya vulnerabilidad fue aprovechada por adultos que decidieron convertirlos en herramientas del crimen.

Por eso la iniciativa tiene un significado que va más allá de una reforma penal.

Representa un mensaje político y social: las niñas, niños y adolescentes no son soldados de ninguna organización criminal. No son mercancía. No son recursos desechables. No son carne de cañón.

Son personas que merecen oportunidades, educación, acompañamiento y futuro.

Por supuesto, ninguna ley resolverá por sí sola un problema tan complejo. Las sanciones son necesarias, pero no suficientes. La verdadera solución también pasa por fortalecer a las familias, mejorar la educación, ampliar las oportunidades para los jóvenes, impulsar el deporte, la cultura y reconstruir el tejido comunitario.

Pero toda estrategia debe comenzar por una decisión fundamental: definir de qué lado estamos.

Si el crimen organizado está buscando reclutar a nuestros hijos, la respuesta de una sociedad responsable no puede ser la indiferencia.

Debe ser la protección.

Porque al final, una sociedad se define por aquello que decide proteger.

Y no existe causa más noble, ni más urgente, que proteger a quienes habrán de construir el México del mañana.