La propuesta busca reservar una diputación para personas con discapacidad, migrantes, afromexicanos y personas de la diversidad sexual bajo el argumento de que estos grupos no han tenido representación política en el estado. Sin embargo, la falta de representantes pertenecientes a determinados sectores de la población no demuestra por sí misma la existencia de discriminación o exclusión institucional.
Son cosas distintas.
Una cosa es que una persona no haya llegado al Congreso. Otra muy diferente es que existan leyes o mecanismos que le impidan participar. Hasta ahora no se ha demostrado que alguno de estos grupos tenga restringido su derecho a votar, ser votado, afiliarse a un partido político o competir por un cargo de elección popular.
El riesgo de esta propuesta es que cambia la lógica de la representación democrática. En lugar de preguntarnos qué ideas, propuestas o proyectos representan mejor a la sociedad, comenzamos a distribuir espacios políticos según características personales o identidades específicas.
Pero los diputados no son elegidos para representar únicamente a quienes se parecen a ellos. Son elegidos para representar a toda la ciudadanía.
Bajo esta misma lógica, cualquier grupo que considere insuficiente su presencia en los espacios públicos podría solicitar una diputación reservada. Jóvenes, adultos mayores, habitantes de comunidades rurales, comerciantes, productores del campo o cualquier otro sector podría argumentar que merece una representación garantizada.
¿Dónde estaría entonces el límite?
La democracia dejaría de organizarse alrededor de ciudadanos con los mismos derechos para comenzar a fragmentarse en una suma de grupos que compiten por espacios especiales.
Además, existe otro problema que pocas veces se menciona. Compartir una característica personal no garantiza representar los intereses de todo un colectivo. Una persona migrante no habla automáticamente por todos los migrantes. Una persona con discapacidad no representa necesariamente la opinión de todas las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con cualquier otro grupo social.
Las personas son mucho más complejas que una sola etiqueta.
La experiencia tampoco demuestra que este tipo de mecanismos resuelvan de fondo los problemas que dicen combatir. La existencia de espacios reservados o diputaciones especiales no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida, mayor desarrollo, más oportunidades o una representación más efectiva para los grupos que supuestamente benefician. Con frecuencia terminan convirtiéndose en posiciones políticas ocupadas por una sola persona, sin que eso modifique de manera significativa la realidad de miles de ciudadanos.
Por eso vale la pena preguntarse si el objetivo debe ser crear más curules especiales o construir condiciones para que cualquier persona pueda competir y ganar espacios por sus propuestas, liderazgo y capacidad de generar confianza entre los ciudadanos.
Por otra parte, si las acciones afirmativas se presentan como medidas temporales, también debería explicarse con claridad cuándo dejarían de existir. ¿Cuántos años serían suficientes? ¿Qué porcentaje de representación sería considerado satisfactorio? ¿Quién decidiría que el objetivo ya fue alcanzado? Son preguntas fundamentales que hoy no tienen respuesta.
La verdadera inclusión debería enfocarse en eliminar obstáculos reales para la participación política, fortalecer la educación cívica, abrir más espacios dentro de los partidos y garantizar condiciones de competencia para todos. Esas medidas atienden las causas del problema. Reservar cargos públicos únicamente modifica el resultado.
Una democracia fuerte no necesita dividir a sus ciudadanos en categorías para repartir espacios de poder. Necesita garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para participar bajo las mismas reglas.
Porque la igualdad no consiste en asegurar una curul para cada identidad. La igualdad consiste en que ningún ciudadano necesite una curul reservada para ejercer plenamente sus derechos.
Y precisamente por eso esta iniciativa no debería aprobarse. No porque busque un fin equivocado, sino porque parte de una idea peligrosa: que la mejor forma de lograr inclusión es asignar espacios políticos según características personales. La democracia no se construye otorgando representación por identidad, sino garantizando libertad, igualdad ante la ley y reglas comunes para todos.
Cuando el poder comienza a repartirse por grupos, dejamos de vernos como ciudadanos iguales y comenzamos a clasificarnos en categorías que compiten por privilegios políticos. Ese camino no fortalece la democracia; la fragmenta.
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