Pocas transformaciones culturales han sido tan rápidas y profundas como la ocurrida en torno a la sexualidad y la identidad de género durante las últimas dos décadas. Mientras durante gran parte de la historia las personas que se identificaban como homosexuales, bisexuales o transgénero representaban porcentajes relativamente reducidos de la población, hoy las cifras entre los jóvenes muestran un crecimiento sin precedentes.
Las encuestas de Gallup en Estados Unidos muestran que la identificación LGBT pasó de 3.5% en 2012 a más de 9% en años recientes, mientras que entre la Generación Z alrededor de uno de cada cinco jóvenes se identifica dentro de alguna de estas categorías. Un cambio de tal magnitud y velocidad difícilmente puede entenderse sin considerar el impacto de las redes sociales, la industria del entretenimiento, las campañas corporativas, el activismo político y las nuevas narrativas culturales.
Sin embargo, más allá del debate sobre las causas, existe una pregunta mucho más importante: ¿qué consecuencias tiene para los individuos y para la sociedad la normalización y promoción de estos estilos de vida?
Los propios datos de organismos públicos muestran señales preocupantes.
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) reportó en su Encuesta Nacional de Conductas de Riesgo Juvenil que el 65% de los estudiantes LGBT declaró haber experimentado sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, frente al 31% de sus pares heterosexuales. Asimismo, el 41% manifestó haber considerado seriamente el suicidio, frente al 13% de los estudiantes heterosexuales.
En otras palabras, los jóvenes LGBT presentan tasas de ideación suicida más de tres veces superiores a las de sus compañeros heterosexuales. Ninguna sociedad responsable debería ignorar una diferencia de esa magnitud.
Las diferencias también aparecen en el consumo de sustancias. La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos (SAMHSA) encontró que el 39.1% de los adultos homosexuales y bisexuales había consumido drogas ilícitas durante el último año, comparado con el 17.1% de los adultos heterosexuales. El consumo de marihuana fue de 30.7% frente a 12.9%, mientras que el uso de diversas drogas como cocaína, metanfetaminas y otras sustancias también resultó significativamente superior.
Entre adolescentes, el CDC reportó que el uso de drogas ilícitas alcanzó el 15% de los estudiantes LGBT frente al 8% de los estudiantes heterosexuales. El uso indebido de opioides recetados también fue más del doble: 18% contra 8%.
Los indicadores relacionados con enfermedades de transmisión sexual tampoco pueden ignorarse. El propio CDC señala que aproximadamente el 4% de la población masculina estadounidense se identifica como gay o bisexual, pero este grupo concentró cerca del 69% de los nuevos diagnósticos de VIH y el 86% de los nuevos diagnósticos entre hombres.
Estos datos no significan que toda persona homosexual, bisexual o transgénero vaya a experimentar estos problemas. Tampoco justifican discriminación alguna. Pero sí obligan a reconocer que existen riesgos estadísticamente superiores en áreas fundamentales de salud física y mental.
La respuesta responsable no consiste en ocultar estas cifras ni en descalificar a quienes las señalan. Por el contrario, implica informar con honestidad a los jóvenes y a sus familias para que comprendan plenamente las posibles consecuencias asociadas con determinadas decisiones y estilos de vida.
Lo más preocupante es que estas conversaciones suelen estar ausentes del discurso público. Mientras se enfatizan mensajes de afirmación, inclusión y diversidad, rara vez se discuten con la misma intensidad los riesgos observados en materia de depresión, suicidio, abuso de sustancias o enfermedades de transmisión sexual.
Los menores de edad atraviesan una etapa de desarrollo emocional e identitario particularmente vulnerable a la influencia de pares, redes sociales y tendencias culturales. Por ello, promover la prudencia, el acompañamiento familiar y la estabilidad emocional no constituye un acto de intolerancia, sino de responsabilidad.
Toda persona merece respeto, dignidad y protección legal. Pero una sociedad también tiene el deber de transmitir información completa y basada en evidencia, especialmente cuando se trata de la salud y el bienestar de sus nuevas generaciones.
El debate no debería centrarse en discriminar a nadie. Debería centrarse en una pregunta mucho más importante: si conocemos la existencia de riesgos significativamente superiores en determinados indicadores de salud y bienestar, ¿por qué no estamos hablando de ellos con la misma claridad con la que hablamos de aceptación e inclusión?
Los jóvenes merecen respuestas honestas. Los padres merecen información completa. Y la sociedad merece un debate abierto basado en datos, no únicamente en consignas.
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