La reforma electoral de Morena: la democracia corre peligro

Lejos de ser un avance democrático, la propuesta presentada recientemente evidencia una preocupante intención de debilitar los contrapesos institucionales y concentrar el poder. No se trata de un ejercicio transparente ni de una demanda genuina de la ciudadanía, sino de una iniciativa que desde su origen ha estado marcada por la prisa, la opacidad y la falta de consenso real, además de haberse construido con información limitada y sin un diálogo amplio ni plural.

Aunque se pretende presentar como un cambio necesario, la realidad es que esta reforma pone en riesgo pilares fundamentales del sistema electoral. La eliminación o transformación de mecanismos de representación proporcional no fortalece la participación, sino que reduce la pluralidad y limita la voz de minorías políticas y sociales. Peor aún, los nuevos esquemas planteados no eliminan el control de las dirigencias partidistas sobre las candidaturas, por lo que el poder interno de las cúpulas no se reduce, sino que se mantiene bajo otra forma. En lugar de ampliar derechos, los restringe.

También se afirma que se reducirán costos, pero no se explica con claridad cómo se garantizará al mismo tiempo la calidad, independencia y capacidad operativa de las instituciones electorales. Recortar recursos sin planeación puede traducirse en procesos más vulnerables, menos confiables y más susceptibles a presiones políticas. Es falso que el gasto del INE sea caro: representa apenas alrededor del 0.15% del presupuesto federal, mientras programas y megaproyectos gubernamentales cuestan decenas de veces más e incluso han acumulado sobrecostos por cientos de miles de millones de pesos. La desaparición o debilitamiento de herramientas técnicas de transparencia y conteo preliminar, lejos de modernizar el sistema, podría disminuir la certeza electoral y alimentar la desconfianza ciudadana.

Se insiste en que el proyecto surge del pueblo, cuando en realidad múltiples sectores han advertido riesgos serios y han señalado que no existe un consenso amplio ni un debate profundo. Las consultas citadas no sustituyen un análisis serio ni garantizan que las preocupaciones ciudadanas hayan sido realmente incorporadas. Además, aspectos como la influencia del crimen organizado, las fallas en sanciones electorales o la sobrerrepresentación legislativa permanecen sin solución, lo que evidencia que la reforma no atiende problemas estructurales del sistema.

Lejos de promover elecciones más justas, esta propuesta podría abrir la puerta a mayor inequidad en las contiendas y a una concentración política más marcada. El rediseño de órganos y reglas, incluido el modelo de integración legislativa, podría facilitar mayorías calificadas para el grupo gobernante y alterar el equilibrio democrático. A ello se suma que la reducción de financiamiento público y de tiempos en medios podría incentivar el uso de recursos ilícitos en campañas, debilitando aún más la equidad.

No es extraño que existan críticas: lo verdaderamente preocupante sería que no las hubiera. Cuando una reforma electoral genera dudas sobre su imparcialidad y despierta alertas entre especialistas, académicos y sectores sociales, lo responsable no es descalificar a quienes cuestionan, sino revisar a fondo el contenido.

La democracia no se fortalece reduciendo la diversidad de voces ni concentrando decisiones. Se fortalece garantizando equilibrio, transparencia y auténtica representación. Por eso, más que celebrarse, esta iniciativa debería analizarse con cautela, porque el riesgo no es menor: lo que está en juego no es un ajuste administrativo, sino la solidez misma del sistema democrático y la posibilidad de evitar retrocesos que acerquen al país a un esquema de predominio político sin contrapesos.

En un momento en que México enfrenta graves crisis de inseguridad, con organizaciones criminales capaces de asesinar autoridades, infiltrarse en gobiernos locales y someter regiones enteras mediante la violencia, la reforma verdaderamente urgente sería aquella que cierre el paso a la injerencia del crimen organizado en la vida pública y fortalezca los mecanismos de vigilancia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Lo que el país necesita no es un rediseño que consolide mayorías artificiales ni que concentre poder en dirigencias partidistas, sino cambios que amplíen la representación real, acerquen a la ciudadanía a las decisiones públicas y obliguen a los gobernantes a responder ante la sociedad. Porque la democracia no se protege otorgando más poder al poder, sino distribuyéndolo; no debilitando contrapesos, sino fortaleciéndolos; y no retrocediendo hacia esquemas hegemónicos del pasado, sino avanzando hacia instituciones más abiertas, vigiladas y verdaderamente representativas.