¿Éxito o victoria a medias?

El operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", difícilmente puede considerarse un éxito.

A simple vista podría parecerlo. Se trataba de uno de los criminales más buscados del planeta y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización con presencia internacional, poder armado y una red financiera compleja. Sin embargo, cuando se observa el panorama completo, el resultado se vuelve mucho más ambiguo. El objetivo principal se cumplió, pero el costo, las consecuencias inmediatas y las omisiones estratégicas muestran que no fue una victoria clara, sino una operación a medias.

Desde el punto de vista táctico, el operativo fue eficaz. Analistas afines al oficialismo han señalado que la intervención mostró capacidad operativa y precisión de las Fuerzas Armadas. Localizar a un líder de ese nivel no es sencillo. Requiere inteligencia previa, vigilancia, coordinación y rapidez. En ese sentido, la acción demuestra que el Estado tiene recursos para actuar cuando decide hacerlo. El problema es que la seguridad nacional no se mide solo por la ejecución de un operativo, sino por sus efectos posteriores. Ahí es donde empiezan las dudas.

Horas después del enfrentamiento se registraron 252 narcobloqueos en al menos veinte estados. Hubo carreteras cerradas, vehículos incendiados, ataques armados, saqueos y pánico en la población. También se reportaron al menos catorce muertes adicionales, entre ellas siete elementos de la Guardia Nacional. Estos hechos no son detalles menores ni daños inevitables. Son señales claras de que no existía un plan sólido para contener la reacción del grupo criminal. Cuando una acción gubernamental provoca una ola de violencia inmediata en gran parte del país, es legítimo cuestionar si realmente fue un triunfo.

Propagandistas del oficialismo lo describieron como un día histórico, pero incluso dentro de esa lectura optimista reconocen algo fundamental: la caída de un líder criminal suele provocar disputas internas y más violencia. La experiencia mexicana confirma ese patrón. Tras la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán no llegó la paz. Lo que ocurrió fue una fragmentación de grupos, luchas por territorios y la aparición de células más agresivas. La lógica criminal funciona como un mercado. Cuando se elimina a un actor dominante, otros compiten por ocupar su lugar. Por eso, la caída de un capo no garantiza la reducción de delitos.

También hay un factor político que pesa en la interpretación del operativo. Diversas voces coinciden en que la presión internacional influyó para acelerar la intervención. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, celebró públicamente el resultado y agradeció la cooperación bilateral. Ese reconocimiento muestra que el operativo tenía relevancia diplomática y que estuvieron muy involucrados elementos militares de Estados Unidos. Por ello también se abre una pregunta incómoda: ¿se actuó por estrategia nacional o por urgencia política externa? Cuando una acción de seguridad se ejecuta bajo presión internacional, existe el riesgo de priorizar el impacto inmediato sobre la planeación integral.

Ese posible apuro puede explicar por qué el objetivo no fue capturado con vida. Desde el punto de vista de inteligencia, esa es una de las mayores pérdidas. Un detenido de ese nivel representa una fuente invaluable de información. Habría podido revelar nombres de funcionarios coludidos, rutas de tráfico, proveedores de armas, operadores financieros, estructuras de mando y redes de protección institucional. Casos investigados por la DEA muestran que los interrogatorios a líderes detenidos pueden desmantelar organizaciones enteras. Al morir el líder, se pierde esa posibilidad. Con él desapareció información que quizá nunca se conocerá.

Otro punto crítico es la ausencia de un plan preventivo para proteger a la población. No hubo alertas tempranas ni despliegues suficientes en zonas de influencia del grupo criminal; los vacíos de información fueron sustituidos por las redes sociales, con todos los riesgos que eso conlleva. El resultado fue que comunidades enteras se sumieron en pánico y quedaron expuestas a represalias previsibles. La seguridad pública no solo implica capturar delincuentes. También implica evitar que la ciudadanía pague el costo de esas capturas. En este caso, el Estado logró lo primero, pero falló en lo segundo. La gente vivió horas de miedo, carreteras bloqueadas y ciudades paralizadas.

En contraste, hubo lugares donde sí se demostró que la prevención funciona cuando hay coordinación real. En el estado de Querétaro, el gobierno encabezado por Mauricio Kuri González activó protocolos de seguridad apenas se confirmó el operativo federal. Se reforzaron límites estatales, se instalaron filtros carreteros y se desplegaron operativos conjuntos con autoridades municipales como Felipe Fernando Macías, Josué Guerrero Trápala y Rodrigo Monsalvo. Hubo vigilancia estratégica, cancelaciones preventivas de actividades y comunicación constante con la población. El resultado fue claro. Mientras en otras entidades se registraban incendios y bloqueos, en Querétaro no hubo episodios de violencia relevantes: un intento de incendio en un OXXO y tres vehículos incendiados en puntos carreteros que fueron resueltos rápidamente. La vida cotidiana continuó casi con normalidad en el estado hasta que, como medida de prevención, se cerraron algunos negocios, en su mayoría franquicias nacionales que dieron esa instrucción, y se suspendieron clases en todos los niveles educativos este lunes. Ese contraste demuestra que la reacción posterior a un golpe contra el crimen sí puede contenerse cuando existe planeación, coordinación y anticipación. No se trata solo de fuerza, sino de estrategia.

El gobierno de Claudia Sheinbaum pudo haber optado por un esquema similar a nivel nacional. Una coordinación previa con autoridades estatales y municipales habría permitido posicionar fuerzas en puntos estratégicos para impedir bloqueos y ataques. No se trata de filtrar información sensible, sino de preparar mecanismos de contención. La reacción violenta del grupo demuestra que sí tenían capacidad de respuesta organizada. El Estado debió anticiparlo.

Además, hay que entender que los cárteles no son solo bandas armadas. Son estructuras económicas complejas. Si no se golpean sus finanzas, sus empresas fachada y sus redes de lavado de dinero, la organización sigue funcionando. Eliminar al líder puede incluso acelerar la reorganización interna y provocar luchas por el control. Investigaciones académicas han documentado que los vacíos de poder criminal suelen traducirse en aumentos de homicidios. Todo indica que el grupo podría entrar en una fase de reacomodo violento en los próximos meses.

Por eso resulta apresurado declarar el operativo como un triunfo. Un éxito real solo puede evaluarse con el paso del tiempo. La pregunta clave no es si se neutralizó al líder, sino qué ocurre después. Si disminuyen los homicidios, si baja la extorsión, si se reduce el control territorial y si se debilita la estructura financiera, entonces podrá hablarse de un logro estratégico. Si nada de eso sucede, el operativo será recordado como un golpe espectacular, pero superficial, probablemente decidido por la presión externa.

El discurso oficial suele presentar estos eventos como victorias contundentes porque la caída de un capo es mediáticamente impactante. Genera titulares, imágenes y declaraciones. Pero la seguridad no se construye con golpes aislados. Se construye con inteligencia constante, coordinación institucional, policías fortalecidas y políticas sociales que reduzcan el reclutamiento criminal. Sin ese enfoque integral, cada líder eliminado es simplemente sustituido por otro.

En resumen, el operativo mostró que el Estado tiene capacidad para actuar, pero también dejó claro que esa capacidad no siempre va acompañada de planeación estratégica. Fue eficaz en lo inmediato, pero débil en sus consecuencias. Se cumplió el objetivo principal, sí, pero se dejó intacta gran parte de la estructura criminal y se desató una ola de violencia que afectó a miles de ciudadanos. No es un fracaso total, pero tampoco un éxito. Es una advertencia.

La verdadera evaluación no debe hacerse con base en lo ocurrido ese día, sino en los meses que siguen. La seguridad no se mide por anuncios ni conferencias, sino por resultados sostenidos. Si la violencia baja y la organización se debilita, entonces el operativo habrá valido la pena. Si la violencia continúa o aumenta, quedará claro que se trató solo de un episodio más en una lucha que sigue sin resolverse y la admisión de facto del fracaso de la estrategia de "abrazos, no balazos", que solamente le dio tiempo a los grupos criminales de fortalecerse aún más y ampliar su dominio en más territorios de México.

Así, lo positivo, si somos optimistas, es que la inseguridad vuelve a dominar la agenda pública y el gobierno federal estará obligado a continuar combatiendo a los criminales y a dar resultados, aunque, sin detenciones masivas de sicarios y sin detener a los niveles más altos de la estructura política y financiera de los cárteles, no dejará de ser una estrategia incompleta y omisa.