martes, 29 de septiembre de 2026

Cambiar de partido no es cambiar Querétaro


Hay una escena que comienza a repetirse en Querétaro. Con el proceso electoral de 2027 en el horizonte, las redes sociales se llenan de rostros conocidos, mensajes de renovación y videos cuidadosamente producidos con discursos sobre el futuro. Algunos hablan de transformación; otros, de cambio; otros, de una nueva manera de hacer política.

Conviene detenerse un momento y preguntar:
¿Qué es exactamente lo "nuevo"?

Porque detrás de buena parte de esos discursos hay personajes que llevan años —en algunos casos, décadas— transitando por cargos públicos, partidos, candidaturas y estructuras de poder. Cambian las siglas, los colores, el discurso y, a veces, hasta el adversario. Lo que no necesariamente cambia es la trayectoria.

Una aclaración necesaria: aquí nadie acusa a nadie. Cualquier ciudadano tiene derecho a aspirar a un cargo público, tener patrimonio no es un delito y una investigación no es una condena. Pero quien pretende gobernar debe aceptar algo elemental: su pasado también forma parte de su currículum. Y quien pide el voto no puede pedir, además, que se borre su expediente público.

Trayectorias que piden explicaciones

Está el funcionario que construyó su prestigio alrededor del combate a la corrupción y la inteligencia financiera, y cuya declaración patrimonial es hoy objeto de amplio escrutinio periodístico. Reportes basados en ella estimaron bienes por alrededor de 40 millones de pesos, entre inmuebles, obras de arte y joyas, además de ingresos por asesorías. El interesado explicó públicamente que parte de ese patrimonio provenía de créditos, regalos de boda y herencias. La pregunta democrática no es si tener patrimonio es un delito, sino cuánta transparencia debe ofrecer quien aspira a gobernar en nombre del combate a la corrupción.

Está el empresario y exfuncionario federal que pasó de administrar un enorme fondo de recursos públicos —que, a decir de la presidenta de la República, era un mecanismo opaco y plagado de corrupción— en un gobierno priista a una candidatura por Morena. Su patrimonio inmobiliario, incluida una propiedad en Miami reportada en más de 6.5 millones de dólares, ha sido objeto de investigaciones periodísticas, y en 2022 se reportó una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de dinero. También ha enfrentado cuestionamientos por empresas y contratos públicos.

Está el dirigente con casi dos décadas al frente de un partido en Querétaro, cinco reelecciones consecutivas y una organización que, según información citada por medios locales, recibió cerca de 154 millones de pesos de financiamiento público durante ese periodo. La misma investigación recoge críticas académicas por concentración de poder y falta de renovación interna. ¿Puede presentarse como renovación quien construyó, durante casi dos décadas, una posición de control dentro de la política local?

Y está el exalcalde que, tras una larga trayectoria en el PAN, se incorporó a Movimiento Ciudadano y ha sido objeto de escrutinio por operaciones inmobiliarias cercanas al Aeropuerto Internacional de Querétaro. Una investigación académica de la UNAM documentó la adquisición de predios en esa zona, lo que, por sí mismo, no acredita irregularidad alguna. Pero la pregunta es legítima: ¿dónde termina la actividad privada y dónde empieza la obligación de explicar con absoluta claridad cualquier relación entre poder público, información privilegiada, desarrollo territorial y patrimonio?

También hay casos distintos, que conviene no mezclar. Una exlegisladora transparentó su declaración en 2015 mediante la iniciativa Candidato Transparente —dos inmuebles, un vehículo y ahorros—, aunque entonces recibió cuestionamientos periodísticos por inconsistencias en sus ingresos. Y en otro perfil las controversias son políticas y electorales: en 2023, el Tribunal Electoral determinó que ciertas expresiones dirigidas contra una política queretana contenían estereotipos de género y violencia simbólica.

Ninguno de los dos es una acusación de corrupción.

¿Qué tienen en común todos estos casos?

No necesariamente un delito. No necesariamente una fortuna inexplicable. No necesariamente es una incongruencia ideológica.

Tienen algo más sencillo y, quizá, más importante: una larga relación con el sistema político. Son políticos profesionales. Unos han cambiado de partido; otros, tejido alianzas con fuerzas distintas; otros, permanecido años en la misma estructura. Ninguno puede presentarse seriamente como un recién llegado.

Y ahí está el verdadero asunto. Mientras las redes producen a diario nuevos aspirantes, Querétaro debería hacerles una pregunta más exigente que «¿qué prometen?».

¿Dónde estuvieron y qué hicieron antes? ¿En qué forma mejoraron la vida de los ciudadanos? 

¿Dónde están las obras? ¿Las políticas públicas exitosas? ¿Las innovaciones institucionales? ¿Los resultados verificables que hayan mejorado de manera sustantiva la vida de los queretanos?

Porque gobernar no es producir contenido. Un video bien editado no es una política pública. La foto de un bache no es una obra. Un juego de palabras con su nombre o una consigna no es una estrategia de seguridad. Una promesa no es una plataforma. Una candidatura no es una trayectoria de resultados.

Un estado que no parte de cero

Esta discusión importa más porque Querétaro no parte de cero. El Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo coloca entre las entidades con competitividad muy alta y destaca su dinamismo en las industrias automotriz, aeroespacial y de centros de datos, así como su elevada complejidad económica.

En el ámbito urbano, el diagnóstico es todavía más interesante: el IMCO señala que Querétaro encabezó el grupo de ciudades de más de un millón de habitantes y avanzó cinco posiciones respecto de 2024. También destaca que 61.88 % de los ingresos de la ciudad son propios, frente a un promedio nacional de 28 %.
Eso no significa que Querétaro sea perfecto. No lo es. El propio IMCO advierte que un estado con una tasa tan alta de crecimiento poblacional, sobre todo por migración de otras entidades, enfrenta grandes desafíos. Precisamente por eso el debate debería ser más serio.

Querétaro tiene una ciudadanía exigente, y sabe distinguir entre criticar lo que funciona mal —algo indispensable en democracia— y proponer sustituir un modelo que ha generado ventajas competitivas sin explicar qué se hará mejor.

Quien quiera cambiar el modelo debe decir cuál propone, qué problema resolverá y qué evidencia demuestra que su alternativa funcionará. No basta con decir «hay que cambiar». Hay que explicar qué, cómo, con qué recursos, con qué resultados esperados y con qué experiencia que acredite la capacidad para hacerlo.

Y la misma vara aplica para quien aspire a continuar el modelo actual: también debe explicar qué corregirá, qué queda por resolver y qué resultados propios puede demostrar. La exigencia no distingue colores.

Por eso, frente a la avalancha de aspiraciones, quizá convenga bajar el volumen de los discursos y subir el de las preguntas. Y convertirlas en exigencias concretas:
Declaraciones patrimoniales y de intereses completas y públicas, controles de confianza y hasta pruebas psicológicas, antidoping y de polígrafo. 

Planes de gobierno con metas medibles y fuentes de financiamiento.

Debates basados en datos, no en consignas.

¿Cómo explican sus decisiones, sus alianzas y sus cambios de partido? ¿Qué propuesta concreta tienen para mejorar lo que Querétaro ya hace bien?

Y, sobre todo: ¿quieren cambiar Querétaro porque tienen una visión distinta de futuro o porque necesitan una nueva posición en el mapa del poder?

La respuesta, en una democracia madura, no debería depender de simpatías partidistas. Debería estar en los datos.

Un verdadero cambio no se demuestra cambiando de partido, de discurso o de fotografía de perfil. Se demuestra con seriedad, con argumentos y cambiando para bien la vida de los ciudadanos.

martes, 22 de septiembre de 2026

¿Soberanía, para quién?


Cuando hablamos de soberanía pensamos en fronteras, independencia y defensa frente a otras naciones. Pero existe una pregunta mucho más incómoda: ¿qué tan soberano es un país cuando sus ciudadanos no pueden ejercer plenamente sus derechos?

México sigue siendo jurídicamente un Estado soberano. El problema está en su soberanía efectiva: la capacidad real del Estado y de los ciudadanos para decidir, hacer cumplir la ley y limitar a quienes ejercen el poder.

El ejemplo más evidente es la intervención del crimen organizado en la política. Durante el proceso electoral de 2023-2024, Data Cívica registró 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas atacadas presuntamente por grupos criminales, 34 de ellas asesinadas. México Evalúa señaló además que la violencia política tuvo efectos sobre la participación electoral.

No hace falta que un grupo criminal gane una elección para alterar la democracia. Le basta con decidir quién puede competir, quién debe retirarse o quién puede hacer campaña sin ser amenazado.

Cuando el miedo condiciona el voto, la soberanía popular deja de ser plenamente libre.

La libertad de expresión enfrenta un problema semejante. Un periodista que deja de investigar por miedo no pierde únicamente su libertad: la pierde también la sociedad que depende de su trabajo para conocer los abusos del poder.

Y llegamos a la justicia.

La reforma judicial modificó radicalmente el sistema de selección de jueces y ministros y en 2025 se realizó la primera elección popular de personas juzgadoras. Quienes defienden el modelo argumentan que democratiza al Poder Judicial; sus críticos advierten riesgos de politización, falta de filtros homogéneos de idoneidad y debilitamiento de la independencia judicial.

La discusión no debería reducirse a si los jueces son electos o designados. La pregunta fundamental es otra: ¿puede existir justicia independiente si quien juzga necesita responder políticamente ante quienes pueden determinar su permanencia?

Una democracia necesita mayorías, pero también necesita instituciones capaces de ponerles límites.

Lo mismo ocurre con la participación ciudadana. Una consulta no es democrática únicamente porque se coloque una pregunta frente a los ciudadanos. Para que exista verdadera soberanía popular debe haber información suficiente, reglas confiables y, sobre todo, consecuencias transparentes.

Preguntar y después ignorar sistemáticamente la respuesta convierte la participación en simulación. Pero preguntar únicamente para legitimar una decisión previamente tomada produce el mismo resultado.

La soberanía popular no consiste en ser consultados. Consiste en que nuestra participación tenga consecuencias reales.

La dimensión económica tampoco puede ignorarse. México necesita recaudar para financiar seguridad, justicia, educación y servicios públicos, pero un sistema fiscal que desalienta la inversión y hace demasiado costosa la formalidad termina debilitando la capacidad del propio Estado.

Y sin capacidad económica tampoco hay verdadera autonomía.

Un país puede ser políticamente independiente y, al mismo tiempo, depender de otros para tecnología, inversión, mercados o determinados bienes estratégicos. La soberanía económica no significa encerrarnos, sino contar con suficiente capacidad productiva para que las decisiones fundamentales no dependan exclusivamente de factores externos.

Pero quizá el dato más revelador está en la justicia cotidiana.

La ENVIPE 2025 estimó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos y que 93.2% no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.

No significa que 93.2% de los delitos haya quedado impune. Significa que la llamada cifra oculta es gigantesca.

Y detrás de ella existe una conclusión devastadora: millones de mexicanos no consideran que denunciar produzca resultados suficientes.

Cuando el ciudadano deja de acudir al Estado, el Estado pierde autoridad y el delincuente gana espacio.

Por eso la soberanía mexicana no debería medirse solamente por nuestra capacidad de decirle a otros países que México es independiente.

También deberíamos preguntarnos si podemos garantizar elecciones libres de intimidación, periodistas capaces de investigar, jueces independientes, ciudadanos escuchados y víctimas que confíen en la justicia.

La soberanía no se pierde necesariamente cuando un ejército extranjero cruza una frontera. A veces comienza a perderse mucho antes y de manera casi imperceptible: cuando el ciudadano deja de denunciar, el periodista deja de investigar, el juez deja de resistir presiones y el elector deja de creer que su voto puede cambiar algo.

Un Estado puede conservar su bandera, su Constitución y sus fronteras y, sin embargo, haber cedido parcelas de su autoridad a la violencia, la impunidad, la corrupción o la conveniencia política.

La soberanía, al final, no es una palabra escrita en la Constitución. Es la capacidad de una sociedad para decidir su destino y hacer que esas decisiones sean respetadas.

Cuando esa capacidad se erosiona, el país sigue teniendo gobierno, elecciones e instituciones. Pero algo esencial comienza a desaparecer.

Y quizá la imagen más inquietante sea ésta:

Un país puede seguir ondeando su bandera mientras, poco a poco, deja de decidir lo que ocurre debajo de ella.

Ese es el verdadero riesgo. No que México deje de llamarse soberano, sino que un día descubramos que seguimos teniendo la bandera, pero ya no tenemos el poder efectivo para decidir qué significa vivir bajo ella.

martes, 15 de septiembre de 2026

México no es el gobierno

Hoy se conmemora el 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia. Vivir en Querétaro significa palpar los lugares históricos donde comenzaron los acontecimientos que dieron origen al movimiento insurgente y que, años después, nos dieron una nación independiente.

Por eso, celebrar las fiestas patrias desde Querétaro tiene un significado especial. Aquí no solamente recordamos la historia: caminamos sobre los lugares donde comenzó a escribirse.

Afortunadamente, quienes vivimos en Querétaro podremos celebrar este aniversario con algo que, desgraciadamente, ya no es común en nuestro país: seguridad y tranquilidad.

Esta semana tuve la oportunidad de saludar, mientras esperábamos la luz verde en un semáforo, a un par de elementos de la Policía Estatal. Aproveché para agradecerles su trabajo y compromiso.

Aquí tenemos cuerpos de policía confiables, profesionalizados y certificados. Lejos de tenerles miedo, como ocurre en otros estados, les tenemos respeto, aprecio y confianza.

Seguramente, como siempre ha ocurrido, las celebraciones del Grito de Independencia en nuestro hermoso Centro Histórico serán tranquilas y memorables.

Y esto no es producto de la casualidad.

La paz, la seguridad y la calidad de vida que gozamos en Querétaro, acompañadas de un desarrollo económico que ha convertido al estado en uno de los principales polos de inversión del país, son resultado de más de tres décadas de tomar decisiones correctas.

También son resultado de una ciudadanía crítica, exigente, pero inteligente, que sabe que lo construido en Querétaro es demasiado valioso como para darlo por sentado.

Y, sobre todo, sabe que debe defenderse.

Más aún en estos tiempos, cuando la inseguridad se ha extendido por buena parte del país y existen cada vez más señalamientos sobre una posible colusión entre integrantes de instituciones mexicanas y grupos criminales y del narcotráfico, acusaciones que incluso llegan desde Estados Unidos.

Lo preocupante no son solamente esos señalamientos. También lo es la erosión institucional que hemos vivido.

Se han perdido contrapesos y se ha debilitado la separación de poderes. Los mecanismos de la República que deberían impedir la corrupción y la vinculación entre el Estado y los grupos criminales han sido demolidos en los últimos años.

Por eso no sorprende que la ciudadanía reaccione.

En Querétaro vimos un ejemplo con la aparición de lonas que aludían a casos emblemáticos, como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y exigían investigar estos hechos.

Esta misma semana tuve la oportunidad de hablar en Enlace Creativo con representantes de un grupo de ciudadanos activistas que, preocupados por este escenario, recaban firmas en diferentes puntos de la ciudad para respaldar la iniciativa del gobernador Mauricio Kuri González para establecer un protocolo contra los narcocandidatos.

La propuesta busca que todos los partidos y sus militantes que pretendan ser candidatos hagan públicas sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, además de someterse a controles de confianza, incluida una prueba de polígrafo.

El propio gobernador ya se sometió a ella, poniendo el ejemplo.

La propuesta provocó inconformidades y molestias entre algunos grupos políticos y personajes que pretenden competir en las próximas elecciones.

Por algo será.

Curiosamente, en este mismo tema se anunció que el senador Adán Augusto López será el encargado de revisar los filtros de los candidatos de Morena.

Suena paradójico cuando él mismo ha sido señalado por presuntos vínculos con grupos criminales. Particularmente por el caso de quien fue su secretario de Seguridad durante su gobierno en Tabasco, actualmente procesado por su presunta pertenencia o liderazgo en La Barredora, grupo relacionado con narcotráfico, extorsión y robo de combustible, entre otros delitos.

Pareciera irónico que alguien tan cuestionado sea el encargado de revisar si los candidatos de Morena son honestos y no están comprometidos con el crimen organizado.

Como dicen por ahí, pareciera como poner al perro a cuidar la barbacoa.

Y todavía hay más.

Con el nombramiento de los llamados defensores de la Cuarta Transformación, pareciera que Morena quiere mandar un mensaje nacional: está dispuesto a entregar todavía más espacios del Estado a personajes cuestionados o, de plano, a institucionalizar la corrupción.

El nombramiento que más escozor ha causado, no solamente en Querétaro sino en todo el país, es el de Santiago Nieto.

Es un personaje cuestionadísimo por escándalos, polémicas, acusaciones e investigaciones relacionadas con su proceder en distintas posiciones dentro del gobierno, sus vínculos y la forma en que acumuló una importante fortuna y propiedades después de su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera.

También está el episodio que terminó con su salida de la UIF durante el gobierno de López Obrador, después del escándalo por su boda con la actual consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, en Guatemala, los excesos que se hicieron públicos y el problema aduanal relacionado con el traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Pareciera que Morena apuesta al olvido de estos escándalos o, peor aún, al cinismo de un sector de la población que, mientras reciba apoyos sociales o se sienta beneficiado, no tiene reticencia en respaldar a estos personajes.

Ahora Santiago Nieto se coloca como víctima porque diputados locales de Querétaro señalan que la Legislatura no debe ser escenario de campañas ilegales y anticipadas, como hasta ahora ha aprovechado este personaje con las facilidades de los diputados de la llamada 4T.

Ahora dice que atacan su libertad de expresión.

Resulta curioso.

Cuando estuvo en la cima del poder federal, al frente de la UIF, no tuvo contemplación para congelar cuentas de empresarios y políticos incómodos para el oficialismo. La Unidad de Inteligencia Financiera terminó convertida, desde mi punto de vista, en una herramienta para atacar adversarios.

El mismo caso sucede con el defenestrado, incluso por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, José María “Chema” Tapia.

Ya fue candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Querétaro y nuevamente ha manifestado esa intención. Es uno de los funcionarios públicos cuyo enriquecimiento inexplicable resulta más evidente. Todo el mundo lo conoce como un magnate.

Desde la propia Presidencia de México se han señalado los cuestionamientos relacionados con su paso por el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ahora también han salido a la luz denuncias sobre contratos multimillonarios otorgados a sus empresas durante la pandemia para suministrar ventiladores y equipos auxiliares respiratorios, con señalamientos de sobrecostos y cuestionamientos sobre el pago del IVA derivado de esas operaciones.

Sin embargo, el secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro “Alex” Pérez, ya había señalado que la razón para que Chema Tapia fuera candidato tenía que ver con su gran capacidad económica.

Así se las gastan.

Y Santiago Nieto sigue sumando rechazos.

Esta semana se reunió con Mayra Dávila la lideresa del grupo feminista Adax Digitales, la misma que cuando era estudiante de la UAQ provocó una alerta ALBA porque al parecer se pasó de fiesta en una escapada sin avisar a la playa y que ahora comanda las huestes de gladiadoras peliazules que cada 8 de marzo nos hacen favor de vandalizar la ciudad y son las principales promotoras del aborto.

Pero, en fin, supongo que para Santiago Nieto, y con la fama que se carga, cualquier personaje suma, aunque sea rechazo.

Y hablando de rechazo, también crece el descontento hacia las autoridades federales por el interminable problema de la carretera 57 a la entrada de Querétaro.

Las obras han provocado verdadero caos, sobre todo en la zona sur de la ciudad.

Pero en lugar de aceptar responsabilidades y encontrar soluciones, lo único que se les ocurre decir es que se trata de un sabotaje del gobierno del PAN para afectar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No solamente es falso; ni siquiera hace falta inventar un sabotaje.

Ahí están las obras del Tren México-Querétaro, la evidente deforestación, las complicaciones en los tramos que afectan a la ciudad e incluso el intento de pintar estructuras con los colores de su partido.

Todo está a la vista.

Mientras tanto, los escándalos surgen todos los días dentro y fuera del país y el rechazo hacia Morena sigue creciendo.

La respuesta de los militantes de la 4T y de la presidenta, que lleva la batuta de los propagandistas del gobierno, parece ser envolverse en la bandera como los Niños Héroes, alegando una intervención norteamericana.

Habría que recordarles que ni los estadounidenses están invadiendo México ni México es su gobierno.

México no es Morena.

México no es Claudia Sheinbaum.

México somos los mexicanos.

Somos los ciudadanos que trabajamos todos los días para sacar adelante a nuestras familias sin causarle mal a nadie.

Por eso es necesario distinguir entre defender a México y defender a un gobierno.

Pareciera que toda la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y su maquinaria de propagandistas, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas, sobre la defensa de la soberanía y la no intervención tiene también otro propósito: preparar a sus bases para el golpe que saben que puede venir desde las instancias de justicia norteamericanas.

Cada vez son más las personas vinculadas con organizaciones criminales que se han entregado voluntariamente para buscar acuerdos y entregar información sobre posibles vínculos entre los cárteles del narcotráfico y las instituciones mexicanas.

Si esa información llegara a involucrar a funcionarios o estructuras del Estado, las consecuencias podrían ser enormes.

Se le ve a la presidenta desencajada, con un gesto y una mirada cada vez más duros y, en ocasiones, perdidos; con un discurso también cada vez más agresivo.

Pareciera que están preparando a sus bases para el golpe que desde Estados Unidos seguramente llegará.

Y si Donald Trump utiliza electoralmente este tema, seguramente estará preparando una acción de enorme repercusión mediática que podría provocar un sismo profundo en el actual gobierno de México.

Habrá que esperar.

Mientras tanto, en Querétaro tenemos otra realidad.

Toda la semana pasada el gobernador Mauricio Kuri compartió en sus redes sociales historias con ejemplos de los avances y resultados logrados durante sus cinco años de gobierno.

Los resultados están a la vista: reducción de la pobreza, aumento de programas sociales, una transformación histórica del transporte público metropolitano, mayor percepción de seguridad en los municipios y una economía que crece prácticamente al doble de la del país.

Querétaro ha atraído inversiones de corporativos internacionales como Amazon, Google y Microsoft, además de empresas automotrices y aeroespaciales.

También está el sistema de salud pública.

Hoy parece confirmarse que fue una muy buena decisión no incorporar a Querétaro al sistema federal de salud, que ha resultado un fracaso y ha dejado a millones sin acceso adecuado a servicios médicos.

Los contrastes son evidentes.

También en educación.

México acaba de recibir los resultados de PISA y obtuvimos como país algunos de los peores resultados de nuestra historia. Los retrocesos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora son preocupantes.

Cada vez hay más rezago escolar y, además, una educación pública ideologizada, creada no para enseñar y permitir que los mexicanos salgan adelante, sino para adoctrinar y mantenerlos dependientes del gobierno, sin desarrollar las estructuras mentales necesarias para pensar críticamente.

Incluso algunos de los llamados autores intelectuales de la Nueva Escuela Mexicana terminaron siendo defenestrados, como el izquierdista radical Marx Arriaga o aquella maestra de patética memoria que, en una mañanera, protagonizó su espectáculo del “lerolero, candilero”, mientras explicaba por qué los estudiantes no debían aspirar necesariamente a superarse ni a tener buenas calificaciones.

Es un modelo de pensamiento parecido al que mostró recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum cuando explicó desde su pedestal intelectual que el crecimiento económico no es bueno porque causa contaminación.

Pero aquí, nuevamente, Querétaro demuestra que existe otra visión.

Nuestros resultados educativos han sido destacados. Somos primer lugar nacional en la cantidad de estudiantes que comienzan la escuela y terminan hasta la licenciatura.

Las instalaciones educativas y deportivas están en buenas condiciones, sigue creciendo la infraestructura y se apoya a los estudiantes con becas, uniformes, útiles y hasta equipos digitales como laptops.

Pero quizá lo más importante es el modelo de sinergia entre gobierno, universidades e industria.

Las universidades públicas tienen las carreras y matrículas que actualmente necesita la industria establecida en Querétaro para preparar técnicos y profesionistas capaces de competir con todo el mundo.

Esta relación entre gobierno, universidades e industria ha sido fundamental para el desarrollo económico del estado.

Es otra visión de país.

A manera de cierre, tuve la oportunidad de platicar con uno de los periodistas y analistas políticos más aguzados y experimentados radicados en Querétaro.

Hablamos de la política local, de los tiempos y de los momentos que vivimos.

Coincidimos en que, ahora que comienza el último año del gobierno de Mauricio Kuri y ya concluido su informe de resultados, pareciera que el trayecto de los aspirantes del PAN está llegando a buen puerto.

Todo indica que, sin damnificados, el partido podrá apoyarse en las fortalezas estructurales del modelo queretano, en los resultados del gobernador y los alcaldes de su partido y en una preferencia electoral que prácticamente durante todo un año se ha mantenido en más de dos dígitos.

Pareciera que la trayectoria de los suspirantes a las candidaturas del PAN en Querétaro llegará a buen puerto y que no habrá damnificados.

La unidad del partido se ha trabajado desde hace tiempo, conjuntamente con la dirigencia nacional. El reciente evento donde líderes de grupos aparentemente encontrados e irreconciliables aparecieron juntos, levantándose mutuamente la mano, es una señal clara.

El PAN sabe de sus fortalezas.

Sabe que lo único que necesita es no equivocarse.

Las decisiones más lógicas y razonables serán las que brinden mejores resultados.

Tocará esperar los anuncios oficiales.

Nos espera un año muy intenso de actividad y campañas políticas.

Hace unos días pregunté en mis redes sociales si quienes me hacen favor de leerme hablan de política en familia y con sus hijos, aunque sean menores de edad.

Casi cien personas respondieron que sí, que lo hacen frecuentemente y que en estos tiempos lo consideran todavía más importante.

Eso me da gusto.

Yo hago lo mismo en casa.

Porque es necesario formar conciencia cívica y ciudadana.

Votar no solamente es un derecho; también es una obligación.

Pero nuestra responsabilidad va mucho más allá del día de la elección.

Tenemos que observar lo que ocurre antes, conocer los perfiles de quienes pretenden gobernarnos, revisar sus antecedentes, sus intereses, sus resultados y sus compromisos.

Porque la Independencia que hoy celebramos no pertenece a un gobierno ni a un partido.

Tampoco la libertad puede darse por sentada.

Las instituciones no son eternas. La seguridad no aparece por casualidad. El desarrollo económico tampoco.

Todo se construye y todo puede perderse.

Querétaro tiene mucho que celebrar: historia, seguridad, instituciones, desarrollo, universidades, industria y ciudadanos que trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias.

Pero también tiene algo que defender.

Porque México no es su gobierno.

México no es un partido.

México somos todos.

Y quizá este aniversario de la Independencia sea un buen momento para preguntarnos no solamente qué país heredamos, sino qué país estamos construyendo y qué estamos dispuestos a hacer para defenderlo.

Gracias por su atención, gracias por leerme y, como siempre, gracias por sus comentarios.


martes, 8 de septiembre de 2026

Querétaro pone el ejemplo


¿Y si gobernar no fuera repartir culpas, sino asumir responsabilidades?

Esa pregunta, tan simple que incomoda, separa al modelo de Querétaro de lo que Morena ha querido vender como receta única para México. Por un lado, un gobierno federal que explica cada tropiezo apelando al pasado, al neoliberalismo, a los conservadores, a la prensa o a los jueces de antes. Por otro, un gobierno estatal que ha optado por algo menos vistoso, pero infinitamente más útil: medir el problema, decidir y hacerse cargo del resultado. Lo curioso es la asimetría. Uno administra un relato y el otro administra un estado.

Mauricio Kuri llega a su quinto informe con cifras, no con consignas. Más de 139 mil millones de pesos de inversión en 233 proyectos y más de 63 mil empleos derivados de ellos. Una reducción de 59 por ciento en pobreza extrema y de 48 por ciento en pobreza general. Un sistema de transporte que pasó de 457 unidades a más de mil y que escaló del lugar 24 al segundo nacional en satisfacción de los usuarios. Cerca de cuatro mil millones de pesos invertidos en casi 400 obras de infraestructura.

Son datos verificables, no eslóganes de tarima.

Aquí aparece una de las falsas dicotomías que el oficialismo repite hasta el cansancio. La idea de que hay que elegir entre crecer y cuidar a la gente, entre atraer inversión y ser justos, entre el mercado y el pueblo. Querétaro ha demostrado que esa disyuntiva es, en buena medida, artificial. Se puede crecer con responsabilidad social.

No hace falta convertir al gobierno en empresario para que la economía funcione. Basta con generar condiciones de seguridad, certeza jurídica e infraestructura para que otros inviertan, produzcan y generen empleo. Parecería obvio. Desafortunadamente, en México lo obvio también necesita explicación.

Morena tiene, hay que reconocerlo, una fortaleza política real en los programas sociales. Negarlo sería absurdo. Millones de personas reciben apoyos concretos y los agradecen. Pero existe una pregunta que el oficialismo rara vez quiere responder. ¿Qué ocurre cuando la transferencia permanente se convierte en la principal idea de desarrollo de un país?

Un país no puede repartir indefinidamente una riqueza que no se genera y la economía de México ya lleva varios años estancada. La población necesita programas sociales, desde luego, pero también inversión, productividad y educación de calidad. La política social debe ayudar a las personas a salir adelante, no convertirse en el sustituto permanente de una economía capaz de generar oportunidades.

La educación ofrece uno de los contrastes más evidentes.

En la evaluación PISA 2025, México registró algunos de sus peores resultados históricos, particularmente en matemáticas y comprensión lectora. Ante un resultado incómodo, la tentación parece ser cuestionar el examen antes que preguntarse qué está fallando en las aulas. Es una estrategia peculiar. Cuando el termómetro marca fiebre, aparentemente la solución consiste en discutir con el termómetro.

En contraste, Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en escolaridad y reducción del rezago, y el tercero en menor abandono en educación media superior. La apuesta ha sido generar mejores condiciones para que los jóvenes estudien y encuentren oportunidades reales.

Se han mejorado las instalaciones educativas en todo el estado, se crean escuelas de tiempo completo y se apoya a los estudiantes con uniformes, útiles, equipos de cómputo y becas. También se ha ampliado el transporte escolar gratuito y la cobertura de la tarifa preferente de dos pesos para estudiantes.

El estado ha desarrollado un sistema educativo con bachilleratos y universidades especializadas para preparar a los jóvenes con los conocimientos y las habilidades técnicas que requieren industrias como la automotriz, aeroespacial y tecnológica, además de sectores como el turismo.

La diferencia no es menor. Ayudar a un estudiante a permanecer en la escuela es indispensable, pero también lo es desarrollar talento con una visión clara sobre el futuro.

En salud ocurre algo parecido.

El Seguro Popular fue criticado y desapareció. Llegó el INSABI como la gran promesa y también desapareció. Cambian los nombres, se reorganizan las instituciones y se anuncian nuevos modelos. Morena ha criticado reiteradamente la decisión del gobernador de Querétaro de no incorporar el sistema estatal de salud a esos esquemas federales.

El tiempo, al menos en este caso, parece haber dado argumentos a quienes defendieron aquella decisión. El sistema de salud pública de Querétaro se mantiene entre los mejor evaluados del país, con una amplia cobertura y atención de diversas especialidades, pese a la presión que representa el crecimiento acelerado de la población, impulsado en buena medida por la migración proveniente de otras entidades.

Hay aquí otro ejemplo paradigmático. La Federación prometió resolver el desabasto de medicamentos —que el propio gobierno federal había contribuido a agravar— mediante una megafarmacia. La promesa fue enorme; los resultados, bastante menos.

En Querétaro, en cambio, se puso en operación el Centro Estatal de Distribución de la Secretaría de Salud, con abasto de medicamentos de alta especialidad, lo que permitió elevar el porcentaje de recetas surtidas del 75 al 95 por ciento.

Al final, la pregunta ciudadana es mucho más sencilla que cualquier discurso político:

¿Dónde sí hay medicamentos, médicos y atención de calidad cuando se necesitan?

Y luego está la seguridad, un terreno donde ningún discurso alcanza para maquillar la realidad.

El crimen organizado conserva capacidad territorial, económica y política en distintas regiones del país, mientras la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En ese contexto, la seguridad que mantiene Querétaro no puede explicarse simplemente como producto de la casualidad.

El 100 por ciento de los policías del estado está certificado con controles de confianza. Se incorporaron 800 nuevos policías, se adquirieron 260 nuevas patrullas, se invirtieron 126 millones de pesos en capacitación de policías estatales y municipales y 634 millones en equipamiento y tecnología. También se construyó el RHINO, presentado como uno de los centros de seguridad táctica más modernos y tecnológicos de Latinoamérica.

Querétaro tampoco es una isla ajena a los riesgos del país. Pero no vive los niveles de violencia, extorsión y control territorial del crimen organizado que padecen otras entidades. La población puede desarrollar sus actividades cotidianas con un nivel de seguridad que, desgraciadamente, hoy es una excepción en buena parte de México.

En un contexto nacional marcado por escándalos de corrupción, desfalcos, huachicol fiscal y denuncias, tanto nacionales como internacionales, sobre posibles vínculos entre políticos y organizaciones del narcotráfico, la exigencia de transparencia adquiere una relevancia todavía mayor.

En materia de administración de los recursos públicos, Querétaro también ha marcado una diferencia. Durante varios años consecutivos se ha ubicado en los primeros lugares en la revisión de sus cuentas públicas, con altas calificaciones crediticias y una de las mejores percepciones de ausencia de corrupción del país.

Por ello, desde Querétaro se ha decidido poner el ejemplo.

Frente a ese desafío, Mauricio Kuri propuso un Protocolo Antinarcocandidatos. La idea parece elemental. Quien aspire a administrar recursos públicos y tomar decisiones relacionadas con la seguridad debería estar dispuesto a demostrar que no tiene nada que ocultar.

Lo relevante es que Kuri no se limitó a proponerlo desde la comodidad del discurso. Se sometió él mismo a una prueba de control de confianza. Eso, en política, se llama congruencia. Una palabra que pierde popularidad cuando resulta más cómodo exigir transparencia desde la tribuna que practicarla en carne propia.

La pregunta de fondo no es si un polígrafo puede resolver, por sí solo, el problema del crimen organizado en la política. Evidentemente no. La verdadera pregunta es si los partidos, comenzando por el que gobierna la mayor parte del territorio nacional, están dispuestos a construir filtros reales para impedirle el paso al crimen organizado.

Porque el poder no solo debe conquistarse. También debe merecerse.

Querétaro tampoco es perfecto. Tiene pendientes importantes en materia de crecimiento urbano, movilidad, agua y desigualdad. Ninguno de ellos desaparece con un informe bien presentado. Negarlo sería caer precisamente en aquello que tantas veces se critica al oficialismo: confundir la propaganda con la realidad.

Pero reconocer los problemas no significa negar los resultados.

Una carretera funciona o no funciona. Un estudiante aprende o no aprende. Un hospital atiende o no atiende. La seguridad se garantiza o se pierde. La pobreza disminuye o aumenta.

Los resultados no tienen ideología.

Por eso Querétaro resulta incómodo para quienes insisten en que solo existe un camino posible para gobernar México. La experiencia del estado demuestra que se puede atraer inversión sin abandonar la responsabilidad social, generar empleo sin depender exclusivamente del gobierno y enfrentar los problemas sin convertir cada fracaso en una oportunidad para repartir culpas.

Gobernar exige algo más difícil que construir enemigos convenientes. Exige tomar decisiones y responder por sus consecuencias.

En Querétaro todavía hay mucho por hacer. Pero, hasta ahora, los resultados hablan por sí mismos y el modelo queretano ha lanzado un reto de transparencia de cara a los ciudadanos, precisamente a quienes deberán decidir quién merece ocupar una posición de gobierno.

Ahora corresponde a los ciudadanos evaluar a cada quien por sus resultados, pero también por la disposición que muestre frente a las exigencias de transparencia que demandan los tiempos que vive México.

Porque al final de cuentas, gobernar no consiste en explicar por qué las cosas salieron mal.

Consiste en lograr que salgan bien.

martes, 1 de septiembre de 2026

Santiago Nieto: del expediente a la boleta


¿Puede alguien construir una carrera entera persiguiendo el dinero de los demás y criticando el proceder de otros sin esperar que se cuestione el suyo?

Santiago Nieto Castillo parece haber aplicado la misma fórmula de la farándula para construir su fama: cada escándalo en el que ha estado involucrado ha hecho más conocido su nombre.

El investigador que hizo temblar a políticos con solo abrir un expediente es el mismo hombre que hoy tiene que explicar bodas, propiedades y créditos como si fuera él quien estuviera del otro lado del expediente. Lo curioso es la ironía: todo lo que Nieto utilizó para medir a otros ahora se utiliza para medirlo a él.

El técnico que nunca dejó de querer ser político

Empezó como jurista serio, académico, distante del ruido. La FEPADE le dio prestigio y le dio también su primera contradicción: vínculos previos con actores políticos que su imagen de “técnico independiente” nunca terminó de explicar.

Después llegaron Arturo Escobar, Emilio Lozoya y Odebrecht. Y con Lozoya llegó su salida.

Para unos, lo corrieron por incómodo. Para otros, cruzó una línea institucional que un fiscal no debía cruzar. Da igual cuál versión se prefiera: el resultado fue el mismo. Nieto sacó ventaja para sí mismo y dejó de ser funcionario para volverse personaje público.

Seguir el dinero, hasta que el dinero fue el suyo

En la UIF, Nieto tuvo acceso a lo más sensible que puede tener un Estado: la trazabilidad del dinero de cualquiera. Transferencias, empresas, cuentas, propiedades.

Su nombre quedó ligado a investigaciones de alto perfil. También quedó ligado a una pregunta que nunca se fue: ¿investigaba con el mismo rigor a todos o solo a quienes le convenía investigar?

Los casos contra figuras como Francisco García Cabeza de Vaca alimentaron la sospecha de una justicia con nombre y apellido político.

No hay resolución que acredite un uso faccioso de la UIF. Tampoco hay manera de borrar la percepción. Y en política, la percepción no se apela: se paga.

Ahora que el investigador quiere ser candidato, sus viejas investigaciones dejan de ser historia y se convierten en currículum. La pregunta ya no es qué investigó. Es cuánta de esa exposición institucional terminó, sin querer o queriendo, convertida en capital político.

Él pasó años haciendo esa pregunta. Ahora le toca vivir con ella.

Guatemala, o cuando la austeridad se conflictuó con el lujo a la Antigua

La boda con Carla Humphrey no necesita convertirse en delito para convertirse en problema. Vuelos privados, invitados de peso, efectivo en un avión vinculado a los asistentes: ese es el tipo de episodio que no se resuelve con un “no hay ilegalidad”, porque el reclamo nunca fue legal. Fue político.

Nieto era parte de un gobierno que hizo de la austeridad su bandera. Y protagonizó, con su propia boda, el retrato exacto de lo que ese gobierno decía combatir.

¿Qué habría dicho el propio Nieto si el funcionario de la boda hubiera sido de otro bando? Probablemente habría exigido explicaciones.

El cazador explicando su propio patrimonio

Y entonces el escrutinio se le devolvió completo. Preguntas periodísticas, denuncias, cuestionamientos sobre propiedades. Nieto respondió con información pública y con la explicación de siempre: créditos, recursos legales, nada fuera de la norma.

Puede ser cierto. La duda razonable no equivale a sentencia. Pero para Santiago Nieto el problema nunca fue solo jurídico. Fue simbólico. El hombre que preguntó “¿de dónde salió el dinero?” tuvo que responder “¿y de dónde salió el mío?”. Por cierto, nunca ha quedado claro.

Es una contradicción que él mismo fabricó, pregunta por pregunta, expediente por expediente.

Del expediente a la boleta

El fiscal. El investigador. El titular de la UIF. El procurador. Hoy, el aspirante.

Tiene derecho a buscar la gubernatura de Querétaro, por supuesto. La ambición no es el pecado. El pecado, si acaso, es la coincidencia: durante años investigó a quienes buscaban el poder. Ahora lo busca él. Y esa transición deja preguntas que su campaña en Querétaro no podrá esquivar: ¿sus investigaciones fueron independientes de sus ambiciones o algunas de ellas construyeron, a propósito, el capital político que hoy quiere cobrar en votos? Y durante todo ese tiempo, ¿cuándo se arraigó en Querétaro y qué hizo en favor del estado que pretende gobernar?

El conflicto como método

Confrontación con actores políticos. Investigaciones mediáticas. Acusaciones cruzadas. Disputas públicas. Como fiscal podía darse el lujo de no ser querido; como candidato, no. Un candidato necesita convencer y conciliar, sobre todo cuando se enfrenta a la muy poca militancia que Morena ha podido sumar en Querétaro y a una militancia a la que otra vez le volverán a imponer al candidato, con la división que implica construir y tender la cama para que otro llegue a dormir en ella.

La paradoja de la vara con la que mediste

Al final, Santiago Nieto no necesita enemigos que inventen una historia en su contra. Su historia ya viene completa: FEPADE, Lozoya, la sospecha de justicia selectiva en la UIF, la boda de Guatemala, el patrimonio bajo la lupa, el salto de investigador a candidato, el desarraigo.

Así que el técnico terminó político, el investigador terminó investigado, el austero terminó ostentoso y quien seguía el dinero de otros terminó teniendo que explicar el propio.

Y el hombre que hizo carrera con una lupa puesta sobre los demás ahora tiene una lupa sobre él. Y sus adversarios no necesitarán inventar una sola regla nueva; les bastará con aplicar las que él mismo escribió.