La democracia no se defiende sola

México ante el riesgo de perder su democracia: las señales que no debemos ignorar

Primera entrega de la serie «La democracia no se defiende sola»

En 1993 tenía 20 años y acababa de recibir mi primera credencial de elector del entonces Instituto Federal Electoral. La guardé con la expectativa de utilizarla en las elecciones presidenciales de 1994. En aquel momento quizá no dimensionaba plenamente lo que significaba contar con una institución electoral autónoma, reglas comunes para competir y una autoridad que no dependiera directamente del gobierno en turno. Con los años entendí que aquello no era un trámite administrativo: era una conquista democrática.

Desde entonces he participado en distintas etapas de la vida electoral del país. He sido votante, capacitador electoral, observador, funcionario de casilla y presidente de casilla. He colaborado en procesos electorales porque creo que la democracia no es un espectáculo que se observa desde la comodidad de la distancia, sino una responsabilidad que exige participación. He aceptado invitaciones de las autoridades electorales para contribuir a la organización y vigilancia de elecciones. Hubo dos ejercicios en los que decidí no participar: la consulta popular de 2021 sobre las decisiones políticas del pasado y la elección judicial de 2025. Mi decisión en esos casos no borra mi convicción sobre la importancia de participar; confirma que también tenemos derecho a evaluar críticamente los mecanismos que se nos proponen.

Escribo desde esa experiencia y desde una preocupación que considero legítima: México enfrenta un momento en el que debemos preguntarnos si estamos cuidando suficientemente las instituciones, las libertades y las reglas que permiten que el poder cambie de manos mediante el voto.

No sostengo que la democracia mexicana haya desaparecido ni que todas las instituciones estén completamente sometidas a un partido. Afirmarlo sin pruebas sería irresponsable. Lo que sí considero necesario es advertir que existen señales de concentración del poder, debilitamiento de contrapesos, cuestionamientos a la autonomía institucional y presiones sobre espacios que deberían actuar con independencia. Son riesgos que merecen escrutinio ciudadano, no indiferencia.

La democracia es mucho más que acudir a las urnas

Durante mucho tiempo, una parte de la conversación pública ha reducido la democracia a una operación sencilla: votar, contar los votos y reconocer al ganador. Pero una democracia constitucional requiere mucho más.

Necesita elecciones auténticas, periódicas y competitivas; autoridades electorales imparciales; tribunales independientes; libertad de expresión; prensa libre; pluralidad política; división de poderes; transparencia; rendición de cuentas y respeto a los derechos de las minorías. También necesita que quienes gobiernan acepten límites y que quienes pierden una elección conserven sus derechos, su representación y la posibilidad real de volver a competir.

El voto es indispensable, pero no basta si las condiciones de competencia se deterioran, si los árbitros pierden autonomía, si los tribunales dejan de ofrecer garantías o si los ciudadanos sienten que cuestionar al poder puede traerles consecuencias.

La democracia no consiste en que un partido gane muchas elecciones. Consiste en que ningún partido tenga la posibilidad de volver permanente su poder, en que la oposición pueda competir y en que la ciudadanía conserve la capacidad de cambiar de gobierno sin miedo y sin violencia.

Por eso, la concentración de poder debe preocuparnos independientemente de quién la ejerza. No es un problema exclusivo de una ideología ni de un partido. Es un problema de diseño institucional y de libertades.

El árbitro electoral y la confianza pública

La construcción de instituciones electorales autónomas fue uno de los cambios más importantes de la transición democrática mexicana. El paso de un sistema en el que el gobierno tenía una influencia determinante en la organización electoral a uno con autoridades especializadas, órganos colegiados y procedimientos de vigilancia ciudadana no ocurrió por casualidad. Fue resultado de décadas de exigencias, reformas, conflictos y participación social.

El IFE —hoy INE— simbolizó esa transformación. La confianza electoral no depende de que una autoridad sea infalible, sino de que existan reglas, autonomía, profesionalismo, transparencia y mecanismos para corregir errores.

Por eso debemos observar con atención cualquier decisión que pueda reducir la independencia del INE, debilitar su estructura profesional, comprometer su presupuesto operativo o concentrar facultades en pocas personas. También debemos vigilar la integración de sus órganos directivos, los procedimientos de nombramiento, la actuación de los organismos públicos locales electorales —los OPLE— y la relación entre las autoridades administrativas y los tribunales electorales.

No toda reforma es un retroceso y no toda crítica a una autoridad constituye un ataque a la democracia. Las instituciones deben ser evaluadas y pueden ser mejoradas. Pero una reforma democrática debe fortalecer la imparcialidad, la certeza y la capacidad de organización, no crear dependencias frente al gobierno ni reducir los espacios de vigilancia.

La pregunta ciudadana no debe ser si una reforma beneficia a nuestro partido o perjudica al adversario. Debe ser otra: ¿esta modificación permite que cualquier fuerza política compita en condiciones justas y que los votos se cuenten con independencia?

Cuando los contrapesos dejan de contrapesar

El problema de la concentración del poder no se limita a la autoridad electoral. También alcanza la relación entre el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, los órganos autónomos, las fiscalías y las instituciones encargadas de vigilar el uso de los recursos públicos.

En un sistema democrático, cada poder tiene atribuciones y límites. El Congreso debe legislar, pero también fiscalizar y permitir que las minorías ejerzan sus derechos parlamentarios. El Poder Judicial debe resolver controversias con independencia, incluso cuando sus decisiones incomoden al gobierno. Las fiscalías deben investigar con criterios jurídicos y no partidistas. Los órganos autónomos deben cumplir sus funciones sin recibir instrucciones de quienes están obligados a vigilar.

La reforma judicial y el nuevo modelo de elección de personas juzgadoras abrieron un debate profundo sobre independencia, profesionalización, legitimidad y capacidad técnica. Es válido discutir cómo mejorar la justicia, combatir la corrupción y acercar los tribunales a la sociedad. Lo que no podemos hacer es ignorar una cuestión esencial: ¿qué garantías tendrá una persona cuando deba enfrentar al poder político, económico o criminal si quienes imparten justicia no cuentan con condiciones suficientes de independencia?

La legitimidad de un juez no puede depender solamente de la popularidad de su elección. También requiere conocimientos, experiencia, imparcialidad y protección frente a presiones. Una justicia sometida a intereses políticos deja de ser un contrapeso y se convierte en una extensión del poder.

El mismo principio debe aplicarse al Congreso. Una mayoría obtenida legítimamente en las urnas tiene derecho a gobernar y legislar, pero no a eliminar los derechos de las minorías ni a convertir la representación parlamentaria en un trámite para ratificar decisiones del Ejecutivo. La democracia exige mayorías capaces de decidir y minorías capaces de vigilar, cuestionar y proponer.

El riesgo que representa el crimen organizado

Hay otro factor que no podemos tratar como un asunto secundario: la intervención del crimen organizado en la vida pública y electoral.

Cuando una organización criminal amenaza a candidatos, intimida a funcionarios, controla territorios, impone condiciones a gobiernos municipales o interviene en campañas, no solamente comete delitos. Ataca directamente la libertad política de las comunidades.

Una elección puede cumplir formalmente con sus etapas y, sin embargo, estar condicionada por el miedo. Un ciudadano puede depositar una boleta, pero si antes fue amenazado para votar por determinada opción, su libertad fue vulnerada. Un candidato puede aparecer en la boleta, pero si otros aspirantes fueron asesinados, obligados a retirarse o intimidados, la competencia dejó de ser plenamente libre.

La violencia política y la penetración criminal requieren investigación, protección de candidatos y autoridades, fiscalías capaces, coordinación institucional y políticas de seguridad eficaces. También exigen que los partidos revisen a quienes postulan y que las autoridades no utilicen selectivamente la seguridad como instrumento político.

La intervención de actores extranjeros también merece atención cuando existen pruebas de financiamiento ilegal, operaciones de influencia, desinformación coordinada o apoyo a actividades ilícitas. Pero debemos distinguir entre una injerencia demostrada, una sospecha y una diferencia ideológica con otro gobierno. Defender la soberanía exige evidencia, no teorías sin sustento.

El principio debe ser claro: ni un partido, ni un gobierno, ni un grupo criminal ni un actor extranjero deben apropiarse de la voluntad de los mexicanos.

La libertad de expresión también necesita defensa

Una democracia no puede sostenerse si sus ciudadanos tienen miedo de hablar, preguntar, investigar o criticar. La libertad de expresión protege especialmente el debate sobre asuntos públicos, incluso cuando resulta incómodo, severo o molesto para quienes ejercen el poder.

En este punto existe una discusión que debemos abordar sin simplificaciones: las leyes de violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas.

La violencia política de género es real y debe atenderse. Las mujeres que participan en política tienen derecho a ejercer sus cargos, competir y expresarse sin amenazas, hostigamiento, humillaciones sexistas ni ataques basados en estereotipos. Negar ese problema sería injusto y desconocería una desigualdad histórica.

Pero proteger ese derecho no significa que toda crítica dirigida a una funcionaria, candidata o dirigente sea violencia de género. La legislación exige identificar conductas concretas y elementos que permitan establecer que existe una afectación por razones de género. La crítica a una decisión pública, a un desempeño, a una propuesta, a un posible conflicto de interés o a la gestión de una funcionaria debe permanecer dentro del ámbito protegido de la libertad de expresión, siempre que no incurra en amenazas, acoso u otras conductas ilícitas.

Los criterios del Tribunal Electoral han reconocido que las expresiones críticas, severas o incómodas no se convierten automáticamente en violencia política de género. Debe analizarse el contexto, el contenido, los estereotipos y la posible afectación diferenciada. También existen casos en los que atribuir a una mujer un cargo o una candidatura a supuestos favores sexuales sí constituye una agresión basada en estereotipos sexistas y debe sancionarse.

La frontera importa. Si las leyes se aplican sin rigor, con medidas desproporcionadas o sin garantías de defensa, pueden generar un efecto inhibidor sobre periodistas, opositores y ciudadanos. Si se aplican con seriedad, protegen a quienes enfrentan violencia real sin convertir la discrepancia política en una conducta sancionable.

Algo semejante ocurre con las acciones afirmativas. La paridad y las medidas para ampliar la representación de grupos históricamente excluidos pueden ser instrumentos legítimos de igualdad sustantiva. Pero requieren reglas claras, criterios verificables, procedimientos respetuosos de la dignidad y mecanismos para evitar simulaciones. Ni la igualdad debe utilizarse como pretexto para excluir arbitrariamente, ni las acciones afirmativas deben convertirse en un espacio sin rendición de cuentas.

La defensa de los derechos de las mujeres y de otros grupos no está enfrentada con la libertad de expresión. Ambas necesitan autoridades imparciales, debido proceso y decisiones bien fundamentadas.

La indiferencia también debilita la democracia

Quizá el riesgo más profundo no se encuentre únicamente en las decisiones de quienes gobiernan, sino en la reacción de una sociedad que puede acostumbrarse a perder espacios de participación.

La democracia se debilita cuando los ciudadanos dejan de observar, cuando creen que su voto no cuenta, cuando aceptan que las instituciones son propiedad de los partidos o cuando consideran que la política es un asunto exclusivo de profesionales, dirigentes y funcionarios.

En mi experiencia, una casilla electoral es una de las expresiones más concretas de la democracia. Ahí coinciden ciudadanos de distintas ideas, personas que no necesariamente se conocen y que, durante una jornada, asumen una responsabilidad común: recibir los votos, cuidar las boletas, contar, llenar actas y entregar resultados. La confianza no nace de discursos; se construye con procedimientos y con personas que cumplen su tarea.

Por eso me preocupa que la defensa de la democracia se reduzca a la indignación en redes sociales o a la confrontación entre simpatizantes de distintos partidos. La crítica es necesaria, pero debe acompañarse de conocimiento, organización y participación.

No debemos esperar a que una crisis institucional sea irreversible para comenzar a actuar. Tampoco debemos caer en el alarmismo ni asumir que la violencia es una salida. La respuesta democrática tiene que ser más inteligente, más amplia y más persistente que la amenaza que busca enfrentar.

La pregunta ya no es solamente quién ganará la próxima elección. La pregunta es qué condiciones tendremos para que esa elección sea libre, competida, vigilada y respetada; qué instituciones podrán garantizarla y qué estamos dispuestos a hacer los ciudadanos para protegerlas.

En la segunda entrega propongo pasar de la advertencia a la acción: cómo construir una red ciudadana independiente, cómo vigilar las elecciones y las instituciones, cómo documentar irregularidades, cómo defender legalmente el voto y cómo hacerlo sin violencia, sin sectarismo y sin entregar la causa democrática a ningún partido.

Porque la democracia no pertenece a los gobiernos ni a las dirigencias. Pertenece a los ciudadanos. Y si no estamos dispuestos a defenderla, nadie puede garantizar que seguirá ahí cuando volvamos a necesitarla.