Cero corrupción

¿Qué clase de gobierno necesita jurar cada semana que no roba? Uno que ya no puede darlo por sabido.

En 2019, López Obrador sacó su "pañuelito blanco" para anunciar que ya no había corrupción arriba. En 2020 declaró "cero corrupción". En 2024 calculó que el país se había ahorrado más de dos billones de pesos por no permitirla. Seis años de sermones matutinos, un solo caso admitido y una conclusión cómoda: el problema era el pasado.

Por un lado, Segalmex, el "único caso", que según la ASF y la SFP dejó un posible daño patrimonial de 9,500 millones de pesos, con 2,700 presuntamente desviados. 

Para MCCI (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), al sumar Diconsa y Liconsa, la cifra sube a 15,308 millones. Se investigó a 47 personas y 26 fueron vinculadas a proceso. Por otra parte, el discurso: un caso aislado, un error de cálculo, una manzana podrida en el huerto de los incorruptibles. Un "único caso" de 15,000 millones de pesos tiene un nombre más preciso que "excepción".

Luego vino la Casa Gris. No hay prueba jurídica de una transacción corrupta, y conviene decirlo. Pero el hijo del presidente vivió en una residencia de Houston propiedad de un ejecutivo de una empresa con contratos en Pemex. Eso no es un delito probado, es un conflicto de interés. En un gobierno que hizo de la austeridad republicana su bandera, es peor: una bandera con un agujero en el centro.

Después, el huachicol fiscal. Un esquema de contrabando de combustible, con un impacto fiscal estimado en 4,600 millones de dólares y una sola empresa fantasma, Marlaya, con más de 29,000 millones de pesos evadidos. Se gestó en un sexenio y estalló en el siguiente. La continuidad, al menos, sí se cumplió.

Y ahora el INE. Guadalupe Taddei, designada por una Cámara de Diputados de mayoría oficialista, renunció el 26 de octubre en medio de contratos bajo sospecha. El propio órgano interno de control habla de contratos simulados por hasta 2,461 millones de pesos en 27 organismos electorales locales. Una red de proveedores habría cobrado 1,803 millones en 17 estados, y hay 18 empresas investigadas. Una semana después de su salida ya sumaban 19 las renuncias de funcionarios ligados a su administración. El árbitro de la democracia, convertido en cliente de sus propios proveedores.

Lo curioso es la asimetría. Cuando el escándalo toca a un adversario, es prueba de podredumbre sistémica. Cuando toca a los propios, es un caso aislado, una herencia o una maniobra de la oposición. Y lo más revelador es la gramática. López Obrador hablaba en indicativo: "ya no hay corrupción". Sheinbaum habla en subjuntivo: "no debe haber", "no queremos". Del hecho al deseo, de la afirmación a la plegaria.

El 24 de octubre, en Apatzingán, dijo que la autoridad moral viene de la honestidad. Tiene razón, y por eso mismo es un problema. La autoridad moral no se declara en los mítines, se acredita ante un juez. Se mide en sentencias en lugar de discursos, en auditorías en lugar de homilías, en extradiciones en lugar de conferencias matutinas.

¿Cuántos casos caben entre el "cero corrupción" y el "no queremos corrupción"? Quizá esa distancia sea la única medida honesta de la 4T.