Por qué Querétaro busca cerrar la puerta a narcocandidatos

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, ha decidido hacer algo que a buena parte de la clase política mexicana le resulta incómodo: exigir que quien aspire a un cargo de elección popular demuestre, con hechos verificables y públicos, que no tiene nada que ocultar.

Su “Protocolo Único Antinarcocandidatos”, conocido como la “Declaración 6 de 6”, exige a todo candidato de cara a 2027 someterse a un escrutinio que eleva el estándar ético vigente: declaración patrimonial completa —cuentas en el extranjero, inversiones, criptomonedas—, declaración fiscal, ausencia de conflicto de interés, constancia de no antecedentes penales, constancia de no ser deudor alimentario, prueba toxicológica negativa, verificación patrimonial independiente a cargo del Colegio de Contadores y examen con polígrafo aplicado por una instancia con acreditación internacional.

Todo debe ser público y transparente. Para que sea la ciudadanía, y no los aparatos partidistas, quien decida con información real quién merece su voto.

¿Por qué ahora? Porque Querétaro es, en medio del huracán de violencia e infiltración criminal que azota a México, uno de los pocos oasis de paz y legalidad que aún quedan en pie, y porque el detonante fue innegable: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentó acusaciones de vínculos con el crimen organizado y solicitó licencia justo en las fechas en que Kuri presentó su propuesta. No es coincidencia. Es la prueba de que el riesgo de infiltración criminal no es una amenaza abstracta: ya opera en el corazón del poder.

Y, sin embargo, el oficialismo mexicano parece empeñado en normalizar, a fuerza de cinismo y evasivas, esa misma infiltración.

Por un lado, Morena ha preferido mirar hacia otro lado cuando el narco toca la puerta de sus propios gobiernos: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, son investigados por Estados Unidos y ya les fueron revocadas las visas, señalados por vínculos con el crimen organizado y con el tráfico de combustible; Rocha Moya se convirtió en el rostro más visible de una crisis de legitimidad que su partido no puede seguir maquillando con discursos.

A esa lista se sumó, hace apenas unos días, un nombre que golpea el núcleo mismo del movimiento: Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos le canceló la visa por instrucciones de Marco Rubio y Christopher Landau. Su respuesta fue una carta cargada de adjetivos —calificó la medida de “politiquera”, “propagandística” y “al estilo hitleriano”—, pero ninguna explicación sobre el fondo del asunto. Es el mismo guion que ya conocemos: cuando el señalamiento toca a los suyos, no se investiga ni se aclara; se victimiza y se grita persecución. Y no deja de ser revelador que la cancelación llegara apenas meses después de que fiscales federales en Nueva York acusaran a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el propio Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por otra parte, cuando alguien propone filtros reales, Morena en Querétaro y desde las posiciones nacionales responde con la fórmula de siempre: restar importancia y desviar el tema. Su reacción ha sido decir que los requisitos “ya están en la ley” y que la propuesta “es solo politiquería”: lo que no les conviene, lo minimizan. Pero, en la realidad, Morena vive un cisma por proteger a sus políticos incómodos, que obligó a Rocha Moya a desistir en menos de 24 horas de su intento por regresar como gobernador, presionado por su propio partido y, seguramente también, por las señales que llegaron desde Estados Unidos, justo cuando Terry Cole, director de la DEA, acababa de declarar que el gobierno de México tiene funcionarios de alto nivel vinculados directamente con los cárteles.

Combatir la infiltración criminal en la política es perfectamente legítimo. Lo curioso es la asimetría: mientras en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas la sospecha internacional ronda a gobernadores del propio partido en el poder, y hasta al hijo del expresidente le retiran la visa, en Querétaro cualquier exigencia de transparencia se presenta casi como una ofensa personal. ¿En verdad creen que “ya está en la ley” cuando esa misma realidad demuestra lo contrario? Rocha Moya llegó al poder con todos los filtros legales que hoy Morena considera suficientes y, aun así, terminó como el símbolo más visible de la sospecha que persigue a su gobierno. El riesgo de infiltración no distingue colores partidistas, pero cuando los señalamientos más serios recaen justamente sobre gobernadores y hasta sobre la propia familia presidencial de un mismo partido, y ese partido responde con evasión en lugar de autocrítica, la sospecha deja de serlo y se vuelve un patrón.

Morena presenta cualquier exigencia de transparencia como un ataque partidista y no como lo que realmente es: un estándar mínimo de decencia democrática. Su discurso diluye el problema central —la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y en los gobiernos—, convirtiéndolo en una discusión abstracta sobre “corrupción en general”, mucho más cómoda que el hecho de que altos funcionarios de su propio partido, y ahora hasta un hijo del propio expresidente, están bajo la lupa de autoridades extranjeras. Esos mismos que se dicen enemigos de la corrupción, cuando se les pide abrir sus patrimonios, descubren que la transparencia “es más moral que jurídica”: la misma indignación selectiva que haría ruborizar al legislador que redactó la “3 de 3”, porque el combate a la corrupción que tanto pregonan está muy bien, solamente cuando no les toca a ellos.

La ruin consecuencia de esa evasión sería, además de facilitar que el crimen organizado siga encontrando refugio en los gobiernos, robarle a la ciudadanía el derecho a saber quién la gobierna y, algo todavía más peligroso, la confianza entre el poder y quienes lo eligen. Como si la legitimidad de un gobierno no dependiera de someterse voluntariamente al mismo escrutinio que exige a los demás. Por eso, reducir el debate a “ya está en la ley” frente a “estándares innecesarios” no es argumento jurídico: es simplificación política. Querétaro puede ser, a la vez, respetuoso de la ley vigente y exigente de estándares más altos; reconocer que las reglas mínimas no bastaron en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas no obliga a inventar un enemigo, obliga a no repetir el mismo error.

Y ahí aparece la contradicción de fondo: el mismo Morena que desapareció al INAI y reservó bajo “seguridad nacional” miles de documentos incómodos —del Tren Maya a la Megafarmacia del Bienestar— es el que impulsa la CURP biométrica, la “Ley Espía” y la geolocalización sin orden judicial para vigilar al ciudadano de a pie. Opacidad para sí mismos, transparencia forzada para todos los demás: ese es el verdadero doble estándar que debería incomodarlos.

La iniciativa de Kuri contiene principios que favorecen la salud democrática: transparencia, rendición de cuentas y confianza pública, que hacen a las instituciones más creíbles y difíciles de infiltrar. El problema para quienes prefieren el mínimo escrutinio es que una ciudadanía informada es más difícil de sorprender. Por eso, Morena en Querétaro opta por los principios contrarios: minimización en lugar de autocrítica, evasión en lugar de transparencia, evasión y distractores en lugar de rendición de cuentas.

Frente a la pregunta incómoda de por qué les molesta tanto un filtro que ellos mismos podrían pasar sin problema si nada tienen que ocultar, la respuesta oficial ha sido, otra vez, la diatriba ya preparada de que se trata de un ataque político. Resulta irónico que quienes hoy gobiernan estados bajo sospecha internacional —y hasta los más cercanos al expresidente— sean los primeros en decir que no hace falta más luz.

Exigir transparencia no es vulnerar a nadie; es simplemente conocer, desde la verdad, quién administra el poder que la ciudadanía le confía. Si esa lógica de la sospecha selectiva aplicara desde la visión de quienes hoy gobiernan Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, tal vez convendría preguntarles a ellos, y no a Querétaro, por qué la transparencia les incomoda tanto.