En los últimos años no solo cambió el gobierno, cambió la forma en que se ejerce el poder. La desaparición o debilitamiento de organismos autónomos, la concentración de decisiones en el Ejecutivo, el uso de mayorías legislativas ilegítimas para modificar reglas fundamentales sin consenso y el cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial no son hechos aislados. Son parte de un mismo proceso: la reducción de los contrapesos. Y cuando los contrapesos desaparecen, el poder se vuelve más fuerte en apariencia, pero más frágil en el fondo.
Durante décadas, México intentó construir instituciones que dieran confianza. No eran perfectas, pero servían para algo esencial: poner límites. Esos límites permitían que el ciudadano tuviera herramientas para defenderse, que las empresas tuvieran reglas claras y que otros países vieran a México como un socio confiable. Esa confianza era, en realidad, una forma de soberanía. Porque un país no solo es soberano cuando puede tomar decisiones, sino cuando esas decisiones son creíbles y respetadas.
Hoy esa credibilidad se ha erosionado gravemente, y las consecuencias ya son visibles en la vida cotidiana. México sigue registrando niveles de violencia que, aunque supuestamente bajan en las cifras oficiales, siguen siendo extremadamente altos. Alrededor de 31 mil homicidios al año no son una cifra menor. Pero lo más preocupante es que la violencia ha cambiado de forma: ahora se expresa cada vez más en desapariciones. Más de 130 mil personas desaparecidas no son solo un número, son una evidencia brutal de que el Estado no sólo ha perdido capacidad de control y de respuesta, también ha perdido el interés de resolver la crisis de inseguridad. En muchos casos ya no hay cuerpos, solo ausencia, y esa ausencia refleja un país donde el imperio de la ley no existe.
En varias regiones, el Estado no es el que manda. Grupos criminales controlan territorios, economías locales y, en la mayoría de los casos, las decisiones políticas. Esto no ocurre en abstracto. Se traduce en cobros de piso, en comunidades donde la gente sabe que hay cosas que no puede hacer, en elecciones donde el crimen influye o decide. Cuando esto sucede, el problema deja de ser solo de seguridad y se convierte en un problema de seguridad nacional.
A esto se suma algo aún más delicado: la colusión. Las investigaciones, denuncias y casos recientes han puesto en evidencia la colusión entre actores políticos, estructuras de seguridad y organizaciones criminales. El caso de Sinaloa es ilustrativo no solo por el aumento de la violencia en los últimos años, sino por las acusaciones que han trascendido fronteras. Cuando autoridades extranjeras señalan a funcionarios mexicanos por posibles vínculos con el narcotráfico, el daño no es solo jurídico, es político y es internacional. La imagen de un Estado infiltrado es una de las más graves que puede existir.
La corrupción es el hilo que conecta todo esto. No es un fenómeno aislado, es el mecanismo que permite que el sistema funcione así. Redes de tráfico de influencias, asignación discrecional de contratos, decisiones que responden a intereses y no a reglas. Cuando la corrupción se vuelve estructural, la ley deja de ser el marco común y se convierte en una herramienta selectiva. El ciudadano común lo entiende rápidamente: hay reglas, pero no aplican igual para todos.
En este contexto, la política exterior también juega un papel importante. México ha optado por una postura de cercanía o no confrontación con regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que ha generado cuestionamientos internacionales. Al mismo tiempo, ha tenido episodios de tensión e incluso de injerencia en asuntos de otros países de la región como Bolivia o Ecuador. Esto debilita su posición, porque un país que exige respeto a su soberanía necesita también ser percibido como respetuoso de la de otros y como defensor de principios democráticos claros.
El tema migratorio es otro ejemplo de cómo la debilidad interna se traduce en presión externa. México ha pasado de definir su política migratoria a operar como un filtro para Estados Unidos. Contiene flujos, despliega fuerzas, asume costos sociales y humanitarios. En los hechos, muchas decisiones ya no se toman únicamente en México. Se negocian bajo presión. Y eso reduce el margen de acción nacional.
Todo esto explica por qué el escenario internacional se ha vuelto más tenso. La designación de cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos no es un hecho menor. Cambia completamente la lógica. Ya no se trata solo de combatir el narcotráfico, sino de enfrentar una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Bajo esa lógica, el margen de acción de ese país se amplía, incluso fuera de sus fronteras.
Si a eso se suman acusaciones contra funcionarios mexicanos y una eventual negativa a colaborar en procesos como extradiciones, el riesgo se vuelve palpable. Estados Unidos podría decidir actuar de manera unilateral. No sería la primera vez que lo hace en el mundo bajo el argumento de combatir el terrorismo o amenazas a su seguridad. Y si eso ocurriera en México, el impacto sería enorme.
Una operación de ese tipo no sería solo un hecho policial. Sería una señal clara de que México ha dejado de ser visto como un socio confiable en seguridad y ha pasado a ser un problema que debe ser contenido. Sería, en términos prácticos, una violación de la soberanía, pero también la confirmación de que esa soberanía ya era muy frágil.
Las consecuencias serían inmediatas. Una crisis diplomática, sí, pero también algo más profundo: un cambio en la relación bilateral. Si ocurre una vez, puede volver a ocurrir. Se abriría la puerta a una nueva etapa donde la cooperación se sustituye por la intervención selectiva. Donde las decisiones clave empiezan a tomarse fuera.
Para la población, esto no sería un debate abstracto. Significaría más violencia, porque los grupos criminales reaccionan cuando son golpeados. Significaría más incertidumbre económica, porque la inversión huye de la inestabilidad. Significaría más desconfianza, porque la gente percibe que el Estado no tiene el control.
Pero el daño más profundo sería otro: la pérdida de la idea de país. Cuando los ciudadanos sienten que su gobierno no decide plenamente, que las reglas no se aplican igual y que actores externos influyen en lo que ocurre, se rompe algo fundamental. La confianza. Y sin confianza, la cohesión social se desmorona.
México no llegó a este punto de un día para otro. Fue un proceso. Cada decisión que debilitó una institución, cada señal de tolerancia a la corrupción, cada espacio que se dejó al crimen organizado, cada momento en que se prefirió el control político sobre el equilibrio institucional fue construyendo este escenario.
La soberanía no se pierde de golpe. Se erosiona. Se desgasta. Se debilita hasta que deja de ser efectiva.
Y ahí es donde está la advertencia más seria. El peor escenario para México no es una intervención abierta ni una crisis inmediata. Es algo más silencioso y más peligroso: un país que sigue funcionando, pero donde el poder real ya no está completamente dentro, donde la violencia se vuelve parte normal de la vida, donde la justicia es una excepción y donde la población aprende a vivir con menos derechos y más miedo.
Un país donde las decisiones importantes se toman fuera o se negocian bajo presión. Donde el Estado existe, pero no controla. Donde la soberanía se menciona, pero no se ejerce.
Si ese escenario se consolida, México no colapsará de un día para otro. Pero se convertirá en algo igual de grave: un país que perdió el control de su propio destino sin darse cuenta.
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