La soberanía como coartada y la vulnerabilidad deliberada del Estado mexicano

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder y la continuidad política bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el discurso oficial ha girado de manera insistente alrededor de conceptos que en la tradición democrática tienen un significado preciso y exigente: soberanía, pueblo, democracia, humanismo, bienestar, austeridad y nacionalismo. No obstante, en la práctica política del oficialismo estos términos no han servido para fortalecer a la República ni para limitar al poder, sino para justificar su concentración y para encubrir un proceso de degradación institucional que ha debilitado gravemente al Estado mexicano.

En la teoría política clásica y en el constitucionalismo moderno, la soberanía nunca ha significado poder sin frenos. Incluso en sus formulaciones más tempranas, la soberanía se entendía como autoridad suprema dentro de un marco normativo. En las democracias contemporáneas, la soberanía solo es legítima cuando se ejerce a través del Estado de derecho, con división de poderes, garantías individuales y contrapesos efectivos. Cuando estos límites desaparecen, la soberanía deja de ser una expresión de autodeterminación colectiva y se convierte en una coartada para el despotismo.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido en México. El oficialismo ha construido una narrativa según la cual toda acción gubernamental es legítima porque supuestamente emana de la voluntad del pueblo. Pero ese pueblo no es concebido como una ciudadanía plural, crítica y diversa, sino como una entidad moral abstracta, siempre buena, siempre sabia y siempre alineada con el proyecto del grupo gobernante. En esta lógica, quien disiente deja de ser un ciudadano con derechos y se transforma en enemigo, traidor o instrumento de intereses oscuros. Esta visión no es democrática. Es populista y profundamente autoritaria.

Bajo esta narrativa, los organismos autónomos, las instituciones reguladoras, los mecanismos de transparencia y los tribunales independientes han sido presentados como estorbos para la transformación. Su desaparición, su debilitamiento o su captura por militantes leales al régimen no ha sido un accidente ni una consecuencia secundaria, sino una estrategia deliberada para eliminar cualquier límite real al poder presidencial. El resultado es un vaciamiento sistemático del entramado institucional de la República y la consolidación de un poder político que ya no se somete a controles efectivos.

La cooptación del poder judicial y la subordinación de la Suprema Corte de Justicia a los intereses de un grupo político representan uno de los golpes más graves a la soberanía popular. Sin jueces independientes no existe protección real de los derechos humanos ni garantías individuales. Cuando los tribunales se convierten en marionetas de caciques partidistas, el ciudadano queda indefenso frente al poder. La soberanía del pueblo se evapora, porque ya no hay instancias que puedan frenar los abusos del gobierno en su nombre.

La militarización de la seguridad pública es otro elemento central de este proceso de debilitamiento del Estado. Mientras se invoca el nacionalismo y la soberanía, el Ejército asume funciones civiles y la política de seguridad se reduce a consignas como abrazos y no balazos. El resultado no ha sido la pacificación del país, sino la expansión territorial y económica de los grupos criminales. Grandes extensiones del territorio nacional están bajo control efectivo del crimen organizado, lo que demuestra que la soberanía del Estado es, en los hechos, puramente retórica en muchas regiones de México.

Lejos de fortalecer al país frente a amenazas internas y externas, este proceder populista, despótico, demagógico y corrupto ha colocado a México en una posición de extrema vulnerabilidad. Un Estado que no controla su territorio, que no protege a sus ciudadanos y que no garantiza el imperio de la ley es un Estado débil. La soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones sólidas, con legalidad y con una autoridad legítima que ejerza el monopolio de la fuerza conforme a la Constitución.

A esta fragilidad interna se suma una política exterior que agrava la vulnerabilidad del país. El gobierno mexicano ha decidido alinearse, en el discurso y en los hechos, con dictaduras militares y regímenes autoritarios de América Latina vinculados al narcotráfico y responsables de pobreza extrema, represión sistemática, violaciones masivas de derechos humanos y exilio forzado de millones de personas. El apoyo político, el suministro de petróleo y el uso de recursos públicos para respaldar a gobiernos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como el respaldo acrítico a gobiernos con rasgos populistas y prácticas corruptas en países como Colombia y Brasil, no fortalece la soberanía nacional. La compromete.

Al asociarse con regímenes autoritarios y desacreditados, México pierde autoridad moral, credibilidad internacional y capacidad de defensa de sus propios intereses. La soberanía, entendida como autodeterminación responsable, se diluye cuando el país se convierte en aliado de proyectos políticos que desprecian la democracia, la libertad y la dignidad humana. Esta política exterior ideologizada no responde al interés nacional, sino a la lógica de una internacional populista que normaliza el autoritarismo y la corrupción.

Mientras tanto, la realidad social desmiente el discurso oficial de humanismo y bienestar. Cientos de miles de homicidios y desapariciones, millones de personas sin acceso efectivo a servicios de salud, hospitales sin medicamentos, un sistema educativo deteriorado, niveles alarmantes de corrupción, pobreza extrema persistente y una opacidad casi total en el manejo de los recursos públicos forman parte del paisaje cotidiano. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, lo que confirma que la libertad de expresión es vista como una amenaza y no como un pilar democrático.

La austeridad, exaltada como virtud moral, ha sido aplicada de manera selectiva. Ha servido para debilitar instituciones incómodas y para justificar recortes que afectan directamente a la población, mientras una élite política vinculada a Morena y a sus partidos aliados exhibe estilos de vida lujosos, redes de nepotismo y patrimonios imposibles de explicar con ingresos públicos. La corrupción no ha sido erradicada. Ha sido reconfigurada y protegida por un manto de impunidad.

La democracia, reducida a la simple obtención de mayorías electorales, ha sido vaciada de contenido. Gobernar democráticamente implica aceptar límites, respetar derechos, tolerar la crítica y garantizar la alternancia. Cuando el Ejecutivo domina al Legislativo, neutraliza al Judicial y elimina los organismos autónomos, lo que queda no es una democracia popular, sino un régimen hegemónico con apariencia electoral.

El uso sistemático de un lenguaje moralizante cumple una función clara. Divide a la sociedad entre buenos y malos, entre pueblo y enemigos, entre lealtad y traición. Esta lógica destruye el espacio público democrático y convierte la política en un ejercicio de fe y obediencia. La soberanía, en este contexto, deja de ser un principio jurídico y se transforma en un fetiche discursivo que justifica cualquier abuso.

La paradoja final es evidente. En nombre de la soberanía se ha debilitado al Estado. En nombre del pueblo se ha despojado a los ciudadanos de sus defensas institucionales. En nombre del humanismo se ha tolerado la violencia, la impunidad y la miseria. En nombre del nacionalismo se ha aislado al país y se le ha alineado con proyectos autoritarios que lo desprestigian y lo comprometen.

México no enfrenta una discusión semántica, sino una disputa por el sentido mismo de la República. Recuperar la soberanía popular exige exactamente lo contrario de lo que hoy se practica. Exige límites al poder, instituciones independientes, jueces libres, transparencia, respeto a los derechos humanos y una política exterior responsable. Sin todo ello, la soberanía no es más que una palabra vacía al servicio de un régimen que, lejos de proteger a la nación, la expone y la debilita frente a todos los riesgos imaginables.