La ilegítima corte del acordeón 🪗

 

Cayó el último bastión de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que durante todo el gobierno de López Obrador fue el único contrapeso real que detuvo las miles de arbitrariedades inconstitucionales que el cacique de Morena y a su banda se les ocurrió. 

A partir del día de ayer todo ciudadano mexicano estará en completa indefensión.

La idea de que la Suprema Corte de Justicia gana legitimidad por el simple hecho de que sus ministros sean elegidos mediante voto popular es, en el mejor de los casos, un espejismo. El poder judicial no está diseñado para representar a las mayorías, sino para defender la Constitución, incluso cuando eso implique contrariar a esas mismas mayorías.

Pensar que un ministro tiene más autoridad porque recibió millones de votos es confundir el terreno de la política con el de la justicia. El Congreso o la presidencia sí requieren representación popular, pero la Corte debe ser un contrapeso, no un eco de la mayoría. Su fortaleza radica en la independencia y en la preparación técnica de sus integrantes, no en su popularidad.

A esto se suma un elemento aún más grave: la propia elección estuvo marcada por denuncias contundentes de fraude. Hubo acarreos masivos y votantes que llegaban con acordeones en mano para marcar exactamente a los ministros indicados por el oficialismo. ¿Qué tipo de legitimidad puede presumirse cuando la “voluntad popular” fue manipulada de forma tan burda? En lugar de una Corte nacida de un ejercicio democrático, tenemos una institución manchada desde su origen.

Se repite mucho el argumento de que antes los nombramientos eran meras “cuotas partidistas”. Aunque es cierto que había un componente político, el proceso incluía filtros: revisiones curriculares, comparecencias y la posibilidad de cuestionar trayectorias. Era un sistema imperfecto, pero privilegiaba la experiencia jurídica sobre el carisma electoral. Con la elección directa, el riesgo es que el cargo recaiga en perfiles sin la preparación suficiente, pero con habilidad para hacer campaña.

Otro punto débil es la participación ciudadana. Una elección con baja concurrencia no otorga más legitimidad, sino menos. Si solo una fracción mínima del electorado acude a las urnas, ¿cómo sostener que la voluntad popular respalda de manera contundente a los nuevos ministros? El argumento se derrumba por sí solo.

A la fragilidad del proceso se suma el espectáculo demagógico del inicio de funciones. Ritualizar la toma de protesta con escenificaciones “prehispánicas” no le da mística ni fuerza cultural a la Corte: la convierte en un montaje político, vacío de contenido jurídico. Y a ello se añade la narrativa falsa de que el nuevo presidente del tribunal es indígena, una etiqueta fabricada para encajar en el guion del poder, aunque no corresponda con la realidad. La justicia no necesita folclor ni discursos identitarios manipulados, sino independencia y rigor legal.

Además, creer que un proceso electoral aislará a la Corte de intereses económicos es ingenuo. Quien compite en elecciones necesita recursos, y quien aporta esos recursos difícilmente lo hace por altruismo. Lejos de blindar a los ministros, la lógica electoral puede abrirles la puerta a presiones de financistas y grupos de poder que, al final, terminan influyendo en la justicia.

La confianza ciudadana no se decreta. No basta con decir que “hay que confiar” en los nuevos ministros porque fueron electos. La confianza se gana con fallos imparciales, con respeto a la Constitución y con independencia frente a los poderes políticos y económicos.

La legitimidad de la Corte no puede descansar en las urnas, y mucho menos en unas urnas manipuladas. Esa es la trampa. Su verdadera autoridad proviene de su capacidad para ser contrapeso y garante del Estado de derecho. Convertirla en un espacio de competencia electoral, adornado con fraude y folclor político, es debilitarla hasta el ridículo.

La justicia no se vota, se garantiza.